Protección contra derecho

Foja: 185 Ciento Ochenta y Cinco C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de febrero de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que fojas 53, comparece don nombre reservado, recolector de maderas muertas, nombre reservado, comerciante, nombre reservado, recolector de maderas muertas, y nombre reservado, recolector de maderas muertas, todos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección, a fin de que S.S. Iltma. adopte todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos, con ocasión del acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido, el Secretario Regional de Bienes Nacionales de la Región de la Araucanía, nombre reservado, profesor de matemáticas, domiciliado en domicilio reservado:

En cuanto a los hechos, señalan que han poseído legalmente parte del inmueble denominado fundo San Pedro, rol 115-5, ubicado en camino Volcán, de la comuna de Pucón, por más de 50 años, ellos nacieron y sus familias se formaron en este lugar, por años han sido oprimidos, perseguidos por personas inescrupulosas que han buscado despojarles de lo que ellos reconocen como propio, les han denominado como herederos, ocupantes, poseedores, etc., pero la verdad sea dicha sus antecedentes se remontan a compras y sucesiones hereditarias que a la fecha logran dar materialidad a los títulos por una vía ordinaria resulta impracticable, es así que durante el gobierno militar los despojaron con fusiles de sus posesiones a parte importante de los integrantes de sus familias, quedando sólo los cuatro recurrentes que en ese entonces se refugiaron en los lugares más altos del fundo donde no pudieron alcanzarlos, señalando que parte importante de las demás personas que poseen algún grado de derechos hereditarios han reconocido su condición de poseedores y los habilitan para sanear.

Es así que llegaron al procedimiento de saneamiento que realiza el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el D.L. 2695, postulando sus casos, en una primera instancia se les recomendó iniciar dos postulaciones por el predio a nombre de uno de ellos, por lo que así lo hicieron, resultando fuertemente resistida su postulación por existir intereses de muchas personas que nada tienen que ver con la familia, ni menos con la posesión de la parte del fundo que hoy están saneando.

Pasado un tiempo, se acercaron a conversar con el Secretario Regional nombre reservado, (Seremi de abril de 2010 a junio de 2013), quien les recibió y les escuchó, le enseñaron sus documentos, le demostraron que en su caso se justificaba ser tramitados ya que no hay nadie más que ellos que cumpla con los requisitos que establece el D.L. 2695.

Así las cosas, se presentaron 4 carpetas de saneamiento una por cada uno de ellos, quienes en terreno se encontraron partidos de hecho, partición que por la naturaleza del sector y el carácter de turístico no han cerrado totalmente, sino que, han fajado (demarcado) sus paños de terreno, esto en conocimiento de los mencionados funcionarios y del Encargado de la Unidad de Catastro nombre reservado, quien validó el método de demarcación en reunión con su mandatario y el actual Seremi. Esto para realzar lo que sabe que cada uno ocupa y que reconocen como propio por más de 20 años. De igual forma han pagado las contribuciones por igual periodo, se han reunido con el Municipio quien les reconoce como poseedores por más de 20 años, se han reunido con la Corporación Nacional Forestal, que les ha reconocido en un doble aspecto, primero que no tienen conflicto de deslindes con la reserva, ni con el centro de esquí y segundo que poseen por más de 15 años el fundo San Pedro, reconocimientos firmados por su Director don nombre reservado. A mayor abundamiento, años atrás se fijó con ellos el límite de la reserva y Centro de esquí para ser inscrito por el Ministerio de Bienes Nacionales, por lo que los límites de dicho bien fiscal se encuentran absolutamente claros y a buen resguardo.

Sus trámites avanzaron lentamente, se ingresaron las carpetas por una empresa contratista del Ministerio AMULEY LTDA. la que les fue recomendada con otras 3 empresas, por el mismo Seremi, por ser estas las más serias y con un mayor estándar de tramitación, el informe lo realizó la abogado Ximena Contreras, quien por años trabajó en el Ministerio de Bienes Nacionales en otra región, quien es Conservadora suplente del 2º CBR de Temuco, quien alcanzó la misma convicción de procedencia, luego lo visó un abogado de la Unidad de Regularización para finalmente validarlo el abogado Encargado de la Unidad Sr. Lazo, para ser plasmado en la resolución “A” del trámite que es la que acepta la postulación firmada finalmente por el Seremi Pillampel.

