Protección contra UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, cinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece Alejandra Muñoz Pardo, abogada, en representación de nombre reservado, Profesor de Educación Física Deportes y Recreación, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, conforme a los antecedentes que expone.

Sostiene en síntesis que, con fecha 1 de abril de 2024, se dictó la resolución Nº NUM000, luego con fecha 23 de abril se dictó la Resolución NUM001, y finalmente la Resolución NUM002 de 22 de mayo de 2024 y cada una de las resoluciones citadas, dio inició a un sumario administrativo en su contra, sin precisar los motivos por los cuales se iniciaron, pero sí llamando la atención el proceder orquestado de los denunciantes y quienes en poco tiempo lograron se instruyeran los primeros tres sumarios administrativos en su contra en más de veinte años de servicio para la Universidad.

Refiere que, es evidente que los procesos antes señalados, ya cumplieron o están a escasos días de cumplir los dos años de investigación, manteniéndose en dicha etapa del proceso sumarial, salvo la denuncia contenida en Resolución NUM002 que recién el día 2 de abril de 2026 se le notificó el sobreseimiento, los restantes no se han sobreseído, ni se han formulado cargos.

Expresa que, la autoridad no ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales, en particular lo dispuesto en el artículo 143 de la ley 18.834, dilatando el proceso y exponiéndole al cuestionamiento público.

Precisa que, no se ha notificado al sr nombre reservado de ningún acto administrativo que autorizare la prórroga del plazo de investigación, y aun cuando llegasen a existir es evidente que ya el plazo máximo se ha cumplido con creces.

Sostiene que, la autoridad universitaria, tiene obligaciones legales que debe ejercer, en particular un control permanente, y en el caso concreto simplemente dejó de ejercerlas sin sopesar su responsabilidad, convalidando una ilegalidad, sin mandatar el cierre de los procesos disciplinarios, sin hacer efectiva las responsabilidades correlativas, como debió haber hecho, pues en los 3 procesos el recientemente cerrado y los que siguen abiertos y sin fecha cierta de término nada se ha realizado por instar al cierre de los mismos, para adoptar una decisión.

Agrega que, el plazo es una garantía, un derecho del investigado, pues sabe que en un proceso reglado, la investigación se extenderá por 20 días y sólo en casos calificados, y con la debida autorización podrá prorrogarse 20 días más o finalmente un máximo de 60 días, es claro, que el investigado sufre y padece durante la investigación, que es víctima de una imputación, que sea como sea, aun cuando se le absuelva genera descrédito - la pena del proceso, más cuando el sr. nombre reservado es Director de Carrera-, desprestigio frente a sus pares pero también una afectación personal, que en el caso está debidamente diagnosticada, dicho padecimiento es la pena del proceso que el sr. nombre reservado no debe padecer ni sufrir, menos extendérselo injustificadamente, de manera contraria a derecho e ilegal.

Refiere como garantías constitucionales vulneradas, la igualdad ante la ley en relación al debido proceso y discriminación, por cuanto existe discriminación objetiva por parte de la recurrida cuando dejan de aplicar la legalidad, cuando se sitúan al margen del estatuto administrativo, confiriendo y confiriéndose, atribuyendo y atribuyéndose una facultad que no tienen y que no pueden arrogarse ni aún a pretexto de una perfecta investigación, por cuanto ello contraviene las bases esenciales de nuestro ordenamiento jurídico radicados en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Indica igualmente como garantía afectada la integridad psíquica del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, por cuanto el estrés, ansiedad, insomnio entre otros padecimientos, se expanden indeterminadamente cuando la Fiscalía y la autoridad sin más se atribuyen la facultad de continuar con el proceso de forma indeterminada, la autoridad desatiende la obligación de control y supervigilancia del cumulo de procesos disciplinarios dispuestos, con la posibilidad de cerrarlo cuando se estime pertinente, debiendo el investigado simplemente esperar y estar atento a que en cualquier momento se le notifique lo que sea que se determine.

