nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, control de calidad, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección, según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por su Superintendente don Claudio Lautaro Reyes Barrientos, ignora profesión u oficio, o de quien esté a su cargo, subrogue o reemplace, con domicilio en domicilio reservado, por haber emitido las resoluciones exentas de esa Superintendencia Nºs R-01-DASU-71304-2020 y R-01-IBS-114110- 2020, de fechas 30 de julio de 2020 y 9 de noviembre de 2020, respectivamente, las que rechazan las licencias médicas conferidas por facultativo del área de la medicina, que se indicarán más adelante.

Indica que en el mes de agosto de 2019, se le diagnostica un cuadro depresivo moderado a severo con desanimo importante, dificultad para iniciar el día, insomnio de conciliación y de despertar precoz, dolores musculares generalizados (cefalea, cervicalgia, dolor de hombros) sensación de peso corporal, irritabilidad, ganancia de peso de cerca de 15 kilos al año. Luego, permaneciendo en pleno tratamiento médico debió asumir más funciones en su trabajo por la partida de su jefe directo. Además, después de años de búsqueda su pareja logró quedar embarazada y desgraciadamente con 15 semanas de gestación ella abortó, lamentando el no haberla podido acompañar en los trámites ni en las atenciones médicas, por obligaciones laborales, lo cual desencadenó una fuerte crisis familiar a raíz de la cual su esposa finalmente terminó por abandonarle.

Añade que con posterioridad a esos terribles eventos y debido a su labilidad emocional continuó presentando diversas manifestaciones físicas de sus padecimientos, por lo cual el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra tratante. le otorgó licencias médicas sucesivas hasta el día 26 de noviembre de 2020. Añade que fue informado del rechazo de las licencias médicas otorgadas por el COMPIN, de las que reclamó vía solicitud de reconsideración para ante la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante resoluciones exentas Nºs R01-DASU-71304-2020 y R-01-IBS-114110-2020, de fechas 30 de julio de 2020 y 9 de noviembre de 2020, respectivamente, en las que se confirma el rechazo de las licencias médicas números: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días a contar del 31 de mayo de 2020. El fundamento al rechazo de las licencias médicas que ha sostenido la autoridad administrativa consiste en que "el reposo prescrito por las referidas licencias médicas números: RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cuál alcanza a 300 días, el que se considera adecuado y suficiente para la resolución del cuadro clínico". Así pues, señala el recurrente, el rechazo de las licencias médicas por el organismo administrativo por el fundamento antes expresado resultan claramente arbitrario, abusivo e ilegal. En efecto, indica que ha sido evaluado por un facultativo médico especialista en psiquiatría, ha sido diagnosticado por episodio depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos, estrés psicosocial, estrés familiar por aborto de esposa (sin hijos) y posterior abandono de esta, estrés laboral por sobrecarga sin retribución económica, y por funcionamiento bajo el 60%.

Precisa por otra parte el recurrente, que parece una decisión abusiva en atención de que cree que es más que suficiente que como paciente consulte a un médico especialista en el área de la siquiatría, de manera que resulta una conducta diligente por su parte a fin de evitar precisamente el rechazo posterior de las licencias médicas; sin embargo, sin que exista fundamento médico alguno para el rechazo de las licencias médicas, se señala que no es suficiente el informe médico del especialista. En consecuencia, al no existir fundamento médico alguno que haga fundar el rechazo de las licencias, se solicita resolver que dichas licencias médicas deben ser aprobadas y pagadas, no pudiendo su caso encasillarse en una apreciación del promedio o de estimaciones generalizadas de la superintendencia, sino en los requerimientos particulares y lo que el médico tratante determinó como necesario para su restablecimiento y reincorporación laboral. La recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, al rechazar la reclamación y, consecuentemente, rechazar las licencias médicas, por reposo no justificado le afecta no sólo en su integridad psíquica, toda vez que claramente se convierte en un elemento que agrava su situación emocional, ya que le deja en una situación de indefensión, vulnerabilidad y aflicción psíquica; puesto que ello le genera menoscabo a su patrimonio no solo personal sino que también familiar, agravando su pesar, pue no se le permite cumplir el régimen que mi médico tratante, el profesional de confianza ha considerado prudente conforme su especialidad para lograr mi recuperabilidad, cuestión que ansío. Por lo anterior es que viene en solicitar en base a los argumentos expuestos se declare que la recurrida al confirmar el rechazo de las licencias médicas antes individualizadas, por reposo no justificado, carece de manifiesta falta de fundamento.

