nombre reservado con SUPER INTENDENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), en razón de lo instituido en la Resolución Exenta N° R-01-UME-91226-2023, de 10 de julio de 2023, pronunciada por la recurrida, notificada con la misma fecha, y que determinó: “Se confirma calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP 02-12-2021. Procedió otorgar cobertura del seguro de la Ley hasta el 24-08-2022. Los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes, No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común.”; acto que estima ilegal y arbitrario por parte de SUSESO, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de derecho a la vida e integridad física y psíquica, derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, todo de conformidad a los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer a continuación:

EN CUANTO A LA COMPETENCIA 1.- Que, respecto a la competencia, el Auto Acordado que regula la Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, determina en su artículo 1º las reglas de competencia territorial, a efectos de determinar cuál es la Corte de Apelaciones competente para conocer de un recurso de protección. Es así como el citado numeral primero del referido Auto Acordado, sobre la materia establece: "1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, ...”.

-2.- Que, de lo expuesto en el referido Auto Acordado, se concluye que pueden ser competentes para conocer de un recurso de protección, tanto la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiese cometido el acto, como aquella en cuyo territorio se hubieren producido los efectos del acto arbitrario o ilegal. Ahora bien, en caso de que efectivamente existan dos Cortes de Apelaciones que puedan ser competentes para conocer la acción constitucional, le corresponde elegir al recurrente cuál de esos dos tribunales formula el recurso de protección respectivo.

3.- Que, siguiendo una jurisprudencia uniforme y consolidada, la Excma. Corte Suprema ha concluido que el domicilio indicado por el recurrente en el libelo donde interpone su acción constitucional constituye el lugar donde se van a producir los efectos del acto arbitrario e ilegal, lo que implica que la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se encuentra ubicado aquel domicilio, resulta competente para conocer del pertinente recurso de protección.

4.- Que, como el domicilio que indico en el presente libelo se encuentra dentro del territorio jurisdiccional de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, este tribunal de resulta plenamente competente para conocer de esta acción de protección.

I.- LOS HECHOS:

Que, se desempeña como enfermera en el Hospital de Villarrica desde el año 2006, ingresando al Servicio de Salud el año 2003.

Pues bien, con ocasión y como consecuencia de su trabajo, desarrolló la patología de “ sindrome de burn out,” (trastorno de ansiedad generalizado severo) debidamente diagnosticada, enfermedad de carácter netamente laboral.-Así las cosas, con fecha 2 de diciembre del año 2021, efectuó una denuncia por enfermedad profesional en la oficina del ISL de la ciudad de Villarrica, la cual con fecha 31 de diciembre de 2021, fue calificada como tal, como se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente.

Es menester hacer presente que su atención médica y psicológica se inicia con fecha 13 de diciembre del año 2021, con el prestador Clínica Red Salud Mayor de Temuco, donde se indica y somete al uso de fármacos, terapia psicológica semanal y reposo médico.

A su vez, con fecha 19 de mayo de 2022, la Dra. Jindrinska Lara, médico general tratante, la deriva a especialista y desde ese día comenzó a tener problemas de tipo administrativos con ISL y prestador ACHS, a quien se le cancelan servicios de psiquiatría.

A mayor abundamiento, precedieron a registrar en su ficha clínica de ACHS un llamado telefónico el día 10 de Mayo de 2022, para notificarle de una hora que se agendó con psiquiatra para el 17 de mayo del 2022. Llamado que nunca recibió, como tampoco recibió notificación alguna por correo electrónico. No obstante ello, con fecha 18 y 26 de mayo de 2022, se registra que no asistió a la hora con el especialista psiquiatra, Dr. Aguirre.

Por otra parte, con fecha 30 de mayo de 2022 se le agenda hora con otro psiquiatra, Dr. Troc para el 05 de julio 2022. Al llegar al establecimiento, a la hora citada, se le comunica en la sección informaciones, que esa atención no se llevaría a cabo porque el Dr. Troc, no atiende pacientes en convenio con ISL. Como ese día se terminaba su licencia médica, le asignan un cupo de medicina general, pero el profesional le indica a la administrativa que la estaba atendiendo por convenio con ISL y de esta forma sólo se compraban servicios de especialidad y no de medicina general.

Finalmente, y en atención a esta serie de actos arbitrarios y conculcatorios de sus garantías constitucionales, recurrió nuevamente a la Clínica Red Salud Mayor, a objeto de que su médico tratante pudiera extenderle la licencia médica correspondiente.

Acto seguido, el día 11 de julio 2022, recibe correo electrónico donde se le indica una nueva hora de atención médica con psiquiatra Dr. Aguirre, para día el 12 de julio de 2022. Ese mismo día se dirige hacia la consulta del profesional y este cordialmente le señala que no podrá verla porque no cuenta con sus antecedentes clínicos. Frente a esto, procede a efectuar reclamo en la ACHS de Temuco, con el encargado de esta problemática, quien sólo le pide disculpas y no se hace cargo de ninguno de los gastos incurridos por el viaje desde Villarrica a Temuco, puesto que había sido un viaje totalmente perdido, sin que le avisaran tampoco de aquella situación.

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2022, se le notifica de una nueva hora, esta vez con el Dr. Springmuller, vía telemática, desde la ciudad de Santiago, la cual se verificó efectivamente el día 18 de julio de 2022. Según el registro médico, se plantea una hipótesis diagnostica, se le debe citar a una segunda atención para completar historial clínico y no deja indicación de fármacos. Además deja establecido que tampoco tiene sus antecedentes médicos a la vista. Lo cual se repite una vez más.

Por otra parte, con fecha 09 de agosto de 2022, se realiza un nuevo registro en su ficha clínica, por parte del médico nombre reservado, del Policlínico de Villarrica, con quien nunca la ha atendido, él establece la hipótesis diagnostica del psiquiatra como un diagnóstico definitivo, dentro del plan se lee que se le debe citar a psiquiatra lo más pronto posible y mantener indicaciones de médico tratante.

Por otro lado el día 10 de agosto de 2022, recibe correo de correo reservado, solicitando que firme de manera digital dos documentos, que al revisarlos, corresponden a una paciente de Puerto Montt.

Con fecha 25 de agosto de 2022, se registra que MDT de ISL se pronunció: “Después de 7 meses de evolución, se deriva a psiquiatra por no avance, habiendo presentado en abril reagudización por fallecimiento de su padre”.

Ahora bien, el psiquiatra, con fecha 18 de Julio de 2022, diagnóstica cuadro muy sugerente (hipotesis diagnostica) de “trastorno del espectro bipolar y episodio hipomaniaco, (para lo cual se requiere segunda entrevista) los cuales corresponden a diagnósticos mixtos”.

Agrega, que: “Se considera que los diagnósticos laborales acogidos han sido tratados por lo que se indica el cese de las prestaciones y derivación a su sistema previsional para tratamiento de los diagnósticos mixtos. Se notifica a T de dg mixtos y cese de prestaciones. Esta información la entrega doña nombre reservado, Encargada de Seguimiento EP Unidad de Salud Laboral, Dirección Regional de la Araucanía Instituto de Seguridad Laboral.

Por lo anterior, y ante lo sucedido, se vio en la obligación de solicitar a Srta. nombre reservado, Coordinadora Salud Laboral, Región de La Araucanía del Instituto de Seguridad Laboral, que se revisara su caso y se pudieran hacer las gestiones para dar continuidad de su atención, considerando todos los antecedentes expuestos. Pero se le respondió por correo electrónico que ya se había informado su cese de atención y que si no estaba conforme con el resultado, hiciera el reclamo ante la SUCESO.

A continuación, se transcribe texto de correo electrónico recibido con fecha 20 de octubre de 2022:

“De: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)" <correo reservado Fecha:20 de octubre de 2022, 12:22:49 CLST Para:correo reservado Asunto:OIRS ID 326372 y ID 327240 ESTIMADA nombre reservado

PRESENTE Junto con saludar, a través del presente se da respuesta a sus reclamos N° 326372 y 327240 ingresado mediante nuestro formulario OIRS, referido a prestaciones médicas.

