nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S A

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien actúa por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada por su gerente general, Andrea Battini, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la Ley N° 18.156, solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas.

Expone que la recurrente solicitó, mediante el portal electrónico de la administradora, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales respecto de técnicos extranjeros y regula la devolución de los fondos enterados en el sistema chileno cuando se cumplen los requisitos legales. Indica que dicha solicitud quedó registrada bajo el N° 1282898., señalando que, con fecha 27 de marzo de 2026, la recurrente recibió notificación mediante la cual la AFP rechaza su solicitud, fundándose en que no acompaña un certificado o constancia de afiliación válido, vigente y susceptible de verificación que acredite su afiliación a un sistema previsional extranjero durante todo el período trabajado en Chile, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, la administradora sostiene que existe inconsistencia entre el contrato de trabajo y su anexo, por cuanto el primero establece la mantención de afiliación al sistema previsional chileno, mientras el segundo dispone la mantención de afiliación al sistema previsional extranjero, estimando que ello constituye una doble manifestación de voluntad.

Reproduce los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, destacando que dicha normativa exige únicamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura frente a enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos cuyo cumplimiento habilita la devolución de los fondos previsionales enterados en Chile.

Afirma que la recurrente satisface íntegramente tales exigencias, por tratarse de una profesional extranjera afiliada al sistema previsional venezolano, razón por la cual la negativa de la AFP obedece únicamente a una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desatendiendo la finalidad perseguida por el legislador, añadiendo que los documentos acompañados (contrato de trabajo, anexos y certificado de cotizaciones del sistema previsional venezolano) poseen la validez suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Explica que la constancia electrónica de afiliación es emitida por la autoridad previsional competente de Venezuela y que puede verificarse íntegramente mediante medios electrónicos oficiales. Agrega que otras administradoras de fondos de pensiones, particularmente AFP Cuprum, han aceptado certificados de idénticas características utilizando el código de verificación disponible en el portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), circunstancia que demuestra que la interpretación sostenida por la recurrida resulta excesivamente restrictiva y vulnera el derecho de propiedad de los solicitantes. Asimismo, sostiene que el propio sitio oficial del IVSS permite verificar la autenticidad del certificado mediante el número de cédula venezolana del afiliado.

Sostiene que las capturas de pantalla acompañadas demuestran que la administradora dispone de diversos mecanismos para verificar la autenticidad de la constancia electrónica, pese a lo cual rechaza la solicitud sin efectuar dicha comprobación, sin motivar suficientemente su decisión y sin analizar los antecedentes acompañados, configurando una actuación arbitraria e ilegal que afecta el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. Añade que la recurrida desconoce la normativa especial, incorpora requisitos no contemplados por la ley y descarta el certificado electrónico sin expresar fundamentos de hecho ni de derecho que justifiquen dicha decisión.

Agrega que dicho proceder vulnera tanto la garantía de igualdad ante la ley como el derecho de propiedad, previstos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, al exigir requisitos inexistentes y efectuar una interpretación restrictiva de la Ley N° 18.156 en perjuicio del administrado. Acompaña, además, copia de la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde consta la afiliación activa de la recurrente, el número de semanas cotizadas, la cobertura otorgada por dicho régimen previsional y el correspondiente código oficial de verificación electrónica.

Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente la sentencia dictada en la causa Rol N° 28.881-2022, en la cual se sostiene que la Ley N° 18.156 no puede interpretarse de manera excesivamente literal ni restringirse únicamente a trabajadores sujetos al Código del Trabajo, pues ello desatiende la finalidad perseguida por el legislador y en cuanto a la procedencia de la acción constitucional, sostiene que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos constitucionales frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, indicando que la acción ha sido deducida dentro del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

En relación con el acto recurrido, desarrolla el concepto de ilegalidad y arbitrariedad conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y afirma que la negativa de la AFP constituye una actuación arbitraria e ilegal, por cuanto la solicitud cumple íntegramente los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que la recurrida exige formalidades adicionales que la normativa no contempla, desconociendo el tenor literal y la finalidad de la ley.

Añade que, aun cuando se estimara necesaria la legalización o apostilla del certificado extranjero, tal exigencia carece de fundamento legal, pues la Ley N° 18.156 no la contempla. Asimismo, destaca la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, circunstancia de público conocimiento que hace imposible obtener determinados documentos apostillados, situación que constituye un supuesto de fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Señala, además, que la recurrente acompaña un certificado expedido por el Consulado de Venezuela en Chile, legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el certificado electrónico de afiliación, antecedentes suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa especial.

