nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, cinco de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 09 de marzo del año 2019, comparece don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, nombre reservado público, Rut: RUT reservado, representada por su ALCALDE don MIGUEL BECKER ALVEAR, ambos domiciliados en domicilio reservado por vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los art. 19 N°2 y N° 24 de la Constitución Política del Estado.

Funda el recurso en que en virtud de Decreto Alcaldicio Nº175 de 20 de agosto de 2018 se ordena instruir Investigación sumaria en su contra por el retiro sin autorización desde la bodega Nº9 del Recinto Municipal Los Confines, de una bicicleta que había sido encontrada en la vía pública e ingresada a la bodega en Julio de 2017. Posteriormente, a partir de Decreto Alcaldicio Nº223 de 17 de octubre de 2018, se eleva la Investigación Sumaria a Sumario Administrativo, formulándose el cargo de: "Haber sustraído la bicicleta GT, modelo Montaña, color Gris/Negro el día 13 de Marzo de 2018 de la bodega Nº9 del Recinto Municipal Los Confines, la cual se encontraba bajo custodia del juzgado, la que había sido encontrada en la vía pública e ingresada a bodega el 10 de Julio de 2017". Con fecha 18 de diciembre de 2018 procedo a efectuar los respectivos descargos, dictándose con fecha 09 de enero de 2019 el Decreto Nº09, suscrito por don nombre reservado, en su calidad de Alcalde (S) de la Municipalidad de Temuco, notificada a su parte con fecha 14 de Enero del presente año, en cuya virtud no son considerados los descargos, y se dispone la destitución de su cargo de planta: "Apliqúese a don nombre reservado, R.U.T- WRUT reservado, Auxiliar, Grado 16, dependiente de Departamento de Gestión Interna la medida disciplinaria de Destitución, contemplada en el artículo 120, letra d) y artículo 123 de la ley NQ18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales...". Se arriba a referida sanción pues en virtud de tal resolución, se entienden vulneradas las siguientes disposiciones legales: "Artículo 58, letra g) "Observar estrictamente el principio de la Ley Nº19.653 probidad administrativa regulado por la ley Ng18.575 Art.6^ N^2 y demás especiales" (SIC). Manifiesta que dedujo Recurso de reposición en contra de la medida de destitución y que con fecha 28 de enero de 2019, se dicta el Decreto N°1132, suscrito por el Alcalde Miguel Becker Alvear, que rechazando el Recurso de Reposición confirma la medida de destitución, contemplada en el artículo 120, letra d) y artículo 123 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Señala que con fecha 07 de febrero de 2019, encontrándose con licencia médica, la que se había otorgado hasta el día 04 de marzo del presente año, se notifica del Decreto N°1132, indicándosele posteriormente que tal decreto regía desde la respectiva su notificación, y que desde el 07 de febrero producía sus efectos el anotado acto sancionatorio y, por ende, sólo hasta tal fecha le asistía el derecho a percibir remuneraciones, omitiendo de esa forma el pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República que entiende aplicable en la especie, siendo el el supuesto fundamento para que el Municipio pretenda hacer efectiva la medida de destitución, desde la fecha de notificación y omita pronunciamiento del órgano contralor, se sustentaría en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aseverando que tal preceptiva a priori aplicable a todos los actos municipales, tiene límites y ha sido la propia Contraloría General de la República quien los ha fijado, en el ejercicio de Las facultades que le confieren la Constitución Política de la República; lo dispuesto en la ley N210.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, especialmente en sus artículos 10 y siguientes, y lo señalado en la resolución N'1.600, de 2008, de referida Entidad Fiscalizadora. En efecto en uso de tales facultades se dicta la RESOLUCIÓN N°10, DE 2017, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN DE LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE INDICA, que indica en su Artículo 6e, número 16 que: "Quedarán afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican: (...) 16. Aplicación de medidas disciplinarias expulsivas. Lo establecido por la Contraloría, habida cuenta que, la toma de razón resulta esencial para la preservación del Estado de Derecho tiene íntima relación con lo dispuesto en el Artículo 87 Ley N218.883 que APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, que consagra los principios de la estabilidad laboral, y la carrera funcionaría, preceptuando al efecto: "Todo funcionario tendrá de derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto" Por otra parte, señala que a la fecha de su destitución era director de la Asociación de empleados municipales de Temuco (Asemuch), desde el año 2015, ocupando el cargo de vicepresidente, siendo reelegido en el mismo el año 2017, el que mantenía vigente a la fecha de dictarse el Decreto N°1132 en contra del cual se recurre de protección, manifestando que la Ley N°19.296 que ESTABLECE NORMAS SOBRE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, señala en su Artículo 25, inciso primero que: "Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República.