Luego se firmó la resolución denominada “B” que no es otra que la contenida en el artículo 11 del D.L. 2695/1979, que es de suma importancia, pues es la que deniega o acoge el trámite, con implicancias muy importantes para los interesados, es así que si rechaza el tramite este se termina ahí, sin perjuicio de los recursos que la ley entrega; pero de aceptar o acoger el trámite se radica en el patrimonio del solicitante algo más que una simple pretensión, más bien es un derecho adquirido, que no es otro, que salvo que un tercero se oponga a su saneamiento el Ministerio inscribirá a su nombre la propiedad y de existir oposición podrá defenderla en tribunales (como lo haría un propietario). Para ello se ordena en la misma resolución publicar en el diario de mayor circulación regional un extracto del saneamiento, los días 1 y 15 de cada mes, hecho que ocurrió el 1 de septiembre último publicando el primero de 2 extractos, pero cuando se está ad portas de publicarse por segunda vez el 15 de septiembre, el mismo Seremi que firma la resolución que acoge los 4 casos el 29 de Agosto de 2013, ordena su no cumplimiento, una aberración jurídica en el ámbito administrativo, interrumpiendo las publicaciones y solo ellas, por lo que no se retrotrae el expediente a ningún momento, ni menos se rechaza las postulaciones, simplemente se corta el trámite y les deja en un limbo, algo más que irregular, ilegal y arbitrario .

Ahora bien, mediante resolución 886 de fecha 13 de Septiembre de 2013, la que se encabeza de la siguiente forma “ORDENA NO CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION LEGAL EN SOLICITUDES QUE INDICA POR CAUSAS QUE SEÑALA. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES. SANCIONES.” Resolución que les hace recordar un Bando presidencial, dictada de oficio, sin ningún fundamento de fondo y sin audiencia de los afectados, en contravención a sus derechos y con un absoluto sesgo de la información en ella contenida, se ordena no publicar y se deja sin efecto resoluciones sin especificar cuáles.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal, como se ha señalado en la exposición de hechos, el acto ilegal y arbitrario por el cual se recurre de protección constitucional, es la dictación de la resolución 886 de 13 de Septiembre de 2013, que a la fecha no me ha sido notificada oficialmente.

En la especie, el recurrido, no obstante ser su deber constitucional actuar en el ámbito de la legalidad, se aparta de ella, y de las normas que regulan los procedimientos administrativos, (Ley 19.880), afecta sus derechos, los priva de la bilateralidad o ser escuchados, no fundamenta su resolución si no que se limita a una serie de hechos inconexos para maquillar la arbitrariedad y lo ilegal de su actuar.

En cuanto a los derechos conculcados: La acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del siguiente derecho y garantía constitucional:

1.- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN SUS DIVERSAS ESPECIES SOBRE TODA CLASE DE BIENES GARANTIZADO EN EL ARTICULO 19 Nº 24 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

La norma señalada, en su parte pertinente, garantiza “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Sólo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador”.

Sobre el punto en particular, como adelantaron, los actos realizados por el recurrido corresponden a una suerte de autotutela pública, por cuanto, por un lado, ha actuado en contra de derecho, resoluciones firmadas y sancionadas por él, a los días, sin nuevos antecedentes ni razones ni fundamentos las deja sin efecto, sin audiencia, lo que afecta su derecho de propiedad, es así que más allá de una pretensión lo que cuentan es con la posesión, reputándonos dueños, es más, no sólo es la simple posesión, si no que es la que según el D.L. 2695/1979 los habilita para regularizar, así fue declarado, se imputa que la resolución recurrida (en su nº 2) que existe una inscripción que además de ellos estaría a nombre de otras personas, pero no repara en que eso no es óbice para la regularización, es el propio Decreto Ley que así lo señala; el artículo 4 inciso final de dicha norma señala “El solo hecho de existir una inscripción anterior que ampare el inmueble, no significará que el poseedor material esté reconociendo dominio ajeno, sin perjuicio de los derechos del titular de esa inscripción contemplados en el título IV de la presente Ley”.

De esta forma el recurrido actuando revestido de su potestad sin una causa legítima para ello o aunque lo tuviera, ha actuado fuera de toda atribución legal, siendo su actuar ilegal y arbitrario, quebrantando el imperio del Derecho, ya que nadie puede de hecho privar a un tercero de su propiedad o dominio, o parte de sus atributos, si no es en la especie en conformidad a los procedimientos establecidos en la ley, D.L. 2695/1979 y ley 19.880.

