nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abofado, en representación de don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, persona jurídica, rol único tributario N°70.016.160-9, representada legalmente por don, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ignoro profesión u oficio, o quien lo reemplace o subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin que se adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucional establecidos en el artículo 19 numeral 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Dando cuenta de los HECHOS, la presentación indica que el actor es trabajador de la empresa Fundación del Magisterio de la Araucanía, desde el 01 de marzo de 2023. En las liquidaciones de sueldo de los meses de junio y julio pudo observar que se le habían practicado descuentos por la suma de $132.525, sin autorización previa. Reconoce que solicitó un crédito a la Caja La Araucana en el año 2018, cuando quedó cesante, por la suma de $7.916.321, pagadero en 90 cuotas mensuales. Señala que hoy, casi 4 años después, la Caja pretende subsanar su desidia y negligencia en el cobro del pagaré suscrito para garantizar esa deuda, mediante el proyecto intercajas, descontando a través de la Caja Los Andes los montos adeudados, de manera sorpresiva y sin mediar consentimiento alguno de su parte. Añade que existe causa ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, ejecutivo, en actual tramitación, Rol C-4544-2020 caratulada “Caja Compensación de Asignación Familiar La Araucana con nombre reservado”, en la cual jamás ha sido notificado el recurrente.

Fluye de lo expuesto precedentemente, según indica la parte recurrente, que el actuar de las recurridas es un acto arbitrario e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordena retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción de su remuneración líquida, de manera forzada y en contra de su voluntad.

En cuanto a la ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCION, señala que la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucional, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiona la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, y que en el caso de autos, su representado, ha tomado conocimiento de este actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, en su liquidación de remuneración de junio y julio de 2023, por lo que la presente acción de protección es oportuna.

Que por ello, estima vulnerados sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, previa citas legales, pide dejar sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones, restituyéndole los montos descontados, desde la última, con costas.

