nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado, Ingeniero Constructor, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra del SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representada legalmente por D. nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, específicamente contra Resolución Exenta N°56 de fecha 27 de diciembre de 2024 que aplica medida de destitución, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho:

Explica que mediante Resolución Exenta N°56 de fecha 27 de diciembre de 2024 dictada en el marco de un sumario administrativo se dispone a su respecto la sanción de destitución y la imposibilidad de volver a prestar servicios para la administración del Estado por un periodo de 5 años, haciendo presente que previo a ello con fecha 7 de agosto de 2024, estando ya iniciado el sumario, se aceptó su renuncia al SERVIU de la Región de la Araucanía.

En cuanto los cargos por los que finalmente se le sancionó son los siguientes:

“CARGO 1: No cumplir con su deber de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, al no realizar sus labores con esmero, dedicación y eficiencia.”

Indica que en relación con este cargo, se menciona que incumplió las exigencias establecidas en diversas bases de licitación para la ejecución de obras, en cuanto a la exigencia de experiencia para ejercer el rol de profesional autocontrol, respecto de la aprobación de D. nombre reservado, mi cuñado, quien, de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía administrativa, no contaba con la experiencia exigida, indicando las siguientes obras en las que se desempeñó como Inspector de Obras: 1) Muro pasaje La Granja entre Las Palmeras y Pablo Neruda, comuna de Temuco y 2) Mejoramiento Avenida nombre reservado Durand entre Avenida Andes y el nombre reservado, Temuco.

Precisa que luego se indica que las conductas descritas infringen el art. 61 letras c) y g) del Estatuto Administrativo.

“CARGO 2: Infringir el principio de probidad administrativa, al no haberse abstenido en el marco de sus funciones, como Inspector Técnico de Obra, en la aceptación como profesional de autocontrol, a Don nombre reservado, Run RUT reservado (*), con quién tiene un grado de parentesco por afinidad en 2° grado (cuñado), situación que se acreditó en tres obras a su cargo, desde el año 2019 al 2023. Cabe señalar, que acorde a las bases de licitación de las respectivas obras el Director e Inspector de la Obra es quién debe velar por la revisión y el cumplimiento de los requisitos exigidos de los profesionales en los cargos de residente y autocontrol de la obra, así como otorgar el respectivo visto bueno de quienes cumplen dicha función en la respectiva obra.”

Lo anterior en relación a las siguientes obras: 1) Muro Pasaje La Granja entre las Palmeas y Pablo Neruda, comuna de Temuco y 2) Mejoramiento Av. nombre reservado Durand entre Av. Andes y el nombre reservado, Temuco.

Detalla que a continuación se señala que las conductas descritas infringen el art. 61 letra g del Estatuto administrativa.

Posteriormente, relata en que consistieron las diferentes etapas del sumario administrativo haciendo énfasis en las insuficiencia de las pruebas que acreditan los cargos y falta de motivación del acto administrativo que lo sanciona considerando que se incumple lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

En efecto, argumenta que la resolución Exenta N°56 simplemente es un enunciado de las gestiones realizadas, no analizando los cargos ni los descargos, sin valoración de la prueba y sin contar con un razonamiento lógico y claro. En definitiva, en el caso, no hay un análisis real y responsable, limitándose a una reproducción de lo acontecido en el proceso.

Sostiene que la decisión de la autoridad vulnera el principio de objetividad debido a que se incumplió , el deber mínimo que le asistía a la fiscal se puede resumir del siguiente modo: “El fiscal deberá investigar, con igual celo y acuciosidad, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los afectados, sino también aquellos que les eximan de ella, la atenúen o extingan”, principio que se encuentra establecido en el art. 8 inciso 4 del Reglamento de Sumarios ordenados de instruir por Contraloría General de la República, en armonía con el artículo 22 del Código Civil, y relacionado con lo dispuesto en el art. 121 inciso 2 del Estatuto administrativo.

Explica que en el mismo sentido, no se habrían considerado para reducir la sanción las tres circunstancias atenuantes reconocidas (calificaciones, las anotaciones de mérito, inexistencia de anotaciones de demérito).