2.- EL DERECHO DE LIBERTAD PARA ADQUIRIR EL DOMINIO GARANTIZADO EN EL ARTICULO 19 Nº 23 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Infringe las libertades económicas, esto es el orden económico, dentro de este orden están diversos principios y preceptos jurídicos, que fijan los rasgos característicos de la economía pública y privada del país.

3.- EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTIZADO EN EL ARTICULO 19 Nº 3 inciso 5º DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Como ha señalado la Excma. Corte Suprema, en concordancia con el Tribunal Constitucional, el derecho del debido proceso “a lo menos lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigor y las leyes le entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la Ley, que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas entre otros. Se ha precisado que aunque se trate de potestades que no suponen ejercicio de jurisdicción, ciertamente deben sujetarse a los parámetros propios de un debido proceso. En concordancia con lo anterior, respecto al ámbito de aplicación de la garantía, se ha señalado que ella dice relación con el ejercicio de la función jurisdiccional, independiente del órgano que la ejerza, siendo una cuestión de mérito, que escapa al control constitucional, la elección del legislador respecto del órgano que la ejerza. De esta forma para dictar el acto administrativo se ha destacado la importancia de haber escuchado previamente a la parte afectada, y eventualmente, recibir antecedentes probatorios. Se exige entonces que el acto administrativo se imponga en el marco de un debido proceso.

4.- EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY GARANTIZADO EN EL ARTICULO 19 Nº2 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Que de conformidad al inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. En el caso sublite ello no ha sucedido, lo que hace que el actuar de Sr. nombre reservado, sea ilegal y vulneratorio de la garantía contemplada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de la igualdad ante la ley, pues el recurrente es discriminado arbitrariamente en comparación a otras personas que serán tratadas de un modo distinto ante una situación similar. Existen en tramitación más de 4000 casos ante el Seremi donde un número importante se encuentra en las mismas condiciones que sus procedimientos, por lo que lo actuado con ellos afecta la esencia de la igualdad que nuestra carta fundamental les garantiza.

Por todo lo anterior, solicita se acoja el recurso y en su lugar se ordene que:

a) El recurrido debe dejar sin efecto la resolución 886 de fecha 13 de Septiembre de 2013, estableciendo de esta forma el imperio del Derecho al estado en que se encontraban sus procesos antes de su ingreso folios Nº 594950, 594960, 594962 y 594965.

b) Que se practique la segunda publicación en el número más próximo (1 o 15 del mes) del Diario de Circulación regional para estos efectos Diario Austral de Temuco.

c) El recurrido deben pagar las costas de la tramitación del recurso.

2º.- Que a fojas 103, comparece informando el abogado señor Manuel Espinoza Torres, por el señor el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de la Araucanía, haciendo referencia a la normativa aplicable, relativa al D.L. N° 2.695. Luego señala que respecto a los expedientes administrativos de los recurrentes, todos de fecha 09 de octubre de 2012, consta la solicitud de saneamiento. Don nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, en su calidad de herederos de doña nombre reservado y en el caso de don nombre reservado, por simple posesión material del inmueble, respecto de 4 retazos de 62,50 hectáreas, ubicados en los faldeos del Volcán Villarrica, Pucón.

Agrega que en ejercicio de las facultades delegadas, el Seremi debió resolver la suspensión del procedimiento, a través de la dictación de la resolución exenta N° 886 de fecha 13 de septiembre de 2013, fundamentada en que tanto el origen de la posesión como el procedimiento administrativo cumplido hasta la dictación de la resolución N° 55 de fecha 29 de agosto de 2013, que aceptaron las solicitudes y ordenaron efectuar las publicaciones legales, adolecían de graves vicios de fondo y de forma que afectaban su legitima procedencia y validez y de continuar se originarían graves daños tanto en el interés fiscal como para los integrantes de la sucesión nombre reservado, propietaria del inmueble.

En cuanto a la propiedad del inmueble: es dueña de la propiedad la sucesión de don nombre reservado y de doña nombre reservado, según inscripción el registro de propiedad del año 1994. Las señaladas sucesiones las integran 8 hijos legítimos, de los cuales algunos han fallecido y dejado herederos. Conforme a las anotaciones marginales de la inscripción, existen numerosos cesionarios.