Que Informando la recurrida CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, pide el rechazo del recurso de protección. Explica que esta Caja de Compensación le otorgó el 18 de julio de 2019 al Sr. nombre reservado, el crédito social folio 092-001594936, por la suma total de $7.916.321, pactado en 90 cuotas, cada una por la suma de $132.525, con la inclusión de un seguro de desgravamen por la suma de $14.249, conforme certificado de prepago que se acompaña en el otrosí, para vuestro conocimiento. Crédito, cuya primera cuota de vencimiento corresponde al 31 de enero de 2020 y su última cuota con vencimiento el 30 de junio de 2027 y que es producto de la reprogramación del crédito folio 092001579113 otorgado el 09 de abril de 2018, por 60 cuotas cada una por la suma de $254.582 y cuya carpeta crediticia se adjunta para conocimiento. Cabe agregar que el crédito folio 092-001594936, que es objeto del presente recurso no pagó ninguna cuota, pasando a figurar en mora y habiéndose efectuado las gestiones de cobranza extrajudicial, las que resultaron infructuosas, se remite la información al Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos, donde pudo ser ubicado en junio de 2023, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Los Andes C.C.A.F., información que se puso en conocimiento de su representada para efecto de poder obtener la recuperación de los montos adeudados atendido la obligación legal que tiene las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de proteger el fondo social, razón por la cual se remite la respectiva nómina de descuento a su empleador por el valor cuota acordado, recibiendo las respectiva remesa en julio, agosto y septiembre de 2023, por la suma cada una de $132.525, lo que sirvió para el pago de las cuotas N°1, N°2 y N°3. Cabe agregar, que conforme se puede observar en el certificado y carga financiera que se adjuntan en un otrosí, a la fecha existen 3 cuotas pagadas, 41 cuotas morosas correspondientes al período 30 de abril de 2020 al 31 de agosto de 2023 y 46 cuotas vigentes, siendo la última de ellas con fecha vencimiento 30 de junio de 2027. 3.- En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un deudor que habida consideración a la existencia de una deuda, no concurre a regularizarlo después de haberse realizado las gestiones extrajudiciales de cobro y obtener una fuente de ingreso al reintegrarse laboralmente conforme liquidaciones acompañadas, por lo que sus pretensiones son inconsistentes a los hechos, esto es, el reconocimiento de una deuda que está vigente, por lo que el descuento conforme el mecanismo del artículo 22 de la Ley 18833, es actualmente exigible, pertinente y oportuno. Continua el informe señalando: “ANTECEDENTES DE FONDO: 4.- El artículo 1° de la Ley 18.833 las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral y, las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y los créditos sociales. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 en cuyo número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. En consecuencia, los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, lo que las diferencia de otras instituciones, por cuanto su función se encuentra indisolublemente unida al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de estas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello por lo que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella”. “5.- Ahora bien, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como, asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, y; con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal). Cabe agregar que el crédito otorgado al recurrente producto de la reprogramación es de su pleno conocimiento, no sólo desde que el momento en que le fue concedido, sino además atendido el hecho que el recurrente concurre a la Caja a reprogramar el crédito anterior, y es por lo que lo que se efectúa es la prolongación del crédito reprogramado a saber, el crédito folio 092001579113, en el cual consta la autorización a realizar los descuentos a su actual y futuros empleadores, según se lee en la copia del pagaré que se acompañan en esta presentación “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuento por planilla de mis remuneraciones, que desde ya autorizo a mi actual y futuros empleadores para realizar……Atendido que los mandatos e instrucciones que dan cuenta el presente instrumento importan tanto al deudor como a La Araucana C.C.A.F., éstos sólo podrán revocarse una vez extinguidas las obligaciones crediticias materia del presente instrumento”. Mandato que se reitera en la solicitud de crédito. Por otra parte, el artículo 1.546 del Código Civil, señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, en concordancia con el artículo 1545 del Código Civil que dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes…”, por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde, en este caso conforme el mecanismo del artículo 22 de la Ley 18.833. Lo expuesto precedentemente se encuentra refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) organismo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 18.833 tiene a su cargo la fiscalización y supervigilancia de las C.C.A.F. al tenor del artículo 2° de la Ley 16.395 fija, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia, tal como puede apreciarse, de entre varios, en el Dictamen 56554-2015 que establece: “…En cuanto al procedimiento de cobro seguido por la C.C.A.F. "B", por el crédito otorgado por la C.C.A.F. "A", esta Superintendencia informa que, efectivamente, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar ha implementado un sistema de recaudación intercajas, que consiste en un procedimiento integrado de recaudación de deudas pendientes o vigentes de las C.C.A.F. provenientes de los créditos sociales otorgados. Dicho sistema opera cuando el trabajador deja la entidad empleadora y es contratado por otra que se encuentra afiliada a otra Caja y cesa el respectivo descuento por planilla de la deuda. Este sistema permite que sea la Caja de Compensación de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, con el objeto de incentivar un ordenamiento financiero y evitar el sobreendeudamiento. Ahora bien, respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, su nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que usted adeude por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, razón por la cual usted no puede negarse a que se le efectúen los descuentos de que se trata”. Y de acuerdo con el Compendio de Normas del 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados, en el que, se define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”. En cuanto al descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, este no sólo es validado por la jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, sino también validado por la Dirección del Trabajo en Dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema. 6.- Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, mi representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible, y cuyo objetivo es la obligación impuesta a las Cajas de Compensación por ley de proteger el fondo social. Por ende, mal puede el recurrente pretender evadir el pago o alegar que el descuento es ilegal o arbitrario, si a la fecha mantiene una obligación vigente para con mi representada, además las Cajas de Compensación no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible las Cajas de Compensación pueden informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria, antojadiza e ilegal por parte de su representada, como pretende hacer ver el recurrente, pues esta institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado, siendo un descuento oportuno por cuanto se reitera que obligación está vigente y es exigible. 7.- En consecuencia, y en virtud de todo lo expuesto en los numerales precedentes La Araucana C.C.A.F., no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, ya que esta Caja de Compensación ha obrado en conformidad a la citada ley N°18.833 establece una modalidad de pago de los créditos sociales que, como se dijo, constituye una garantía de protección al fondo social, al señalar en su artículo 22: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Es por lo que por expreso mandato legal los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social. 8.- En síntesis, lo expuesto por el recurrente no es efectivo, atendido que: 1) No es posible señalar que los descuentos son ilegales y arbitrarios por cuanto el mismo autoriza a aplicar dichos descuentos por planilla a su futuro empleador, cuya autorización consta en el numeral 7° del Contrato de Crédito Social original folio 092001579113 y producto del cual lo único que realiza es reprogramar sus cuotas generándose una prolongación folio 092-001594936. Lo anterior conforme lo establece la Superintendencia de Seguridad Social en su Compendio Normas de 2023, libro III, Régimen de Crédito Social, en cuyo numeral 3.1.13.2 relativo a la reprogramación, señala lo siguiente: “La reprogramación constituye un acuerdo entre la C.C.A.F. y un afiliado deudor de crédito social, que permite modificar alguna de las condiciones que rigen el servicio de una deuda por concepto de crédito social. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, variaciones en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores. Por ende, no constituye pago anticipado de la obligación primitiva y consecuencialmente no genera derecho a cobrar comisión como si se tratara del prepago efectivo del crédito. Asimismo, no constituye una nueva operación de crédito que implique la emisión de otro pagaré ni la cobranza de los gastos asociados al otorgamiento de un nuevo crédito social. En caso de que la tasa de interés sea modificada, ésta debe ser la vigente al momento de la reprogramación”. 2) Las cuotas descontadas se ajustan a lo autorizado por el recurrente, lo anterior teniendo presente que es el mismo recurrente quien acompaña el certificado de prepago, y cuyo desglose se indica en el primer acápite, esto es $118.276 más $14.249 que corresponde al seguro de desgravamen, lo que sumado corresponde a la aplicación de la cuota por $132.525. 3) Cabe agregar que la aplicación del seguro de desgravamen es de carácter obligatorio, ello conforme lo establece la Superintendencia de Seguridad Social en su Compendio Normas de 2023, libro III, Régimen de Crédito Social. 4) En el caso concreto existe un cobro oportuno, no constituyendo ningún abuso, ilegalidad o arbitrariedad, ni menos una actuación que requiera ser puesta previamente en conocimiento del recurrente, ello conforme lo indica la Superintendencia de Seguridad Social en el Dictamen 56554-2015 descrito en este acápite que señala: “Ahora bien, respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, su nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que usted adeude por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, razón por la cual usted no puede negarse a que se le efectúen los descuentos de que se trata”. 5) En la especie nos encontramos frente a una obligación actualmente exigible, respecto de la cual la fecha de vencimiento de la cuota N°90 vence el 30 de junio de 2027. 9.- Por ende, el mecanismo de cobro establecido en el citado artículo 22 de la Ley N°18.833 no se trata de un actuar arbitrario, antojadizo e ilegal de la C.C.A.F. La Araucana, sino simplemente el cobro de una obligación contraída por el recurrente que, junto con reconocerla, no ha regularizado y pretende evadir a través del uso de esta acción constitucional consagrada para la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones indubitadas de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental.”

