Protección contra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, once de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que comparece don nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesor, cédula de Identidad Nº NUM000, de su mismo domicilio e interpone acción constitucional de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, desconozco profesión u oficio, o quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la orden dada por la recurrida de diminución de los ingresos del recurrente, además conminándolo a restituir una suma de dinero por concluirse que los habría percibido indebidamente.

HECHOS:

Expone la recurrente que en mayo del año 2018, y virtud de la ley 21.040, se produce el traspaso de los establecimientos educacionales de la Municipalidad de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra y Toltén, al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA), y con ellos se traspasó también el personal docente desde las Municipalidades respectivas al Servicio Local de Costa Araucanía, según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la ley n° 21.040 ministerio de educación; subsecretaría de educación.

Indica que no tuvo la opción de elegir el traspaso al SLEPCA, aceptando las condiciones que se comunicaron en ese momento, el que fue un traspasado sin solución de continuidad.

Manifiesta que, luego del traspaso siguió realizando las mismas labores que realizaba en la Municipalidad de Saavedra; trabajo administrativo y técnico pedagógico. Actualmente trabaja como asesor técnico pedagógico de cuatro Establecimiento Educacionales de la Comuna de Nueva Imperial, Escuelas Básicas, además, a cargo del Sistema de Admisión Escolar.

Señala el recurrente que, en reiteradas ocasiones envió correos electrónicos solicitando el pago de la totalidad de su sueldo, al no tener respuesta, tuvo que solicitar una respuesta por correo electrónico del director ejecutivo, quien le respondió con el Ordinario N° 147 de fecha 02 de marzo de 2020, comunicándole que con fecha 27 de enero de 2020 habrían hecho una consulta a Contraloría General de la República. Debido a que se estaba cuestionado la procedencia de su sueldo tuvo problemas médicos por angustia y desanimo. Por ello concurrió a la ACHS, recibiendo tratamientos siquiátricos hasta la fecha.

Refiere que con fecha 19 de noviembre de 2020, se le notifica vía correo electrónico, que se dará cumplimiento a la resolución de Contraloría General de la Republica Res: NUM003 donde se le descontará la asignación que es parte de su sueldo, además del no pago de este en lo sucesivo, es decir debe restituir una gran cantidad de millones de pesos y además dejar de percibir un importante porcentaje de su sueldo. El miércoles 25 de noviembre de 2020 se le notifica por carta certificada.

En virtud de lo señalado, alega vulnerada la Garantía Constitucional consagradas en el Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; esto es, el derecho de propiedad, por cuanto se ha dispuesto una disminución de sus ingresos, de forma arbitraria e ilegal y además de ello, ordenando la restitución de los montos de la asignación que supuestamente ha percibido irregularmente hasta la fecha.

Indica que los actos arbitrarios e ilegales denunciados, conculcan el derecho establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la Republica, pues al efectuar una disminución o resta de sus ingresos, implica una diferencia que es arbitraria y constituye por sí mismo una discriminación, sobre todo considerando que el recurrente no influencia en el traspaso, así como también, no participando de forma alguna en los contenidos de su nombramiento, tales como su remuneración, carga laboral o labores a desempeñar.

Por lo antes expuesto, pide se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida abstenerse de llevar a cabo la disminución de su sueldo o remuneración, así como también ordenando que no se le obligue a restituir suma alguna por supuestamente haber percibido una asignación de forma irregular, todo con expresa condenación en costas por el actuar infundado de la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos a su presentación: 1. Certificado de antigüedad laboral de mí representado. 2. Decreto traspaso. 3. Copia ficha médica de mi representado.

Que mediante presentación de fecha 04 de enero del año dos mil veintiuno, evacuó su informe la recurrida Servicio Local De Educación Pública Costa Araucanía a través del abogado Fernando Lafont Campos, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Señala como antecedentes del recurso que, con fecha 06 de octubre de 2014, la Municipalidad de Saavedra mediante decreto alcaldicio N°997, otorgó al señor nombre reservado de Administración de Educación Municipal en un 200% aplicada sobre la remuneración básica mínima nacional de enseñanza media a contar del 01 de septiembre de 2014. Con posterioridad el recurrente fue traspasado al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía de conformidad a la ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.