Explica que como consta en su declaración prestada en el presente sumario, el procedimiento disciplinario surge a raíz de la participación de su cuñado, quien ofertó en una licitación para el Servicio, respecto de la cual se inhabilité. Sin embargo, se denuncia el hecho de que él había ejercido labores anteriormente para una empresa en calidad de autocontrol, obras que se ejecutaron para Serviu; situación que reconoció en su declaración que consta a fojas 5 del expediente, esto debido a que consideró, en su momento, que su relación con el profesional autocontrol era muy indirecta, no afectando a sus labores de Inspector Técnico de Obras, (misma conclusión realizada por D. nombre reservado a fojas 23: “El autocontrol, controla la ejecución de la obra de manera responsable profesionalmente. Por lo general la mayor relación es con el residente de la obra.” Cita textual. y D. nombre reservado a fojas 28: “La función del autocontrol es controlar el manual del MITO, entregar a la inspección de las partidas. Se relacionan indirectamente con el ITO, el ITO se comunica directamente con el Residente…” cita textual); reconociendo asimismo que, al momento de la ocurrencia de los hechos no consideró estar incurriendo en una falta a alguna obligación en su calidad de funcionario público.

Hace presente que, ambas obras, se encuentran ejecutadas y recepcionadas por una comisión de Serviu, compuesta por profesionales del área de la construcción, sin observaciones, lo que constituye una prueba indubitable de que jamás se ha producido un enriquecimiento o beneficio particular en las situaciones descritas ni un perjuicio para el Servicio; que, en caso de existir responsabilidad, si es posible asumir la falta de control que por las labores propias del cargo resulta difícil de realizar de manera exhaustiva, esto atendido a la cantidad de carga laboral que la propia función implica.

Alega que la Resolución Exenta N°56 de fecha 27 de diciembre de 2024 se ha dictado contraviniendo el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 121 del Estatuto Administrativo ya que la sanción de destitución resulta totalmente desproporcionada según los antecedentes que constan en el expediente.

Arguye que de conformidad a lo sostenido en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República una determinada conducta no debe ser calificada como una infracción grave al principio de probidad administrativa en los siguientes casos: 1) La conducta no es grave porque no hay mala fe del inculpado. (Dictamen 37741 de 2003 y 61816 de 2009); 2) La conducta no es grave porque produce un daño menor y es realizada en forma esporádica. (Dictamen N°20439 de 2004), 3) La conducta no es grave debido a la ausencia de beneficios patrimoniales del infractor (dictamen N° 20.439 de 2004); 4) La conducta no es grave, porque el inculpado incurre en falta, para satisfacer necesidad del servicio y no interés personal (dictamen N° 3.025 de 2012); 5) La conducta no es grave porque no se acreditó un actuar deshonesto, que privilegie el beneficio particular por sobre el del servicio al que pertenece el inculpado (dictamen N° 54.642 de 2005).

Considera que el actuar de la recurrida vulnera las siguientes garantías constitucionales:

Derecho a la igualdad ante la ley el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República pues que su desvinculación luego de 13 años de funciones, con excelentes calificaciones, anotaciones de mérito, inexistencia de anotaciones de demérito, no se encuentra debidamente fundamentada y, además, no se consideran sus atenuantes al momento de graduar la sanción, y al no respetar el principio de proporcionalidad de la sanción, lo que lo deja en desigual posición a otros funcionarios a quienes si se les ha hecho una ponderación de las circunstancias al momento de determinar la cuantía de la sanción administrativa.

Agrega que también se vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República ya que se le priva ilegal y arbitrariamente de su la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

A su juicio, se infringe también su derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República debido a que desde la dictación de la ilegal y arbitraria aplicación de la sanción de destitución, se ha encontrado sometido a un alto nivel de estrés, sobre todo ante el sentimiento de injusticia por el resultado del procedimiento disciplinario, lo cual no se condice con su desempeño durante todo el tiempo que fue funcionario público, nivel de estrés de ser injustamente sancionado por conductas que no revisten la gravedad necesaria y resultan únicamente un actuar arbitrario por parte del Director de Serviu Región de la Araucanía.

Pide tener por presentado recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representado legalmente por su Director Sr. nombre reservado, lo declare admisible y ordene someterlo a tramitación, para que en definitiva se acoja la acción constitucional, sirviéndose adoptar de todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo: 1) Que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por la Resolución Exenta 56 de 27 de diciembre de 2024, del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, disponiendo una sanción administrativa proporcional y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho y 2) que se condene en costas al recurrido.