En cuanto al derecho, señala que el hecho fundante de esta acción de protección constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1º, 9º, 24º y 26º del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, su integridad física y psíquica han sido afectadas por el actuar de la recurrida, de igual manera la protección a la salud que tiene la Administración Pública ha sido conculcada, en particular en cuanto a que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo." Por otra parte, el numeral 24 del artículo 19 protege el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Evidentemente se ve afectado su derecho de propiedad al verse afectada de no solo no recibir ingresos mensuales para su sustento y el de su familia durante el período de mi descanso médico. En cuanto al numeral 26 del artículo 19 establece la garantía de garantías, en el sentido de que los preceptos legales que mandato de la Constitución regulan o complementan las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Además, de la señalada contravención a las garantías constitucionales antes señaladas, estos hechos transgreden de manera abierta otras normas de orden constitucional que se relacionan con el régimen estatutario que rige a los organismos y empleados públicos, además de la normativa especial que rige la tramitación de las licencias médicas y todo lo relativo a ellas. El artículo 5º inciso 2 de la Constitución indica: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución..." norma que al tener su ubicación dentro del capítulo "Bases de la Institucionalidad", implica que el Estado y sus órganos es garante de todas y cada una de las garantías constitucionales. De igual manera la Ley de Bases de la Administración del Estado Nº18.575 en su texto actualizado, reitera esta idea. Por su parte el artículo 6º del Decreto Nº3 del Ministerio de Saludo de 1984 establece "La dolencia que afecte al trabajador y el reposo necesario para su recuperación deberán certificarse por UN médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona..." y en su inciso 2º establece que "Los profesionales mencionados, considerando la naturaleza y gravedad afección, el tipo de incapacidad que esta produzca y la duración de la jornada de trabajo del trabajador, podrán prescribir reposo total o parcial." Solicita en consecuencia, se acoja el recurso, dejando sin efecto las Resoluciones Administrativas individualizadas y decretar que se aprueban las licencias médicas rechazadas, ya individualizadas, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, incluido el respeto de las decisiones medicas a su respecto por cuanto su rechazo corresponde a un acto ilegal y arbitrario respecto de las garantías constitucionales que le amparan y de las leyes que corresponden, con expresa condena en costas.

A folio 10 evacua el informe requerido la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso. Señala el recurrido que como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña, por presentación de fecha a 16 de julio de 2020 el Sr. nombre reservado reclamó ante el Servicio por cuanto la Subcomisión Cautín-Compin región de la Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 31 de mayo de 2020, por reposo no justificado. Al respecto, mediante el mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-DASU71304-2020 de 30 / 07 / 2020, la Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 300 días, el que se considera adecuado y suficiente para la resolución del cuadro clínico”. Agrega que concluye dicho dictamen señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. Añade que por presentación de fecha a 22 de septiembre de 2020 el Sr. nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen N° R-01-DASU-71304-2020 de fecha 30 de julio de 2020 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 31 de mayo de 2020, por reposo no justificado. Al respecto, mediante el mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-114110- 2020 de 09 / 11 / 2020, la Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 300 días por la misma patología. Concluye dicho dictamen señalando que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. Ahora bien, subraya el informante, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 6 de abril de 2021, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 16 de julio de 2020 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los 3 rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados por la señalada Compin e Isapre, con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de sus presentaciones ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 8 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias. Máxime si la segunda presentación ante su representada fue interpuesta con fecha 22 de septiembre de 2020 y la segunda resolución que se pronuncia sobre el caso es de (RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-114110-2020) de 09 / 11 / 2020. Por lo expuesto, señala el recurrido, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica. Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer, sin perjuicio, de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de 4 ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante esta Corte, tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, señala el recurrido que de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN MAS DE 8 MESES ATRÁS y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 6 de abril de 2021 en contra de su representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” Lo anterior, agrega, ha sido recogido por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, que incluso declaró inadmisible, con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en contra de su representada por la Sra. nombre reservado, Rol Nº 81839-2014, transcribiendo en parte dicho fallo.

