nombre reservado con AGUAS ARAUCANIA S.A

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio 1, comparece don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, representada por el delegado presidencial don VÍCTOR MANOLI NAZAL, ambos con domicilio en domicilio reservado; en su calidad de “MANDANTE” del Convenio Mandato para la ejecución del “Proyecto Sistema Agua Potable Voipir, Rayenco, Calfutue, Villarrica” Código BIP Nº RUT reservado de fecha 19 de noviembre de 2019; y en contra de la empresa AGUAS ARAUCANIA S.A., representada por don nombre reservado, y don nombre reservado, todos estos últimos con domicilio en domicilio reservado, en su calidad de en su calidad de “UNIDAD TÉCNICA” del mismo Convenio-Mandato.

Funda su recurso en que con fecha 17 de enero de 2022, tal como consta en el libro de obras del contrato CO-APR-5605-2020 denominado “Instalación Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”, fue entregada por la Unidad Técnica del contrato, AGUAS ARAUCANIA S.A., la carta GI Nº 0060, de fecha 14 de enero de 2022, a través de la cual, se le informó la instrucción y decisión del mandante, GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, por el ORD. GORE Nº 094, de fecha 10 de enero de 2022, en el sentido de poner término anticipado y proceder a la liquidación unilateral del contrato de ejecución de obra ya indicado. Se indica en el número 1 de la carta GI Nº 0060, del 14 de enero de 2022, como fundamento para la liquidación anticipada las supuestas desviaciones en el programa financiero sobre el 5%, en los meses de mayo de 2021, agosto 2021, octubre de 2021, noviembre de 2021 y diciembre de 2021; en circunstancias que las bases administrativas del contrato, sólo permite la liquidación del contrato en forma anticipada cuando la demora o la desviación del contratista es superior al 30%.

Expresa que lectura de lo dispuesto en la cláusula 8.2 de las bases, en contraste con la carta GI Nº 0060, devela la arbitrariedad e ilegalidad ORD. GORE Nº 094, de fecha 10 de enero de 2022 del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, puesto que su empresa en caso alguno se encontraba en el incumplimiento supuestamente atribuido al momento de disponerse la liquidación anticipada del contrato. La desviación presupuestaria en ningún caso superó el 30% del contrato. De hecho, solo un retraso contractual fue objeto de una multa contractual y debidamente descontada del respectivo estado de pago y no las otras supuestas desviaciones que se invocan para poner término al contrato, todas las cuales fueron reconsideradas y dejadas sin efecto por la Unidad Técnica.

Indica que en el número 2 de la carta GI Nº 0060, del 14 de enero de 2022, señala como incumplimiento la no regularización de las garantías en circunstancias que las boletas de garantía de la prórroga del contrato habían sido debidamente ingresadas en el mes de septiembre del año 2021 y recibidas a conformidad por la Unidad Técnica, sin formularse reparo alguno por la fecha de entrega, dados los requerimiento de información en cuanto al procedimiento posterior a la protocolización de la primera modificación del contrato.

