nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 03 de diciembre del año 2020, comparece don RANDOLPH BROWN RIQUELME, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Alcalde de la comuna de Pitrufquén, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o Tribunales competentes, interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, concejal de la comuna de Pitrufquén, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, señala que los actos ilegales y arbitrarios que se denuncian, se han materializado y subsisten en el tiempo, proferidos por Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito en el desarrollo de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 27 de octubre de 2020, los cuales constan a su vez en el Acta de Concejo Municipal N°141-2020, de igual fecha; y en el transcurso de entrevista de fecha 03 de noviembre de 2020, al Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito efectuada por el locutor radial Sr. nombre reservado, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada". Sin perjuicio de lo anterior, resulta aplicable además al presente caso la doctrina de los efectos permanentes, la que determina la renovación continua del plazo para recurrir de protección.

Funda el recurso en que el Señor Jorge Jaramillo Hott, en el ejercicio de sus funciones y en su calidad de Alcalde de la Comuna de Pitrufquén, ha sido objeto por parte del concejal Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito, de frases que indican el que su representada es un "corrupto" definida por la R.A.E. como "acción y efecto de corromper o corromperse", como asimismo, "en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores" y que se ha visto envuelto en "coimas", definida por la R.A.E. como "dádiva con que se soborna", que además imputa que "se están malversando fondos", las que han sido proferidas en la Sesión de Concejo Municipal materializada en Acta N°141-2020, expresada en forma pública, esto es, frente a los demás miembros del concejo municipal, directores de servicio, funcionarios municipales, como asimismo, público asistente, expresiones además transmitidas por medio del sistema streaming o virtual a través de la página web de la Municipalidad de Pitrufquén (señal en vivo), imágenes y sonido que pueden ser constantemente reproducidas por una gran cantidad de personas y en el transcurso de entrevista de fecha 03 de noviembre de 2020, al Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito efectuada por el locutor radial Sr. nombre reservado, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada", respectivamente.

En este orden de ideas, señala que ha quedado constancia en Acta N°141-2020, Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 27 de octubre de 2020, en la cual se plasma que el Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito se refiere a mi representado señalando que: "... pero si el Alcalde es el más "corrupto", cómo no recordar la licitación de las luces led que no se aprobó porque estaba mala y las grandes compras”. Página N°7 del Acta respectiva.

Asimismo, refiere que ha quedado constancia en audio de entrevista de fecha 03 de noviembre de 2020, al Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito efectuada por el locutor radial Sr. nombre reservado, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada", la cual transcribe.

Agrega que en base a lo anterior es que la recurrida, esto es, el concejal Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito, debe, por cierto, respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, lo que se traduce en no afectar la vida e integridad física y síquica del recurrente, como, asimismo, el respeto a la honra de la persona y su familia. En efecto el actuar de la recurrida importa un atentado grave a las garantías constitucionales que la Carta Fundamental confiere y le resguarda al recurrente Sr. Alcalde Jorge Jaramillo Hott los derechos a la integridad física y síquica, contenido en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, puesto que los hechos descritos configuran una amenaza a las garantías del artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, que han afectado y continúan afectando la integridad física, síquica y moral del recurrente Sr. Jorge Jaramillo Hott, debido principalmente a que el acto ilegal y arbitrario repercute en la salud psíquica de éste, toda vez que no es merecedor de las continuas situaciones que ha tenido que soportar, al no ser responsable de los hechos que se le imputan, garantía que se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto, y comprende la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen, derechos reconocidos por los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos respectivamente (CADH). En segundo lugar, refiere que se conculca el derecho consagrado y garantizado en el inciso quinto del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que en el caso de autos se juzga al recurrente como corrupto y coimero, dejando al espurio público como juez y sin que pueda ejercer su derecho a defensa ni rebatir los cargos que se formulan. Asimismo, se vulnera la garantía establecida en el Artículo 19 Nº 4 del mismo cuerpo legal, puesto que dada la trascendencia y carácter de los actos y expresiones proferidas, como se ha indicado, generan que el acto ilegal y arbitrario implique que el recurrente y su grupo familiar se vean afectados en sus relaciones sociales, laborales y familiares producto del menoscabo psicológico, derecho que se ha vulnerado gravemente por cuanto las expresiones vertidas y conllevan a afectar la consideración que tienen terceras personas que constantemente están interactuando con el recurrente, debido además a su calidad de alcalde de la comuna de Pitrufquén. Por su parte, estima que la difusión constante y reiterada de estas publicaciones vía streaming, a través de medios sociales o virtuales, como asimismo, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada", sin derecho a contra argumentación, solo tiene por objetivo mancillar la honra de la persona afectada, como ocurre precisamente el caso en comento.