Este Instituto ha revisado su requerimiento, siendo posible informar mediante el presente lo siguiente:

Se procedió a solicitar información a prestador médico, visto los antecedentes, podemos informar respecto a siniestro 973467, en base a historial clínico, se detectaron insuficiencias administrativas en su proceso de enfermedad profesional, respectivamente en agendamiento de horas con especialistas, por lo que, solicitamos las disculpas correspondientes, situaciones que fueron subsanadas, reiterando al prestador la prolijidad en su actuar en estos procesos.

Por otra parte, en atención por diagnósticos clínicos, podemos mencionar que los diagnósticos de origen laboral, fueron tratados bajo la cobertura de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, señalar que, en proceso de otorgamiento de prestaciones médicas, fue detectada patología de origen no laboral, el cual fue analizado y ratificado por médico del trabajo de este instituto, por lo tanto, se procedió a informar situación a usted mediante oficio, siendo derivada a atenciones médicas por su previsión, cabe señalar, que se procede al cese total de atenciones por este diagnóstico, procediendo a lo establecido en la normativa legal vigente.

Por lo anterior, de requerir antecedentes clínicos pueden ser solicitados por ley de transparencia, o bien, a través de nuestro prestador médico de acuerdo a lo establecido en la ley derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud (Ley N°20.584)

Respecto de EPICRISIS señalada, este instituto de acuerdo a procedimientos internos, gestiona el alta laboral o alta médica establecidos por ley, según sea su condición clínica, la cual, de acuerdo a lo informado por unidad correspondiente, además de la información entregada por profesional médico tratante, será formalizada a través de oficio para su respaldo correspondiente.

Señalar que, respecto a accidente sufrido en su proceso de recuperación, se establece que, para estos casos, corresponde a este organismo administrador, la cobertura de toda lesión que pueda ser originada en el trayecto a prestadores médicos en su proceso de recuperabilidad.

Visto lo anterior, indicamos a usted que, de acuerdo a evaluación médica, y medidas de adecuación desarrolladas por su empleador, cumple los criterios para su reincorporación a su lugar de trabajo.

En consecuencia, este instituto ha brindado la cobertura a sus patologías de origen laboral, lamentamos las situaciones presentadas en su proceso de recuperación, las cuales, fueron subsanadas por este instituto.

Expresamos a usted nuestras disculpas por la situación experimentada, y solicitamos su comprensión frente a las eventuales molestias que esto pudo haberle provocado. Como institución, seguiremos trabajando en nuestros procesos internos, con la finalidad de dar respuesta a sus requerimientos en el menor plazo posible, brindando atención de excelencia.

Esperando haber dado respuesta a su reclamo, le invitamos que frente a cualquier necesidad o inquietud, visite nuestra página web www.isl.gob.cl, seleccionando la opción Informaciones y Reclamos -OIRS- donde nos encontramos a disposición para atender su consulta, reclamo, felicitación y/o sugerencia.

Recordamos además que, ante cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad, Ud. puede dirigirse a la Superintendencia de Seguridad Social www.suseso.cl Sin otro particular, le saluda atentamente;

OIRS Instituto de Seguridad Laboral Teatinos #726, Santiago.

Fono: teléfono reservado”

Como se desprende del propio texto de la carta indicada, se señala que lamentan las situaciones presentadas en su proceso de recuperación, las cuales, fueron subsanadas supuestamente por este instituto y señalan disculpas por la situación experimentada. Todo lo cual revela la mala atención e irregularidades ocurridas.

De lo anterior, y considerando lo ocurrido, la mala atención médica recibida y consciente de que aun padece dicha patología al no haberse recuperado en lo absoluto y no brindarle las herramientas médicas necesarias para ello, su solicitud es que se le dé continuidad de atención médica para confirmar o descartar hipótesis diagnóstica del psiquiatra. Que en el supuesto caso de alta, se le informe claramente las indicaciones a seguir con respecto al uso de fármacos, ya que según le explicó la Dra. Lara, una vez que se encuentra la dosis adecuada de medicamentos, se debe mantener por lo menos un año antes de pensar en retirarlos. Y si se analiza su situación actual, una vez que se le terminen los remedios con los que cuenta en este momento, sumado a la suspensión brusca del tratamiento, sin controles de acompañamiento, con un retorno laboral repentino, a un puesto de trabajo que actualmente tiene una gran exigencia y carga laboral, las probabilidades de recaída son extremadamente altas. Efectivamente, le ha tomado tiempo recuperarse, se le tuvo que ajustar el tratamiento farmacológico en varias oportunidades y estar en esta situación, sin apoyo por parte del organismo que debía velar por su salud y recuperación, de un día para otro le dejan a la deriva, considerando todas las problemáticas que he tenido con el prestador ACHS Temuco y aun así no se le da una respuesta satisfactoria, todo lo cual ha generado la reaparición de sintomatología.

Con todo lo pretéritamente narrado, constituye una falta grave y una negligencia inexcusable por parte del Prestador ISL, ratificado erróneamente por la SUSESO, con lo cual se han conculcado sus garantías constitucionales, consignadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República.

Que, además, y pese a ver formulado reclamos al ISL con todos los argumentos fundados y con documentación de respaldo, desde OIRS, el 20 de octubre, le llega un correo electrónico diciendo que su caso fue analizado y que en la actualidad estaba presentando un diagnóstico no laboral y que debía seguir atendiendo por cuenta propia a través de su propia previsión. Además, le informan que le harán llegar una epicrisis, pero que nunca llegó.

Ante esto, y sintiéndose totalmente abandonada por parte del ISL, sin receta para adquirir sus medicamentos, sin controles médico ni psicológicos, tuvo que acudir a la atención privada, con los costos que ello significa. Es por eso que solicitó una hora con la Dra. Jindriska Lara, en la Clínica Red Salud de Temuco, con quien ha podido continuar su atención médica. Ella la deriva al psiquiatra Dr. nombre reservado, con quien se atiende el día 7 de octubre del año 2022, quien ha efectuado su trabajo de manera muy profesional, realizando la evaluación y entrevista clínica correspondiente, explicándole que el diagnóstico que le dio el Médico General del Policlínico de ACHS Villarrica fue totalmente erróneo. Sus indicaciones fueron continuar con la terapia farmacológica que le había instalado la Dra. Jindriska Lara y que agendará otra hora con ella, la que se realizará el día 24 de noviembre del año 2022, dado al alto número de pacientes que ella atiende. Como faltaba bastante tiempo para el control con el psiquiatra, acudo nuevamente a la Dra. Lara, para que le diera la receta para comprar los medicamentos, que por lo demás son de alto costo para ella, y le extendió la licencia médica por 28 días, desde el 27 de octubre al 23 de noviembre de 2022, para que el Dr. Baader, el día 24 de noviembre de 2022, de acuerdo a su estado, indique la conducta a seguir, en relación al uso de fármacos y reposo médico.

Por todo lo anteriormente explicado, y en dichos términos formuló reclamo (Apelación) para que se acepte la licencia emitida por la Dra. Jindriska Lara, y sea esta pagada debidamente.

Todo el tiempo que ha estado soportando esta enfermedad, con síntomas como angustia, ansiedad, insomnio, cansancio, labilidad emocional, etc, ha sido un proceso muy complejo, tomando uno y otro fármaco hasta llegar al indicado en las dosis adecuadas es agotador y que sumado a eso, el prestador de salud no responda como es debido, teniendo un proceder negligente e irresponsable y que con mucha dificultad ha podido comprar los medicamentos, a pesar de su alto valor, para seguir desarrollando su recuperación.