Manifiesta que al momento de disponerse la terminación unilateral del contrato por parte de las recurridas, se encontraba en trámite la solicitud de ampliación de los plazos en razón de la modificación del contrato autorizada y dispuesta por GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA y su mandataria y unidad técnica AGUAS ARAUCANÍA S.A., cuyas obras eran necesarias para ejecutar las partidas faltantes del contrato original. Así, con fecha 19 de octubre de 2021, doña nombre reservado, Inspectora Técnica de la Obra (ITO) por AGUAS ARAUCANÍA S.A., estampó en Libro de Obras N°5 Folio N°1, que: “1. se informa al residente, que ha llegado documento que autoriza la modificación de obra por lo que se solicita entregar programa de obras físico y financiero del total de la obra. Plazo 29- 10-2021. Las obras extraordinarias no se podrán ejecutar hasta la firma del respectivo anexo y la regularización de las garantías de este contrato.” Ante la solicitud del profesional residente de entrega de la programación, con fecha 4 de noviembre de 2021, doña nombre reservado, en el Libro de Obras N°5 Folio N°7, nos indica textual, en su punto 3, que: “se recuerda que, de acuerdo a lo conversado, mañana 5 de noviembre deben enviar el programa de trabajo y financiero incluyendo las obras extraordinarias aprobadas.” Habiéndose hecho entrega de con fecha 5 de noviembre del año 2021, de la reprogramación de actividades requerida por las recurridas en razón de la modificación del contrato, y estando pendiente la respuesta a dicha presentación, como contratista la recurrente no se encuentra en mora de cumplir el contrato, por cuanto la modificación del contrato a requerimiento de las mandantes, hace necesaria la reprogramación de los plazos.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto las recurridas al disponer el término anticipado y liquidación unilateral del contrato sin sujetarse a los parámetros de las bases administrativas del contrato para justificar dicha decisión, en circunstancias que su representada a sujetado su proceder contractual al contrato pactado, transforma dicho proceder en arbitrario e ilegal, priva al suscrito, mediante el ejercicio arbitrario de la potestad publica, los derechos que se han incorporado al patrimonio de su representada, sin causa justificada.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se declare la nulidad e ineficacia de la carta GI Nº 0060, de fecha 14 de enero de 2022 entregada por la Unidad Técnica del contrato, AGUAS ARAUCANIA S.A., con fecha 17 de enero de 2022; y del ORD. GORE Nº 094, de fecha 10 de enero de 2022, dictado por el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, en el contrato CO-APR- 5605-2020 denominado “Instalación Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”.

A folio 11, evacúa informe la recurrida Aguas ARAUCANÍA S.A En primer lugar, expone la improcedencia de la acción de protección deducida, por cuanto como ha resuelto reiteradamente los Tribunales Superiores, la acción de protección es una acción cautelar de urgencia, a través de la cual no se pueden declarar derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados. Que, tal presupuesto no concurre en la especie, pues los hechos y derecho que la recurrente alega y que, se traducen en un eventual cumplimiento o incumplimiento contractual que lesiona un derecho cuya existencia no es indubitada, deben ser dilucidados en un juicio de lato conocimiento, a través del ejercicio de las acciones ordinarias que garanticen un procedimiento adversarial que permita a las partes exponer sus respectivas defensas, rendir las pruebas que se estimen pertinentes y hacer uso de los recursos previstos en la legislación, sin que tal discusión pueda dirimirse en un procedimiento como el de autos, cuyo acotado objetivo, es otorgar cautela urgente ante la conculcación patente de derechos constitucionales en virtud de actos u omisiones ilegales o arbitrarias. (En este sentido, Excma. Corte Suprema Rol Nº 94.805-2020, Iltma. Corte de Valparaíso Rol Nº 22.091-2020; Excma. Corte Suprema Rol N°84.615-2021; Iltma. Corte de Santiago Rol N°3.177-2021; etc.)

En segundo lugar, en cuanto al fondo, indica que como antecedentes previos, que su representada es la unidad técnica que, en calidad de mandataria, actúa en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, quien autoriza la suscripción del contrato, instruye sus modificaciones, mantiene la administración financiera del mismo y, se hace dueño de las obras que se ejecutan. Por lo mismo, es el Gobierno Regional quien, en uso y ejercicio de sus facultades, instruyó a Aguas Araucanía, a través de su Oficio Ord. N°094 de 10 de enero de 2022, se pusiera término al contrato, motivo por el cual, unidad técnica, no adoptó decisión alguna, sino que sólo dio cumplimiento a lo instruido por su mandante, el Gobierno Regional de La Araucanía.

Manifiesta que el derecho que el recurrente alega conculcado no es un derecho preexistente e indubitado, que pueda verificarse se encuentre afectado por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria. Plateamos derechamente que la inexistencia del derecho alegado y, así al parecer también lo ha entendido el propio recurrente, pues en el texto de la acción de protección indicó que, la solicitud de modificación del contrato se encontraba en trámite al momento del término unilateral del contrato. Haciendo una relación de hechos, preciso es señalar que, conforme Anexo de contrato, modificación N°3, protocolizado el 26 de octubre de 2021, el contrato tenía como nueva fecha de término el 19 de diciembre de 2021. Con fecha 09 de diciembre de 2021, el Contratista recurrente presenta solicitud para ampliar el plazo del contrato, pero, sin acompañar ningún antecedente que pudiese justificar el aumento de plazo de las obras, no incorporando tampoco la Programación de Actividades.