Finalmente, dando cuenta de jurisprudencia, solicita acoger a tramitación el Recurso de Protección en contra de Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito, concejal de la comuna de Pitrufquén, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, por afectar y amenazar los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, establecidos en los artículos 19 inciso quinto, 19 N° 1 y 19 N°4 de la Constitución Política del Estado, cautelados por la acción constitucional de protección conforme señala el artículo 20 de la Carta Política, se acoja la presente acción constitucional de protección, se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados precedentemente, del artículo 19 de la Constitución Política y, en particular, se resuelva lo siguiente: 1.-Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, que se conculcó el derecho consagrado y garantizado en el inciso quinto del artículo 19 de la Carta Fundamental, y que se ha vulnerado la garantía establecida en el Artículo 19 Nº 4 del mismo cuerpo legal, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. 2.-Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados y amenazados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto del afectado; y se disponga que en general el recurrido concejal Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito, se inhiba de ejecutar cualquiera de las conductas descritas anteriormente, por su carácter de arbitrarias e ilegales, se retracte públicamente de las expresiones ilegales y arbitrarias descritas oficiando lo anterior a esta Corte a objeto de constatar su cumplimiento, como asimismo, se prohíba al recurrido acercarse a la persona del recurrente y se abstenga de realizar en Sesiones de Concejo Municipal, descalificaciones, denuncias informales e imputar responsabilidades y delitos contra el Sr. Jorge Jaramillo Hott. 3.- Que se condene expresamente en costas al recurrido Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito.

Al segundo otrosí acompaña: 1.- Acta N°141-2020, Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 27 de octubre de 2020, y 2.- Copia en CD de entrevista de fecha 03 de noviembre de 2020, al recurrido Sr. Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito efectuada por el locutor radial Sr. nombre reservado, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada". 3.- Copia correo electrónico emanado de nombre reservado, periodista de la Municipalidad de Pitrufquén al Sr. nombre reservado, en Radio Araucana online, 95.9 MHz FM, programa "Animal de Radio. La Gran Manada", con solicitud de audio de entrevista respectiva y remisión de la misma.

3.- Copia de Mandato Judicial al abogado Randolph Brown Riquelme.

A folio 11, con fecha 09 de enero del año 2021, comparece don nombre reservado, chileno, soltero, trabajador, con domicilio en domicilio reservado, quien informa respecto del recurso de protección intentado en mi contra por el recurrente don Jorge Jaramillo Hott, solicitando desde ya, que este sea rechazado en todas y cada una de sus partes con expresa condenación en costas, según paso a detallar en forma pormenorizada.

Previo al fondo, la parte recurrida solicita la extemporaneidad del recurso, fundado en que éste fue interpuesto con fecha 03 de diciembre de 2012, de tal forma que de las propias Actas del Concejo Municipal, se extrae que el Alcalde, estuvo presente en la sesión de fecha 27 de octubre de 2020, por tanto tomó conocimiento de los hechos ese día, lo que a la fecha de la presentación del recurso han transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos contemplados en el Auto Acordado “Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección”. Por lo demás, refiere que la entrevista radial que se alude en el presente recurso fue realizada por el suscrito con fecha con fecha anterior a la anunciada en el escrito de acción de protección.

