nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA

C.A. de Temuco Temuco, doce de junio de dos mil dieciocho.

Al escrito de fecha once de junio del año en curso, presentado por el abogado don Oscar Exss Krugmann: Téngase presente.

Al escrito de fecha once de junio del año en curso, presentado por el abogado don Manuel Espinoza Torres: Téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 18 de marzo del año 2018, comparece doña nombre reservado, Cedula de Identidad N°RUT reservado, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Trabajadora Dependiente, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (Suseso), RUT RUT reservado, ignora Representante Legal, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, Subcomisión Malleco, ignoro RUT y Representante Legal.

En cuanto a los hechos, sostiene que con fecha 25 de septiembre de 2016, comenzó a prestar servicios personales, bajo dependencia y subordinación a la Empresa Inmobiliaria IM Ltda., RUT RUT reservadoEn la cláusula primera se describen sus funciones, y éstas consisten básicamente en el desempeño de su profesión, “Experta en Prevención de Riegos”. La remuneración pactada fue de $700.000 mensuales. Las labores fueron realizadas de forma normal y al comienzo sus remuneraciones fueron pagadas de forma regular. No obstante, no se percató que su empleador fue disminuyendo el monto de sus cotizaciones previsionales, efectuando el entero de la cotización por un monto inferior al correspondiente según la remuneración pactada mensualmente. Continuó sus actividades normales en la empresa, las cuales consistían en informes y fiscalización a terreno de las normas de seguridad en la obra respectiva y recibiendo su sueldo de forma normal. Luego, alrededor de la última semana de febrero del año 2017, se enteró que estaba embarazada de su hija nombre reservado, de actuales 7 meses de edad. Esto fue una total sorpresa, pues por diversos problemas de salud no había podido ser madre, estando pronta a cumplir 40 años de edad. Según Certificado de Control Prenatal su embarazo debió producirse razonablemente a fines del mes de noviembre de 2017.

De esta forma, entiende que el actuar de la Suseso viene en calificar implícitamente la existencia de un contrato de trabajo SIMULADO, con fines de obtener el pago de subsidios de maternidad, lo cual de los antecedentes del caso puede establecerse el rechazo de esta tesis, pues el contrato de trabajo data de septiembre de 2016, y el embarazo se produjo al menos en el mes de noviembre del mismo año. Unido a su edad -39 años-, se puede colegir que es un hecho poco probable un embarazo, además de alto riesgo por la edad y ser su primer hijo. A mayor abundamiento, el contrato es anterior al hecho de la concepción.

Afirma que según el curso normal y ordinario de las cosas, presentó sus licencias médicas a su empleador, para informarle a fines de agosto de 2017 que habían sido rechazadas por no pago de las cotizaciones previsionales, lo que le sorprendió de sobremanera, y el día 26 de septiembre presentó una denuncia en la Inspección del Trabajo, Nº de Inspección 1, Nº de Fiscalización 1640, por el no pago de susa cotizaciones previsionales y además, en un periodo haber pagado las mismas por un monto inferior al pactado según contrato. Producto de esta situación ilegal de la Empresa, la Inspección del Trabajo realizó la Fiscalización de Rigor, y según el Certificado de Cotizaciones que acompaña, las cotizaciones previsionales fueron pagadas en el mes de noviembre de noviembre de 2017. Luego de todos los trámites efectuados por su parte para subsanar la situación y presionar a su Empleador al pago de las cotizaciones, con fecha 16 de noviembre de 2017 se rechazó el Recurso de Reposición deducido por su parte.