Agrega que, mediante el Oficio Ordinario NUM004 de fecha 27 de enero de 2020, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA) solicitó a la Contraloría Regional de la Araucanía que emitiera un pronunciamiento acerca de la procedencia de mantener el pago del estipendio mencionado.

Argumenta, en primer lugar, que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que la Ilustrísima Corte deje sin efecto la decisión adoptada por Contraloría y acatada por la recurrida, y se le reconozca el derecho a percibir la asignación de administración de educación municipal.

Se trataría entonces de una cuestión de lato conocimiento, tendiente a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho amparado por nuestra Carta Fundamental.

Seguidamente expone que hay ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, pues únicamente adoptó las medidas ordenadas por el Contralor General de la República, dando cumplimiento al imperativo legal, en relación a que las decisiones y dictámenes de dicha entidad de control, en materias de su competencia, son obligatorias y vinculantes para los Servicios sometidos a su fiscalización. El incumplimiento de un pronunciamiento significaría la infracción de los deberes funcionarios.

Entiende también que no es procedente respecto del recurrente la asignación de administración de educación municipal, esto por cuanto el articulo 34 letra G de la ley N°19.070 contempla esta asignación siendo inherente al cargo de jefe del departamento de administración de educación municipal (DAEM), en virtud del ejercicio de dichas funciones y mientras permanezca en el cargo. Por lo mismo dicha asignación es carácter de temporal y condicionada al ejercicio de dichas funciones. Funciones que dejó de ejercer el recurrente una vez traspasado el Servicio Educacional, por cuanto fue eliminado el cargo de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, y como consecuencia se derogó, entre otros, el articulo 34 letra G de la ley N°19.070, de conformidad al artículo 72 N°27 de la ley N°21.040. No correspondiéndole el pago de una asignación por un cargo que no ejerce y que no existe en la actualidad.

Precisa que artículo trigésimo noveno transitorio, regula el traspaso de los profesionales de la educación que se desempeñen en las Municipalidades y Corporaciones Municipales, y que ocupen cargos directivos o técnico- pedagógicos como parte de una dotación docente. Indica que en el caso del Jefe del Departamento de Educación Municipal que haya pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir dicho cargo, podrá continuar desempeñándose en ella si existe disponibilidad en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5 del decreto con fuerza de ley N°1 de 1996, del Ministerio de Educación, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad O Corporación Municipal. Lo anterior será sin derecho a la asignación establecida en el artículo 34 G del decreto con fuerza de ley ya citado. Así, señala, la situación de los Jefes del Departamento de Educación Municipal fue expresamente regulada por el legislador en la aludida normativa, desprendiéndose que en ningún caso corresponde el pago del estipendio reclamado por el recurrente.

Por todo lo anterior, entiende que hay ausencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias alegadas por la recurrente, que priven, amenacen o perturben el derecho de propiedad, pues es necesario para ello que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, situación que no se verifica en la especie, atendido que la asignación que reclama no cumplió con la normativa legal referente al traspaso del personal municipal regido por el Estatuto Docente y la ley N°21.040. Y más aún, no existe una vulneración al derecho de propiedad del recurrente, pues la única actuación realizada por ella ha sido notificar lo dictaminado por el Contralor General de la República.

En cuanto a la supuesta garantía constitucional conculcada del derecho de igualdad ante la ley -consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República-, agrega que, en ningún sentido se ha establecido diferencias arbitrarias, pues la decisión de cesar en el pago del estipendio reclamado, así como ordenar su restitución, obedece al cumplimiento de un imperativo legal establecido en el inciso final del artículo 6 de la ley N°10.336, de carácter obligatorio y vinculante para la recurrida.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto, pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Acompaña la recurrida los siguientes documentos a su presentación: 1.Copia Dictamen NUM003 de la Contraloría General de la República; 2. Copia oficio ordinario NUM004 de 27 de enero de 2020 del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía; 3. Copia oficio ordinario NUM002 de 04 de noviembre de 2020 Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía; 4. Copia Liquidación de remuneraciones mes de octubre de 2020 del señor nombre reservado

nombre reservado; 5. Copia liquidación de remuneraciones mes de noviembre de 2020 del señor nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, la actuación u omisión es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, se ejerce la presente acción en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA con motivo del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la orden dada por la recurrida de diminución de los ingresos del recurrente, además conminándolo a restituir una suma de dinero por concluirse que los habría percibido indebidamente.