Refiere que la decisión de hacer efectiva la medida de destitución, desde la época de notificación de la Resolución N"1132, es ilegal y arbitraria, habida cuenta de no haber mediado trámite de razón; y más aun no haberse pronunciado la entidad de fiscalización, ratificando o no la medida expulsiva aplicada, atendida la circunstancia de revestir el recurrente la calidad de director de Asemuch. En efecto, la decisión del órgano público constituye un acto arbitrario e ¡legal, atendido el hecho que conforme a lo dispuesto en RESOLUCIÓN N°10, DE 2017, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y en particular en el artículo 25 inciso primero de la Ley N°19.296, es del caso que previo a producir sus efectos la Resolución N°1132, debió efectuarse el control preventivo por parte de la Contraloría, y en particular atendido el carácter del Director de la Asociación de funcionarios municipales de parte del recurrente, debió ratificarse la medida de destitución por el órgano contralor, lo que no ocurrió en la especie. A mayor abundamiento, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría ha manifestado que la ratificación a que alude el citado artículo 25, debe expresarse a través de un oficio aprobatorio emitido por referido Organismo, previo análisis de los aspectos legales, formales y sustanciales relativos al proceso sumarial y al decreto que ordena la destitución de un dirigente gremial, por lo que la mera notificación de este no puede producir efecto alguno.

A partir de la arbitrariedad cometida por parte del Municipio, al omitir el trámite de ratificación de parte de la Contraloría, se le ha cesado injustificadamente del cargo de planta que detentaba en propiedad, llegando al extremo de negársele el pago de los valores que la Isapre puso a disposición del Municipio, para que se me pagaran los días que estuve con licencia, con origen en un intervención quirúrgica de urgencia a la que fui sometido, e incluso restándome la posibilidad de presentarme a un nueva reelección gremial, pues mi cargo de director vence en abril del presente año.

Refiere como garantías vulneradas las siguientes: a) ARTÍCULO 19 N°2. El derecho a la igualdad ante la Lev En la especie, al tomar la autoridad administrativa, la decisión de hacer valer los efectos del acto sancionatorio desde la notificación del Decreto N°1132, sin que mediara ratificación de la Contraloría constituye una manifiesta vulneración de referida garantía, desde el momento que ha efectuado diferencias arbitrarias. A mayor abundamiento el acto, en la especie el Decreto referido, a este respecto es ilegal, pues, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 inciso primero de a la Ley N°19.296, procedía que el órgano contralor, conociendo del proceso en su integridad se pronunciara previamente, ratificando o no la medida expulsiva aplicada, por lo que la decisión de hacer efectiva tal resolución, omitiendo tal trámite, es arbitraria. De este modo, la circunstancia que la ley exija la ratificación de la Contraloría General de un acto administrativo implica que los efectos de este quedarán supeditados a tal trámite. b) ARTÍCULO 19 N°24. El derecho de propiedad. En este caso la afección recae en un doble ámbito, en primer término al imposibilitarme de continuar ocupando el cargo público que detentaba en propiedad, esto es, Auxiliar grado 169 de la EUM de la Ilustre Municipalidad de Temuco, en abierta vulneración a lo dispuesto en el Artículo 87 Ley N918.883 que APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, que consagra los principios de la estabilidad laboral y la carrera funcionaría, y en segundo lugar al no pagárseme los valores que que mi Isapre puso a disposición del Municipio, para que se me pagaran los días que estuve con licencia, con origen en un intervención quirúrgica de urgencia a la que fui sometido.