Acompaña en su recurso los siguientes documentos:

1) Copia resolución Exenta N°56 de fecha 27.12.2024.

2) Certificación primera búsqueda.

3) Certificación segunda búsqueda.

4) Comprobante correos de Chile.

5) Expediente investigación sumaria instruida por Resolución Exenta N°66 de fecha 09 de enero de 2024 del Director de Serviu Región de la Araucanía.

6) Oficio E37136/2025 de Contraloría Regional de la Araucanía, que da cuenta de la ABTSTENCIÓN realizada por dicho organismo de control sobre la materia planteada.

7) Expediente sumario administrativo dispuesto por Resolución Exenta 3573 de fecha 21 de junio de 2024 por el Director de Serviu Región de la Araucanía, PARTE UNO.

8) Expediente sumario administrativo dispuesto por Resolución Exenta 3573 de fecha 21 de junio de 2024 por el Director de Serviu Región de la Araucanía, PARTE DOS.

A folio 7 y folio 14 comparece Javier nombre reservado Retamal, abogado, por SERVIU Región de La Araucanía, señalado lo siguiente:

En primer lugar, solicita se declara inadmisible la acción de protección de autos, toda vez que el actor se encuentra en la hipótesis establecida en el inciso 1°, del art. 54 de la Ley N° 19.880, encontrándose, en la especie, impedido de deducir acción judicial por encontrarse gestión pendiente en sede administrativa.

Explica que con 21.06.2024, mediante Resolución Exenta N° 3573, se ordenó instruir sumario administrativo en contra del ex funcionario de SERVIU – recurrente de autos- el Sr. nombre reservado. Los hechos por los que se apertura investigación fueron el haber intervenido, en razón de sus funciones, en asuntos en los que tenía interés su pariente a fin en segundo grado (cuñado), toda vez que éste intervino en la oposición de antecedentes de una contratación en la que su cuñado participó, sin abstenerse y sin informar que éste no cumplía los requisitos o exigencias que establecía el pliego de condiciones para acceder al cargo.

Agrega que mediante Resolución Exenta N° 56 de fecha 27.12.2024, se dispuso la destitución del funcionario, toda vez que, entre otras disposiciones, la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad disciplinaria arribó a la conclusión que con su conducta contravino el art. 62 numeral 6°, de la Ley N° 18.575, que establece un catálogo de conductas constitutivas de falta grave a la probidad. Para el caso de marras, se constató que el recurrente de autos intervino, en razón de sus funciones y como ya se refirió, en asuntos en los que tenía interés su cuñado, subsumiendo así, su conducta en la hipótesis normativa que es constitutiva de causal de falta grave a la probidad.

Refiere que, sin perjuicio de la de la medida expulsiva aplicada en la mentada resolución, cabe hacer presente que el recurrente de autos, había renunciado previamente al cargo con fecha 09.08.2024.

Señala que a través de Oficio N° E15269/2025, de fecha 29 de enero de 2025, Contraloría Regional de La Araucanía solicita a SERVIU informar sobre reclamo de ilegalidad, del art. 160 del Estatuto Administrativo, que dedujo el hoy recurrente, don nombre reservado, ante la sede regional de Contraloría. En su reclamo de ilegalidad, en el fondo solicita que “vía invalidación se aplique una medida menos gravosa, ajustándose al principio de proporcionalidad, legalidad y justicia…”

Explica que el 13 de febrero de 2025, el Sr. nombre reservado deduce recurso de protección en contra de la decisión de esta repartición pública de resolver su destitución. En su recurso de protección, en el fondo solicita: Numeral 1° “Se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por resolución exenta N° 56 de 27 de diciembre de 2024 […] disponiendo una sanción administrativa proporcional y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho”

Por ello, considera que el recurso de protección debe ser declarado inadmisible prima facie, toda vez que nos encontramos en la hipótesis prohibitiva, del art. 54 inciso 1 de la Ley N° 19.880. La disposición legal en comento refiere:“Artículo 54. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.”

Precisa que eso es lo que precisamente realizó el actor. Dedujo con fecha 29 de enero de 2025, reclamo de ilegalidad ante Contraloría (sede administrativa) y con fecha 13 de febrero de 2025, recurso de protección (sede judicial) y lo hizo por los mismos hechos y la misma petición de fondo: que ambas sedes ponderen la proporcionalidad de la medida de remoción de la que fue objeto en el proceso disciplinario.

