nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece don Miguel Ángel González García, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de don nombre reservado, por estimar que determinadas actuaciones de este último perturban y amenazan el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de su representado, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado es dueño del inmueble rural denominado Santa Elisa, ubicado en Colonia Mendoza, comuna de Vilcún, compuesto por los lotes A y B, con una superficie total de 19,13 hectáreas, cuyo dominio se encuentra inscrito a fojas 163 vuelta N° 146 del Registro de Propiedad del año 2026 del Conservador de Bienes Raíces de Vilcún. Señala que dicho inmueble proviene de un procedimiento de regularización conforme al Decreto Ley N° 2.695 y figura ante el Servicio de Impuestos Internos bajo el rol de avalúo N° 304-45, registrado a nombre del recurrente.

Refiere que el recurrido, en cambio, es titular de una inscripción de derechos proveniente de un traslado de herencia, a fojas 3763 vuelta N° 3193 del Registro de Propiedad del año 2025 del Conservador de Bienes Raíces de Vilcún, correspondiente a derechos sobre veinte hectáreas de una hijuela de ochenta hectáreas ubicada en Colonia Mendoza. Sostiene que esa inscripción recaería sobre un inmueble distinto de aquel perteneciente al recurrente y que no existiría identidad ni superposición entre ambos títulos.

Afirma que, no obstante lo anterior, el recurrido habría ingresado sin autorización al predio Santa Elisa los días 14 y 21 de marzo del 2026, acompañado de terceros, efectuando mediciones y otras actuaciones materiales, siendo conminado a retirarse. Estima que tales conductas constituyen vías de hecho que perturban las facultades de uso y goce inherentes al dominio, al carecer el recurrido de autorización de su propietario, resolución judicial o título que lo habilite para actuar sobre dicho inmueble.

Añade que el 6 de abril del 2026 el recurrido presentó ante el Servicio de Impuestos Internos la Solicitud N° 4971447, denominada “solicitud de aclaración de rol”, respecto del rol N° 304-45, identificándose como interesado y acompañando, entre otros antecedentes, un plano de subdivisión y certificado de dominio vigente. Sostiene que mediante dicha gestión pretende obtener una modificación del catastro correspondiente al inmueble del recurrente utilizando antecedentes que no se referirían a ese predio, lo que configuraría una amenaza al derecho de propiedad invocado.

Califica ambas actuaciones de ilegales y arbitrarias, por cuanto el recurrido carecería de título para ingresar al predio o realizar actos materiales sobre él y estaría intentando obtener por vías de hecho y administrativas el reconocimiento de derechos que no le corresponden sobre un inmueble cuyo dominio se encuentra inscrito a nombre del recurrente.

Solicita, en definitiva, que se acoja la acción y se ordene al recurrido cesar y abstenerse de ingresar al predio Santa Elisa o ejecutar actos que perturben, priven o amenacen el derecho de propiedad del recurrente. Asimismo, pide que el Servicio de Impuestos Internos deje sin efecto, archive o rechace la Solicitud N° 4971447 en cuanto diga relación con el rol N° 304-45 y mantenga dicho rol registrado a nombre del recurrente, con costas.

A su recurso acompañó copia vigente de la inscripción de dominio a nombre del recurrente, Resolución Definitiva del Ministerio de Bienes Nacionales y plano del inmueble Santa Elisa, certificado de avalúo fiscal correspondiente al rol N° 304-45, copia de la inscripción invocada por el recurrido, y el comprobante de la Solicitud N° 4971447 presentada ante el Servicio de Impuestos Internos.

A folio 18 informa don Samuel Tomás Saavedra Avilés, abogado, en representación de don nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Niega que su representado haya ingresado ilegítimamente al predio Santa Elisa los días señalados y sostiene que no existe antecedente probatorio que acredite tales hechos. Explica que el recurrido posee derechos hereditarios inscritos respecto de un inmueble situado en Colonia Mendoza y que cualquier actuación desarrollada en ese sector obedecería al ejercicio de tales derechos.

Respecto de la presentación ante el Servicio de Impuestos Internos, sostiene que la Solicitud N° 4971447 constituye el legítimo ejercicio del derecho de petición reconocido por el artículo 19 N° 14 de la Constitución y no una actuación destinada a apropiarse del rol del recurrente. Agrega que cualquier eventual modificación del catastro sería adoptada por el Servicio de Impuestos Internos y no por su representado.

Controvierte, asimismo, que exista identidad entre ambos inmuebles. Explica que el recurrente invoca un predio de 19,13 hectáreas proveniente de una regularización conforme al Decreto Ley N° 2.695, mientras que su representado posee derechos inscritos sobre 20 hectáreas de una hijuela de 80 hectáreas, provenientes de antecedentes registrales diversos. Sostiene que no existe plano comparativo, peritaje u otro antecedente técnico que permita establecer que ambos títulos recaen sobre el mismo terreno.

Alega, en consecuencia, que determinar la eventual identidad o superposición de los inmuebles, los efectos de la regularización efectuada conforme al Decreto Ley N° 2.695 y la extensión de los derechos hereditarios del recurrido requiere un procedimiento de lato conocimiento y excede el ámbito cautelar de la acción de protección.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas, por estimar que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que vulnere el derecho de propiedad del recurrente, desde que no se encuentran acreditados los ingresos al inmueble que se le atribuyen y la presentación efectuada ante el Servicio de Impuestos Internos constituye una gestión legítima destinada a esclarecer la situación catastral y registral del predio, existiendo, además, una controversia acerca de la identidad, ubicación y eventual superposición de los inmuebles y derechos invocados por las partes que, por su naturaleza, debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento.