Cita igualmente la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 7.254-2025, relativa a la imposibilidad de exigir documentos apostillados cuando su obtención depende de circunstancias ajenas al interesado, especialmente considerando la situación institucional existente en Venezuela.

Sostiene que el acto recurrido vulnera la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que la administradora otorga un trato distinto respecto de otros solicitantes que se encuentran en iguales condiciones, incorporando exigencias adicionales no previstas en la Ley N° 18.156 ni en la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, invocando abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente las sentencias dictadas en los Roles N° 96.380-2021, N° 30.015-2019 y N° 79.396, en las cuales se concluye que una interpretación excesivamente literal de la Ley N° 18.156 conduce a una retención injustificada de los fondos previsionales y desconoce la finalidad de la regulación especial destinada a permitir que los trabajadores extranjeros dispongan de sus ahorros previsionales.

Añade que también resulta vulnerado el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, citando además sentencias de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción, las cuales concluyen que los certificados emitidos por instituciones previsionales extranjeras constituyen prueba suficiente para acreditar los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y que las administradoras no pueden crear nuevas hipótesis o exigencias no contempladas por el legislador para negar la devolución de los fondos previsionales.

Manifiesta que la autenticidad del certificado puede verificarse directamente mediante los sistemas electrónicos oficiales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por lo que la administradora dispone de diversos mecanismos para comprobar su validez. Añade que la recurrente no permanece actualmente en Chile y que la seguridad social de su país de origen es la llamada a otorgar las prestaciones correspondientes, razón por la cual insiste en que la normativa especial únicamente exige acreditar la afiliación previsional, sin imponer formalidades adicionales.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de AFP PlanVital S.A.; que se declare ilegal y arbitrario el rechazo y archivo de la solicitud de devolución de fondos previsionales; que se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada; que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y proceda, dentro del plazo de cinco días o del que el tribunal determine, a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados; y, en general, que se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1.-Notificación que rechaza la solicitud de retiro de fondos; 2.-Cédula de identidad para extranjeros; 3.-Título universitario; 4.-Certificado de cotizaciones previsionales emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales junto con declaración jurada; y 5.- Contrato de trabajo con su respectivo anexo.

A folio 5, comparece el abogado Víctor Tabilo Marentis, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., quien evacua el informe solicitado en estos autos sobre recurso de protección, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional, con expresa condena en costas.

Informa que, con fecha 23 de marzo de 2026, doña nombre reservado presenta, a través del sitio web de AFP PlanVital, una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Expone que dicha solicitud presenta deficiencias en la documentación acompañada, por cuanto únicamente incorpora una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una "Declaración bajo fe de juramento", motivo por el cual la Administradora rechaza la solicitud, circunstancia que comunica oportunamente el día 27 de marzo de 2026.

Explica que, conforme al Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones en respuesta a consultas formuladas por diversas administradoras de fondos, para satisfacer el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 el trabajador debe acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente de su país de origen, que mantiene cobertura respecto de todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que presta servicios en Chile, agregando que dicha certificación debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme al Convenio de La Haya y al Código de Procedimiento Civil.

Añade que el referido oficio dispone que las certificaciones electrónicas que no se encuentran legalizadas o apostilladas, o que no contienen una referencia específica a los riesgos cubiertos, carecen de aptitud para acreditar el cumplimiento del requisito relativo a la cobertura previsional en el extranjero. Asimismo, señala que las declaraciones juradas del afiliado, aun cuando se encuentren autorizadas ante notario o apostilladas, no poseen valor probatorio suficiente para estos efectos, por cuanto no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen, indicando que el mismo pronunciamiento administrativo concluye expresamente que los documentos venezolanos destinados a producir efectos en Chile deben encontrarse apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin requerirse ninguna otra actuación adicional respecto de dicha apostilla.

Sostiene que la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, razón por la cual debe interpretarse de manera restrictiva, resultando aplicable únicamente cuando concurren copulativamente todos los requisitos que contempla. Precisa que tales exigencias consisten en: a) que el trabajador tenga, a lo menos, la calidad de técnico; b) que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) que el contrato de trabajo contenga la manifestación expresa de voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación.