Por todo lo anterior, solicita se acoja a tramitación el presente recurso, y previo informe de la recurrida, ordenar:

a.- Se deje sin efecto Resolución Exenta N^1132 de 28 de enero de 2019, que fue notificada el día 07 de febrero del presente año, Decreto N°1132, suscrito por el alcalde Miguel Becker Alvear, que rechazando el Recurso de Reposición confirma la medida de destitución en mi contra, contemplada en el artículo 120, letra d) y artículo 123 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales b.- Se ordene el reintegro a sus funciones, se le restituya su cargo en propiedad y se proceda al pago de sus remuneraciones desde el día 07 de febrero de 2019. Lo expuesto fin de reestablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección en calidad de afectado por el acto unilateral y arbitrario, y adoptar todas las medidas necesarias tendientes a tal fin; según el mérito de autos, todo con expresa condenación en costas.

A folio 10, con fecha 29 de marzo del año 2019, comparece don nombre reservado, Abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcalde don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR, todos domiciliados en domicilio reservado, quien evacua el informe solicitado.

Sostiene que con fecha 09 de enero de 2019, se dicta el Decreto Alcaldicio N°09 de enero de 2019, por el cual se aplica al recurrente nombre reservado, la sanción disciplinaria de Destitución, contemplada en el artículo 120 letra d) y artículo 123 de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, por los siguientes hechos: “retira sin autorización la bicicleta individualizada precedentemente con fecha 13 de marzo de 2018 de la bodega del recinto, indica que es para repartir correspondencia, ya que no existe transporte desde Los Confines hasta calle Prat (Municipalidad) y hasta Dideco, por lo cual decide ocupar una bicicleta que se encontraba en custodia desde el año 2017 en dicho recinto. En el mes de mayo el Sr. nombre reservado le solicita la devolución de la misma llevando el señor nombre reservado otra distinta, se le señala debe traer la que corresponde, situación que se concreta recién en el mes de septiembre de 2018, esto es después de 7 meses…”.- Con fecha 28 de enero de 2019, se dicta el Decreto Alcaldicio N° 1132, confirma la medida de destitución aplicada anteriormente.- En atención a la circunstancia sólo señalada en el presente nombre reservado en cuanto a la “supuesta” calidad de dirigente sindican que se atribuye el recurrente, con fecha 21 de marzo de 2019, por medio de Ordinario N°478 se remite el sumario a la Contraloría General de la República, con el objeto que ratifique la sanción aplicada.-De los hechos antes señalados y de lo expresado en el Recurso de Protección, se desprende los siguientes hechos: A.- Que el recurrente, no ha negado los hechos, es decir que sacó y uso una bicicleta durante más de 7 meses, la cual estaba bajo la custodia de su representada.- Afirma que tampoco ha cuestionado la tramitación del sumario, reconociendo que efectuó descargos el 18 de noviembre de 2018 y que dedujo los recursos correspondientes, que durante todo el sumario, nunca señaló la supuesta calidad de dirigente sindical que le afectaba, lo cual sólo ocurrió ante el Tribunal en la cual por primera vez acompaña un certificado emitido por don nombre reservado, a nombre de la Asociación de Funcionarios Municipales de Temuco, en donde aparece que tiene la calidad de Vicepresidente. En ninguna parte del sumario, consta que se hubiese cumplido con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 19.296, señalando que el acto recurrido, es decir el Decreto 1132 de fecha 28 de enero de 2019 que confirma la medida de destitución para el recurrido, es un acto administrativo que goza de una presunción de legalidad, de conformidad a lo establecido en el ley de bases de procedimiento administrativo Ley N°19880.- Sostiene la FALTA DE OPORTUNIDAD DEL RECURSO, señalando que en el nombre reservado, ha cuestionado que no se habría cumplido con la legislación en cuanto a la “toma de razón”, del Decreto Alcaldicio cuestionado, lo cual no es efectivo, toda vez que los actos municipales, se encuentran exentos del acto de “toma de razón”, y solo se “registran”, en la contraloría General de la República, cuando proceda. El artículo 25 de la Ley N°19.296 indica que los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es inamovilidad en sus cargos desde la fecha de su elección hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de asamblea o asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución ratificada por la Contraloría General de la República.