Luego, con fecha 21 de diciembre de 2021, estando el plazo de ejecución del contrato ya vencido, ingresó una nueva carta de solicitud de aumento de plazo. Que, necesario es concluir que, el solo ingreso de una solicitud de modificación de contrato, no genera un derecho alguno para el Contratista, no es vinculante para las partes. Sólo la modificación del contrato, que se formaliza con la suscripción de un anexo de contrato y, aprobado mediante Resolución Exenta del Mandante, DOH Araucanía, genera derechos entre las partes.

Refiere que, respecto al término anticipado del contrato, las bases Administrativas del contrato, no sólo reglamentan la Liquidación del Contrato en forma anticipada ante una demora o la desviación del contratista es superior al 30%, sino que contemplan una serie de situaciones por las que se puede poner término anticipado del contrato. En este caso el Contratista recurrente incurrió en aquella del numeral 8.2 letra d) y letra f); y que, en el punto 8.2 letra d) se señalan 3 situaciones no copulativas:

-Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, según corresponda.

-Si el contratista no iniciare oportunamente la obra.

-Si el contratista incurriere en paralizaciones injustificadas superiores al 30% respecto del avance de la obra consultada en el programa oficial.

En los hechos, el Contratista incurrió en incumplimiento del Programa Oficial, específicamente la programación financiera del contrato y, además, pese a que no es un requisito, como se da a entender en el recurso deducido (pues sólo basta con el incumplimiento al programa oficial) ha incurrido en una desviación superior al 30%, en conformidad a lo que se pasa a exponer.

Las obras iniciaron con la entrega de terreno, el 12 de agosto de 2020. El contrato se desarrolló desde el principio con poco personal. A mediados de febrero 2021, se inició la construcción del estanque de hormigón semi enterrado del sector de Rayenco, Calfutue. En los meses siguientes, se observó una disminución del personal en obra; retiro de maquinarias; dificultades de la empresa Contratista con distintos proveedores y, con ello, lentitud en la llegada a obras de materiales. En diciembre 2021, el avance financiero acumulado vigente era del 67,75 %, debiendo tener al menos el 99%, por lo que la desviación presupuestaria superaba el 30% del contrato.

A mayo de 2021, el Contratista no cumplía la programación financiera vigente, motivo por el cual se sostuvo una reunión en la Unidad Técnica, oportunidad en la que Contratista comprometió cumplimiento.

Luego, en junio de 2021, el Contratista solicitó un aumento de plazo y con ello, una reprogramación de las obras pendientes de ejecutar, el Mandante, Gobierno Regional de La Araucanía, autorizó y se convino como nueva fecha de término vigente el 19 de diciembre de 2021. A esa fecha también venció el plazo del paralelismo vial necesario para la ejecución de las obras contratadas y, se debió autorizar un nuevo plazo hasta noviembre 2021.

En julio de 2021, el Contratista no cumplió con la programación vigente, sin llegar a superar el 5% que admiten las Bases del contrato.

En agosto se sostuvo la última de las reuniones entre el Mandante Gobierno Regional, el Contratista y la Unidad Técnica con la finalidad de coordinar acciones en conjunto que permitieran un desarrollo del contrato más eficiente, se adoptaron acuerdos al efecto. Sin embargo, el Contratista no cumplió con dichos acuerdos, que se traducían en mayor inyección de recursos por su parte; aumento de personal en obra; aumento de maquinarias y; compra de materiales pendientes para el término de la obra, por lo que continuó en incumplimientos.

En el mes de noviembre de 2021, se solicitó al Contratista actualizar sus programas de trabajo, incorporando las partidas de la modificación autorizada el 8 de octubre, pues se observó, de ante mano, que no cumpliría con la programación vigente debido el escaso personal y maquinaria en obra; falta de materiales esenciales para su ejecución, como es el caso de hormigón para el estanque de 200 m3, los encamisados para ejecutar los atraviesos bajo calzada, entre otros.

Alude que el 15 de diciembre 2021, a 4 días del término del plazo vigente, se revisó el avance de la obra para el Estado de Pago (EP) de cierre de año, observándose un avance de $4.950.139, incumpliendo nuevamente el programa vigente.