En cuanto al fondo, sostiene que el recurrente se funda en lo consignado en el acta de Concejo de fecha 27 de Octubre de 2020, donde se produce un dialogo entre el Alcalde Jorge Jaramillo, y el recurrido, sin embargo de la lectura del acta, se entiende claramente, que las declaraciones allí manifestadas operan dentro de un contexto de un acto politico-juridico, con es el concejo municipal. En ese sentido se debe entender que los hechos se producen dentro del contexto de un dialogo entre todos los miembros del concejo respecto a dos hechos preciso, uno de ellos la renovación de una licitación, y en segundo lugar el otorgamiento de un asignación transitoria a los funcionarios de la salud, esta última declarada ilegal por la Contraloría General de la Republica en el mes de diciembre de 2020. De esta forma es un hecho no discutido por el recurrente que el suscrito es concejal en ejercicio de la comuna de Pitrufquen, así los hechos mencionados y por los cuales se recurre son dentro de la esfera de la función pública de fiscalizar, facultad que le otorga la ley y de la cual el recurrido no se siente cómodo debido a los constantes errores que este concejal y los demás miembros han encontrado en su administración. En efecto de la comparación de ambos textos (recurso-acta) se desprende que existe una diferencia bastante sustancial en los hechos indicados en el recurso, de aquellos que constan en la respectiva Acta de Concejo, esto se produce porque lo que intenta el recurrente, es estirar los hechos o descontextualizarlos, para hacerlo encajar con las normas constitucionales invocadas, pues cualquier persona podría sostener que lo indicado en la mencionada acta no son una acusación directa, más bien cuando estos hechos que se encuentran denunciados y en investigación por parte del Ministerio Publico. En efecto, señala que el recurrente ignora por completo el propósito que tiene el recurso de protección pues como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho, frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento situación que no ocurre en el caso de autos. Ahora bien, advierte que la reclamación del recurrente no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende por esta vía, se ordene se declare la vulneración de sus derechos constitucionales y la retractación pública por parte del suscrito, de tal forma que de acceder a lo solicitado por la recurrente, conllevaría que se emitiese un pronunciamiento de carácter declarativo, lo cual, es completamente ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso de protección, cual es, vía urgente, eficaz y extraordinaria destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, que en ese entendido no se cumplen los requisitos que la Constitución exige para que la acción de protección prospere, debiendo en efecto rechazarse en todas y cada de una de sus partes. De tal forma que los hechos mencionados en el recurso pueden ser conocidos por el aparato judicial única y exclusivamente en aquellos procedimientos destinados para aquello, como son las normas contenidas en el Código Procesal Penal, bajo el apartado de las normas de los delitos de acción penal privada.