En cuanto al plazo de posesión: es la segunda petición realizada por los recurrentes, la primera entre los años 2006 y 2010, mediante dos solicitudes, que no superaron la primera etapa, que es la jurídica, atendido que no se acreditó el consentimiento de todos los herederos y cesionarios. Se constató la existencia de conflictos en la posesión, y que los peticionarios no ejercen posesión respecto de las superficies que intentan regularizar. Además, el avalúo fiscal vigente excede el límite legal de 800 UT y para efectos de forzar su procedencia se subdividió en dos lotes.

Ambas solicitudes fueron rechazadas, a través de las resoluciones exentas N° 1849 y 1864 del 9 y 11 de agosto de 2010. Y a través de la resolución N° 86 del 25 de enero de 2011 se rechazó el recurso jerárquico deducido por los solicitantes.

La segunda solicitud fue realizada el 09 de octubre de 2012, esta vez cada uno de los 4 en forma independiente y con distinto loteamiento del predio. No existiendo mayor variación con los documentos acompañados.

Agrega que hay dos situaciones diversas, la primera es que se tomó conocimiento de la existencia de la sucesión de nombre reservado, debidamente constituida el año 2009, y la cual solicitó el cambio de nombre del propietario ante el Servicio de Impuestos Internos, señalando un domicilio en la región Metropolitana, cuestión de relevancia para efectos de la notificación legal establecida en el artículo 10 del DL N° 2695. La segunda dice relación con la próxima licitación nacional e internacional de los centros de montaña y de esquí, emplazados en el Parque Nacional Villarrica.

En cuanto a los vicios de fondo del procedimiento legal: señala que los peticionarios no ejercen posesión exclusiva ni tranquila del inmueble y desconocen los reales deslindes del mismo. Lo que está corroborado por el desalojo judicial del que fueron objeto en el año 1995.

Ninguno de los legítimos herederos autoriza ninguna de las cuatro solicitudes. Solo se acreditó la autorización de los herederos de la rama de los nombre reservado, que no tienen relación con el inmueble.

Luego, inclusive que una de las herederas fue mal notificada en los términos del artículo 10 del DL 2695.

En cuanto a los vicios de forma: el contratista no midió los 4 predios a sanear, sólo cumplió trabajos de gabinete. Señalando que en el recurso se consignan nombres de 4 profesionales técnicos que habrían validado y aprobado la etapa técnica, los planos y minuta. Los cuales han señalado expresamente que no han tenido actuación en los 4 saneamientos.

Señala que la empresa contratista Amuley Ltda. estaba en conocimiento de los errores de fondo y forma que afectaban las solicitudes.

Termina informando que el Seremi, tras firmar la resolución N° 55 de 2013, tuvo conocimiento de diversos errores técnicos que hizo presente de inmediato para su pronta solución antes de cumplirse la segunda publicación legal. Por lo que se dictó la resolución recurrida.

Por lo anterior, solicita negar lugar al recurso de protección, con costas.

3º.- Que a fojas 150, consta el informe de la empresa contratista Amuley, haciendo referencia que fueron contratados sus servicios por los recurrentes, y que conforme a la tramitación normal, los expedientes fueron ingresados al Seremi, a la Unidad de Regulación, para luego obtener la visación jurídica, concluyéndose dicha tramitación, con la dictación de las resoluciones que acogieron a tramitación las postulaciones.

Se continuó con la tramitación normal, se remitieron los oficios a los organismos públicos y se realizaron las notificaciones a quienes correspondía.

Luego, y en cuanto a las mensuras o levantamientos topográficos, concurriendo el equipo técnico de la empresa los días 05 de junio y 27 de junio de 2013 constatando la posesión material del inmueble por los postulantes y levantándose el plano, con las respectivas coordenadas geodésicas. La inspección técnica del Seremi estuvo a cargo de don nombre reservado, y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013. Y se procedió a la visación del informe técnico y deslindes, luego de certificarse de que no se afectaban predios fiscales.

Luego, se presentó el informe jurídico el que fue aprobado por el encargado de la Unidad nombre reservado, dando su visación y luego la resolución fue sancionada por el Seremi Héctor Méndez Carrasco, con fecha 29 de agosto de 2013, con el N° 55.

Posteriormente y con fecha 13 de septiembre de 2013, se les notificó la negativa a efectuar la segunda publicación.

No es efectivo lo aseverado en cuanto a que no se realizaron las mensuras de los predios a regularizar.