Alega que la vía administrativa aún no se ha afinado o agotado, el reclamo de ilegalidad se encuentra pendiente de resolver en sede de Contraloría, por lo que nos encontramos en la hipótesis que establece el legislador en el inciso primero del art. 54, de la Ley N° 18.575, esto es, el recurrente se encuentra prohibido de accionar judicialmente ya que optó primeramente por la vía administrativa. En consecuencia, a criterio de este recurrido, el recurso de protección debe ser declarado inadmisible.

En cuanto a los cargos formulados en el sumario administrativo indica los siguientes:

1. Cargo 1: No cumplir con su deber de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, al no realizar sus labores con esmero, dedicación y eficiencia, infringiendo la siguiente normativa:

a. El artículo 61, letras c) y g), del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

b. El Artículo 13 del DFL Nº 1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado c. El principio de estricta sujeción a las bases, de este modo el principio de igualdad de los oferentes, establecido en la Ley 19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que lo establece en su artículo 10, inciso 3.

2. Cargo 2: Infringir el principio de probidad administrativa, al no haberse abstenido en el marco de sus funciones, como Inspector Técnico de Obra, en la aceptación como profesional de autocontrol, de Don nombre reservado, con quién tiene un grado de parentesco por afinidad en 2° grado (cuñado), situación que se acreditó en tres obras a su cargo, desde el año 2019 al 2023. Cabe señalar, que acorde a las bases de licitación de las respectivas obras el Director e Inspector de la obra es quién debe velar por la revisión y el cumplimiento de los requisitos exigidos de los profesionales en los cargos de residente y autocontrol de la obra, así como otorgar el respectivo visto bueno de quiénes cumplen dicha función en la respectiva obra. De lo anterior se sigue que se infringió la siguiente normativa:

a. Art. 3 inciso 2° y Art. 13 inciso 1° de la Ley “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

b. El artículo 61, letra g), del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

c. El Artículo 52 del DFL Nº 1-19.653 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

d. El artículo 84, letra b), del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo: “Artículo 84.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción;”

e. Conductas que infringen el principio de probidad administrativa, según lo dispone específicamente en el numeral 6 del Artículo 62 del DFL Nº 1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.

Explica que en un sumario administrativo no se pueden separar las sanciones por los distintos cargos que se le realicen a un funcionario, sino que se deben evaluar en su conjunto para otorgar una única sanción. Es así que la medida de destitución da respuesta al cargo 2, especialmente con la infracción al numeral 6 del Artículo 62 del DFL Nº 1-19.653 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que corresponde a una falta grave a la probidad.

Argumenta que, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, teniendo pruebas efectivas de que los hechos ocurrieron, y más aún, que éstos se dieron de forma reiterada, que en resumen resultaron en que Don nombre reservado no se abstuvo en tomar la decisión de aprobar a su cuñado como autocontrol de distintas obras en la cual él era el inspector técnico de obra (ITO), con lo cual infringió varias normativas que indican que los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse en materias donde sus familiares estén involucrados, con lo cual favoreció a su cuñado en que éste obtenga un trabajo, con el añadido de que no se encontraba calificado, dado que no contaba con la experiencia exigida en las bases de licitaciones de nuestro servicio.

A su juicio, encontrándose acreditada la falta grave a la probidad administrativa, se aplicó la sanción de destitución, dado que la normativa establece como graves algunas faltas a la probidad en concreto, siendo una de ellas las que Don nombre reservado infringió, esto es, el deber de abstención.

En cuanto a la falta de fundamentos indicada por el recurrente, explica que en los vistos y considerandos, se fundamenta el proceso para su debida comprensión y toma de decisión respecto de los hechos investigados, refiriéndose expresamente en el Visto h) y en especial a los Considerandos, que detallan en extenso los antecedentes tenidos a la vista, respecto de los cuales el recurrente tuvo pleno acceso, una vez notificado de los cargos, los cuales motivaron la convicción y Resolución de la autoridad administrativa que dicto el acto en comento. Más aun, resulta del todo descartable la idea de que no existe “un análisis real y responsable” de los antecedentes, cargos efectuados y descargos por parte del recurrente, situación que se desprende de la sola lectura de la Resolución Exenta N° 56.