Agrega que el Oficio Ordinario N°12.954 establece expresamente que el trabajador extranjero debe acompañar una certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Explica que la referencia a la debida legalización comprende la correspondiente apostilla o la legalización del documento extranjero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la denominada "doble manifestación", expone que la normativa exige que el contrato de trabajo contenga una cláusula expresa mediante la cual el trabajador manifieste su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Señala que dicha manifestación puede constar en el contrato o en un anexo suscrito durante la vigencia de la relación laboral, siempre que no exista una doble e incompatible manifestación de voluntad.

Añade que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Ordinario N°7.848, de 29 de abril de 2024, dictado respecto de una situación similar, establece que cuando el contrato de trabajo y un anexo celebrado en la misma fecha contienen estipulaciones contradictorias respecto de la cobertura previsional (consignando, por una parte, la afiliación al régimen chileno y, por otra, la mantención de la afiliación al sistema extranjero), no resulta procedente acceder a la devolución de fondos previsionales, por incumplirse el requisito contemplado en el artículo 1°, letra b), de la Ley N°18.156.

Refiere que dicho oficio concluye que, existiendo documentos emitidos presumiblemente en una misma fecha con declaraciones incompatibles en materia de seguridad social, no procede la devolución de los fondos previsionales por no cumplirse el requisito legal antes referido, reiterando que la Ley N°18.156 constituye una normativa de excepción y, por consiguiente, únicamente resulta aplicable cuando concurren copulativamente todos los requisitos establecidos tanto en dicha ley como en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al derecho, sostiene que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no reviste el carácter de ilegal ni arbitrario, por cuanto se funda en las disposiciones legales que regulan la materia y en las instrucciones administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, invocando la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156; los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101, de 1980; el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el artículo 47 de la Ley N°20.255, disposiciones que atribuyen a la Superintendencia de Pensiones la calidad de autoridad técnica del sistema, la facultad de interpretar administrativamente la legislación previsional e impartir instrucciones obligatorias para las administradoras de fondos de pensiones.

Explica que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones establece un procedimiento obligatorio para todas las administradoras del sistema, siendo precisamente el Oficio Ordinario N°12.954 y dicho Compendio los antecedentes normativos que fundamentan el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, señalando que la aplicación de tales instrucciones administrativas no reviste carácter facultativo para PlanVital, sino obligatorio, razón por la cual la Administradora no incurre en actuación ilegal alguna, añadiendo que el proceder de su representada obedece a una decisión razonada y uniforme respecto de todos sus afiliados, circunstancia que excluye cualquier arbitrariedad.

Expone, asimismo, que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho de la afiliada para requerir nuevamente la devolución de sus fondos previsionales, citando al efecto la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°54.783-2024, de 8 de mayo de 2025, en la que se establece que este tipo de rechazo constituye un acto administrativo subsanable, por cuanto el interesado conserva la posibilidad de presentar nuevamente los antecedentes exigidos conforme a la normativa vigente.

Añade que la Excma. Corte Suprema también ha resuelto que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no ponen término al procedimiento ni afectan de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales, destacando que la recurrente dispone de diversos mecanismos para plantear su situación tanto ante la Administradora como ante la Superintendencia de Pensiones, estimando que la actuación de su representada no importa privación, perturbación ni amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y que se rechace íntegramente el recurso de protección deducido en contra de AFP PlanVital S.A., por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de los derechos invocados, con expresa condena en costas.

En el primer otrosí, acompaña los siguientes documentos: i) Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones; ii) Oficio Ordinario N°7.848, de 29 de abril de 2024, de la Superintendencia de Pensiones; iii) sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°54.783-2024, de 8 de mayo de 2025; iv) copia de escritura pública de 4 de octubre de 2024, otorgada ante el Notario de Santiago don nombre reservado, que acredita la personería de nombre reservado para representar a AFP PlanVital S.A.; y v) copia de escritura pública de 26 de marzo de 2026, otorgada ante el mismo notario, que acredita la personería de doña nombre reservado para representar a dicha administradora.

A folio 12, comparece nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien evacua el informe solicitado señalando en primer término, que la señora nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción cautelar, razón por la cual no existen antecedentes administrativos vinculados al recurso de protección deducido.