-Que su parte con fecha 21 de marzo de 2019, remitió a la Contraloría General de la República, el sumario para la ratificación de la sanción.-Al respecto señala que su representada posee lo que denomina “autotutela declarativa”, en cuya virtud tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de terceros de forma unilateral, aun contra su voluntad y sin que sea necesario la concurrencia de órganos jurisdiccionales.-El inciso final del artículo 3 de la LBPA describe esta modalidad de eficacia bajo la fórmula de que los actos administrativos son actos de imperio y exigibles frente a sus destinatarios, gozando además de una presunción de legalidad.-En relación a la eficacia de los actos administrativos, señala que éstos dejan de producir sus efectos y que conlleva su extinción por diversos efectos: a) por causas objetivas, como por ejemplo la consumación de sus efectos jurídicos; por la verificación de una modalidad que conlleva la extinción del acto; o por la desaparición de su objeto; b) por la conducta del destinatario, como por ejemplo la renuncia o el abandono; y c) por la decisión de órganos distintos de la administración; sentencia, leyes, dictámenes; y d) por decisión de la propia autoridad administrativa.-En este último caso, la extinción puede ser por motivos de legalidad, en cuyo caso se denomina invalidación, situación contemplada en el artículo 53 de la LBPA; o por motivos de oportunidad, en cuyo caso de denomina revocación.-El recurrente no ha discutido la legalidad del DA N°1132 de 2019, en cuanto al fondo, por lo que a su respecto no puede ser dejado sin efecto por motivo de legalidad o ser contrario a derecho.-En cuanto al control de la legalidad de los actos de la administración referidos a la revocación de actos administrativos, actos que son de por sí discrecionales, estos no pueden ser controlados en cuanto a su oportunidad.- Da cuenta de la falta de agravio, puesto que se cuestionan ambos los Decretos, por cuanto no se habría sometidos al trámite de la “toma de razón”, en circunstancias, que lo señala la ley, es que la medida disciplinaria debe ser “ratificada”, por el órgano contralor, por lo que ambos Decretos Alcaldicios, en sí mismo son actos trámites y no un acto terminal, ya que éste debe producirse cuando sean ratificado por el órgano contralor.-Conforme a la doctrina, los actos trámites no requieren ser fundamentados, por lo que se descarta su ilegalidad; ya que son meramente instrumentales y que tienen un sentido únicamente en relación a la totalidad del procedimiento, no produciendo el efecto jurídico directo. Es del caso que la Resolución que impugna la recurrente constituye sólo un acto trámite del sumario administrativo, no de un acto terminal puesto que aún restan actuaciones para que se dé lugar a la decisión de la autoridad en cuanto a la eventual aplicación de una medida disciplinaria, sin mencionar los demás recursos administrativos que puede hacer valer el recurrente, en el caso de que se estime aplicar alguna medida disciplinaria. Conforme lo indicado, no es procedente pretender utilizar el Recurso de Protección a fin de revisar la legalidad y razonabilidad de un acto trámite.- Agrega que el recurrente, ha señalado como infringido las disposiciones que dicen relación con una situación de orden personal, en relación a su supuesto cargo de dirigente sindical, el cual derechamente ocultó, no mencionó en todo el sumario, incluso en la presentación efectuada ante el Tribunal, tampoco acompaño ningún documento justificativo de dicha calidad. Sólo ante el recurso de reposición presentado, presenta un escrito acompañando un documento privado, sin ninguna formalidad legal, emanada de un tercero en la cual señala que posee dicho cargo.-Hay que señalar que conforme al artículo 9 de la Ley N°19.296 se requiere de un reconocimiento oficial por parte de Inspección del Trabajo de la asociación, lo que no ocurre en la especie. Conforme a lo señalado, y de acuerdo a la teoría de los actos propios, no puede el recurrente pretender el amparo constitucional, respecto de una situación jurídica en la cual él mismo se ha puesto, como es no señalara ni acreditar su calidad de dirigente sindical. Por otra parte y de acuerdo al artículo 13 de la Ley N°19.880, que consagra el principio de la no formalización, el supuesto vicio alegado, no es de la esencia del acto administrativo cuestionado, siendo perfectamente subsanable por parte de la administración como ha ocurrido en la especie.