Añade que el Contratista recurrente incurrió en sucesivos incumplimientos. En efecto, en abril de 2021, el Contratista no cumplió instrucción de la ITO, que consta en Libro de Obras, cursándose la respectiva multa en el EP N°10, de mayo 2021 por $1.553.940. En agosto de 2021, no cumplió instrucción de la ITO formalizada por Libro de Obras y se cursó, por tanto, una multa en el EP N° 16 de septiembre 2021, por $522.130. En agosto de 2021, no cumplió con el programa financiero, superando el 5% permitido por la Bases Administrativas y se le cursó multa en el EP N° 17 de noviembre de 2021, por $6.009.364. Respecto a los incumplimientos derivados de este numeral, en cuanto a no acatar las órdenes e instrucciones, el recurrente no da razón.

Finalmente sostiene el incumplimiento en la no regularización de garantías. En efecto, conforme lo regulado en las Bases Administrativas, cada vez que se suscribe una modificación de contrato, mediante un anexo, se deben regularizar las garantías del contrato, a efectos de mantenerlas vigentes. Existen a este respecto 3 modificaciones: Anexo 1, de 28 de julio de 2020; Anexo 2, de 01 de julio de 2021; y Anexo 3, de 12 de octubre de 2021. Las respectivas garantías debían ser regularizadas por el Contratista dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de la resolución que aprueba el anexo de contrato. Se hace presente que, en el mes de octubre 2021, no se pudo cursar Estado de Pago, pues el Contratista aún no había regularizado las garantías de los anexos 2 y 3.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Contrato CO-APR.5605-2020 “Instalación del Sistema de Agua Potable Volpir, Rayenco, Clafute, Villarrica”; 2.- Bases Administrativas del Contrato CO-APR.5605-2020; 3.- Carta G.I. N°0060 de 14 de enero de 2022; 4.- Ord. GORE N°094 de 10 de enero de 2022; 5.- Carta suscrita por don nombre reservado con fecha 9 de diciembre de 2021, través de la cual, solicita una ampliación de plazo del contrato por 150 días (contrato con plazo de término 19 de diciembre de 2021); 6.- Carta suscrita por don nombre reservado con fecha 21 de diciembre de 2021, través de la cual, solicita una ampliación de plazo del contrato por 150 días (contrato con plazo de término vencido el 19 de diciembre de 2021).

A folio 16, evacúa informe la recurrida Gobierno Regional de La Araucanía.

En primer término, opone excepción de incompetencia absoluta, por cuanto en el ámbito procesal la academia ha hecho valiosos esfuerzos, aunque esporádicos y faltos de sistematicidad, por fijar los alcances de la protección, así por ejemplo, se ha indicado que esta tutela no procede cuando se trata de resolver un asunto que requiere un juicio de lato conocimiento -típicamente cuando se discute acerca de la titularidad del dominio- (nombre reservado, 1992), cuando se pide la constitución de situaciones jurídicas nuevas o, en general, si se trata de establecer derechos permanentes en favor de las partes (nombre reservado, 2012, p. 637). De allí, entonces, que la protección no sirva para discutir sobre la validez, extensión y cumplimiento de un contrato (Errázuriz Gatica y Otero Alvarado, 1989, p. 126). Es por esto, que tampoco podría reclamarse un eventual derecho de dominio sobre un contrato, ya que de este nacen obligaciones personales entre las partes, que no tienen nada que ver con el derecho vulnerado a que se refiere el artículo 19 N°24, aunque haga alusión a bienes incorporales.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, solicita su rechazo en virtud de los siguientes argumentos:

Por Resolución N°140 de fecha 04.12.2019 del Gobierno Regional de La Araucanía, se aprobó el Convenio- Mandato “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”, suscrito entre Aguas Araucanía S.A., con Gobierno Regional de La Araucanía, con fecha 19.11.2019. Luego, por Resolución N°091 de fecha 27.08.2020, del Gobierno Regional de La Araucanía, se modificó el Convenio – Mandato “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica” suscrito entre Aguas Araucanía S.A., con Gobierno Regional de La Araucanía, con fecha 29.05.2020. A continuación, por Resolución N°166 de fecha 30.12.2021, del Gobierno Regional de La Araucanía, se modificó el Convenio – Mandato “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica” suscrito entre Aguas Araucanía S.A., con Gobierno Regional de La Araucanía, con fecha 29.11.2021.