Sin perjuicio de ello, y con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento judicial, expone que la normativa aplicable establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen excepcional, únicamente aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, cumplan copulativamente los requisitos previstos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156. En tal sentido, reproduce el contenido de dicha disposición legal, conforme a la cual el trabajador debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el respectivo contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, recuerda que la exención no comprende los riesgos derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulados por la Ley N° 16.744.

Agrega que el artículo 7° de la Ley N° 18.156 dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones pueden solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° del mismo cuerpo legal. A partir de dichas disposiciones, sostiene que la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, cuya interpretación debe efectuarse de manera estricta y cuya aplicación únicamente procede cuando se verifican íntegramente todos los requisitos copulativos contemplados por el legislador. En consecuencia, afirma que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a solicitudes de devolución de fondos previsionales o de exención de cotizar cuando el trabajador extranjero acredita el cumplimiento de las exigencias previstas en las letras a) y b) del artículo 1° de la referida ley, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa uniforme de esa Superintendencia.

Señala que, conforme al numeral 8 del artículo 47 de la Ley N° 20.255, al numeral 3 del artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y al literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, corresponde a dicho organismo ejercer la interpretación administrativa de las normas que regulan el Sistema de Pensiones. En virtud de esa potestad legal, sostiene que ha dictado una jurisprudencia administrativa destinada a asegurar la correcta aplicación de la Ley N° 18.156 y de los beneficios excepcionales contemplados en dicho cuerpo normativo.

Expone que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia exige, para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con cobertura previsional respecto de todos los riesgos contemplados en dicha disposición durante la totalidad del período en que presta servicios en Chile. En materia de salud, agrega que la cobertura debe ser integral, comprendiendo tanto prestaciones médicas como pecuniarias en caso de enfermedad común. Asimismo, precisa que la afiliación al régimen de seguridad social extranjero debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de servicios en Chile y que la voluntad de mantener dicha afiliación debe quedar expresamente consignada en el contrato de trabajo o en un anexo del mismo.

Sostiene que, para arribar a ese criterio interpretativo, el organismo tiene especialmente en consideración el espíritu del legislador contenido en el Informe Técnico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 23 de diciembre de 1987. Señala que dicho informe explica que la finalidad del nuevo sistema previsional basado en la capitalización individual hace innecesario obligar a trabajadores extranjeros, que ya mantienen cobertura previsional en sus países de origen, a cotizar simultáneamente en Chile durante un período transitorio de prestación de servicios. Asimismo, indica que el legislador procura evitar que dichos trabajadores deban mantener fondos previsionales en Chile hasta cumplir los requisitos para pensionarse conforme al Decreto Ley N° 3.500, situación que, además de dificultar el acceso posterior a tales recursos desde el extranjero, conduciría normalmente a pensiones de escasa cuantía debido al breve tiempo de cotización en el país.

A partir de ello, argumenta que tanto el tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 como la finalidad perseguida por el legislador permiten concluir que el beneficio excepcional únicamente procede cuando el trabajador extranjero permanece afiliado, durante todo el período en que presta servicios en Chile, a un régimen previsional extranjero que le otorgue cobertura efectiva frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que la jurisprudencia uniforme del Servicio, contenida, entre otros, en los Oficios N° 21.480 de 2017, N° 23.208 de 2023 y N° 3.141 de 2024, establece que para acreditar el cumplimiento del requisito legal no basta acompañar documentos que describan en términos generales las prestaciones otorgadas por un determinado sistema previsional extranjero, ni cartolas que únicamente registren cotizaciones efectuadas en dicho sistema. Por el contrario, exige una certificación emitida por la autoridad previsional competente en la que conste específicamente que el trabajador cuenta con cobertura efectiva respecto de todos los riesgos contemplados por la ley durante todo el tiempo en que desarrolla actividades laborales en Chile.

Precisa que, si bien dichos oficios se dictan con ocasión de reclamaciones particulares, recogen una doctrina administrativa uniforme respecto de la forma en que debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales. En tal sentido, sostiene que los solicitantes deben demostrar que disponen de protección efectiva frente a las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (esta última con cobertura médica y pecuniaria) durante todo el tiempo en que prestan servicios en Chile, con independencia de que se encuentren o no efectuando cotizaciones al sistema extranjero. Agrega que el documento acreditativo debe emanar de la autoridad competente en materia de seguridad social del respectivo país y encontrarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Informa que, mediante los Oficios N° 8.740 de 20 de abril de 2017 y N° 1.259 de 24 de enero de 2024, interpreta el artículo 1° de la Ley N° 18.156 en el sentido de admitir, de manera excepcional, certificaciones emitidas por embajadas o consulados extranjeros para acreditar la cobertura previsional, siempre que en el propio documento conste expresamente que tales representaciones diplomáticas actúan con representación legal del organismo previsional competente de su país. Explica que dicha exigencia resulta necesaria debido a que sobre la base de esa certificación se otorga un beneficio excepcional que exime al trabajador extranjero de someterse al régimen previsional chileno.