CUARTO: Que como consta del informe evacuado por la recurrida, la Ley N° 21.040 creo el Sistema de Educación Pública orientado al pleno desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y características. Procura una formación integral de las personas, velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, entre otros, y estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos.

El objeto del Sistema de Educación Pública es obtener que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración, que formen parte de los Servicios Locales de Educación Pública que son creados en la presente ley, una educación pública, gratuita y de calidad, laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, considerando las particularidades locales y regionales, garantizando el ejercicio del derecho a la educación, como lo expresan los artículos 1, 2 y 3 de la Ley citada.

QUINTO: En virtud de la legislación citada, se traspasaron al Servicio Local de Educación Pública de diversos establecimientos educacionales municipales, entre ellos, los pertenecientes a la Municipalidad de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra y Toltén, al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA), y con ellos se traspasó también el personal docente desde las Municipalidades respectivas al Servicio Local de Costa Araucanía, según lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno transitorio de la ley N° 21.040 citada.

En base a lo anterior, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA) solicitó a la Contraloría Regional de la Araucanía que emitiera un pronunciamiento acerca de la legalidad de hacer cesar el pago que se hacía al recurrente don nombre reservado de Administración de Educación Municipal, o bien en el caso de mantenerse dicha asignación se determinara el porcentaje en que debía pagarse. Al mismo tiempo, si ella debía cesar, se instruyera acerca del modo de proceder a regularizar la situación, y se fuese necesario pedir la restitución de lo pagado en exceso, el modo y cantidad que correspondía considerar.

SEXTO: Que, evacuando la consulta referida la Contraloría General de la República mediante ordinario N° 565 de 4 de noviembre de 2020 informó que debía darse aplicación al Dictamen E45750/2020 de fecha 23 de octubre de 2020 y que deberían ser restituidas las sumas percibidas a título de la indicada asignación. La respuesta contenida en el Dictamen del órgano contralor fue puesta en conocimiento del recurrente en atención a que le afectaba directamente y al hecho que la Contraloría decidió conferirle traslado de la decisión.

SEPTIMO: Que, como consecuencia de lo relacionado antes, el asunto traído a estrados resulta ajeno al objeto y naturaleza cautelar del recurso de protección, puesto que se trata de controvertir, a través de una supuesta vulneración de derechos fundamentales, el desarrollo de actos administrativos destinados a resolver sobre la procedencia del pago de una asignación remuneracional del recurrente, cuya decisión ha sido cuestionada por el órgano contralor en uso de sus facultades de interpretación administrativa de la nueva legislación aplicables a los establecimientos educacionales a cargo del Estado.

Como consecuencia de lo mismo, no se intenta amparar un derecho indubitado, sino uno que está en desarrollo, y que deberá ser en definitiva determinada su procedencia o improcedencia y los efectos que esta decisión tendrá, lo que a la fecha aún no ha ocurrido.

OCTAVO: Que, de la misma forma, no resulta posible accionar en contra del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía en base a la atribución de un acto arbitrario e ilegal que ella no ha ejecutado, puesto que la decisión ha sido adoptada por la Contraloría General de la República, respecto de quien no se ha enderezado el presente recurso.

NOVENO: Que, se puede agregar a lo antes señalado, que lo ejecutado por el Servicio recurrido no puede ser calificado de ilegal o arbitrario, porque se limitó a informar lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en cumplimiento del imperativo legal que importan para los órganos del Estado aquellas disposiciones o decisiones adoptadas por la entidad contralora, siendo estas obligatorias y vinculantes para la recurrida.

DECIMO: Que, en definitiva, los hechos denunciados en el recuso se enmarcan en la modificación que la Ley 21.040 introdujo al sistema educacional a cargo del Estado, y que lo obrado respecto del recurrente corresponde a las adecuaciones necesarias que deben ser determinadas por los órganos administrativos correspondientes, sin que pueda requerirse del poder judicial una intromisión en tales asuntos, antes que ello se encuentre definitivamente establecido en conformidad a las normas legales.

Por lo razonado y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en los numerales 2° y 24° del artículo 19 del mismo cuerpo normativo y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Mencarini Neumann Rol N° Protección-12400-2020.(jog)