En cuanto a las garantías vulneradas, refiere que más del análisis de las normas constitucionales invocadas y como estas se aplican al caso concreto se debe hacer presente que todas ellas hacen referencia y se fundamentan a hechos que sucedieron hace más de 30 días, no cumpliendo el requisito de plazo como latamente se expuso en los párrafos precedentes. Ahora bien de acuerdo a la jurisprudencia judicial y constitucional vigente, en materia de acción o recurso de protección, se debe siempre indicar por el recurrente, como y cuando, el efecto que produce su vulneración, no satisfaciéndose ese requisito con el solo hecho de mencionar la norma que se pretende de declare vulnerada, pues de la sola lectura del recurso, se desprende que es una repetición latente de los hechos una vez más pareciendo una artilugio jurídico por parte del recurrente para hacer encajar los hechos en un acto arbitrario o ilegal. Finalmente, refiere que es un hecho no desconocido por el recurrente que el suscrito, es Concejal en ejercicio de la comuna de Pitrufquen, para el periodo contemplado 2016-2020, que en ese contexto, el articulo 71 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades cumple con un rol de fiscalizador de las actuaciones del municipio y por ende del alcalde en ejercicio. Señala que en todas las opiniones que he manifestado y de las cuales se recurre, son aquellos efectuadas en su cargo de fiscalizador de las actuaciones del municipio de la comuna, de tal forma que estas acciones, solo tiene por objeto intimidar al suscrito para que su labor de fiscalización, no sea tan efectiva o que perjudique los intereses del alcalde en su ejercicio diario. En ese sentido, señala que no se puedo hacer cargo de la acusación formulada en el recurso de protección en cuanto al haber cometido los hechos con publicidad por que estas son trasmitidas por la página web del municipio donde el suscrito no tiene ninguna injerencia, y puede ser consultadas por cualquier persona en la página web del municipio, no pudiendo imputar tal hecho cuando la página es manejada por el mismo recurrente, es el quien ordena su publicación y transmisión, el suscrito solo se limita a asistir al concejo y manifestar sus inquietudes. Finalmente informa que el propósito de esta acción solo tiene por objeto afectar la seriedad y trabajo permanente del Concejal, y esta acción, se materializa solo con el ánimo de afectar su imagen personal, ante la inminente presentación en el Tribunal Electoral Regional en contra del Alcalde por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en estos autos se ha denunciado por el actor Jorge Jaramillo Hott, Alcalde de la comuna de Pitrufquén, una supuesta actuación ilegal o arbitraria cometida por el recurrido Adrián Eduardo Ibarra Valdebenito, Concejal de la comuna de la misma comuna, lo que habría verificado en Sesión del Concejo Municipal realizada con fecha 27 de octubre del año 2020, como en un programa radial, de Radio Araucana online, denominado “Animal de Radio. La Gran Manada”.

Conforme a lo anterior, se ha solicitado como petición concreta se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, el debido proceso y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, requiriendo, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados y amenazados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto del afectado, y se disponga que el recurrido se inhiba de ejecutar cualquiera de las conductas descritas anteriormente, por su carácter de arbitrarias e ilegales, se retracte públicamente de las expresiones ya antes citadas, oficiando esta Corte a objeto de constatar su cumplimiento, como asimismo, se prohíba al recurrido acercarse a la persona del recurrente y se abstenga de realizar en Sesiones de Concejo Municipal descalificaciones, denuncias informales e imputar responsabilidades y delitos contra el Sr. Jorge Jaramillo Hott, con costas.

TERCERO: Que, como marco conceptual, resulta trascendente apuntar ciertas precisiones, vinculadas a dos derechos fundamentales que aparecen invocados en la presente disputa, nos referimos con ello a la honra y a la libertad de opinión.

De dicha manera podemos indicar que: “La honra es el conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de los demás. Es un concepto vinculado estrechamente al buen nombre, a la buena fama, al bien moral. La honra se adquiere, se conserva y se enaltece cuando se vive cumpliendo siempre, estrictamente, con las obligaciones personales, familiares y sociales”. nombre reservado, La Constitución Explicada, Lexis Nexis, Santiago, 2006, pág.40.

A su turno, en cuanto a la libertad de opinión, es posible expresar que ella se refiere naturalmente a la expresión de ideas o juicios de valor propios de quien los emite, como asimismo que:” La garantía consiste, específicamente, en que no hay censura previa que pueda impedir que se emita opinión, expresión o comunicación alguna por cualquier medio o sistema”. Op.cit, pág. 55.

CUARTO: De igual modo, resulta pertinente señalar una visión respecto de los contornos de los derechos antes señalados en relación a personas que ejercen un cargo público, de esa manera nombre reservado, en el texto: “Pautas para superar las tensiones entre los derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada”, Revista de Derecho, Volumen XVII, Diciembre 2014, páginas 139 a 160, http://revistas.uach.cl/html/revider/v17/body/art06.htm#n10, señala: “Las personas, figuras públicas o personaje público son aquellas personas que adquieren notoriedad o fama de manera que son ampliamente conocidas, que ejercen cargos de autoridad pública o una profesión o actividad de notoriedad o proyección pública, como asimismo, las personas que se involucran voluntariamente en cuestiones de interés público o se encuentran involucradas en controversias o acontecimientos de relevancia pública o institucional.