En el aspecto económico, también se ha visto gravemente perjudicada, y solo a modo ilustrativo, señalar que en fármacos ha gastados más de $1.250.000; en consultas psicológicas ha debido gastar más de $100.000.- y en gastos de consultas médicas ha gastado $650.000.- aproximadamente, lo que hacen un total aproximado de más de $2.000.000 Merece señalar que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pueda reconocer que la recuperación de la salud mental de una persona no depende del ánimo o voluntad que tenga el paciente, sino de todo un sistema que brinde una correcta contención, atención y resolución profesional considerando todo el contexto en que estos cuadros se desarrollan.

Finalmente con fecha 10 de julio de 2023, la recurrida, SUSESO dictó RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-91226-2023, y que determinó: “Se confirma calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP 02-12-2021. Procedió otorgar cobertura del seguro de la ley hasta el 24-08-2022. Los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes, No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común.”;

En este momento está con un alta administrativa, no ha recibido epicrisis con indicaciones médicas de alta, a pesar de que el médico general que la atendió señala que aún no está en condiciones clínicas de volver al trabajo y el psiquiatra sugiere segunda entrevista. Casi no le quedan fármacos y debió reincorporarse a su cargo el 7 de septiembre 2022.

En virtud de lo expuesto, solicita únicamente que se le dé continuidad de atención médica como enfermedad laboral o profesional para descartar hipótesis diagnóstica del psiquiatra. Y que en caso de alta, se le informe claramente cuáles son las indicaciones a seguir con respecto al uso de fármacos, ya que según le explicó la Dr. Lara, una vez que se encuentra la dosis adecuada de medicamentos, se debe mantener por lo menos un año antes de pensar en dejar de tomarlos.

Hace presente que desde octubre del año 2022, se atendió de forma particular con su médico psiquiatra de Puerto Varas, el Dr. nombre reservado, con todo lo que ello conlleva, y costos asociados.

II.- ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD DE LOS ACTOS DE LA RECURRIDA:

Acto arbitrario e ilegal.- El acto arbitrario e ilegal que infringe los derechos amparados por la Constitución Policita de la República, que causa una privación al legítimo ejercicio de derechos o garantías constitucionales de los establecidos en el artículo 19 de nuestra carta fundamental:

Siendo arbitrario el acto, por cuanto ha vulnerado el uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos o actualizados, vulneración que origina un acto arbitrario e ilegal; por cuanto resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto o reconocidas.

Ahora bien, tal como se señaló. La recurrida, con fecha 10 de julio de 2023, RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-91226-2023, que determinó “confirmar calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP 02-12-2021. Procedió otorgar cobertura del seguro de la ley hasta el 24-08-2022. Los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes, No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común.”;

Tal como se puede apreciar, todo lo antes señalado produce una infracción grave a sus garantías constitucionales, y de materializarse la sanción produce una privación, en el legítimo derecho o garantía constitucional, como así también perturba sus derechos humanos, signadas a continuación.-Así las cosas, la Resolución Exenta ya mentada, es totalmente arbitraria en cuanto no ha sido adoptada con criterio que pueda estimarse racional y concordante con los hechos, lo que provoca que el acto sea arbitrario, ilegal e infundado.

Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, al no tomar otras medidas como decretar nuevos exámenes o disponer una reevaluación médica con el propósito de esclarecer y ratificar la condición de salud de la suscrita.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de haber recalificado la enfermedad como común de manera antojadiza y arbitraria, no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver tan livianamente el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para darle objetividad y seriedad al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de atención correspondiente.

Que, es así como se torna del todo arbitrario señalar que se trata de una enfermedad común concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Que, en semejantes coyunturas, ante conclusiones tan definitivas para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Que, de esta manera, se advierte que la re-calificación de la enfermedad laboral como común, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Que, en resumen y en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria e infundada, pues su argumento es equívoco y perjudicial para su parte, y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder a una adecuada atención y al seguro correspondiente.

En efecto, el cese de las atenciones médicas por considerar que la persistencia de síntomas es de origen común, de lo que se discrepa completamente, requiere esgrimir razones, no solo por las consecuencias prácticas que acarrea tanto para el trabajador como para terceros, sino también, porque existe una disposición expresa en tal sentido. En efecto, el Reglamento estatuye, en el aludido artículo 16, que “se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Si quien tiene que emitir el pronunciamiento (o resolver un recurso, apelación o reclamación) es un órgano de la Administración del Estado, debe, además, ceñirse a lo que disponen los artículos 11 inciso 2º y 41 incisos 4º y final, de la Ley N° 19.880, de 2003. Estas reglas consagran lo que el Derecho Administrativo ha denominado como motivación o fundamentación del acto administrativo.

La motivación del acto administrativo es indispensable para la concreción efectiva del principio de plena justicia de los actos de la Administración y su control de juridicidad, especialmente en sede judicial, no bastando su mera existencia, sino exigiéndose su suficiencia.

GARANTÍAS INFRINGIDAS_ 1.- Articulo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, la cual consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

Se funda también el presente recurso de protección, en la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. En efecto, dicha garantía se extiende más allá de la privación de la vida y de la integridad física y psíquica de la persona en un sentido estricto y comprende también la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen.

La integridad personal, entonces, constituye aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano, por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. En síntesis, la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Este derecho se encuentra consagrado como una piedra angular de toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como asimismo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Artículo 7). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1968) en su artículo 5° dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

2.- El derecho de igualdad ante la ley; Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a mi representada de las debidas atenciones médicas por considerar que la persistencia de síntomas es de origen común, de lo que discrepa totalmente.

El no haber igualdad ante la ley, da a entender que no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho constitucional que se expone en este acto.

3.- Derecho de protección a la salud consagrado en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, desde que no ha sido debidamente atendida en cuanto a su salud mental y psíquica, lo que importa la privación a un derecho fundamental, lo que ha repercutido gravemente en su vida laboral, familiar e incluso económica.

De la sola lectura y apreciación de los hechos denunciados, no hacen más que ratificar, como se ha señalado, que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, al no otorgar la debida calificación a su enfermedad como laboral, y privarla de una adecuada atención de salud, dadas las circunstancias relatadas precedentemente.

Cita jurisprudencia al efecto.

III.- EL DERECHO:

Estos son hechos graves y perjudiciales, específicamente los derechos fundamentales consagrados en los números 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, la protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; igualdad ante la ley y del derecho de propiedad en sus diversas especies, fueron vulnerados por la acción de la recurrida de negarle unilateralmente, en forma antojadiza, caprichosa e incluso ilegalmente, al no mantener la calificación de enfermedad laboral, y privarme del seguro que le corresponde.

Hay que sumar, además, la vulneración a la garantía consagrada en el número 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; y al derecho a la protección a la salud: La negativa de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO) al no mantener la calificación de laboral a la enfermedad que le aqueja y privarle por ende del seguro que le corresponde, perturba el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Consecuentemente con dicha conducta arbitraria e ilegal, niega derecho a la protección a la salud Vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que garantiza la igualdad ante la ley. Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a su representada de una adecuada atención en relación con otras personas que si tienen ese derecho en iguales circunstancias, da a entender, que a la actora no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho que se expone en este acto.

Por lo que cualquier persona que sufre una situación de salud con ocasión o motivo de su trabajo, tiene derecho a que dicha enfermedad sea calificada como laboral, a tratarse debidamente y a resarcirse en los términos que nuestro sistema de seguridad social establece.

Por otra parte, la contraria ha conculcado lo instituido en el artículo 7o.- Ley IM° 16.744:

“Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.”.- Que, como se ha expuesto, la resolución exenta señalada en esta acción, no cumple con el requisito de motivación del acto administrativo, al carecer de fundamento verídico, por cuanto afirma que se dicta de acuerdo al carácter de su patología, en circunstancias que ello no ha sido establecido por resolución ejecutoriada, de modo que lo que en definitiva concluye, carece de fundamento que lo ampare, vicio que se extiende al acto en el que la decisión se contiene, por lo que debe ser invalidada por ser contraria a derecho.