Menciona que el antecedente tenido en consideración para el rechazo de los reclamos pertinentes, fue la falta de vínculo laboral, algo completamente inverosímil, pues la Inspección del Trabajo, hasta febrero del año en curso ha realizado fiscalizaciones, y fue producto de su intervención que sus cotizaciones previsionales fueron pagadas de forma correcta. En aquellas intervenciones, el empleador jamás negó el vínculo de subordinación que les une; tampoco alegó falta de prestación de los servicios convenidos o algún incumplimiento de sus obligaciones. Es más, con dicha conducta ratifica el vínculo, ya que de todos los antecedentes aportados surge de manera ineludible la existencia del contrato de trabajo. Refrenda lo anterior el acuerdo alcanzado entre ellos con fecha 21 de febrero de 2018, en el cual el empleador, a través de su representante se allana a cesar su conducta ilegal consistente en no pago de las cotizaciones previsionales y remuneraciones y, además, procurar no separar ilegalmente a su persona, como trabajadora que goza de fuero maternal. Tal es su compromiso con la empresa, y el interés de cumplir con las obligaciones emanadas de su contrato, que con fecha 05 de febrero de 2018 concurrió a la Inspección del Trabajo a dejar constancia del incumplimiento del Empleador en orden a no otorgar el trabajo convenido, con el temor evidente de que la empresa pudiese usar una posible actitud pasiva de su persona para invocar un incumplimiento de las obligaciones.

Afirma que sin perjuicio de la conducta hasta la fecha reprochable de la empresa, la vulneración de derechos fundamentales y actuar ilegal y arbitrario está dada por la Resolución Exenta IBS Nº4469 / 16-02-2018 de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, notificada a su parte con fecha 20 de febrero de 2018, mediante comunicación enviada por la Oficina de Correos al domicilio registrado al final del documento, fecha en la cual concurrió a la Oficina de la Superintendencia de Seguridad Social en Temuco a consultar por el estado de su apelación, entregándoseme copia de dicha resolución. Manifiesta lo exiguo de los fundamentos de la Resolución, manifestando que una madre a quien se le rechaza una licencia de reposo pre y post natal, espera que un organismo “Del Estado”, mediante Resolución final la Superintendencia de Seguridad Social, al momento de privar de un derecho de aquella magnitud exprese mejores y acabados argumentos, para por sobre todo “acreditar la calidad de trabajador dependiente”. Destacar el carácter de Resolución “tipo” que posee la Resolución Exenta IBS Nº4469. En efecto, de la parte final de la misma, se puede leer textual: “Que, no existen huellas laborales que permitan dar pos establecida la calidad de trabajadora dependiente de la interesada, a contar del 16/11/2015, del supuesto empleador, la empresa Inmobiliaria IM Ltda”. Señala que yerra gravemente dicha oración, y consecuente argumento, pues su contrato de trabajo data del 25 de septiembre del año 2016, en armonía con el certificado de cotizaciones previsionales. No puede no refutarse una Resolución que contiene un error de ese corte, ya que, si bien puede entenderse como un mero error de “tipeo”, lo cierto es que se contiene en la parte resolutiva de la R. Exenta. Esto se condice con un carácter necesariamente superficial de la revisión de los antecedentes. Además, la segunda hoja de la resolución se limita a transcribir normativa legal; define que se entiende por licencia médica y cuáles son sus objetivos, y menciona la incapacidad laboral, algo completamente innecesario al caso de autos, ergo, aquí no se trata de una “incapacidad laboral” sino de una licencia de reposo por pre y post natal. Dentro de los argumentos señalados para el rechazo, se menciona: “Se desconoce si el empleador en cuestión tiene la liquidez suficiente para cancelar el sueldo pactado a la trabajadora” lo que es completamente inocuo, pues la Empresa presta y prestó servicios en la obra respectiva a la Dirección de Vialidad, Servicio Público bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas. Manifiesta que resulta inverosímil que la empresa no cuente con liquidez, pues las obras respectivas se ganaron a través de una licitación pública, postulación a la que sólo pueden acceder proveedores que estén inscritos en el portal de Chile Compra. Otro antecedente textual es: “se desconocen los motivos por los cuales las cotizaciones canceladas a la trabajadora no concuerdan con lo establecido en el contrato, ni mucho menos con lo estipulado en las liquidaciones de sueldo” Entonces, se pregunta, ¿Qué relación de causa efecto tiene esa conducta del empleador con la existencia del vínculo de subordinación y dependencia? Esta recurrente no entiende otro razonamiento que el uso deliberado de un incumplimiento del empleador, en perjuicio de una trabajadora, para fundar así un rechazo de licencia médica. Respecto a las probanzas de su parte del vínculo laboral, algo de por sí cuestionable, pues la legislación incluso presume el contrato de trabajo, ya que incluso no es necesario escriturarlo. Recapitulando, los informes que se acompañan en este Recurso fueron escritos a mano por esta profesional, pero la SUSESO soslaya que incluso están firmados por la Inspectora Fiscal de la Dirección de Vialidad, doña Carla Sierra, y por la Prevencionista del mismo servicio. Lo dicho precedentemente debe cotejarse con la definición de contrato de trabajo que nos entrega el Código del Ramo. En efecto, el artículo 7º de dicho Código establece que: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada” Por su parte, el artículo 3, definiendo al “trabajador” indica que trabajador: toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo” La interpretación armónica de dichas normas, y su aplicación al caso concreto, y según todos los antecedentes acompañados, lleva a concluir que la contratación se enmarcó precisamente en la primera de las hipótesis, es decir, en servicios intelectuales. Esto, por cuanto se le contrató en calidad de profesional, en su carácter de experta en prevención de riesgos. Es por ello que la búsqueda de “huellas materiales” como requiere la SUSESO se torna mayormente compleja. Desatiende dicha Superintendencia el concepto amplio del vínculo laboral entregado por el Código del Trabajo. Finalmente, señala que relacionarse todo lo dicho con las Fiscalizaciones de la Inspección del Trabajo en la materia, ya que en ningún momento se cuestionó su calidad de trabajadora dependiente.

