nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, quien viene en interponer la presente acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., alegando como acto ilegal y arbitrario que dicha administradora rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero notificada el 08 de abril del 2026, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República y pide que se reconozca la validez de la documentación aportada, que se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y que en un plazo breve se proceda a la devolución de los fondos solicitados.

Señala que el recurrente solicitó la devolución de sus aportes previsionales al amparo de la ley N° 18.156 y que la administración de la recurrida notificó el rechazo del trámite aduciendo que la constancia de afiliación debía estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, exigencia que resulta impracticable por la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile.

Indica que aportó contrato de trabajo, anexos, constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con código de verificación y certificado legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que la constancia electrónica es directamente verificable en el sitio web del instituto emisor mediante el código alfanumérico indicado, por lo que la negativa de la administradora constituye una interpretación formalista y restrictiva de la norma que incorpora requisitos no previstos por la ley.

Expone que la interpretación y el proceder de la recurrida contravienen el sentido y finalidad de la Ley N° 18.156, en particular los artículos 1 y 7, y que la exigencia de legalización o apostilla vulnera el principio según el cual a lo imposible nadie está obligado, en atención a la crisis política e institucional del país de origen que dificulta la obtención de documentos.

Argumenta que la conducta reclamada afecta la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, y que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de distintas cortes de apelaciones respalda la interpretación conforme a la cual los documentos aportados son suficientes para acreditar la afiliación y habilitar la devolución de los fondos.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se acoja la acción de protección, que se reconozca la validez de la documentación acompañada, que se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y que dentro del plazo que se estime se proceda a la devolución de los fondos solicitados, junto con las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A su escrito acompañó como pruebas la Notificación que informa rechazo devolución de fondos AFP; Certificado de cuentas personales; Cédula de identidad para extranjeros; Comprobante de solicitud de fondos AFP; Título universitario; Certificado de cotizaciones previsionales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A folio 5 comparece nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, y solicita que se rechace en todas sus partes la acción deducida, por estimar que la vía cautelar no es idónea para resolver materias de lato conocimiento y porque no existe actuación ilegal o arbitraria de la administradora que vulnere garantías constitucionales.

Señala que la acción de protección fue concebida como un remedio cautelar y sumario destinado a tutelar derechos indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios, por lo que no procede para resolver controversias de fondo que requieren un procedimiento de mayor extensión y contradicción, y pone de relieve la doctrina y la jurisprudencia que han rechazado su uso para dilucidar derechos controvertidos.

Indica que en lo de fondo no existen actos ilegales ni arbitrarios por parte de Provida, toda vez que la solicitud de devolución de fondos presentada por el recurrente fue resuelta conforme a la Ley N° 18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, de modo que el rechazo del trámite se fundamentó en la ausencia de documentación con el valor probatorio exigido por la normativa sectorial.

Expone que la constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportada por el recurrente carece de firma, no especifica las coberturas exigidas por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y no cumple las formalidades de legalización o apostilla previstas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil ni en la Convención de La Haya sobre apostilla, de modo que no resulta suficiente para acreditar la cobertura previsional requerida.

Argumenta que la Superintendencia de Pensiones ha establecido reiteradamente criterios administrativos que exigen certificación debidamente legalizada o apostillada y que consignen en forma expresa la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período reclamado, por lo que Provida ha cumplido su deber de verificar el cumplimiento de tales requisitos conforme a los oficios emitidos por la autoridad fiscalizadora y a la jurisprudencia de las Cortes.

Arguye que la naturaleza excepcional de la Ley N° 18.156 y la finalidad del Decreto Ley N° 3.500 así lo imponen, en tanto los fondos de las cuentas individuales tienen por destino exclusivo financiar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia y su retiro anticipado debe sujetarse a una interpretación restrictiva, por lo que las exigencias formales aplicadas por la recurrida se hallan amparadas en la ley y en la normativa administrativa.

Relata que la doctrina y la jurisprudencia nacional, incluida la de la Excma. Corte Suprema, han confirmado la improcedencia de entregar fondos cuando no se acreditan los requisitos legales, y que además existen sentencias de distintas Cortes de Apelaciones que respaldan el criterio adoptado por ProVida en casos análogos.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas, por improcedente y por ausencia de acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de la administradora.

A su informe acompañó el Oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 12954 de fecha 17 de julio del 2025; Oficio de la Superintendencia de Pensiones N° 21880 de fecha 17 de noviembre del 2025; copias de sentencias de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que respaldan la interpretación de la normativa; copia de la personería que acredita la representación; patrocinio y poder.

Con fecha 17 de julio se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección ha sido instituida con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en el artículo 19 de la Constitución se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, amenacen o perturben ese ejercicio.

SEGUNDO: Que para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas en el artículo 19; y que la Corte se encuentre en condición material y jurídica de otorgar la protección solicitada.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone la exención de las obligaciones de previsión chilenas para el personal técnico extranjero siempre que se acredite afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en los casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo exprese la voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, que el artículo 7° de la misma ley permite la solicitud de devolución de fondos previsionales cuando se acrediten los requisitos establecidos en el artículo 1°.

CUARTO: Que del examen de los antecedentes acompañados por el recurrente se advierte que el actor aportó contrato de trabajo, anexos, constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con código de verificación y un certificado legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. No obstante, la administración de la recurrida notificó el rechazo del trámite aduciendo la falta de formalidades adicionales, en particular la exigencia de legalización o apostilla de la constancia de afiliación, exigencia que la parte recurrente tilda de impracticable por la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile y sostiene que resulta innecesaria dado que la constancia es verificable electrónicamente mediante el código alfanumérico indicado.

QUINTO: Que la conducta reclamada debe evaluarse a la luz de la normativa legal citada y de las facultades y deberes de la administradora en materia de verificación documental. En tal sentido, la recurrida se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos que, conforme a la Ley N° 18.156 y a la normativa de supervisión del sistema de pensiones, son necesarios para garantizar que los fondos retirados cumplan su destino y que la afiliación alegada efectivamente otorgue las prestaciones mínimas requeridas por la ley. En atención a ello, la exigencia de certificación con el valor probatorio requerido y de formalidades que permitan acreditar con certeza la cobertura previsional no aparece desprovista de fundamento legal ni constituye, por sí sola, un acto arbitrario.

SEXTO: Que, además, corresponde considerar que la constancia electrónica aportada por el recurrente, aunque verificable en línea, fue objeto de cuestionamientos respecto de su suficiencia probatoria para acreditar en forma indubitada la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período reclamado, información que la propia Ley N° 18.156 exige para autorizar la devolución de aportes. Ello implica que la controversia sobre la validez y alcance probatorio de los documentos presentados por el recurrente versa sobre cuestiones de mérito y de interpretación normativa que exceden el ámbito sumario de la acción de protección, cuya naturaleza cautelar no es idónea para dilucidar controversias de fondo donde resulta preciso un mayor grado de instrucción y contradicción.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y atendida la falta de acreditación indubitable de un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, la existencia de un requisito normativo concreto establecido en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 que debe satisfacerse para proceder a la devolución de fondos y la naturaleza de la controversia —la cual exige valoración probatoria y legal más profunda—, no concurren las condiciones de procedencia de la acción de protección para efectos de obtener las pretensiones formuladas por el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República y con el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular señor Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-1259-2026.(jog)