nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1 comparece don Sebastián Painemal Granzotto, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, trabajador público, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Indica que el presente recurso, tiene por objeto que se ponga término a los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida al comenzar en el mes de diciembre de 2020, a realizar un descuesto por un supuesto préstamo obtenido en dicha institución. Apunta que tales hechos han lesionado, perturbado e infringido el derecho de Propiedad consagrado y protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Desarrollando su recurso, expresa que en enero del año 2014, su representado obtuvo en la caja de compensación 18 de septiembre un crédito de consumo, o también llamado crédito social, el que se pactó en 49 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $42.379, pagaderas desde febrero de 2014 a febrero de 2018, cuotas que le serian descontadas directamente desde su remuneración. Es del caso que luego de obtener este crédito, su representado fue desvinculado de la empresa para la cual trabajaba en esos años, motivo por el cual no se realizaron dichos descuentos ni pudo pagar dicho crédito. Ya en el año 2015 resalta que su mandante intentó llegar a algún tipo de solución en dicha caja de compensación, para de esa manera poder pagar el crédito, pero en dicho lugar se le informó que ello ya había sido judicializado y que cualquier solución tendría que verla directamente con el abogado de dicha institución, sin darle ninguna posibilidad de poder regularizar ello, debiendo mencionar desde ya que dicho supuesto proceso judicial jamás se le ha notificado judicialmente. Añade que pasados todos estos años, y siendo en la actualidad su representado funcionario de la Seremi de La Mujer y Equidad de Género de esta región, se encontró con la sorpresa que en su remuneración del mes de diciembre de 2020 aparece un descuento, singularizado como “PRESTAMO CAJA LOS ANDES” por la suma de $42.379, es decir, exactamente la misma suma de dinero de las cuotas del crédito ya mencionado del año 2014 obtenido en caja 18 de septiembre. Añade que su representado concurrió a Caja Los Andes, donde se le informó que el descuento fue solicitado por ellos, ya que estos cobros se realizan entre distintas cajas de compensación por un sistema que ellos denominan “Descuentos Intercajas”, por lo que ellos pueden realizar dichos descuentos, y que por ello comenzaron, casi 7 años después desde que se otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación 18 de septiembre, con los descuentos de dichas cuotas.

Apunta que lo anteriormente relatado, lleva a su parte a concluir que la actuación de la recurrida es caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, ello debido a que dicho beneficio que otorga la norma legal ya citada, en este caso concreto resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (prácticamente siete años) que alcanzó a transcurrir desde febrero del año 2014 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, por lo que con el actual descuento que se ha comenzado a realizar en este mes de diciembre de 2020 de requerir el pago a través de esta vía especial, a juicio de esta parte es antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios. Es por ello, afirma el recurrente, que dicha actuación es manifiestamente arbitraria y debe ser declarada en tal sentido y de esta manera otorgarle la debida protección a su representado, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Solicita en consecuencia, se declare como arbitraria e ilegal la actuación de la recurrida, la cual vulnera el art. 19 N° 24 de nuestra carta fundamental, ordenando al efecto: 1.- Detener y abstener se intentar obtener el pago del créditos social otorgado a su representado vía descuento de sus remuneraciones.-2.- Reintegrar totalmente los montos indebidamente descontados vía descuento de las remuneraciones de su representado.3.- Todo ello con expresa condenación en costas.

El recurrente acompaña a su recurso los siguientes documentos:1.- Copia de Pagaré suscrito por su representado con la recurrida con fecha 03 de enero de 2014.- 2.- Copia de la Liquidación de deuda que generó el crédito social de su representado con la recurrida. 3.- Copia de Liquidación de sueldo de su representado del mes de diciembre de 2020, donde consta el descuento denominado “PRESTAMO CAJA LOS ANDES” por la suma de $42.379.- A folio 6 comparece don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar De Los Andes, evacuando el informe requerido en su calidad de recurrida. Señala en primer lugar, que el recurrente no registra créditos otorgados por su representada, sin embargo, sí se le han efectuado descuentos en su remuneración para el cobro de un crédito social otorgado por Caja de Compensación 18 de Septiembre, bajo la modalidad “Intercajas”, según pasa a exponer. A través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación 18 de Septiembre les ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración del recurrente, para el pago de las cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. En este contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales contraídos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, su representada, a partir del mes de diciembre de 2018, ha incluido al recurrente en las planillas de descuento que son remitidas a su empleador. Sin embargo, a la presente fecha, no se ha recibido pago alguno por dicho concepto, por lo que no existen sumas pendientes de ser remesadas a la caja acreedora. Asimismo, señala la informante, según se explicará a continuación, su representada ha procedido al cobro de cuotas en calidad de mandataria de C.C.A.F. 18 de Septiembre y no posee mayor información del crédito otorgado a la recurrente, antecedentes que deberán ser aportados por dicha institución.

A continuación explica que tal como se señaló precedentemente, Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. 18 de Septiembre, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”. Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833. Prosigue señalando que conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Añade que Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Señala que lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Finaliza indicando que en el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación 18 de Septiembre, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Consecuencialmente, pide se rechace el recurso de protección intentado en favor de don nombre reservado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada Caja Los Andes, en relación con los hechos expuestos.