En cuanto a las garantías infringidas, solicita su rechazo, toda vez, que el cargo que poseía el recurrente, perteneciente a la planta municipal, corresponde a la de un empleo público, características que le viene dado tanto por la naturaleza como por las finalidades propias del ente empleador. Lo enunciado conduce a descartar que la función de tales servidores públicos pueda ser objeto de una apropiación patrimonial como que aquella que proporciona el dominio, según la definición de que este derecho real se formula en el artículo 582 del Código Civil, puesto que las facultades de dicha disposición reconoce a sus titulares no se aviene con la naturaleza de la función pública y de los cargos destinados a servirla, para cuya protección y resguarda el otorgamiento legal consagra otros derechos, más no el derecho de propiedad. El derecho de propiedad sobre un empleo, no debe confundirse con el denominado “derecho a la función”, que puede definirse como “el derecho a permanecer en el empleo a que se ha accedido legalmente, mientras no medie una causal legal de expiración de funciones, de modo que la garantía para el funcionario consiste en que la cesación de sus funciones no quede entregada a la discrecionalidad de la Administración, sino a la determinación de la ley.-Al respecto, atendido a que no existe un derecho de propiedad sobre el cargo como lo invoca el recurrente, no resulta procedente por la vía de este Recurso de Protección, entrar a examinar la juridicidad del decreto derogatorio puesto no que ha podido afectar la garantía constitucional respecto de un derecho que el recurrente no tiene. El recurrente, ha citado como violada, la garantía constitucional indicada en el artículos 19 Nº2 de la Constitución Política del Estado, esto es derecho a la igualdad ante la ley, sin precisar la forma en que ello había ocurrido.-En todo caso, este garantía es la que menos puede invocar, ya que si efectivo que el tiene la calidad de dirigente sindical, significa todo lo contrario, es decir, es un privilegiado respecto del resto de los funcionarios, por cuanto goza de un fuero, institución de por si excepcional, que en ningún caso lo habilitaba para efectuar los actos que en sumario demostró, motivo por lo que solicita el rechazo, con costas. En el primer otrosí, acompaña copia de Decretos Alcaldicios.

A folio 15, con fecha 08 de mayo del año 2018, acompaña documentos la parte recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria el haber sido objeto de un procedimiento disciplinario, iniciado por la Municipalidad de Temuco y que concluyó con la destitución del recurrente, el cual afirma que adolecería de vicios legales, solicitando, en definitiva, que se deje sin efecto la Resolución Exenta N^1132 de 28 de enero de 2019, que rechazando el Recurso de Reposición confirma la medida de destitución, contemplada en el artículo 120, letra d) y artículo 123 de la Ley N°18.883 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, y su reintegro a sus funciones.