Destaca que el Gobierno Regional suscribe convenios mandatos con la Empresa Privada Aguas Araucanía S.A., según lo establece la Ley N° 18.885, autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, creándose las empresas de servicios sanitarios bajo la forma de sociedades anónimas, las que constituyen legalmente organismos técnicos a través de los cuales el Estado puede concretar obras de servicios sanitarios. Lo que ha sido ratificado por la Contraloría General de la República mediante dictamen 27.317 de 28.05.2004 al resolver que “tal como lo señalara el Dictamen N° 27.252, de 1990, de la Contraloría General, que las empresas de servicios sanitarios creadas en virtud de los artículos 2° y 3° de Ley N° 18.885, bajo la forma de sociedades anónimas, como sucesoras legales del Servicio Nacional de Obras Sanitarias -SENDOS-, cuyo es el caso de Empresa Sanitaria, constituyen organismos técnicos a través de los cuales el Estado puede llevar a efecto obras de servicios sanitarios, en los términos del mencionado artículo 16 de Ley N° 18.091.

Expuesto lo precedentemente citado, el Gobierno Regional, delega en la Unidad Técnica, en este caso, Aguas Araucanía S.A., la responsabilidad administrativa y técnica de la ejecución del proyecto, siendo esta última la responsable de licitar y adjudicar la obra, siendo los mandatarios quienes deben dar cumplimiento al mandato otorgado por ley para la ejecución y cumplimiento del mandato. Así guas Araucanía S.A. licita, adjudica y suscribe el contrato.

Manifiesta que en el caso particular, con fecha 02.06.2020 Aguas Araucanía S.A., suscribió contrato de ejecución de obra relativa al proyecto “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”, con el recurrente nombre reservado, cuyo valor ascendía a $2.151.465.508 con un plazo de vigencia de 420 días corridos desde el 18.06.2020, venciendo este el 13.08.2021.

Ahora bien, el contratista y recurrente, no cumple con determinadas partidas, en la ejecución del proyecto lo que trajo aparejas multas. Asimismo detalla una serie de obras contempladas en el contrato original y que no fueron ejecutadas por el contratista, que ascienden a $724.625.950.- Dicho antecedentes forman parte de la liquidación unilateral del Contrato, la que autorizo el Gobierno Regional mediante ORD. N°094 del 10 de enero de 2022. Así, mediante carta GI N° 1964 de fecha 30.12.2021, Aguas Araucanía S.A. envió informe del desarrollo del contrato, situación actual, incumplimientos, sanciones, plazos y proyección de este al Gobierno Regional, además se propuso alternativas de continuidad del mismo. Por lo anterior es que el Gobierno Regional acogió lo expuesto y autorizó su liquidación, sin perjuicio de la solicitud efectuada de continuidad del mismo, ahora bien, la Unidad Técnica, también informa que el mandate proceda con el cobro de la respectiva garantía, según corresponda.

Destaca que el incumplimiento a la ejecución del proyecto “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”, por parte del recurrente es de notoria negligencia al no presentar desde mayo a diciembre del 2021, avances mayores al 3,5% del monto contratado, presentando problemas de provisión de materiales y personal para ejecutar la obra de acuerdo al programa entregado y aceptado por el contratista, sin dejar de mencionar que se suscriben 3 anexos posteriores al contrato de ejecución de fecha 20.6.2020.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Resolución N°91 de fecha 27.08.2020 del GORE Araucanía; 2. Resolución N°140 de fecha 04.12.2019 del GORE Araucanía; 3. Resolución N°166 de fecha 30.12.2021 del Gore Araucanía; 4. Contrato de ejecución de obra de proyecto “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica” de fecha 02.06.2020; 5. Anexo N°1 de fecha 28.07.2020, del proyecto “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”; 6. Anexo N°2 de fecha 01.07.2021 del proyecto “Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”; 7. Anexo N°3 de fecha 12.10.2021 del proyecto ““Construcción Sistema Agua Potable Volpir, Rayenco, Calfutue, Villarrica”; 8. Bases administrativas; 9. Informe Técnico de la Obra; 10. Liquidación final unilateral protocolizado con fecha 07.02.2022; 11. Ord. n°3652 de fecha 13.12.2021 del Gore Araucanía; 12. Ord. N°3829 de fecha 23.12.2021 del Gore Araucanía; 13. Carta GI N°1916 de fecha 20.12.2021 de Aguas Araucanía S.A; 14. Carta GI N°1964 de fecha 30.12.2021 de Aguas Araucanía S.A; 15. Carta GI N° 0060 de fecha 14.01.2022 de Aguas Araucanía S.A.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que el acto cuya arbitrariedad e ilegalidad se reprocha consiste en la decisión adoptada por las recurridas en orden a disponer el término unilateral del contrato de ejecución de obras del proyecto sanitario que beneficia a los sectores de Voipir, Rayencoy Calfutue de la comuna de Villarrica, especialmente por cuanto no se configura la hipótesis establecida en las bases administrativas de licitación para su procedencia.