Acompaña a su informe, los siguientes instrumentos: Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., de fecha 15 de abril de 2013. 2. Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de fecha 15 de abril de 2013.

A folio 12 comparece don Matías Zoroquian Vélez, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, evacuando el informe requerido por esta Corte. Indica que de acuerdo a sus antecedentes, el día 03 de enero de 2014 el señor nombre reservado solicitó a su representada un crédito por $1.322.000, pagadero en 49 cuotas de $42.379, operación registrada bajo el folio 910062353. Añade que una vez advertida la situación de morosidad del crédito se activaron los mecanismos de cobro correspondientes, dándose inicio, de esa forma, a las gestiones de cobranza extrajudicial. Seguidamente, al no haberse conseguido resultados, se dispuso el cobro judicial de la deuda -según consta en el proceso ROL 1156-2015, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco- causa que finalmente fue archivada luego de fracasarse en los intentos de notificar la demanda al actor, pese a realizarse las búsquedas correspondientes en dos domicilios distintos del señor nombre reservado. Apunta que en cualquier caso, el cobro de la cuota N°1 del crédito se realizó con estricto apego a derecho. Precisa que el inciso primero del artículo 1º de la Ley 18.833 presenta el siguiente tenor: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.” A su vez, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.” A su turno, el artículo 22 de la ley 18.833, ya citado, establece lo que sigue en relación a la forma de pago y naturaleza jurídica de las cuotas de crédito social: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Acota que en el mismo sentido, resulta necesario tener en consideración el mandato que el deudor y recurrente otorgó a la C.C.A.F. -contenido en la cláusula 10 del pagaré- en que aquella “otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda…”. Dicho lo anterior, precisa el informante, cabe dedicar algunas líneas al sistema INTERCAJAS por medio del que se efectuó el cobro del crédito otorgado al señor nombre reservado. Sobre el punto indica que según se expone en la página web corporativa de la C.C.A.F. 18 de Septiembre, “Las Cajas de Compensación La Araucana, Los Andes, 18 de Septiembre y Gabriela Mistral, pertenecientes a Cajas de Chile A.G., han implementado un sistema integrado de recaudación de deudas de afiliados a alguna de las entidades señaladas, que permite que dichas deudas puedan ser recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado. El sistema pretende incentivar un ordenamiento financiero de las personas y evitar su sobreendeudamiento, para lo cual las Instituciones adscritas al proyecto han concordado en que sea la Caja de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, la cual podrá ofrecer, a dichos afiliados, alternativas de financiamiento en la medida que éstos así lo requieran.”

En consecuencia, subraya, el sistema INTERCAJAS se limita a dar aplicación a la normativa que regula la forma de pago del crédito social aludida en los párrafos anteriores, posibilitando –con estricto apego a derecho- la recaudación de las cuotas correspondientes a operaciones de crédito cuyos deudores se encuentran afiliados a una Caja distinta a la Caja acreedora. Sólo a mayor abundamiento, la aplicación del sistema aludido ha sido validado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la Dirección del Trabajo, y la jurisprudencia; situación que sólo puede brindar certeza a la aplicación de la referida plataforma. Expresa que en el mismo sentido, y de acuerdo a la normativa que regula la materia, la plataforma INTERCAJAS recauda el valor nominal de las cuotas pactadas, sin que se cobre mediante el citado mecanismo los recargos provenientes de la mora; que en el caso del señor nombre reservado han elevado considerablemente el saldo adeudado. Lo anterior, por tratarse la operación de crédito social, de una prestación de seguridad social.

En definitiva, señala el informante, su representada no ha hecho sino disponer el cobro de una obligación vigente, mediante el mecanismo establecido en la norma citada, luego de constatar que el crédito figuraba moroso en su integridad. Así entonces, no podríamos estar ante una actuación arbitraria ni menos una ilegal. Sin perjuicio ello, y por cierto, sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime el actor en el presente recurso de protección, indica que han dispuesto el cese del cobro del crédito y la restitución al señor nombre reservado, de la suma de dinero que ha sido descontada en sus remuneraciones en diciembre de 2020. Luego, atendida la situación sanitaria por la que atraviesa el país, invitan al actor a informar a su correo correo reservado, una cuenta bancaria de su titularidad (junto a los demás datos pertinentes), a objeto de instruir la restitución referida mediante transferencia electrónica.

Acompaña a su informe, copia del pagaré correspondiente a la operación comentada.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal, consiste en el descuento que comenzó a efectuarse en su remuneración a partir del mes de diciembre de 2020, luego de transcurridos más de siete años desde que se le otorgó un crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Tercero: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (casi siete años) que alcanzó a transcurrir entre el otorgamiento del crédito y el descuento en la remuneración del actor, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora, acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Cuarto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida, corresponde que sea así declarado y se otorgue amparo al recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación acreedora (directamente o a través del sistema intercajas), obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro con quienes estime procedente al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Quinto: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido por don Sebastián Painemal Granzotto, en representación de don nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor y al que se refiere este recurso, vía descuento de sus remuneraciones y, asimismo, deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados a partir de diciembre de 2020 en adelante, si fuere el caso, sin perjuicio del derecho de la acreedora a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Alexis Salvador Gómez Valdivia.

Rol N° Protección-12490-2020.(jog)