En cuanto a los derechos y garantías vulnerados, refiere que la negativa de la SUSESO que confirma El Rechazo de las Licencias Médicas por no haberse acreditado la calidad de trabajadora dependiente, y que se contiene en la ya mencionada Resolución Exenta NºIBS 4468, ha infringido de manera sustancial el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental. En el entender de la Recurrente de Protección, la vulneración denunciada se puede tomar desde un doble punto de vista. El primero de ellos, está dado por la desigualdad de trato respecto a otras trabajadoras dependientes, madres que han optado por la maternidad y si han gozado de los derechos consagrados por la ley en estas materias, refrendados por el Código del Trabajo y además por instrumentos internacionales. El vocablo discriminar no tiene un sentido negativo cuando se entiende como separación de criterios, personas, hechos o cosas, atendido a factores objetivos, y siempre y cuando se materialice a través de una resolución fundada, en especial en aquellos casos que se priva o afectan derechos de terceros. El actuar de la SUSESO expresado en la Resolución Exenta IBS Nº4668, se torna del todo arbitraria, ilegal y discriminatoria por su falta de fundamentación y carencia de criterios, los que en definitiva conculcan la norma denunciada. El segundo punto de vista donde vislumbra la “desigualdad ante la ley” con la que se le ha tratado, está determinado por la desigualdad de trato entre distintos órganos del Estado. En efecto, la Inspección del Trabajo, como órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes laborales y sancionar a los infractores, ha respaldado sus peticiones, recibido sus denuncias, otorgado un trato digno y fiscalizado y sancionado a su empleador, conminándolo al pago de las cotizaciones y el cumplimiento del contrato que nos liga. No ha cuestionado su calidad de trabajadora ni ha puesto en tela de juicio la existencia del contrato ni de las funciones que yo he realizado. Es más, recibió su denuncia por incumpliento del empleador por no otorgarle las labores convenidas, atestado de su preocupación y esmero en el cumplimiento de su obligaciones. Entonces, pregunta por qué el Estado de Chile cuenta con distintos servicios que no aúnan criterios en sus decisiones finales, por un dar protección al trabajador mediante un organismo técnico, pero por otro lado instauramos un organismo que se atribuye facultades de corte prácticamente judicial, en orden a calificar con exiguos antecedentes un vínculo de laboral o no, o una determinada relación como dependiente o no, y más grave aún, sin argumentos sólidos que funden sus resoluciones.