Por ello pide, tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección incoado por el abogado don Hernán Saavedra Henríquez, a favor de don nombre reservado.

Finalmente comparece por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el abogado MATIAS AMIGO GARCIA, informando: “I.- DE LOS DESCUENTOS INFORMADOS AL EMPLEADOR DE LA RECURRENTE. 1. Según nuestra Base de datos Institucional, el señor nombre reservado Rut RUT reservado, presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Fundación del Magisterio de la Araucana Rut RUT reservado Que, respecto al descuento que efectúa CCAF la Araucana por cuenta de CCAF de Los Andes, esta Superintendencia le informa que, a partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales, el que permite a la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, pueda recaudar deudas pendientes o (morosas), o vigentes contraídas con otras Caja de Compensación. En relación al procedimiento, este sistema permite, en el caso que exista una nueva afiliación, que sea la Caja de Compensación de la última afiliación, la que recaude las mencionadas deudas contraídas con anterioridad. 3. En este contexto y de acuerdo a los compromisos contraídos, Caja los Andes, a través de las nóminas de retenciones de crédito social correspondiente al mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2023, en cada mes informo un descuento por la suma de $132.525.-, respecto del crédito 092001594936, otorgado en esa Caja.4. En concordancia con lo anterior, Caja los Andes con fecha 10.07.2023, 10.08.2023 y 10.09.2023, recibió el monto informado en el mes de junio, julio y agosto, a su vez dichos montos fueron transferidos a la contraparte la penúltima semana del mes en que fueron recaudados. 5. En lo que respecta al monto informado en el mes septiembre d 2023, dicho monto no fue incluido en el pago de la nómina de retenciones del referido mes. 6. El titular no registra deuda directa con Caja los Andes.”

Que “en conclusión, la referida Caja es una sólo una diputada para el pago, todo ello en razón de las facultades que la propia ley le ha concedido, por lo que el descuento se ha efectuado bajo la legalidad, no vislumbrándose tampoco capricho”, por lo que pide, se rechace el recurso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida amague o perturbe el ejercicio de esos derechos.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a la ley, o arbitrario, es decir producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que la cuestión controvertida consiste en determinar si los descuentos en la remuneración del recurrente por parte del empleador, por concepto de un crédito social no pagado por éste, constituyen un acto arbitrario e ilegal.

TERCERO: Que de los antecedentes se desprende que el recurrente reconoce haber solicitado un crédito a la Caja de Compensación La Araucana, y ésta indica que el 18 de julio de 2019 se le otorgó por un monto de $7.916.321 pagaderos en 90 cuotas, con primer vencimiento el 31 de enero de 2020 y su última cuota con vencimiento el 30 de junio de 2027, producto de la reprogramación del crédito otorgado originalmente el 09 de abril de 2018, por 60 cuotas.

CUARTO: Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, prescribe: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro en de las sumas no enteradas. Lo anterior sin perjuicio que sea el deudor principal el primer obligado al pago del crédito”.

QUINTO: Que, de acuerdo al tenor literal de la norma antes transcrita se concluye, que la recurrida ha actuado de acuerdo a lo ordenado por la ley, específicamente los artículos 22 de la Ley N°18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo el que señala, “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”. En efecto de tales normas se desprende que el empleador está obligado a deducir, retener y enterar en la caja de compensación correspondiente las sumas que su trabajador adeude por crédito social, sin que se requiera autorización de este último.

Que a mayor abundamiento, no ha quedado fehacientemente establecido en estos autos el hecho que la recurrida haya iniciado acciones judiciales paralelas al descuento en contra del actor, ni que se haya declarado la prescripción de la presente deuda en el marco jurisdiccional, razón por la cual no podrán considerarse dichos antecedentes para la resolución del caso de marras.

SEXTO: Que, conforme a lo precedentemente razonado, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección deducida a favor de nombre reservado a folio 1.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del ministro suplente don Luis Olivares Apablaza.

N°Protección-12412-2023 (pvb).