Que, la carencia de fundamento de que es objeto la resolución objeto de la presente acción, priva a la decisión de una sustentación lógica, toda vez que la determinación arbitraria de calificar su enfermedad como común, siendo eminentemente laboral, no se encuentra establecida, y hace que la resolución exenta de la SUSESO constituya una actuación infundada, ilegal y arbitraria.

Que, de acuerdo con nuestra legislación, todo acto o resolución administrativos, debe estar suficientemente fundada, y señalar cuales son los razonamientos que sirven de base para adoptar una decisión. El inciso segundo del artículo 11 de la Ley Nº 19.880, dispone que:

"Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.".

Que, por otro lado, el inciso 4 del artículo 41 de la misma Ley establece que:

"Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Pide ordenar y declarar:

1º Que se deje sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-91226-2023, de fecha 10 de julio de 2023, pronunciada por la recurrida.-2º Que declare que su enfermedad es y sigue siendo de origen laboral.

3º Que se atienda debida y oportunamente su real patología de acuerdo a la Ley 16.744 o lo que esta Corte considere pertinente, de acuerdo a todo lo expuesto y dispuesto en la normativa señalada como también la jurisprudencia expuesta.

4º Con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de resolución exenta N° R-01-UME-91226-2023, de fecha 10 de julio de 2023, pronunciada por la recurrida.-2.- Copia de Ord. DR IX DAU N° 970/2022 del Instituto de Seguridad Laboral, que informa de diagnósticos mixtos de doña nombre reservado; 3.- Copia de Ord. DR IX DAU N° 970/2022 del Instituto de Seguridad Laboral, que informa el cese de atenciones médicas de doña nombre reservado. 4.- Copia de Correo electrónico del Instituto de Seguridad Social (ISL) de fecha 20 de octubre de 2022.

A folio N°10 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, viene en alegar la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta.

En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la seguridad social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar que la acción de protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del derecho a la seguridad social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cita jurisprudencia.

Pide rechazar la acción de protección, por haber sido ejercida improcedentemente en virtud del derecho a la seguridad social, con costas.

EN SUBSIDIO LO ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

1.- En relación con la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, es del caso hacer presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-151402-2022, la interesada recurrió a su representada el día 6 de septiembre de 2022, reclamando en contra de la Instituto de Seguridad Laboral quien calificó como de origen laboral la patología de salud mental que presentó y por la que ingresó al citado Instituto con DIEP de 2 de diciembre de 2021. Posteriormente con fecha 24 de agosto de 2022 se indica el cese de atenciones por considerar que la persistencia de síntomas es de origen común, de lo que discrepa.

Al respecto, ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado instituto, entre ellos copia de la ficha clínica e informes médico y psicológico, y el estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de la Superintendencia de Seguridad Social, al igual que los antecedentes aportados por la trabajadora.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta NºR-01-UME-91226-2023, de 10 de julio de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que: “…la afección que presentó la trabajadora entre el 02-12-2021 y el 23-08-2022, de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N°16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó el reposo, siendo oportuna y suficientemente tratada por el Organismo Administrador. La persistencia de síntomas más allá del 24 de agosto de 2022, debe considerarse de origen común, derivada de factores de predisponentes de la personalidad. Correspondió la derivación al sistema de salud común. No existen medidas terapéuticas pendientes por la enfermedad laboral en comento”.

De esta forma, concluye la referida resolución: “Se confirma calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP 02-12-2021. Procedió otorgar cobertura del seguro de la Ley hasta el 24-08-2022. Los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes, No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común”.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección.

a)

Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

No obstante que la Superintendencia de Seguridad Social es una institución de rango legal, sus competencias arrancan de una norma constitucional. En efecto, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de tal forma que a su representada le corresponde cumplir con ese mandato constitucional en las materias que resultan de su competencia, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones que debe cumplir en su rol de institución fiscalizadora del Estado, según lo prescribe el artículo 1° de la Ley N° 16.395, orgánica y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Corresponde, entonces, a su representada como misión esencial, la fiscalización y el control superior del funcionamiento del sistema de seguridad social y garantizar, en el campo administrativo, el respeto de los derechos específicos de los usuarios reconocidos en la legislación, con la sola exclusión del ámbito que compete a las Superintendencias de Salud y de Pensiones. Respecto de esta última, en lo que concierne al sistema de pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980 y de aquel conformado por las ex Cajas de Previsión y el ex Servicio de Seguro Social hoy fusionados en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), como sucesor legal del ex Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.255.

La organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social están contempladas en la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley Nº 20.691, del año 2013. Así el artículo 1° de este cuerpo legal, establece que a su representada le corresponde “…la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.”

En seguida, el artículo 2º del referido cuerpo legal, establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales podemos citar las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

“b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley.

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inciso 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por otro lado, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

b)

Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Particularmente, en lo que respecta a la materia de la presente acción, cabe hacer presente, que la Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Pues bien, a la Superintendencia le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, “…la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen…”.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para esta parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee mi representada.

i)

Siniestros cubiertos por este seguro, personas protegidas, administración y financiamiento.

Las contingencias cubiertas por este seguro social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.937, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1978, y que regula la nueva autoridad sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

El seguro de que se trata, se financia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador. A este se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador. Otras fuentes de financiamiento son las multas que aplican los organismos administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley Nº 16.744.

ii)

Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N° 16.744 En cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias.

Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte se otorgan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

iii)

Enfermedades Profesionales.

De acuerdo con el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”.

Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

En conformidad a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

En atención a lo dispuesto en los artículos recién mencionados, resulta indispensable señalar que los elementos que deben concurrir para que se estime una enfermedad como profesional son los siguientes:

a)

Alteración de la salud.

b)

Relación directa de causa a efecto entre el trabajo realizado y dicho estado de alteración de la salud.

c)

Que el estado de alteración de la salud produzca la incapacidad o muerte del trabajador.

iv)

Procedimiento para determinar el grado de incapacidad. Ausencia de ilegalidad.

Al respecto, el artículo 58 de la Ley N°16.744, dispone que la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de competencia de las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a mutualidades de empleadores, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones.

En seguida, el artículo 77 del mismo cuerpo legal en comento, contempla la facultad para los afiliados, sus causa-habientes y organismos administradores para reclamar en el plazo de 90 días ante la COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS (COMERE) de las decisiones de los Servicios de Salud (hoy esta referencia debe entenderse realizada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectiva) o Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Luego, el inciso segundo de la norma legal en comento, dispone que las resoluciones que en esta materia emita la COMERE son en todo caso apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 30 días hábiles, la que resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Finalmente, el inciso tercero de la norma de que se trata prescribe que, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores, se puede apelar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social en el plazo de 90 días hábiles.

Ahora bien, cabe indicar que el Instituto de Seguridad Laboral ha sometido en diversas oportunidades a la Sra. nombre reservado a exámenes y peritajes relativos a su patología, con la finalidad de determinar, en primer lugar, si es de origen común o laboral, y posteriormente determinar si la persistencia de sintomatología corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común.

En efecto, el referido instituto, informó mediante la Carta UGSO N° 2713, de 13 de septiembre de 2022, que el afectado de 42 años de edad, que se desempeña como psicólogo, quien presentó Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), en la cual refiere dolores musculares, contracturas, cefaleas agudas, angustia, falta de concentración, trastorno del sueño, malestar general (con diagnostico medico) por lo que es derivado para atención, peritaje y posterior calificación.

El Instituto de Seguridad Laboral agrega que, con fecha 15 de junio de 2022, se emite el fundamento de calificación de enfermedad profesional, el cual puede señalar que la trabajadora presenta un cuadro compatible con el diagnóstico de trastorno de adaptación, según los antecedentes analizados tanto como DIEP y ficha clínica no se relaciona de manera directa con un riesgo laboral.