Finalmente refiere afectación a su derecho de propiedad, considerando que el sr. nombre reservado al ser funcionario es titular de los derechos funcionarios conferidos expresamente en el estatuto administrativo, así como de aquellos procedimentales que en definitiva, dan resguardo y garantías básicas o humanas, reglando lo que la legalidad o la constitución permiten regular.

Conforme a ello, solicita acoger el recuso, ordenando el cierre de las investigaciones al vigésimo día hábil de iniciada la investigación o en su caso máximo al día sexagésimo día hábil, desde el inicio de la investigación, para cada caso, en la medida que las respectivas prorrogas de plazo hubiesen sido autorizadas conforme a derecho; se deje sin efecto, en cada procesos, cualquier diligencia desplegada fuera de plazo legal y que no hubiere sido decretada con anterioridad a su vencimiento, sin poder cumplirse por causa de fuerza mayor, y que no cuente con autorización expresa de prorroga del plazo con calificación de caso calificado por la autoridad regional del servicio; se proceda dentro de plazo a proponer el sobreseimiento o en su caso formular cargos conforme el mérito de la investigación, conforme los antecedentes recabados en el plazo legal; mandate a la recurrida dar estricto cumplimiento a las normas legales que regulan la tramitación del sumario administrativo, especialmente el cumplimiento de plazos, así como su actuar objetivo e imparcial debiendo las recurridas de abstenerse de actuar en contra del recurrente con vulneración de sus derechos fundamentales.

A folio 10 emite informe la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, expresando en primer término, la extemporaneidad del recurso, por cuanto considerando la fecha de las resoluciones que instruyen los procesos sumariales y la fecha de interposición del presente recurso, habría transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos, establecido en el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección.

Añade sobre el fondo que, atendida la especificidad de la acción en relación a la naturaleza jurídica del Sumario Administrativo, no resulta procedente la interposición de una Acción Constitucional de Protección, dado que, esta tiene el carácter de general en cuanto a su aplicación, no cabiendo en consecuencia, los presupuestos para poder alterar el proceso interno que está siendo llevado a cabo por la recurrida Universidad de La Frontera.

Precisa que, para efectos de llevar a cabo los sumarios administrativos dentro de la Universidad de La Frontera, se crea la Coordinación de Procedimientos Disciplinarios mediante Resolución Exenta N°0719, de fecha 28 de abril de 2021, la cual es una unidad dependiente de la Secretaría General de la Universidad de La Frontera, cuyo objetivo es asesorar y tramitar todos los procesos administrativos disciplinarios que se instruyan en la Universidad, regidos por el Estatuto Administrativo, o el Reglamento de Convivencia Universitaria Estudiantil.

Comenta que, existen tres resoluciones exentas de la Universidad de la Frontera que instruyen procedimientos sumariales en contra del recurrente, en razón de denuncias efectuadas por otros funcionarios de la Universidad y el último proceso, se encuentra a la fecha sobreseído.

Refiere en cuanto a la extensión de la investigación sumaria que, hay que tener en cuenta una serie de antecedentes que la justifican. En primer lugar, como es sabido, estos procedimientos de carácter disciplinario suelen extenderse por plazos muchísimo más prolongados que aquellos previstos formalmente en el ordenamiento jurídico y ello ocurre por una serie de razones, como lo son la complejidad de los hechos investigados, la carga laboral de quienes deben substanciar el procedimiento o incluso cambios de funcionarios a cargo de la investigación. Ahora bien, hay un hecho relevante y de público conocimiento que ocurre en Universidad de La Frontera, cual es la crisis universitaria del año 2024 que provocó una serie de retrasos y alteraciones en el normal desarrollo de las actividades universitarias, más allá del plano académico.