A su informe acompañó copias vigentes y certificados de dominio correspondientes a las inscripciones invocadas como fundamento de los derechos del recurrido.

A folio 23, la recurrida acompañó el Oficio Ordinario DAV09.00 N° 154, de 27 de abril del 2026, emitido por la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos en respuesta a la Solicitud N° 4971447. En dicho documento, el Servicio consigna que el rol N° 304-45 permanece registrado con la inscripción de fojas 163 vuelta N° 146 del año 2026 del Conservador de Bienes Raíces de Vilcún, correspondiente al saneamiento del inmueble compuesto por los lotes A y B. Asimismo, atendida la inscripción invocada a fojas 3763 vuelta N° 3193 del año 2025, informó que oficiaría al Conservador de Bienes Raíces de Vilcún para que aclarase la situación de ambas inscripciones y determinase una eventual duplicidad de inscripciones.

Con fecha 17 de septiembre del 2026, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye un mecanismo cautelar destinado a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales que dicha disposición contempla, presupuesto que exige la existencia de un derecho cuyo ejercicio pueda ser determinado con suficiente certeza en esta sede.

SEGUNDO: Que la acción deducida se sustenta en dos actuaciones atribuidas al recurrido. Por una parte, se afirma que este habría ingresado sin autorización al inmueble denominado Santa Elisa los días 14 y 21 de marzo del 2026, efectuando mediciones y otras actuaciones materiales. Por otra, se cuestiona la solicitud N° 4971447 presentada por aquel ante el Servicio de Impuestos Internos el 6 de abril del mismo año, relativa al rol de avalúo N° 304-45, estimándose que mediante dicha gestión se pretendía obtener una modificación del catastro correspondiente al inmueble inscrito a nombre del recurrente.

TERCERO: Que respecto del primero de tales capítulos, los antecedentes incorporados al proceso no permiten tener por suficientemente establecido que el recurrido haya ejecutado los ingresos y actuaciones materiales que se le atribuyen sobre el inmueble específico de propiedad del recurrente, pues tales hechos han sido controvertidos por aquel y no se aportaron elementos objetivos suficientes para determinar su ocurrencia, ubicación y circunstancias.

A lo anterior se añade que el recurrido invoca derechos inscritos respecto de un inmueble situado igualmente en Colonia Mendoza, comuna de Vilcún, de modo que establecer si las eventuales actuaciones materiales se desarrollaron precisamente dentro de los deslindes correspondientes al inmueble denominado Santa Elisa exigiría previamente determinar la ubicación e identidad material de los respectivos títulos.

CUARTO: Que, en cuanto a la segunda actuación reprochada, consta que el recurrido presentó ante el Servicio de Impuestos Internos la Solicitud N° 4971447, requiriendo la identificación y aclaración del rol N° 304-45. Sin embargo, mediante Oficio Ordinario DAV09.00 N° 154, de 27 de abril del 2026, dicho organismo informó que el referido rol permanece registrado con la inscripción de fojas 163 vuelta N° 146 del año 2026 del Conservador de Bienes Raíces de Vilcún, correspondiente al inmueble proveniente del saneamiento efectuado por el Ministerio de Bienes Nacionales e invocado por el recurrente.

De este modo, no consta que la presentación efectuada por el recurrido haya producido la modificación catastral que se denuncia como amenaza al derecho de propiedad.

QUINTO: Que el mismo oficio da cuenta de que, examinada la inscripción de fojas 3763 vuelta N° 3193 del Registro de Propiedad del año 2025, invocada por el recurrido, el Servicio de Impuestos Internos dispuso oficiar al Conservador de Bienes Raíces de Vilcún para que aclarase la situación de ambas inscripciones y determinase una eventual duplicidad.

Tal antecedente evidencia que la controversia existente entre las partes supone establecer si los títulos que respectivamente invocan recaen sobre inmuebles distintos o si existe entre ellos alguna superposición total o parcial, cuestión cuya determinación exige el examen de los antecedentes registrales, planos, cabidas y deslindes respectivos y, eventualmente, de otros medios de prueba destinados a precisar su correspondencia material.

SEXTO: Que en estas condiciones, resolver en esta sede que la inscripción invocada por una de las partes prevalece sobre la otra, o determinar los efectos que respecto de esta última produjo el procedimiento de regularización seguido conforme al Decreto Ley N° 2.695, importaría decidir una controversia acerca de la identidad de los inmuebles y de los derechos que las partes invocan sobre ellos, materias que requieren un procedimiento de lato conocimiento incompatible con la naturaleza cautelar de esta acción constitucional.

Lo anterior no supone desconocer las inscripciones acompañadas por las partes, sino únicamente constatar que los antecedentes de este procedimiento no permiten resolver la cuestión registral y material que subyace al conflicto.

SÉPTIMO: Que finalmente, la sola presentación efectuada por el recurrido ante el Servicio de Impuestos Internos no puede calificarse, en las circunstancias descritas, como un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el derecho de propiedad del recurrente, desde que fue sometida al conocimiento de la autoridad administrativa competente, el catastro cuya alteración se temía permanece registrado conforme a la inscripción invocada por aquel y la actuación posterior destinada a esclarecer una eventual duplicidad de inscripciones corresponde al propio organismo administrativo.

OCTAVO: Que por consiguiente, no concurriendo los presupuestos necesarios para otorgar la tutela cautelar solicitada, la acción deberá ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer ante la autoridad administrativa o el tribunal competente para obtener la determinación definitiva de la situación jurídica y material de los inmuebles involucrados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Álvaro Mesa Latorre.

Rol Protección 1261-2026.(csd)