En cuanto a la imprecisión de la ponderación de la prueba, atenuantes, eximentes y principio de congruencia, alegada por el actor, arguye que anotaciones de mérito no desvirtúan su responsabilidad en los hechos por él realizados, los cuales atentan contra la probidad administrativa, toda vez que dicen relación con su no abstención por motivo de parentesco, en postulaciones donde era él quien debía participar activamente en la decisión de si aceptar o no la postulación de su cuñado (pariente por afinidad en 2° grado), infringiendo con esto el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, el artículo 13 y 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y en especial el artículo 84 letra b) del Estatuto Administrativo y el artículo 62 N° 6 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual señala expresamente conductas que atentan especialmente el principio de probidad administrativa, como es el caso, situación comprobada en al menos 3 oportunidades.

Agrega que el artículo 8 del Código Civil dispone que indica que nadie podrá alegar ignorancia de la ley, o aludiendo a un descuido o falta de diligencia en la revisión de los antecedentes que no genero un daño patrimonial o beneficio propio, atendido que no podía menos que conocer su relación de parentesco para con su cuñado, y que lo que se imputa no es un daño al fisco o beneficio personal, sino que es un atentado al principio de probidad, mediante actos propios del funcionario, situación que se generó en reiteradas oportunidades, a través del hecho de no abstenerse de intervenir por parte del recurrente, desvirtuando a todas luces su “conducta funcionaria moralmente intachable”.

Sostiene que en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, difícilmente puede aplicarse en beneficio del recurrente en el caso en cuestión, atendidos los antecedentes y en especial, la vulneración reiterada al principio de probidad administrativa, encontrándose, como se ha indicado, dentro de las prohibiciones expresas y catalogadas como atentatorias al señalado principio. Lo mismo puede decirse en cuanto a la aducida ausencia de mala fe, teniendo pleno conocimiento el recurrente, de la relación de parentesco que lo ligaba con su cuñado, y no pudiendo alegar desconocimiento de su deber de abstención, siendo estos a antecedentes objetivos tenidos a la vista al momento de dictarse el acto administrativo.

En lo relativo a la vulneración de la igualdad ante la ley considera que habiéndose realizado el procedimiento sumarial, en estricto apego a la normativa vigente, y habiéndose tomado la decisión, debidamente fundada, por la autoridad facultada para ello, respetándose de manera amplia el debido proceso, no se vislumbra la actuación arbitraria e ilegal que afecte en modo alguno la señalada garantía En cuanto a la conculcación del derecho de propiedad esgrime que en modo alguno puede justificarse su vulneración, toda vez que la decisión de la autoridad administrativa se encuentra debidamente fundada, en pleno ejercicio de sus facultades, y con apego a la normativa legal, no pudiendo pretender ampararse una propiedad irrestricta del empleo, su estabilidad y remuneraciones.

Respecto al derecho a la vida e integridad física y psíquica que se alega lesionado expresa que de aceptarse lo sostenido por el actor, tal argumentación por el mero hecho de finalizar en un resultado contrario a los intereses del funcionario, en este caso el recurrente, cada acto administrativo, debidamente fundado como es el caso, podría estimarse que afectaría el derecho a la vida y a la integridad, y podría revertirse cada decisión de la autoridad administrativa, sin mayores argumentos más que la nominación de ilegal y arbitrario.

Añade que atendidos los argumentos escasos, poco claros y faltos de sustento tanto en los hechos como en el derecho, esgrimidos por la recurrente, solo es dable señalar que no son efectivos los hechos descritos en los que se pretende basar la vulneración de derechos constitucionales, y por consiguiente, no existe en modo alguno responsabilidad de este Servicio en la pretendida vulneración de garantías constitucionales.

Pide tener por evacuado el informe solicitado al Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, y rechazar la acción de protección interpuesta por el recurrente, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Oficio N° E15269/2025, de fecha 29 de enero de 2025, de Contraloría Regional de La Araucanía mediante el cual remite reclamo de ilegalidad y Reclamo de ilegalidad de 28 de enero de 2025, del recurrente de autos.

2) Mandato judicial otorgado ante el Notario Público de Temuco, don nombre reservado, de fecha 29.02.2024.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección;

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra del SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representada legalmente por D. nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, específicamente contra Resolución Exenta N°56 de fecha 27 de diciembre de 2024 que aplica medida de destitución, en base a los argumentos de hecho y derecho que expone en su libelo.