Respecto a la segunda garantía infringida, manifiesta violado el derecho a la vida e integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 Nº1 de la Carta Fundamental, ya que no puede haber derecho a la vida sin derecho a la salud. Al privarle de las licencias médicas se le priva de los medios de subsistencia, a su bebé, pues el subsidio por pre y pos natal vienen en definitiva a reemplazar la remuneración en aquel lapso de tiempo determinados por ley. Durante este tiempo y aquel en que no se le pagaron las licencias médicas, se he visto vulnerada en su derecho a la vida, conjuntamente con su hija pues no cuenta con otros ingresos y ha sobrevivido sólo con la ayuda de su familia. Agrava lo anterior el hecho de ser una madre soltera, pues el padre de su hija se negó a reconocerla, negándola de hecho, por lo que dignamente he tenido que sacar a su bebé adelante, sola. Prueba de ello es el certificado de nacimiento de Valentina, en el que tiene la filiación determinada sólo respecto de su madre, habiendo puesto su apellido materno como su primer apellido. Tangencialmente su integridad psíquica se ha visto menoscabada, pues los constantes rechazos de la Compín y ahora de la SUSESO en el pago de sus licencias han afectado su estabilidad emocional, con todo lo que significa criar sola una pequeña hija, con múltiples necesidades y sin poder trabajar durante todo este tiempo, pues su bebé tiene tan sólo 7 meses de edad.

Finalmente, refiere que con su actuar la SUSESO vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, es decir el derecho de propiedad. En el recto entender de la Exc. Corte Suprema en Causa ROL 9235-2017, una decisión de esta índole vulnera la garantía prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que con la negativa a pagar el subsidio maternal se priva a quien afecta de modo directo de un ingreso monetario. Lo anterior trae a su vez como consecuencia concluir que el sistema de salud, que precisamente está pensado para cobijar a la recurrente en caso del subsidio, sea ineficaz al no cumplir con la finalidad para la que fue establecido por la ley. Por todo lo anterior, y previas citas legales, solicita acoger a tramitación el presente Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en definitiva, dar lugar a éste, declarando que el actuar de las Recurridas ha sido ilegal, arbitrario y vulneratorio de los derechos fundamentales indicados, en la medida y participación que esta Corte determine; que se restablezca el imperio del derecho ordenando que las Recurridas (en especial SUSESO), autoricen el pago de los subsidios pre y post natal como legalmente corresponde, con las sumas de dinero contenidas en ella, y se condene en costas a la recurridas.

En el primer otrosí, acompaña los siguientes documentos: 1) Certificado de Nacimiento de nombre reservado; 2) Copia Resolución Exenta N°IBS 44469/ 16-02-2018; 3) Resolución Exenta N°CM4 19790 de fecha 16 de noviembre de 2017; 4) Contrato de Trabajo de fecha 25 de septiembre de 2016; 5) Certificado de Cotizaciones Previsionales; 6) Licencias Médicas N°36831704 y 37174723; 7) Copia de Actividades Realizadas en la Empresa; 8) Fiscalización de fecha 21 de febrero de 2018.

Con fecha 19 de marzo del año 2018, el recurrente acompaña los documentos consistentes en: 1) Fiscalización de fecha 21 de febrero de 2018; 2) Activación de fiscalización de fecha 27 de febrero de 2018; 3) Activación de fiscalización de fecha 05 de febrero de 2018, y 4) Copia del Libro de Asistencia (3 archivos adjuntos).

Con fecha 26 de marzo del año 2018, el recurrente acompaña activación de Fiscalización de fecha 26 de septiembre de 2017, efectuada por la Recurrente en la Inspección del Trabajo.

A folio 13, con fecha 25 de abril del año 2018, informa doña nombre reservado, por la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representante del Ministerio de Salud en la Región y por ende de la COMPIN, según lo estipulado en los artículos 31 y 34 del Decreto N° 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, quien refere que el presente nombre reservado fue interpuesto en contra de un supuesto acto arbitrario e ilegal de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la COMPIN (Subcomisión Malleco) y que consistiría en el rechazo de las licencias médicas Nº 36831704 y 37174723, por los fundamentos que en él se indican y que a su juicio vulneraría la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitxición Política de la República. Refiere que con fecha 20.04.2018, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) emitió la Resolución Exenta IBS N° 10303, mediante la cual dejó se sin efecto la Resolución Exentó IBS N° 4.469, de fecha 16.02.2018 y que rechazaba las licencias medicas por las que se recurre, instruyéndose a la COMPIN Subcomisión Malleco, reducir a 35 días la licencia médica prenatal Nº 1-36831704, originalmente otorgada por 42 días y autorizar la licencia médica postnatal Nº 1-37174723. por 84 dias. En virtud de lo anterior, manifiesta que se debe rechazar el presente nombre reservado, por cuanto el supuesto hecho arbitrario e ilegal alegado por la actora, ya ha sido subsanado mediante la dictaeión de la Resolución Exenta IBS N° 1030312, de 2018, de la SUSESG, la cual acompaña.