Por otra parte, la Evaluación de Puesto de Trabajo (EPT), no permite corroborar la exposición al agente de riesgo denunciado en el ejercicio del trabajo en frecuencia, tiempo e intensidad suficiente para causar los diagnósticos enunciados.

Con el nuevo análisis, el mencionado Instituto señala que el cuadro clínico de la Sra. nombre reservado es de origen común, dado que no es posible establecer la relación directa entre lo denunciado y el diagnóstico, tal como lo exige el artículo N° 7 de la Ley N° 16.744, entre los síntomas y el ejercicio de la profesión o el trabajo que desempeña.

Al respecto, los días 22 y 24 de diciembre de 2022, el Instituto de Seguridad Del Trabajo realizó el evaluación de puesto de trabajo para patologías mentales EPT – PM, el cual concluyó lo siguiente:

“De acuerdo a las entrevistas y antecedentes estudiados, se concluye que la presencia del agente de riesgo mal diseño organizacional en el puesto de trabajo de enfermera coordinadora del Hospital de Villarrica. El criterio presente en este estudio es sobrecarga laboral y emocional. Se notifica que existen indicios de liderazgo disfuncional asociado al nuevo director del hospital, en relación a la forma y modo de solicitar hacer el trabajo, lo que suma a la sobrecarga laboral existente a nivel general y particular de puesto de trabajo de la paciente. Este puesto de trabajo es único, la paciente cumple funciones administrativas y en terreno, estando a cargo de la dotación completa de enfermería, 7 servicios, y todos los funcionarios de cada lugar de trabajo. Las 3 testigos notifican la presencia de la sobrecarga laboral, y en particular refieren sobre exigencia laboral, alto nivel de estrés y burn out evidente para el puesto de trabajo de la paciente. Se notifican agudización de síntomas desde el año 2021, pero con inicio de factor de riesgo desde mucho tiempo atrás. Considerar, que este riesgo está en constante cambio, con mayores exigencias y vigente. Existen hitos, que asocian directamente mayor demanda laboral en el trabajo de la enfermera coordinadora, y son: Puesta en marcha del hospital nuevo, gestión del cambio, re acreditación del hospital y re acreditación IAAS. Todo esto siendo actividades en paralelo, más la experiencia laboral de trabajo en pandemia, donde la paciente era un referente respecto a la distribución de recurso humano y entrega de información oficial a los equipos, tener presión constante de dirección de rendir o cumplir, y sobrellevar los problemas diarios con el equipo de funcionarios que no está contento con los cambios. 2 testigos son subrogantes, y refieren sobrecarga laboral y un nivel de estrés de trabajo muy alto, refiriendo que deben priorizar que hacer dado que requieren a la enfermera coordinadora para todo, reuniones, etc. La sobrecarga laboral es percibida y justificada por los testigos, en documentación adjunta, se refiere que la paciente ha debido estar trabajando en procesos complejos y en paralelo.

“Recomendaciones:

“- Apoyo profesional o técnico al cargo, funciones múltiples que requieren presencialidad, cargo único no permite cumplir con toda la demanda. Testigos sugieren apoyo profesional para dar respuesta de igual manera que coordinadora, la demanda laboral seguirá en aumento, con el mismo personal, en procesos complejos y muy importantes para la gestión y funcionamiento del hospital”.

Posteriormente, el Instituto de Seguridad Laboral dicta el informe de Comité de Calificación, fundamentos de 31 de diciembre de 2021, mediante el cual se indica:

Principales hallazgos “Conforme los antecedentes tenidos a la vista de este comité, la trabajadora que se desempeña como enfermera coordinadora en Servicio de Salud Araucanía Sur Hospital Villarrica, presenta un cuadro clínico compatible con un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, el cual se relaciona de manera directa a mal diseño organizacional/ sobrecarga. El tiempo de exposición, frecuencia e intensidad son suficientes y explican razonablemente la aparición del cuadro.

“Calificación realizada 03 - Enfermedad Profesional.

“Elementos que sustentan la decisión “Se corrobora la presencia del agente mal diseño organizacional/ sobrecarga. El cuadro clínico es compatible en intensidad y temporalidad con el factor de riesgo identificado en el puesto de trabajo.

“Riesgo laboral identificado mal diseño organizacional / sobrecarga”.

Luego, el 18 de julio de 2022, se realizó una interconsulta psiquiátrica externa, con el médico psiquiatra nombre reservado, del Grupo CETEP, quien informó lo siguiente sobre la Sra. nombre reservado:

“Paciente con perfil sintomático y de funcionamiento premórbido altamente sugerente de trastorno de espectro bipolar. Examen mental compatible con hipomanía inducida por antidepresivos”.

Por su parte, en la evaluación médica de 9 de agosto de 2022, realizada por la Asociación Chilena de Seguridad, se consigna lo siguiente:

“trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente.

“reposo licencia activa:no , alta inmediata “controles sugeridos: Control en caso de necesidad”.

Conforme a lo anteriormente indicado, el Instituto de Seguridad Laboral informa a la recurrente, mediante el Oficio Ord. DR-IX DAU Nº 970/2022, de 24 de agosto de 2022, lo siguiente:

“En relación a los diagnósticos acogidos como laboral:

“episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica); patología cubierta y tratada correctamente. Empleador ha implementado medidas de mitigación correspondientes. Sin tratamientos pendientes.

“En relación a los diagnósticos acogidos como común:

“trastorno del espectro bipolar: Patología de origen común, no corresponde otorgar prestaciones”.

Finalmente, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, el día 5 de julio de 2023, informó acerca de la situación de la Sra. nombre reservado:

“FOLIO FUI: 597077 FOLIO EXPEDIENTE: R-151402-2022 “Sección A (Antecedentes Generales)

“Tipo de Reclamo:

“( ) Primera Presentación “( ) Presentación anterior “( ) Reconsideración “( ) Otra reconsideración “Reclamante:

“(X) Afectado “( ) Organismo Administrador Ley N° 16.744 “( ) Isapre o servicio de salud “( ) Empleador “( ) Otro “Run Reclamante: RUT reservado

“Run Interesado o Afectado: RUT reservado

“Fecha de Nacimiento Afectado: 28-04-1980 “Causal del Reclamo: ( ) Accidente (X) Enfermedad “Tipo Accidente:

“( ) Trabajo “( ) Trayecto “( ) Escolar “( ) Sindical “Ocupación: enfermera “CUN Reclamado: (X) SI ( ) NO 6793845 “DIAT: ( ) SI (X) NO “DIEP: (X) SI ( ) NO “Empleador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL VILLARRICA “Empleado público: ( ) SI (X) NO “Régimen Previsional de Salud: FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

“Tipo Entidad Reclamada: ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 “Entidad Reclamada: INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL “Sección B (Datos del reclamo)

“Materia: Seguro laboral y Seguro escolar “SubMateria: Calidad de las prestaciones médicas y/o alta prematura “Causal: PRESTACIONES MÉDICAS: Atención médica deficiente y/o alta prematura “Observaciones:

“Diagnósticos reclamados: neurosis laboral “Diagnósticos laborales anteriores Acogidos:

“Sección C (Antecedentes Médicos)

“Ficha clínica: (X) SI ( ) NO “Informe médico:

“Organismo administrador: (X) SI ( ) NO “ISAPRE: ( ) SI (X) NO “COMPIM: ( ) SI (X) NO “Otra entidad: ( ) SI (X) NO “Exámenes:

“Tipo Exámenes:

“(X) Ninguno “( ) Radiografía “( ) Ecografía “( ) TAC “( ) RNM “( ) Laboratorio “( ) Inmunológicos “( ) Audiometría “( ) Laringoscopía “( ) Test psicológicos “( ) Otros “Licencias médicas: ( ) SI (X) NO “Estudio de puesto de trabajo: (X) SI ( ) NO “Examen especialista: ( ) SI (X) NO “Resolución anterior de otros eventos: ( ) SI (X) NO “Otros antecedentes médicos de afecciones previas laborales o comunes: ( ) SI (X) NO “Otros antecedentes relevantes: ( ) SI (X) NO “Sección D (Fundamentos de la Resolución)

“Fundamentos de la resolución: Se sugiere considerar como común. Se trata de paciente enfermera. Consulta a mutualidad por sospecha de enfermedad laboral. Mutual considera inicialmente como laboral por sobrecarga, pero luego por mantención de síntomas se evalúa y se diagnostica TAB y se da de alta. Ahora paciente reclama por calificación. Cuadro es compatible con TAB, con evaluación de psiquiatra que señala cuadro que mantiene sintomatología a pesar de al menos 6 meses de reposo. Se mantiene con más de un año de reposo total, a pesar de tratamiento, lo que no es concordante con cuadro laboral “Sección E (Comentarios del Firmante o Visador)

“Comentarios del Firmante o Visador: Estimado: En P1...calificó de origen común....Cambiar por laboral En Resuelvo: Se confirma calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP 02-12-2021. Procedió otorgar cobertura del seguro de la ley hasta el 24-08-2022. Los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes, No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común”.