TERCERO: Que, para resolver el conflicto de autos, es dable tener presente que no es un hecho controvertido que por medio de Decreto Alcaldicio N°175, de fecha 20 de agosto del año 2018, se inició sumario administrativo en contra del recurrente don nombre reservado, funcionario público, auxiliar del Recinto Los Confines, el cual concluyó con el Decreto Nº09, de fecha 09 de enero del año 2019, suscrito por don nombre reservado, en su calidad de Alcalde (S) de la Municipalidad de Temuco, en el cual se dispuso la destitución de su cargo de planta, contemplada en el artículo 120, letra d) y artículo 123 de la ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, al concluir la vulneración del Artículo 58, letra g), esto es, "Observar estrictamente el principio de la Ley Nº19.653 probidad administrativa regulado por la ley Nº18.575 Art.6 Nº2 y demás especiales".

Asimismo, se dedujo Recurso de reposición en contra de la medida de destitución, lo cual fue resuelto con fecha 28 de enero de 2019, por medio del Decreto N°1132, suscrito por el Alcalde Miguel Becker Alvear, rechazando éste y confirmando la medida de destitución.

CUARTO: Que así, teniendo a la vista los antecedentes acompañados, no se divisan los defectos que supuestamente la Municipalidad recurrida habría incurrido, por el contrario, se desprende de los antecedentes allegados a la causa, que la autoridad administrativa ha actuado conforme a derecho, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad de ningún tipo.

En este sentido, consta que la Municipalidad efectivamente inició investigación sumaria contra el recurrente, por las argumentaciones que en lo expositivo y en el informe pertinente se dan cuenta. Así, a partir de dicha investigación consta que se designó un Fiscal instructor para la realización de la misma, quien dispuso la realización de diversas diligencias probatorias, formulándose cargos; pudiendo el actor tener la posibilidad y ejercer su derecho a formular argumentos de descargo, de los cuales se ocupó la autoridad administrativa para desecharlos, imponiendo luego la sanción de destitución.

QUINTO: Que, por consiguiente, la desvinculación del recurrente se dispuso dentro del marco de un sumario, herramienta que es precisamente la que contempla el ordenamiento jurídico administrativo para evaluar las conductas en que el actor habría incurrido, de modo que es aquél en cual se debe determinar si era necesaria la desvinculación por aplicación de la medida disciplinaria correspondiente conforme lo dispone el artículo 120 letra d) y artículo 123 de la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, tal como aconteció en la especie, en que luego de investigados los hechos y la conducta del actor se aplicó la sanción, no vislumbrándose entonces arbitrariedad alguna, siendo la medida proporcional en atención a la gravedad de la conducta dada por acreditada así como su extensión en el tiempo. En efecto, no debe olvidarse que se dio por establecido en el sumario respectivo, que el actor habría sustraído una bicicleta desde la Bodega nº9 del Recinto Municipal, la cual se encontraba bajo custodia, vulnerando con ello el principio de probidad administrativa contenido en los artículos 52 y siguientes de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de Bases Generales de la Administración del Estado que mandata a los funcionarios públicos a “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular ”.

SEXTO: Que en este mismo orden de ideas, y en cuanto a la obligación de toma de razón, no cabe sino desechar dichas alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.296, resultando relevante lo señalado por el órgano Contralor en Resolución Nº2797, de fecha 30 de abril del año 2019, acompañado a estos autos, quien respecto al caso concreto, advirtió que el sumario administrativo “se ha tramitado con apego a la normativa jurídica que regula la materia, sin apreciar la existencia de vicios de procedimiento que afecten su legalidad”.

SEPTIMO: Que, de lo que se viene de consignar, se concluye que no ha existido de parte de la autoridad administrativa denunciada ilegalidad o arbitrariedad alguna en su actuar y que la sanción aplicada al actor se ajusta al mérito del sumario y la legalidad aplicable al caso, no pudiéndose sostener que el recurrente haya sido objeto de un trato discriminatorio que haya vulnerado la igualdad ante la ley, pues el pronunciamiento impugnado resulta aplicable en los mismos términos a todos los funcionarios municipales del país, ni se haya afectado otros derechos fundamentales invocados.

Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, todos ya individualizados.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

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