En relación con dicha alegación, señala que cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Agrega que a mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar. Indica que lo anteriormente expuesto, ha sido reconocido por la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, en el fallo pronunciado en los autos sobre Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Rol Nº 1354- 2014, el que transcribe en parte.

Solicita en consecuencia, se rechace la acción de protección, por haberse ejercido de forma extemporánea.

En subsidio alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

Finalmente, y en subsidio de las precedentes alegaciones, solicita el rechazo del recurso por no concurrir en la especie ningún acto de su parte al que pueda atribuirse arbitrariedad o ilegalidad, y que afecte alguna de las garantías constitucionales referidas por el actor. Al respecto argumenta refiriendo el marco normativo regulador de las licencias médicas y las Facultades de la Superintendencia en relación a ello.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, que sea contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, o sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alega la extemporaneidad del recurso, consecuencia de haberse interpuesto el que da origen a los presentes autos, habiendo transcurrido con creces el plazo que contempla el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Cuarto: Que conforme aparece del recurso, están claramente determinados los actos que se impugnan a través del mismo, a saber, las Resoluciones Exentas emanadas de la Superintendencia recurrida, Nºs R-01-DASU-71304-2020 y R-01-IBS-114110- 2020, de fechas 30 de julio de 2020 y 9 de noviembre de 2020 respectivamente. La primera de ellas confirmó la decisión de la Subcomisión Cautín-Compin Región de la Araucanía, de rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado; mientras que la segunda de ellas, resolvió (deschándola), una reconsideración contra la anterior decisión, por ende, mantuvo su decisión confirmatoria de rechazo de licencias médicas.

Quinto: Que conforme aparece de los antecedentes acompañados por la recurrida –expediente administrativo a que dio origen la reclamación del recurrente- la primera de las Resoluciones cuestionadas, N° 71304-2020 y de fecha 30 de julio de 2020, le fue notificada al afiliado mediante correo electrónico remitido el mismo día de su dictación; mientras que la segunda de las actuaciones impugnadas, Resolución N° 114110- 2020, de fecha 9 de noviembre de 2020, fue comunicada de la misma forma al actor, con idéntica fecha a su dictación.

Sexto: Que el numeral 1° del auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, señala que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Séptimo: Que en el caso sublite, como más arriba se ha expresado, los actos recurridos (Resoluciones N° 71304-2020 y N° 114110- 2020), fueron notificadas al recurrente con la misma fecha de su pronunciamiento, esto es, los días 30 de julio y 9 de noviembre de 2020.

Octavo: Que por su parte el recurso que motiva estos autos, fue interpuesto con fecha 6 de abril de 2021; es decir, casi 5 meses después de enterado el actor, de cuál era la decisión de la autoridad recurrida en torno a la autorización de sus licencias médicas.

Noveno: Que conclusión ineludible de lo que se ha expuesto más arriba, es la extemporaneidad del recurso, desde que se ha intentado superando con creces el límite temporal que contempla el transcrito numeral 1° del citado auto acordado; debiendo sobre el punto tenerse en consideración –como lo ha resuelto invariablemente el máximo Tribunal del país- que el plazo para recurrir de protección es objetivo, de modo que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes, ni puede ser prolongado de manera artificial por el interesado y se cuenta desde la fecha de la fecha del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia del mismo y es ésta circunstancia básica que permite el cómputo del término para recurrir.

Décimo: Que, en consecuencia, se procederá a rechazar el recurso, dada su extemporaneidad; resultando por ello inoficioso pronunciarse en torno a las restantes alegaciones de la recurrida.

Por estos fundamentos, disposiciones citadas, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara: Que se rechaza, sin costas, por extemporáneo, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por su Superintendente don Claudio Lautaro Reyes Barrientos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Abogado Integrante Sr. Alexis Salvador Gómez Valdivia, Rol N° Protección-1216-2021.