Expone que, mientras la Embajada de Venezuela mantuvo funcionamiento en Chile, la delegación consular venezolana emitía las certificaciones necesarias para acreditar la cobertura previsional exigida por la Ley N° 18.156, las que posteriormente deben ser legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Señala que dichas certificaciones otorgaban certeza suficiente respecto de la situación previsional del trabajador extranjero, por emanar de una autoridad que actuaba en representación del organismo previsional venezolano competente.

Respecto del caso concreto, informa que la recurrente acompaña una declaración jurada suscrita por su mandataria, doña nombre reservado, otorgada ante notario el 17 de marzo de 2026, mediante la cual declara que la actora se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que dicho organismo le proporciona cobertura frente a diversas contingencias previsionales, indicando además que la constancia puede verificarse a través del sitio web oficial del IVSS. No obstante, sostiene que dicho instrumento no constituye un medio idóneo para acreditar el requisito legal, por cuanto la certificación sobre cobertura previsional debe ser emitida exclusivamente por la autoridad previsional competente del país respectivo, única entidad facultada para dar fe de esa circunstancia conforme a su ordenamiento jurídico. En consecuencia, afirma que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden aceptar como suficiente una declaración jurada otorgada por el propio trabajador o su mandatario para acreditar su situación previsional en el extranjero, indicando que también tiene a la vista la denominada "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento acompañado por la recurrente para respaldar su solicitud.

Hace presente que el mismo criterio interpretativo desarrollado en su jurisprudencia administrativa resulta plenamente aplicable a la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la recurrente, explicando que dicho documento no individualiza las coberturas previsionales específicas de que goza la trabajadora ni permite determinar el período durante el cual ha contado con tales prestaciones, limitándose únicamente a efectuar una referencia general a las coberturas que contempla el sistema previsional venezolano, añadiendo que el certificado carece de firma de la autoridad que lo emite y tampoco se encuentra legalizado ni apostillado, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla, razón por la cual no constituye un medio idóneo para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Asimismo, hace presente que dicho certificado, emitido el 12 de septiembre de 2025, tenía vigencia únicamente hasta el 30 de septiembre del mismo año.

A continuación, informa que los Tribunales Superiores de Justicia mantienen de manera uniforme el criterio consistente en rechazar los recursos de protección deducidos por trabajadores extranjeros de nacionalidad venezolana que pretenden acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 mediante constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que carecen de vigencia, firma, legalización o apostilla. Señala que las distintas Cortes de Apelaciones han resuelto que las decisiones adoptadas tanto por las Administradoras de Fondos de Pensiones como por la Superintendencia de Pensiones se ajustan plenamente a la Ley N° 18.156, al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las reglas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero. En apoyo de dicha afirmación cita, entre otros, diversos fallos pronunciados por las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel, Iquique, Concepción y Antofagasta.

Añade que la Excma. Corte Suprema ha confirmado reiteradamente el criterio sostenido por las Cortes de Apelaciones, lo que evidencia concordancia entre la jurisprudencia judicial y la interpretación administrativa desarrollada por la Superintendencia. Como ejemplo, menciona la sentencia de 26 de junio de 2025, pronunciada en el Rol N° 17.866-2025, mediante la cual el máximo tribunal confirma el rechazo de un recurso de protección interpuesto por una afiliada venezolana en contra de AFP Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. Destaca que, en dicho fallo, la Corte Suprema concluye que la solicitud fue válidamente rechazada por no haberse acompañado un certificado del régimen previsional extranjero que cumpliera con las exigencias de legalización o apostilla previstas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia. Asimismo, resuelve que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al carecer de firma autorizada y de legalización o apostilla, no satisface los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico chileno, precisando que la existencia de un código de verificación electrónica no sustituye dichas formalidades.