Los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a una persona de relevancia pública en las actuaciones correspondientes a sus funciones de tal, por duras e infundadas que aparezcan, pesando en ellos la tarea de dar cumplida cuenta de sus actuaciones referentes a desempeño de sus funciones públicas.

Como ha sostenido la Corte Europea de Derechos Humanos, el situarse libre y voluntariamente como persona de relevancia pública, se expone, inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante.

El ser persona de relevancia pública hace soportar a la persona un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, ya que ello es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Ello se deriva de poderosas consideraciones: a) La crítica vigorosa respecto de la actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia pública es fundamental para la vigencia de las sociedades democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia y el pluralismo en materias de relevancia pública.

b) Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas.

c) Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública que no están sujetos al escrutinio público y no realizan su actividad pública sujetas a reglas de transparencia y publicidad, serían fácilmente objeto de chantajes y situaciones de falta de probidad que generarían un grave detrimento para el bien común.

d) Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública tienen amplias posibilidades de acceso a los medios de comunicación social para rebatir las críticas que se les formulan sobre su actividad sometida al escrutinio público”.

QUINTO: Que, establecido los previo y en relación a aquella expresión que estima el recurrente conculcatoria de sus derechos, acaecida con fecha 27 de octubre del año recién pasado, es necesario señalar que, de una lectura pormenorizada de los hechos señalados tanto en la presentación del recurrente, como en aquella del recurrido es factible vislumbrar, que este último impugna el verdadero sentido y alcance de las expresiones que se le imputa haber formulado, señalando que aquellas no han tenido la finalidad que se le ha dado, indicando que ello emanó en el contexto de una disputa verbal con el recurrente motivada por la renovación de una licitación y el otorgamiento de un bono destinado a los trabajadores de salud de dicha comuna, es decir, en el contexto propio de sus actividades, y más directamente de aquella de fiscalización de los actos del Alcalde. De la misma manera, sostuvo que, no resulta ser efectivo que haya mediado voluntad de que sus dichos sean reproducidos, divulgados o masificados por cuanto la difusión de aquello depende del Alcalde de la comuna, quien manejaría los servicios de trasmisión on-line de las sesiones mencionadas.

SEXTO: Que, revisada el acta de Concejo 141-2020 de la Municipalidad de Pitrufquén, es posible efectivamente constatar que, luego de lo que parece ser una disputa verbal entre recurrente y recurrido (decimos aquello por cuanto precede a las indicaciones del reclamado algunas expresiones del actor, vinculadas con la posición política de este último en torno a una decisión de cambio constitucional), se deja constancia que, el concejal Sr. nombre reservado habría señalado que: “pero si el Alcalde es el más corrupto como no recordar la licitación de las luces led que no se aprobó porque estaba mala y las grandes compras”. Ahora si bien es cierto ello, el recurrido como defensa expresa que se han descontextualizado sus expresiones, sin que una disputa de esta naturaleza pueda zanjarse por la vía de un mecanismo de la naturaleza de la presente acción constitucional, ya que ello requiere-como resulta natural- de prueba que permita la demostración de una y otra postura frente a lo consignado en el acta ya señalada. Debiendo añadirse además, que no sólo se ha expresado pura y simplemente una opinión, sino que ella ha sido acompañada de una fundamentación de la que emanaría, conforme a quien la emitió, lo que ciertamente menos puede evaluarse como cierto sin antecedentes que así lo acrediten, de manera que, con ello se inserta un elemento que vuelve dubitada la expresión consignada en el acta ya señalada sin que, en consecuencia, puede resolverse aquello dada las características de la presente acción constitucional.