Expresa que, este hecho nos encuadra en la hipótesis del artículo 27 de la Ley N°19.880, es decir, en una extensión fundada en la existencia de un caso fortuito y algo que no se puede desconocer es que para que un debido proceso reúna tales características se hace necesario que la investigación sea lo más completa posible para así poder establecer responsabilidades –en el caso que estas existan– o bien, decretar el sobreseimiento definitivo, pero con la mayor cantidad de antecedentes posibles y con todas las diligencias importantes según sea el caso y debemos tener en especial consideración que, en el caso de marras, es más de una víctima la que efectúa la denuncia.

Finalmente señala la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, conforme lo expuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que el acto denunciado por esta vía es en síntesis que, con fecha 1 de abril de 2024, se dictó la resolución Nº NUM000, luego con fecha 23 de abril se dictó la Resolución NUM001, y finalmente la Resolución NUM002 de 22 de mayo de 2024 y cada una de las resoluciones citadas, dio inició a un sumario administrativo en su contra, sin precisar los motivos por los cuales se iniciaron, pero sí llamando la atención el proceder orquestado de los denunciantes y quienes en poco tiempo lograron se instruyeran los primeros tres sumarios administrativos en su contra en más de veinte años de servicio para la Universidad.

Refiere que, es evidente que los procesos antes señalados, ya cumplieron o están a escasos días de cumplir los dos años de investigación, manteniéndose en dicha etapa del proceso sumarial, salvo la denuncia contenida en Resolución NUM002 que recién el día 2 de abril de 2026 se le notificó el sobreseimiento, los restantes no se han sobreseído, ni se han formulado cargos.

Expresa que, la autoridad no ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales, en particular lo dispuesto en el artículo 143 de la ley 18.834, dilatando el proceso y exponiéndole al cuestionamiento público.

TERCERO: Que el recurrido en lo medular señala que en cuanto a la extensión de la investigación sumaria que, hay que tener en cuenta una serie de antecedentes que la justifican. En primer lugar, como es sabido, estos procedimientos de carácter disciplinario suelen extenderse por plazos muchísimo más prolongados que aquellos previstos formalmente en el ordenamiento jurídico y ello ocurre por una serie de razones, como lo son la complejidad de los hechos investigados, la carga laboral de quienes deben substanciar el procedimiento o incluso cambios de funcionarios a cargo de la investigación. Ahora bien, hay un hecho relevante y de público conocimiento que ocurre en Universidad de La Frontera, cual es la crisis universitaria del año 2024 que provocó una serie de retrasos y alteraciones en el normal desarrollo de las actividades universitarias, más allá del plano académico.

Expresa que, este hecho nos encuadra en la hipótesis del artículo 27 de la Ley N°19.880, es decir, en una extensión fundada en la existencia de un caso fortuito y algo que no se puede desconocer es que para que un debido proceso reúna tales características se hace necesario que la investigación sea lo más completa posible para así poder establecer responsabilidades –en el caso que estas existan– o bien, decretar el sobreseimiento definitivo, pero con la mayor cantidad de antecedentes posibles y con todas las diligencias importantes según sea el caso y debemos tener en especial consideración que, en el caso de marras, es más de una víctima la que efectúa la denuncia.

CUARTO. Que, en cuanto al reproche relativo a la demora del procedimiento administrativo, viene al caso consignar que, según consta de los antecedentes acompañados a los autos por las partes, los sumarios administrativos aludidos en el recurso, fueron ordenados instruir mediante las resoluciones ya señaladas anteriormente, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución de término que le ponga fin, tal como ha sido reconocido por la recurrida, destacando que conforme refiere el recurrido, uno de estos procesos se encuentra sobreseído.

QUINTO: Que, para resolver sobre este punto, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que no obstante aquello, el mero retardo por parte de la administración del estado no implica necesariamente una vulneración de garantías fundamentales, en tanto, por una parte, los plazos de la administración del estado no son fatales, y por el otro, no se ha expresado como dicha omisión ha afectado sus garantías fundamentales.

SEPTIMO: Que, por tanto, la dilación de la autoridad en la tramitación de los sumarios administrativos, en este caso particular, no puede ser calificada de ilegal por infracción de las normas transcritas.

En razón de lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, sin costas Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-1220-2026.(jog)