Considera que no puede calificarse de ilegal ni arbitraria la actuación de la AFP ni de la Superintendencia al exigir el cumplimiento de los estándares legales aplicables a los documentos otorgados en el extranjero, agregando que, aun cuando la Ley N° 18.156 no contemple expresamente la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre eficacia probatoria de instrumentos públicos extranjeros, señalando que la Excma. Corte Suprema ha reiterado ese mismo criterio en diversas sentencias pronunciadas durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Expone que, en dichos pronunciamientos, el máximo tribunal enfatiza que la devolución de fondos previsionales únicamente procede cuando el trabajador extranjero acredita, en la forma y oportunidad previstas por la ley, su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que le otorgue cobertura suficiente, al menos, frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la relación laboral desarrollada en Chile, añadiendo que la Corte Suprema destaca que no basta la mera existencia material de dicha afiliación, sino que ésta debe acreditarse mediante medios de prueba idóneos y formalmente válidos conforme a las exigencias que rigen para los documentos públicos otorgados en el extranjero.

Hace presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones ejercer la interpretación administrativa del sistema previsional, facultad que se materializa mediante instrucciones destinadas a uniformar criterios respecto de la aplicación de beneficios de carácter excepcional, señalando que el máximo tribunal reconoce que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que la acreditación de la cobertura previsional extranjera se efectúe mediante certificaciones emitidas por la autoridad previsional competente, debidamente legalizadas o apostilladas, careciendo de eficacia jurídica las constancias electrónicas no firmadas, no legalizadas o no apostilladas y las declaraciones juradas del propio afiliado. Finalmente, destaca que la Corte Suprema aborda la alegación relativa a las dificultades derivadas del cierre de la representación diplomática venezolana en Chile, indicando que dicha circunstancia no torna imposible cumplir con las exigencias legales, toda vez que la legalización o apostilla puede efectuarse a través de consulados de terceros países o mediante los mecanismos oficiales habilitados por la autoridad extranjera competente.

Manifiesta que, mediante el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia responde consultas formuladas por AFP Cuprum S.A. y AFP Uno S.A. acerca de la situación de los afiliados venezolanos tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, impartiendo instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones y ratificando el criterio previamente sostenido respecto de los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, señalando que en dicho pronunciamiento se reitera expresamente que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que carecen de firma y de legalización o apostilla no constituyen medios idóneos para acreditar el requisito legal, por cuanto la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Indica que, además del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, corresponde acreditar igualmente el contemplado en la letra b) del mismo precepto, consistente en que el contrato de trabajo incorpore una cláusula mediante la cual el trabajador extranjero manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, explicando que dicho requisito reviste carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando la voluntad del trabajador aparece consignada de manera clara e inequívoca en el contrato de trabajo celebrado en Chile.

Afirma que la jurisprudencia administrativa del Servicio ha establecido que, cuando la voluntad manifestada por el trabajador en el contrato de trabajo y en sus anexos resulta contradictoria, no procede acceder a la devolución de los fondos previsionales. Precisa que ello ocurre cuando el contrato señala que el trabajador se encuentra afiliado al sistema previsional chileno regulado por el Decreto Ley N° 3.500 y un anexo posterior expresa que mantiene afiliación al sistema previsional extranjero, puesto que ambas declaraciones resultan incompatibles y no permiten tener por acreditada, de manera indubitable, la voluntad de mantenerse exclusivamente afiliado al régimen previsional extranjero durante todo el período en que se cotiza en Chile. Igual conclusión sostiene respecto de aquellos casos en que el trabajador declara simultáneamente su intención de mantener afiliación al sistema extranjero y continuar enterando cotizaciones en el sistema chileno.

Sin perjuicio de ello, aclara que la propia jurisprudencia administrativa admite que el requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 puede entenderse satisfecho cuando, durante la vigencia de la relación laboral, el trabajador suscribe un anexo de contrato en el que manifiesta expresamente su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional extranjero, toda vez que dicho anexo pasa a formar parte integrante del contrato de trabajo, enfatizando que esa manifestación de voluntad debe producirse oportunamente, esto es, mientras la relación laboral se encuentra vigente, ya que una declaración efectuada con posterioridad resulta extemporánea y no habilita al trabajador para solicitar la devolución de las cotizaciones enteradas en una Administradora de Fondos de Pensiones.