SEPTIMO: Sin perjuicio de lo ya expresado, y más relevante que ello, es que resulta necesario emitir pronunciamiento en torno a la alegación de extemporaneidad en la interposición del recurso que reclama la parte recurrida, la que conforme reconoce se habría emitido su opinión -sin perjuicio de lo ya señalado en cuanto a la fidelidad de su contenido- en la sesión de concejo municipal de fecha 27 de Octubre del año 2020, por lo que al respecto es ineludible considerar que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

OCTAVO: Que así, es indiscutido que, en el caso de autos, se han imputado dos actuaciones precisas, una ocurrida con fecha 27 de octubre del año 2020, en Sesión de Concejo Municipal, y otra, en entrevista radial de fecha 03 de noviembre del año 2020. De esa forma y, teniendo presente que el recurso se ha interpuesto con fecha 03 de diciembre del año 2020, no cabe sino declarar que para el primer acto imputado el recurso debe ser declarado extemporáneo, puesto que se trata de actuación precisas, concretas y divisibles, no pudiendo ser calificadas de permanentes ( considérese a este respecto que no consta que el reclamado haya reproducido esos dichos por algún medio de comunicación social, ni menos por un red de esa misma naturaleza, ni que haya persistido en los mismos), al agotarse aquello con su sola expresión, con lo que es consecuencia acoger la alegación parcialmente, como se señalará en la parte resolutiva.

NOVENO: Que ahora bien, en cuanto al fondo, resulta necesario tener presente que para que el recurso de protección sea acogido, es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

DECIMO: Que así, del tenor del recurso, y de la entrevista radial realizada por el denunciado en el programa radial, de Radio Araucana online, denominado “Animal de Radio. La Gran Manada”, no resulta posible establecer efectivamente que el recurrido haya realizado imputaciones que afecten indubitadamente derechos fundamentales del recurrente, ni menos que sus indicaciones vayan dirigidas a efectos de catalogar con ellas su específico proceder. Ello por cuando si bien se puede extraer de ella la utilización de expresiones como “malversando fondos”, “coimas”, “irregularidades” y otras, lo cierto es que, en la transcripción que se efectúa por quien presenta el recurso, se puede desprender que en un comienzo, el Sr. nombre reservado efectúa una crítica generalizada a cómo, en su concepto, operarían la mayorías de los municipios nuestro país, señalando que serían un secreto a voces que requerirían el 10 % por ciento de las licitaciones adjudicadas ( aquí es el entrevistador quien pregunta: ¿o sea que están pidiendo una coima eso estás diciendo?). Luego insiste en que efectuó una denuncia por lo que señala se trataría de una licitación fallida de luces LED para las calle de la comuna de Pitrufquen, por cuanto consideró que existían irregularidades. De la misma forma, en sus indicaciones señala que se estarían malversando fondos, pero sin determinar precisa y concretamente quien, ni cómo, ya que lo afirma luego de expresar, en términos generales que prefiere ser una buena persona y un mal político, ya que ha constatado que muchas personas recurren a la Municipalidad, ya que “no son correctamente atendidos no le solucionan el problema, porque ni si quiera le han revisado una carpeta”.

Como se podrá entender, con lo previo, resulta dubitado que dichas expresiones digan relación directamente con la persona del actor, ya que transitan más bien, en el derrotero de una crítica política a la forma en que, en perspectiva del recurrido operarían las municipalidades de nuestro país, de manera ella que siendo las cosas de dicha forma es que no se puede aseverar con certeza que las opiniones dadas a conocer en la entrevista radial ya señalada de parte del Sr. nombre reservado se erijan como un acto atentatorio en contra de la honra del recurrido.

UNDECIMO: Que por tales razones, no constituyendo el recurso una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

DUODECIMO: Que, a mayor abundamiento y para efectos de completitud, es necesario señalar que, por los mismos argumentos antes anotados no es factible tener por concurrente afectación a las otras garantías constitucionales que enuncia el recurrente nos referimos con ello a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que SE ACOGE parcialmente la alegación de extemporaneidad alegada por la parte resolutiva, respecto de las expresiones proferidas en Sesión de Concejo de la Municipalidad de Pitrufquen de fecha 27 de Octubre del año 2020.

II.-Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don RANDOLPH BROWN RIQUELME, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de nombre reservado, todos ya individualizados.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Protección-12124-2020. (fcv)