TERCERO: Que conforme lo que el recurrente indica se ha afectado su derecho a la igualdad ante la ley el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, además de su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y finalmente estima afectado su derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la norma citada.

Pide 1) Que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por la Resolución Exenta 56 de 27 de diciembre de 2024, del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, disponiendo una sanción administrativa proporcional y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho y 2) que se condene en costas al recurrido.

CUARTO: Que el recurrido al momento de informar solicita se rechace el recurso intentado porque a su juicio la acción es inadmisible, toda vez que el actor se encuentra en la hipótesis establecida en el inciso 1°, del art. 54 de la Ley N° 19.880, encontrándose, en la especie, impedido de deducir acción judicial por encontrarse gestión pendiente en sede administrativa.

En efecto la norma citada del art. 54 inciso 1 de la Ley N° 19.880. “Artículo 54. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.”

QUINTO: Que el fundamento de esta alegación radica en que con fecha 21.06.2024, mediante Resolución Exenta N° 3573, se ordenó instruir sumario administrativo en contra del ex funcionario de SERVIU – recurrente de autos- el Sr. nombre reservado. Los hechos por los que se apertura investigación fueron el haber intervenido, en razón de sus funciones, en asuntos en los que tenía interés su pariente a fin en segundo grado (cuñado), toda vez que éste intervino en la oposición de antecedentes de una contratación en la que su cuñado participó, sin abstenerse y sin informar que éste no cumplía los requisitos o exigencias que establecía el pliego de condiciones para acceder al cargo.

Agrega que mediante Resolución Exenta N° 56 de fecha 27.12.2024, se dispuso la destitución del funcionario, toda vez que, entre otras disposiciones, la autoridad administrativa en ejercicio de su potestad disciplinaria arribó a la conclusión que con su conducta contravino el art. 62 numeral 6°, de la Ley N° 18.575, que establece un catálogo de conductas constitutivas de falta grave a la probidad. Para el caso de marras, se constató que el recurrente de autos intervino, en razón de sus funciones y como ya se refirió, en asuntos en los que tenía interés su cuñado, subsumiendo así, su conducta en la hipótesis normativa que es constitutiva de causal de falta grave a la probidad.

Refiere que, sin perjuicio de la de la medida expulsiva aplicada en la mentada resolución, cabe hacer presente que el recurrente de autos, había renunciado previamente al cargo con fecha 09.08.2024.

Señala que a través de Oficio N° E15269/2025, de fecha 29 de enero de 2025, Contraloría Regional de La Araucanía solicita a SERVIU informar sobre reclamo de ilegalidad, del art. 160 del Estatuto Administrativo, que dedujo el recurrente, don nombre reservado, ante la sede regional de Contraloría. En su reclamo de ilegalidad, solicita que “vía invalidación se aplique una medida menos gravosa, ajustándose al principio de proporcionalidad, legalidad y justicia…”

Explica que el 13 de febrero de 2025, el Sr. nombre reservado deduce recurso de protección en contra de la decisión de esta repartición pública de resolver su destitución. En su recurso de protección, en el fondo solicita: Numeral 1° “Se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por resolución exenta N° 56 de 27 de diciembre de 2024 […] disponiendo una sanción administrativa proporcional y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho”.

Alega que la vía administrativa aún no se ha afinado o agotado, el reclamo de ilegalidad se encuentra pendiente de resolver en sede de Contraloría, por lo que nos encontramos en la hipótesis que establece el legislador en el inciso primero del art. 54, de la Ley N° 18.575, esto es, el recurrente se encuentra prohibido de accionar judicialmente ya que optó primeramente por la vía administrativa. En consecuencia, a criterio de este recurrido, el recurso de protección debe ser declarado inadmisible.

SEXTO: Que conforme lo anteriormente descrito, se puede concluir que el acto reclamado por esta vía no se encuentra afinado, no es un acto terminal, ya que está en etapa de revisión de su legalidad por parte del órgano contralor, quien debe revisar el mismo para establecer si se ajusta a derecho.

Luego al no estar afinado, no es susceptible de ser revisado en cuanto la supuesta ilegalidad o arbitrariedad por parte de esta Corte.

Motivo por el cual esta acción será rechazada de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra del SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa Rol N° Protección-1224-2025.(jog)