A folio 18, con fecha 22 de mayo del año 2018, informa don nombre reservado, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, informando que como consta de la copia del expediente administrativo, por presentación de fecha 29 de noviembre de 2017, la Sra. nombre reservado recurrió a la Superintendencia en contra de lo resuelto por la Subcomisión Malleco, que rechazó sus licencias médicas de descanso prenatal y postnatal N°s. 1- 36831704 y 1-37174723, que otorgaron reposo por un total de 126 días a contar del 04/07/2017, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente. Por lo anterior, se dictó la Res. Ex. N° 4469 de 16-02-2018, que confirmó el rechazo de las indicadas licencias. No obstante lo anterior, los antecedentes del caso se derivaron nuevamente al Departamento de Licencias Médicas, de la Intendencia de Beneficios Sociales, de esta Superintendencia, toda vez que se solicitó por la recurrente que se reconsidere la Resolución Exenta IBS N° 4.469, de 16/02/2018, de este Organismo, que confirmó lo resuelto por la Subcomisión Malleco, respecto al rechazo de sus licencias médicas de descanso prenatal y postnatal N°s. 1- 36831704 y 1- 37174723, que otorgaron reposo por 42 y 84 días, a contar del 04/07/2017 y 08/08/2017, respectivamente, por no acreditar su calidad de trabajadora dependiente. En virtud de lo anterior, mediante la RESOLUCIÓN EXENTA IBS N° 10303 de 20 de abril de 2018, el Servicio resolvió, instruir a la referida Compin: "... Déjese sin efecto la Resolución Exenta IBS N° 4.469, de 16/02/2018, de esta Superintendencia. Instruyese a la Subcomisión Malleco, reducir a 35 días la licencia médica prenatal N° 1- 36831704, originalmente otorgada por 42 días, de manera que abarque desde el 04/07/2017 hasta el 07/08/2017 y autorizar la licencia médica postnata} N° 1- 37174723, por 84 días a contar del 08/08/2017". Por tanto, solicita que debe tener presente que su representada al ordenar dentro de plazo la autorización de las licencias médicas reclamadas por la recurrente, debe RECHAZAR la presente acción cautelar por carecer absolutamente de objeto y de causa. En efecto, lo que la recurrente pretende con el presente recurso es la autorización de las indicadas licencias médicas que ya han sido autorizada por su representada, por lo que el presente recurso carece de absoluto sentido.

En cuanto al derecho, hace presente el marco regulador de la licencia médica, regulado en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras leyes, la Ley N° 18.469, que Regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En complemento de la norma legal anteriormente citada, el artículo 1o del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas dispone que: "Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...". Pues bien, de la definición transcrita, surge que la licencia médica es un Derecho de Seguridad Social que cubre los estados de necesidad de los trabajadores afectados por enfermedades comunes o accidentes de la misma especie, que les impide trabajar en forma sólo transitoria (incapacidad laboral temporal) y, por lo tanto, no es procedente en aquellos casos en que la afección o las secuelas del accidente común causan una incapacidad laboral permanente (invalidez), estado que no puede superarse mediante la extensión de mas reposo prescrito mediante la licencia médica. En cambio, para los casos en que ia afección o las secuelas del accidente común causan una incapacidad laboral permanente (invalidez), nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que deben solicitarse a través del sistema previsional a que esté afecto el trabajador y que se concederán de cumplirse con los requisitos que exige la normativa que resulte procedente. Atendido lo expuesto, su defendida ha actuado en el caso de autos, dentro de su competencia y de acuerdo con sus facultades legales en esta materia (autorización de licencias médicas). En efecto, la Superintendencia de Seguridad Social, regulada por la Ley N° 16.395, recientemente modificada por la Ley N° 20.691, le corresponde, dentro de lo que le resulta de su competencia, supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, mandato o deber consagrado en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al disponer que: "El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.", función que ejerce justamente a través de su representada, en lo que resulta de su competencia. Como consecuencia de lo expuesto, su representada tampoco ha actuado ilegalmente, pues como ya se ha indicado detalladamente, esta Superintendencia resolvió de acuerdo con el mérito de los antecedentes y previo estudio del caso por los profesionales médicos de su Departamento de Licencias Médicas, autorizando las licencias médicas reclamadas. Por tal razón, la presente acción debe ser rechazada por carecer de objeto y causa.