3.- Imputaciones de la recurrente Mediante la acción constitucional de autos, el recurrente, entre otras materias, imputa a la Superintendencia de Seguridad Social que ha actuado ilegalmente al dictaminar, mediante las resoluciones impugnadas lo latamente expuesto. En efecto, las vagas imputaciones antes señaladas, como se expondrá a continuación, son absolutamente infundadas y el reflejo del profundo desconocimiento que la contraria tiene de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744, y la relación que la Superintendencia de Seguridad Social tiene con el mismo, en cuanto organismo fiscalizador.

a) Ausencia de ilegalidad.

Pues bien, en cuanto a una supuesta ilegalidad afirmada por la parte recurrente, cabe hacer presente que no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Tanto es así, que los recurrentes en su escrito, en el cual materializa el ejercicio de la acción constitucional que nos ocupa, pese a afirmar que lo resuelto por su defendida es contrario a lo legal, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente lo que ha hecho es calificar una afección como de origen común, con las consecuencias que de ello se deriva.

Para realizar esta labor, es la llamada a fijar el sentido y alcance de, entre otras muchas normas de seguridad social, la contenida en el artículo 7º y 77 de la Ley Nº 16.744.

En tal sentido, hace presente que lo que existe en la especie son los dictámenes emanados de su defendida, dictados dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador.

Entonces, cabe preguntarse cuál es la ilegalidad que se imputa y cuál es la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia. La respuesta es ninguna, por cuanto lo que existe, lisa y llanamente, es la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales, como lo ha hecho en infinidad de veces y cuyo resultado, no es obviamente de la conveniencia de la recurrente.

De tal forma, es válido preguntarse también, si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado, que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario. La respuesta, claramente, es no. Lo anterior, máxime si constan los informes tanto médicos como administrativos de las entidades fiscalizadas por su representada, indispensables para la dictación fundada de los dictámenes impugnados. En efecto, todos los antecedentes de los expedientes administrativos del caso, se acompañan en el presente informe.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, en razón de tratarse de un procedimiento cautelar de carácter excepcional y por lo mismo más rápido, pero que evidentemente está llamado a ser utilizado para otros casos, y no para que, por esta vía, se solucione un problema que dice relación con unos de los efectos jurídicos de la calificación como laboral de un siniestro. Cita jurisprudencia.

La parte recurrente, en resumen, para calificar los dictámenes de la Superintendencia como ilegales, parte del supuesto que la conclusión a la que llega mi representada, es “errónea” ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, esta llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, descarta cualquier actuar arbitrario por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que por lo demás está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes en este organismo de control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendido éste como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de la procedencia de calificar como de origen laboral el cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP el día 2 de diciembre de 2021, por lo que procedió que el Instituto de Seguridad Laboral otorgara la cobertura del seguro de la ley hasta el 24 de agosto de 2022, estableciendo que los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes y que no existen medidas terapéuticas pendientes. Luego, su representada calificó la persistencia de sintomatología de la recurrente más allá del 24 de agosto de 2022 como correspondiente a una enfermedad de origen común y que debe ser tratada por el sistema de salud común.

Es del caso, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la citada Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita jurisprudencia.

Indica que no obrar en la forma realizada por la Superintendencia, con sujeción estricta a la normativa reiteradamente citada en este informe, omitiendo hipotéticamente la dictación del dictamen impugnado, importaría incumplir el mandato constitucional que tiene el Estado en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 número 18 de nuestra Carta Fundamental. Consecuentemente, la Superintendencia estaría por omisión infringiendo lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, en cuanto, a que tanto la primera de estas disposiciones establece que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.” A su vez, la segunda de estas normas dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se halla radicada, con carácter exclusivo y excluyente, en la Superintendencia de Seguridad Social, cualificado como órgano técnico, encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Adviértase bien, que, lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley, se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y no se vea, al contrario, forzado a cubrirla con su propio peculio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2º del D.L. Nº 3551, de 1980, al establecer que: “La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad” (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3º de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por lo preceptuado en el artículo 19 N° 18° inciso 4° de la Carta Fundamental, como porque ella se orienta a la cautela de un derecho fundamental que el Código Político asegura a todas las personas.

Cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a su representada, es su origen y sustento constitucional y posteriori configuración por la ley; la personalidad jurídica de derecho público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N° 18°, inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Además, la Ley N° 16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de su representada, los que tienen que ser, necesariamente interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, la recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza “fiscalizadora” que tiene este Servicio.

b)

Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, cabe hacer presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado ningún derecho de los establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, ya que su representada se ha limitado a ejercer sus facultades legales, resolviendo si la patología que afecta al recurrente es del origen común o laboral para que, conforme a ello, determinar el organismo de seguridad social al cual le corresponde otorgar las prestaciones que correspondan.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que realizó respecto de la calificación de su patología.

En cuanto a la “igualdad ante la ley”, cabe reiterar que la Superintendencia de Seguridad Social ha actuado estrictamente dentro del marco de sus competencias legalmente establecidas en relación a la calificación de la patología de la Sra. nombre reservado. Cabe hacer presente que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. En tal sentido, para la parte recurrida, resulta grave que, en este caso, la entidad recurrente, desconozca la normativa de seguridad social involucrada y las facultades que sobre la misma posee mi representada.

Pide se desestime el recurso en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Acompañó copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de doña nombre reservado.

A folio N°31 evacuó informe el INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL.

Indica que es menester comenzar contextualizando que este Instituto de Seguridad Laboral -en adelante e indistintamente ISL-, es una entidad pública, descentralizada, y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada a partir del artículo 63 de la Ley No 20.255, de Reforma al Sistema Previsional encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nro.16.744.

En ese entendido, este ISL como ente administrador del seguro de la ya referida Ley Nro. 16.744, cuenta con una dotación de personal fijada por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que a fin de dar continuidad al servicio que la propia normativa le impone, debe, cumplir sus funciones dispone del personal necesario, en el ámbito de las competencias del ISL. En ese mismo sentido, además se encuentra autorizado por el legislador para otorgar prestaciones médicas a través de los servicios de salud, las mutualidades de empleadores u otros establecimientos de salud públicos o privados, para lo cual debe someterse a las normas de contratación general del Estado, esto es, la Ley Nro. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, entre otros.

I. DE LA ACTUACIÓN DEL ISL EN LA EVALUACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LA LEY Nro. 16.7744 DE LA RECURRENTE.

La resolución de calificación de origen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales RECA, es el documento emitido por el respectivo organismo administrador (mutualidades, Instituto de Seguridad Laboral, Servicios de Salud y Seremis de Salud), así como las empresas con administración delegada, luego de determinar el origen común o laboral del accidente o la enfermedad.

En relación al procedimiento de calificación, las opciones que tiene el organismo administrador para informar el origen de los accidentes y enfermedades denunciados son:

a.