En relación al caso concreto, informa que la recurrente acompaña el contrato de trabajo celebrado el 2 de mayo de 2018 con la empresa Avalon Group SpA, cuyo texto establece expresamente que su régimen previsional corresponde a AFP PlanVital y que el empleador efectuará las deducciones legales por concepto de cotizaciones de seguridad social, añadiendo que, en un anexo suscrito el mismo día, la trabajadora declara encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y manifiesta su voluntad de mantener dicha afiliación; sin embargo, dicho anexo deja subsistentes las cláusulas del contrato principal, de manera que ambas declaraciones coexisten y resultan contradictorias, reiterando que no dispone de antecedentes que permitan concluir que la recurrente cumple las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales y, sobre la base de todas las consideraciones expuestas, solicita a la Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia consiste en el rechazo, por parte de AFP PlanVital S.A., de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, decisión fundada en que los antecedentes acompañados no permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por dicha normativa, particularmente aquellos relativos a la afiliación a un régimen previsional extranjero y a la documentación exigida para acreditar dicha circunstancia, además de advertirse contradicciones entre el contrato de trabajo y el anexo acompañado respecto de la manifestación de voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera.

Quinto: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que la decisión impugnada no constituye una determinación adoptada en forma caprichosa o infundada, sino que descansa en criterios objetivos derivados de la interpretación administrativa vigente respecto de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156.

En efecto, la administradora fundamenta el rechazo en que la certificación acompañada por la recurrente no satisface las exigencias previstas por la autoridad administrativa para acreditar la cobertura previsional extranjera durante todo el período trabajado en Chile, al no encontrarse debidamente legalizada o apostillada ni contener los elementos necesarios para demostrar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1° letra a) de la citada ley. Del mismo modo, advierte la existencia de estipulaciones contradictorias entre el contrato de trabajo y el anexo suscrito el mismo día respecto del régimen previsional aplicable, cuestión que, conforme a la jurisprudencia administrativa invocada, impide tener por acreditada la voluntad inequívoca de mantener la afiliación previsional extranjera.

Sexto: Que, sobre el particular, se debe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten, copulativamente, los requisitos previstos en su artículo 1°, entre ellos, encontrarse afiliados a un sistema de seguridad social extranjero que les otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, requisitos que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento d ellos requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. En el mismo sentido ha sido fallado por la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, donde ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente.

Octavo: Que las alegaciones formuladas por la recurrente descansan, esencialmente, en una interpretación distinta de los requisitos contemplados en la Ley N° 18.156 y de la suficiencia probatoria de los antecedentes acompañados para acreditar su cumplimiento.

Sin embargo, la determinación acerca de si tales documentos satisfacen o no las exigencias legales y administrativas aplicables constituye una cuestión de interpretación normativa y de valoración de antecedentes técnicos que excede el ámbito cautelar del recurso de protección, cuyo objeto no consiste en sustituir a la autoridad competente en la aplicación del estatuto previsional ni resolver controversias que requieren un examen de fondo respecto de la procedencia del beneficio reclamado.

Noveno: Que tampoco aparece acreditada una actuación discriminatoria que permita estimar vulnerada la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde que la decisión impugnada se funda en criterios generales derivados de la normativa vigente y de instrucciones impartidas por el organismo competente, sin que exista antecedente alguno que permita concluir que la recurrente haya recibido un trato diverso respecto de otros afiliados que se encuentren en iguales circunstancias.

Décimo: Que, del mismo modo, no puede estimarse afectado el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que el rechazo de la solicitud no importa la pérdida de los fondos previsionales ni su apropiación por parte de la recurrida, sino únicamente la negativa a acceder a un beneficio legal de carácter excepcional mientras no se acrediten los presupuestos que la ley exige para su procedencia.

Por lo demás, del mérito de los antecedentes aparece que la decisión impugnada no produce un efecto irreversible respecto del derecho invocado, atendido que la interesada conserva la posibilidad de ejercer las vías administrativas previstas en el ordenamiento jurídico o presentar una nueva solicitud acompañando antecedentes que satisfagan las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Undécimo: Que, en consecuencia, no se advierte que el actuar de la recurrida constituya un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sino el ejercicio de facultades conferidas por la legislación previsional, conforme a las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad administrativa competente, de modo que la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, por sí y en representación de doña nombre reservado, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Federico Eugenio Gutiérrez Salazar.

N° Protección-1241-2026.(csd)