Además, sostiene que debe tener presente que más allá que la acción debe ser rechazada por carecer de causa, el Derecho a la Seguridad Social, que es claramente la naturaleza del derecho que se dice supuestamente se habría vulnerado, no es una de los derechos o garantías amparados por esta acción cautelar. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N° 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; y las normas previstas en la Ley N° 20.585, ¡as apelaciones que en el referido marco regulatorio se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. Sostiene que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente a aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a "actos u omisiones arbitrarios o ilegales". Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por último, hace presente que, no existe acto arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo llevar a desestimar cualquier vicio de ilegalidad y arbitrariedad respecto del dictamen de su representada. Refiere que tampoco existe vulneración de garantía constitucional alguna de la cual haya sido privado la recurrente como, tampoco amenazada en su legítimo ejercicio, pues su representada se limitó a resolver (acogiendo el reclamo presentado por la recurrente), dentro del ámbito de sus competencias, el reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, de lo que se colige que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en cuanto a que no resulta procedente ejercer la acción de protección, si lo que se vulnera, hipotéticamente, es el derecho a la seguridad social, no ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de algunos de los derechos o garantías reconocidas en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Menos aún, es posible que se haya vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984 y DFL. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no mediaba en la especie antes del pronunciamiento de su representada que autorizó las licencias reclamadas por la recurrente. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Por todo lo anterior, y en atención a lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18, 20 y 24 de la Constitución Política de la República, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 27 y demás pertinentes de la Ley N° 16.395, lo prescrito en el D.F.L. N° 1, de 2005, y lo previsto en el artículo 1o del D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud y demás disposiciones legales pertinentes, solicita tener por evacuado el informe y el rechazo del recurso.

En el primer otrosí, el recurrido acompaña copia de la Resolución Exenta IBIS N° 10303 de 20 de abril de 2018, mediante la cual esta Superintendencia instruyó a la COMPIN autorizar las licencias médicas cuestionadas y que fueron extendidas a la Sra. nombre reservado.

A folio, con fecha, se agregó extraordinariamente la causa a tabla.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que así, en estos autos se ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, a través de Resolución Exenta IBS Nº4469, dictada con fecha 16 de febrero del año 2018, que confirmó lo resuelto por la Subcomisión Malleco, que rechazó las licencias médicas de descanso prenatal y postnatal Nºs 1-36831704 y 1-37174723, al no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de doña nombre reservado.

TERCERO: Que al respecto, teniendo presente que la autoridad administrativa acogió el recurso de reconsideración deducido por la recurrente por medio de Resolución Exenta IBS Nº10303, dictada con fecha 20 de abril del año 2018, afirmando que “esta Superintendencia se ha formado la convicción de la existencia de huellas laborales materiales y concretas que dan cuenta del desarrollo de labores efectivas de la interesada para la empresa “Inmobiliaria IM Limitada, R.U.T. RUT reservado”, a contar del 16/11/2015, en calidad de prevencionista”, razón por lo que dispuso dejar sin efecto la Resolución Exenta IBS Nº4.469 de 16/02/2018, se rechazará el presente recurso, al haber perdido oportunidad, no existiendo privación, perturbación o amenaza que amparar a través de esta acción cautelar.

Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y artículo 21 de la Constitución Política de la República, cinco del auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del nombre reservado se declara, que SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, ya individualizados.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección 1266-2018 (cab)