(1) Accidente del trabajo b.

(2) Accidente de trayecto c.

(3) Enfermedad profesional d.

(4) Accidente ocurrido a causa o con ocasión del trabajo sin incapacidad e.

(5) Enfermedad laboral sin incapacidad temporal ni permanente f.

(6) Accidente común g.

(7) Enfermedad común h. (8) Siniestro de trabajador no protegido por la Ley N°16.744 A su vez, se entenderá por enfermedad profesional a toda aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad temporal o permanente o muerte. Incluye especialmente a las enfermedades que sin causar reposo laboral generan incapacidad permanente.

En el caso en concreto, conforme fue remitido informe técnico de calificación de denuncia, emanado por el Subdepartamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales Departamento de Salud en el Trabajo, señalando lo siguiente:

La recurrente, realiza Denuncia Individual de Enfermedad Profesional- DIEP- de fecha 02.12.2021, ingreso administrativo con siniestro N° 930542, con fecha de inicio de síntomas desde el 01.04.2021.

Para efecto de la evaluación por el organismo administrador del seguro, se realizaron las siguientes gestiones, en el marco del procedimiento de evaluación de calificación de enfermedad profesional:

o Entrevista psicológica inicial a la trabajadora realizada el 13.12.2021.

o Evaluación médica de ingreso 13/12/2021, se registra diagnóstico: 1. Trastorno de pánico, 2. Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos y 3. trastorno de ansiedad generalizada.

o Fecha de diagnóstico: 13/12/2021 o EPT Salud mental, ejecutado el 27/12/2021.

o Comité calificador: Conceptúa que, los diagnósticos código Cie10 F322- Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos; código Cie10:F411-trastorno de ansiedad generalizada, y código cie10: F410- o Trastorno de pánico, son determinadas enfermedad origen LABORAL. Fecha de resolución de calificación: 31/12/2021, RECA N° 1432439.

En cuanto a las prestaciones médicas otorgadas por parte del Instituto de Seguridad Laboral, estas fueron conferidas por el periodo que media entre la calificación del origen de la enfermedad de carácter laboral, y el 24.08.2022, fecha en la cual cesa las atenciones médicas por diagnóstico de patología común.

Lo anterior, fue comunicado mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2022, a la casilla electrónica registrada por la usuaria atendido que las nuevas evaluaciones consideraron que el episodio acogido como laboral, esto es “Episodio Depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno de ansiedad generaliza, trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica)”, fue cubierta y tratada correctamente, fueron implementadas las medidas de mitigación correspondientes, y no existen tratamientos pendientes.

En relación a los diagnósticos acogidos como común, se indica que se concluye que existe un trastornos del espectro bipolar y episodio hipomaniaco, patología de origen común, por lo que no corresponde otorgar prestaciones médicas, sino que continuar con tratamiento mediante régimen previsional de salud, puesto que no es cubierto por el seguro contra Accidente del Trabajo y enfermedades profesionales.

Posterior a ello, y con fecha 06 de septiembre de 2022 la recurrente reclama en contra de Instituto de Seguridad Laboral por indicarse cese de atenciones en fecha 24.08.2022 por considerar que la persistencia de síntomas es de origen común, de lo que discrepa.

La Superintendencia de Seguridad Social -SUSESO-, se pronuncia mediante Resolución Exenta N° R-01-UMED 91226-2023 Santiago, de fecha 10.07.2023 en donde resuelve controversia de origen de enfermedad y “Confirma la calificación de origen laboral del cuadro por el cual la trabajadora registra DIEP del 02.12.2021 y señala que, los tratamientos otorgados fueron adecuados y suficientes. No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24.08.2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común”.

Además, en caso de rechazo por organismos administradores de la Ley N°16.744, en este caso por el Instituto de Seguridad Laboral, se debe sustentar el rechazo por aplicación del artículo 77 bis, a lo menos, en los siguientes antecedentes, que deben ser remitidos, a la respectiva entidad del sistema de salud común:

i. La resolución de calificación del accidente o enfermedad (RECA); ii. El informe de calificación a que se alude en el Título II (accidente del trabajo y de trayecto) y en el Título III (enfermedades profesionales) del Libro III del Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744, y iii. Copia de la(s) de la(s) orden (es) de reposo (s) o licencia (s) médica (s) rechazada (s) por dicho articulado, según corresponda y de copia de la licencia médica de derivación.

Además, los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, al realizar la calificación del accidente o de la enfermedad, deberán dar aplicación a los criterios y plazos contenidos Título II y Título III, de este Libro III.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los organismos administradores de remitir al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) las Resoluciones de Calificación (RECA), en los plazos instruidos al efecto.

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, esto es, 10 días corridos contados desde la emisión de la RECA, los organismos administradores deberán notificar la calificación al organismo de salud común que corresponda, es decir, a la ISAPRE en que se encuentre afiliado el trabajador o bien, tratándose de trabajadores afiliados a FONASA, a la COMPIN o Subcomisión correspondiente al domicilio del empleador, adjuntando los antecedentes ya señalados.

Por otra parte, si después de haber sido notificado del origen común de su patología, el trabajador decide continuar atendiéndose en los centros médicos de alguna mutualidad, bajo la cobertura de su régimen de salud común, deberá suscribir, previo a su reingreso, el formulario cuyo formato se contiene en el Anexo N°26 "Declaración Ingreso Paciente Común" de este Título IV.

En ningún caso, las prestaciones que se otorguen en esta modalidad podrán incluirse en las cartasbranzas queitan al efecto.

En aquellos casos en que con posterioridad a que el organismo administrador o la empresa con administración delegada califique el accidente o enfermedad como de origen común, se otorgue al trabajador una licencia médica tipo 5 o 6 por la misma patología que aquella que dio origen a la referida calificación, o una licencia médica tipo 1 emitida por dicha patología, que sea rechazada por el sistema de salud común, por aplicación del artículo 77 bis de la Ley N°16.744, no será necesaria una nueva resolución de calificación por parte del organismo administrador o la empresa con administración delegada, bastando, para estos efectos, con la emisión de una licencia médica de derivación, conforme a lo establecido en el número 2, Letra B, Título IV, de este Libro III.

Cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia médica o reposo médico en razón del origen - laboral o común- del accidente o de la enfermedad, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Consecuentemente, el trabajador afectado, el empleador, la respectiva entidad del régimen de salud común, organismo administrador, administrador delegado podrán recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social respecto del carácter del accidente o la enfermedad, con los antecedentes que posean.

Por tanto, en el evento que exista controversia sobre el origen de la patología que ha motivado el reposo fundante de la licencia médica, solamente corresponde que se reclame ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En caso que el segundo organismo concuerde con la calificación de la patología efectuada por el que ha rechazado la licencia médica o reposo médico, esto es, si se allana a la calificación realizada por el primer organismo, podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social respecto de la procedencia de las prestaciones médicas o pecuniarias o por el monto de los reembolsos.

Cuando el segundo organismo no concuerde con la calificación de la patología como común o laboral, podrá recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social, la que resolverá determinando el origen de la misma, de conformidad a lo señalado precedentemente.

Tratándose de resoluciones emanadas de los organismos administradores, el plazo para reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social será de 90 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la respectiva resolución.

Si la entidad del sistema de salud común no reclama a la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 90 días antes señalado, se entenderá que se ha allanado al reembolso. La no reclamación deberá ser certificada por la Superintendencia de Seguridad Social.

Para tal efecto, transcurrido el plazo de 90 días hábiles desde que la entidad del sistema de salud común fue notificada de la calificación del organismo administrador, sin que el pago se haya realizado, este último deberá consultar a la Superintendencia de Seguridad Social mediante un medio electrónico que se establecerá para tal efecto, si ha recibido reclamación respecto de la referida resolución. Dicha consulta podrá incluir más de un caso, debiendo precisarse para cada uno de ellos el número de la resolución, el nombre y rut del trabajador subsidiado y la COMPIN o SUBCOMPIN o ISAPRE involucrada, según corresponda.