Agrega que la posesión que ejercen los recurrentes sobre el inmueble es un acto material que no se desvirtúa por la circunstancia de que existan otras personas con derechos inscritos sobre el bien raíz. Esa es la esencia misma del D.L. 2695. No se afecta además con las regularizaciones, el Parque Nacional Villarrica.

Señala que resulta grave que la seremi señale que la empresa no midió, ello sin ningún informe que lo respalde. Lo que perjudica la imagen y la honra de la empresa que desde que está inscrita como contratista, sus calificaciones han sido siempre altas y tiene a su haber más de 3.000 títulos tramitados.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales éste sufre una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contemplados en el artículo 19 de ese cuerpo legal, y para que esta acción sea procedente se requiere que la “ilegalidad o arbitrariedad del acto o de la omisión que se reclama sea manifiesta, ostensible e indiscutible, de tal manera que sea posible reparar de inmediato el quebrantamiento de la juridicidad”, y de los antecedentes reunidos en el recurso no hay elementos que permitan acreditar en forma clara e indubitada que realmente se ha conculcado alguna de las garantías referidas por los recurrentes por un acto ilegal o arbitrario de la autoridad recurrida, por lo que no cabe más que rechazar la acción cautelar planteada.

2°.- Que la Excma. Corte Suprema ha señalado, refiriéndose a la naturaleza, características y fines del recurso de protección que: “El recurso de protección constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en el artículo 19 se enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

“La naturaleza propia de la acción, y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear este arbitrio constitucional para declarar, constituir o extinguir derechos, como tampoco para establecer la forma como deben interpretarse o cumplirse los contratos, materias todas propias de un juicio de lato conocimiento, en que haya amplias oportunidades de accionar, excepcionar, debatir, fundamentar y probar, para todas las partes en conflicto.”

Por otro lado, aquel Excmo. Tribunal, emitiendo doctrina en relación con los objetivos de la acción constitucional, ha dicho que: “El recurso de protección fue creado para evitar el daño que se pudiere originar, por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, respecto del legítimo ejercicio de derechos –taxativamente señalados por el constituyente- que se encuentran establecidos indubitadamente”.

3°.- Que conforme con lo razonado precedentemente, en el caso propuesto a la decisión de esta Corte el recurso de protección deducido en los antecedentes no es el arbitrio idóneo para resolver las peticiones contenidas en él, y tal como lo expuso el abogado de la autoridad recurrida en la audiencia de la vista de la acción analizada, la actuación de aquélla tiene fundamento en los errores o vicios que se advirtieron en los actos administrativos que dieron origen a la aprobación de las solicitudes de saneamiento conforme el DL 2695 solicitadas por los recurrentes entre ellos, como se alegó en estrados, la no existencia de una posesión tranquila y regular de los terrenos que se pretendían sanear al haber sido desalojados en una oportunidad de ellos, asimismo, no estaba determinada la superficie de cada lote en que cada uno tenía la posesión y, por último, había herederos de la sucesión nombre reservado primitivos propietarios de esos predios.

4°.- Que, como se expuso ante este Tribunal, los vicios que se le reprochan al recurrido sólo pueden ser analizados y los actos administrativos consecuentes anulados, sólo mediante el ejercicio de la acción de nulidad de derecho público, como quiera que esta acción, también de carácter constitucional, debe ser ejercida en un juicio ordinario de lato conocimiento en el cual se podrá determinar la existencia o no de los vicios reclamados, su naturaleza y efectos.

El artículo 3º de la ley Nº 19.880, en su inciso final, consagra la presunción de legalidad del acto administrativo, lo que permite reputar válido aquella actuación, presunción que mantiene sus efectos mientras no se declare judicialmente la ilegalidad que permita anularlo.

Y así se sostiene doctrinariamente que los actos que se adopten con total carencia de facultades por parte de quien los emite o contienen de vicios de evidente ilegitimidad, adolecen de nulidad de derecho público que prevé el inciso final del artículo 7º de la Constitución Política.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se declara que SE RECHAZA, el interpuesto a lo principal de fojas 53, por los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de la Araucanía, don nombre reservado, sin costas, por estimar la Corte que tuvieron motivo plausible para recurrir.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Julio César Grandón Castro.

N°Protección-11963-2013.

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado por la Sala de Verano Presidente Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos, Ministro Sr. Julio César Grandón Castro y Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

En Temuco, diecinueve de febrero de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.