Por su parte, las recurridas destacan que el actor ha incurrido en incumplimientos de tal magnitud que, conforme a las bases administrativas, el contrato y sus anexos, se han visto en la obligación de ejercer la facultad de poner término anticipado y proceder a la liquidación unilateral del contrato de ejecución de obra ya indicado.

Tercero: Que, en relación a la excepción de incompetencia absoluta deducida por la parte recurrida del Gobierno Regional de La Araucanía, cabe señalar que los hechos denunciados dicen relación con una actuación ilegal o arbitraria que conculca una de las garantías fundamentales que establece el artículo 20 de la Carta Fundamental, razón por la cual esta Iltma. Corte tiene competencia, conforme al elemento materia, para conocer de estos autos, razón por la cual se desechará dicha alegación.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, es menester tener en consideración que la acción constitucional de protección es una de emergencia, extraordinaria, cuya finalidad no es la de resolver controversias sobre derechos entre partes, o inmiscuirse en materias que requieren de conocimientos técnicos, especializados, propios de acciones de lato conocimiento o, cuando menos, de procedimientos especiales que han sido ideados precisamente para resolverlos. Su objeto es, simplemente, restablecer una determinada situación de hecho que ha sido alterada por un acto arbitrario o ilegal que perjudica, amaga o perturba el ejercicio de determinados derechos que, además de ser garantías constitucionales, se debe tratar de derechos concretos, indubitados, precisos. Por ello es que se deja a salvo para ante la autoridad o tribunales correspondientes el ejercicio de los demás derechos que se puedan hacer valer.

Quinto: Que, en ese mismo sentido, el ejercicio de esta acción presupone la existencia de derechos indubitados de manera que su finalidad consista en dar pronta solución a situaciones de hecho, entendiendo que un derecho tiene tal calidad cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Sexto: Que, en ese orden de ideas, corresponde el rechazo de este recurso ya que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, circunstancia esta última presente en la especie, pues del tenor de los hechos expuestos por las partes y de los antecedentes documentales acompañados, no es posible concluir lo expuesto por el recurrente en orden a que no incurrió en los incumplimientos denunciados por las recurridas y que motivaron por éstas el ejercicio de la potestad de poner término unilateral a dicho contrato, especialmente por cuanto no se ha acompañado ningún medio de prueba por la recurrente para acreditar que su parte ha dado cumplimiento íntegro y oportuno al contrato, y por cuanto conforme a las bases de la licitación, la desviación mayor a un 30% de la obra respecto del programa oficial no es la única causal para poner término al contrato, conforme al artículo 8.2 de las citadas bases administrativas, todo lo cual debe ser dilucidado en un procedimiento de lato conocimiento.

Que así lo ha resuelto por lo demás en reiterada jurisprudencia la Excma Corte Suprema, señalando, que no resulta procedente en una acción como la que nos ocupa, que el tribunal que la conoce, se adentre en decidir sobre derechos dubitados o discutidos, calidad que a juicio de estos sentenciadores tienen los mencionados en el presente recurso.

Séptimo: Conforme se viene razonando el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I. Que, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta deducida por la recurrida Gobierno Regional de La Araucanía.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, y en contra de la empresa AGUAS ARAUCANIA S.A., todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-1248-2022.(jog)