Si la reclamación es formulada por una COMPIN, por un Servicio de Salud, por una ISAPRE, por una mutualidad, por el Instituto de Seguridad Laboral o por una empresa con administración delegada, ésta debe ser debidamente fundamentada. Al efecto, la mera reiteración de las declaraciones entregadas por los trabajadores o de los antecedentes remitidos por el primer organismo, sin ningún análisis de los mismos, no se considerará como fundamentación suficiente.

Del caso señalado, y ante la concurrencia de la recurrente ante el organismo fiscalizador, el Instituto de Seguridad Laboral emitió informe mediante Carta UGSO N° 2713, de fecha 13.09.2022, al reclamo ingresado por la recurrente mediante Ingreso PAE R-150629-2022, de fecha 07.09.2022, documento mediante el cual se informa lo siguiente:

“Evaluados los antecedentes por parte de este instituto, se puede mencionar que el afectado, asiste a la Superintendencia de Seguridad Social para presentar apelación por resolución de calificación y, así el caso pueda ser revisado nuevamente.

Respecto a lo anterior, este instituto, puede mencionar que el afectado de 42 años de edad, que se desempeña como Psicólogo, quien presentó Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), en la cual refiere dolores musculares, contracturas, cefaleas agudas, angustia, falta de concentración, trastorno del sueño, malestar general (con diagnostico medico) por lo que es derivado para atención, peritaje y posterior calificación.

Cabe señalar que, con fecha 15 de junio de 2022, se emite el fundamento de calificación de enfermedad profesional, el cual puede señalar que la trabajadora presenta un cuadro compatible con el diagnóstico de trastorno de adaptación, según los antecedentes analizados tanto como DIEP y ficha clínica no se relaciona de manera directa con un riesgo laboral.

Por otra parte, la Evaluación de Puesto de Trabajo (EPT), no permite corroborar la exposición al agente de riesgo denunciado en el ejercicio del trabajo en frecuencia, tiempo e intensidad suficiente para causar los diagnósticos enunciados.

Con el nuevo análisis, este instituto puede señalar que su cuadro clínico es de origen común, dado que no es posible establecer la relación directa entre lo denunciado y el diagnóstico, tal como lo exige el artículo N° 7 de la Ley N° 16.744, entre los síntomas y el ejercicio de la profesión o el trabajo que desempeña”.

En consecuencia, a través de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-91226-2023, de fecha 10.07.2023, emitida por la SUSESO se ha resuelto confirmar la calificación de enfermedad común, señalando en lo pertinente:

“Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado instituto, entre ellos copia de la ficha clínica e informes médico y psicológico, y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, al igual que los antecedentes aportados por la trabajadora.

Que, profesionales médicos de este organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presento la trabajadora entre el 02-12-2021 y el 23-08-2022, de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el articulo 7 de la Ley N°16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivo el reposo, siendo oportuna y suficientemente tratada por el Organismo Administrador. La persistencia de síntomas mas allá del 24 de agosto de 2022, debe considerarse de origen común, derivada de factores predisponentes de la personalidad. Correspondió la derivación al sistema de salud común. No existen medidas terapéuticas pendientes por la enfermedad laboral en comento.”

Finaliza la resolución indicado que: “No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común”.

En consecuencia, y conforme consta de los informes extendido por facultativo médico, como por administrativos que evaluaron a la recurrente, se da cuenta del otorgamiento efectivo de las prestaciones médicas respectivas, lo que se evidencia de la documentación existente y que respalda la conclusión arribada tanto por el Instituto de Seguridad Laboral, como por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. DESENCIARECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS.

La recurrente indica que la Superintendencia de Seguridad Social ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N1, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica.

Respecto de la garantía consagrada en el numeral N° 1, de la Constitución Política de la República, no se observa ningún acto que atente contra el derecho a la vida o la integridad física o psíquica, o atentado contra la protección a la salud, cometido por la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto la parte recurrente fue atendida bajo las mismas condiciones, trato y otorgamiento de prestaciones médicas que, cualquier otro beneficiario o beneficiaria, no advirtiendo ninguna irregularidad en ello. Todas las prestaciones médicas fueron otorgadas debidamente, hasta que fue calificada con otro origen la enfermedad profesional, esto es de origen común.

En caso de haber existido algún grado de no apego a la normativa vigente, la parte recurrente podría haber solicitado la revisión del acto administrativo, en virtud de las normas establecidas en la Ley Nº19.880, instancia no utilizada según se da cuenta por la propia actora, o aquellas que dispone la propia Ley 16.744, sobre reevaluaciones.

Acompañó los siguientes documentos: 1. O.ORD. DR-IX DAU N° 970/2022, de fecha 24.08.2022; 2. Resolución Exenta N° R-01-UME-91226-2023 Santiago, 10 / 07 / 2023; 3. Documentos Evaluación Puesto de Trabajo; 4. Correo electrónico, de fecha 26.05.2023; 5. Carta Compromiso, para continuar tratamiento médico; 6. Ficha Médica, de fecha 10.05.2022; 7.

Ficha Médica, de fecha 22.08.2022; 8. Correo electrónico, de fecha 25.08.2022; 9. Informe Técnico, calificación de denuncia emanado de Subdepartamento de Control y Gestión de Enfermedades Profesionales Departamento de Salud en el Trabajo, por parte de Médico Zonal.

A folio N°36 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

TERCERO: Que, cabe consignar que en el recurso no se han puesto en duda las atribuciones de la SUSESO para resolver en esta clase de asuntos. Prueba de ello es que la misma recurrente acudió ante esa autoridad para que revisara la situación que le afectaba, de manera que, desde esa óptica, no puede existir ilegalidad. En rigor, los reproches que se formulan por la recurrente conciernen a la supuesta arbitrariedad que atribuye a la decisión del órgano o autoridad pública, aseverando que sería infundada y equivocada. A ese respecto, cabe señalar que las decisiones cuestionadas –que involucra aspectos primordialmente médicos-, está suficientemente fundamentada y contiene la debida explicación que llevó a rechazar, esto es: “Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado instituto, entre ellos copia de la ficha clínica e informes médico y psicológico, y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, al igual que los antecedentes aportados por la trabajadora. Que, profesionales médicos de este organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora entre el 02-12-2021 y el 23-08-2022, de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7 de la Ley N°16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó el reposo, siendo oportuna y suficientemente tratada por el Organismo Administrador. La persistencia de síntomas más allá del 24 de agosto de 2022, debe considerarse de origen común, derivada de factores predisponentes de la personalidad. Correspondió la derivación al sistema de salud común. No existen medidas terapéuticas pendientes por la enfermedad laboral en comento.” Finaliza la resolución, concluyendo que: “No existen medidas terapéuticas pendientes. La persistencia de sintomatología más allá del 24-08-2022 corresponde a enfermedad de origen común y debe ser tratada por el sistema de salud común”.

CUARTO: Miradas, así las cosas, los reproches e imputaciones efectuadas por la recurrente impresionan planteados desde una perspectiva exclusivamente particular o individual, sin que existan antecedentes que permitan desvirtuar lo dictaminado por la autoridad aludida.

A lo indicado debe agregarse que, en este tipo de situaciones, el análisis que cabe efectuar a esta Corte no debe ni puede involucrar juicios de conveniencia, oportunidad o de mérito, porque la cautela de los derechos fundamentales no puede llegar al extremo de tomar las decisiones en reemplazo de la autoridad facultada para hacerlo, menos todavía cuando se trata de materias en las que deben operar las consideraciones de un órgano experto, con conocimientos técnicos especializados, que escapan de un pronunciamiento de la Corte, a través de la presente acción cautelar.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el presente recurso de protección, presentado por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.( SUSESO).

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol Proteccion N°12525-2023(ela)