nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, nueve de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, Ingeniero en Prevención de Riesgos, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, conforme a los antecedentes que expone en su libelo.

En cuanto a los hechos, menciona que con fecha 31 de julio de 2024 suscribió pagaré N°173000028032 por la suma de $7.465.852, pagadero en 60 cuotas mensuales. Con posterioridad, producto de un cambio de empleador y de caja de compensación, se generó un desfase administrativo que derivó en el atraso de cuatro cuotas, situación que fue posteriormente regularizada mediante descuentos por planilla. A la fecha, ha pagado 15 cuotas.

Explica que, sin embargo, la recurrida, invocando cláusula de aceleración, interpuso demanda ejecutiva en su contra, notificada el 17 de marzo de 2026, en causa Rol C-2092-2026, ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, exigiendo el total de la deuda. Añade que no obstante haber optado por la vía judicial para el cobro íntegro del crédito, la recurrida continúa efectuando descuentos mensuales por planilla de remuneraciones respecto de la misma obligación.

En consecuencia, actualmente se le exige judicialmente el total de la deuda y se continúan realizando descuentos mensuales por el mismo concepto.

Expresa que lo anterior configura un doble mecanismo de cobro simultáneo, jurídicamente incompatible. Hace presente que no controvierte la existencia de la obligación, sino exclusivamente la ilegalidad del mecanismo de cobro empleado, la cual califica como un acto de autotutela, toda vez que la recurrida, existiendo un procedimiento judicial en curso, ha decidido sustraerse de dicha vía para procurarse el pago mediante descuentos directos en las remuneraciones del recurrente.

Sostiene que tal actuación afecta directamente sus ingresos mensuales, comprometiendo un bien especialmente protegido por el ordenamiento jurídico, como lo son las remuneraciones.

Indica que el acto recurrido vulnera directamente su derecho de propiedad al afectar sus remuneraciones mediante descuentos carentes de fundamento jurídico vigente.

Postula la conculcación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley toda vez que la recurrida se sitúa en una posición de privilegio indebido al ejercer simultáneamente acciones judiciales; y mecanismos de cobro directo. Lo anterior configura un trato desigual respecto de otros acreedores, quienes deben someterse íntegramente a los procedimientos judiciales de cobro. Cita jurisprudencia que estima aplicable en la especie.

Dice que el acto recurrido consiste en la decisión de la recurrida de mantener descuentos por planilla de remuneraciones, no obstante haber hecho exigible judicialmente el total de la deuda mediante cláusula de aceleración. Este actuar es ilegal, porque contraviene el efecto propio de la cláusula de aceleración, que transforma la obligación en una deuda íntegramente exigible. Infringe la normativa administrativa aplicable (Circular N°2052 SUSESO), al no existir consentimiento vigente para descuentos, desconoce las reglas del procedimiento ejecutivo, que constituyen la vía legal para el cobro. Además, es arbitrario, porque carece de razonabilidad al utilizar simultáneamente dos mecanismos incompatibles de cobro; importa un ejercicio abusivo de facultades legales; desconoce el principio de buena fe y la teoría de los actos propios.

Previas citas legales, pide en definitiva, se acoja el recurso, se declare que los descuentos efectuados por la recurrida respecto de las remuneraciones del recurrente son ilegales y arbitrarios, se ordene el cese inmediato de dichos descuentos, que la recurrida se abstenga en lo sucesivo de efectuar descuentos por el mismo concepto mientras persista la vía judicial de cobro, se disponga la restitución de las sumas indebidamente descontadas, o en subsidio, reservar las acciones para su cobro en la sede correspondiente, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Ebook causa Rol C-2092-2026; Liquidaciones de sueldo que acreditan los descuentos.

A folio 5, comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien evacúa el informe de rigor solicitando el rechazo de la acción de protección, en atención a los antecedentes que expone en su presentación.

En cuanto a los antecedentes del caso, señala que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, el señor nombre reservado mantiene 01 crédito moroso con Caja La Araucana, N° 173-000028032, otorgado el 31-07-2024, por la suma de $7.465.852, en 60 cuotas de $268.953. Crédito que se mantiene moroso y vigente, sin declaración hasta la fecha de prescripción de la acción de cobro que emana del mismo, y por el cual, Caja Los Andes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, le solicita a su empleador afiliado, Ilustre Municipalidad de Victoria (69.180.900-5.), el descuento por planilla de la deuda.

Agrega que los montos descontados son remesados a Caja La Araucana, según el siguiente detalle:

En cuanto a la causa, seguida ante el séptimo juzgado civil de Santiago, ROL C-2092-2026, señala que corresponde a un juicio ejecutivo, iniciado el 11/02/2026, y actualmente en tramitación.

En cuanto al fondo, indica que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, en este último se encuentran los créditos sociales.Créditos que conforme Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social se definen como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Previa cita de los artículos 1546 y 1545 del Código Civil, expresa que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Menciona que este argumento es compartido por la Superintendencia de Seguridad Social conforme Dictamen 2659- 2020 de 12 de agosto de 2020, el cual cita.

A su turno. cita profusa jurisprudencia de tribunales superiores de justicia, que, a su entender, han rechazado recursos similares.

Plantea que en virtud de lo expuesto que C.C.A.F. La Araucana, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además las garantías constitucional contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un descuento ilegal que afecte la esfera de dominio de la recurrente, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen, y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y los mismos se encuentran ajustados al máximo permitido.

Adjunta a su presentación copia de Pagaré de fecha 31/07/2024.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que la propia Carta Fundamental señala. En ese orden de ideas, el ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, perturbación o amenaza para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en autos, se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana habría procedido al descuento, desde las remuneraciones del recurrente y a través de su empleador, de cuotas correspondientes a un crédito social cuyo cobro ha judicializado mediante la interposición de demanda ejecutiva, en forma que se estima ilegal y arbitraria, solicitándose se ordene a la recurrida dejar sin efecto dichos descuentos, abstenerse de practicarlos en lo sucesivo y restituir las sumas descontadas, además de los descuentos que llegaren a producirse durante la tramitación de la presente acción.

Tercero: Que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, y teniendo presente que no han sido controvertidos por las partes, son hechos de la causa los siguientes: a) Que el recurrente suscribió a favor de la CCAF La Araucana un pagaré destinado a garantizar un crédito social otorgado en el mes de julio de 2024; b) Que el recurrente incurrió en morosidad respecto del servicio de dicha deuda; c) Que la institución recurrida, haciendo uso de la cláusula de aceleración contenida en el título de crédito, interpuso demanda ejecutiva con fecha 11 de febrero de 2026 ante el 7º Juzgado Civil de Santiago (Rol N° C-2092-2026) , pretendiendo el cobro judicial de la totalidad del saldo insoluto de la deuda por un monto capital de $6.221.543; d) Que, de igual modo, el empleador del recurrente por instrucción indirecta de la recurrida a través del sistema de Convenio Intercajas, continuó aplicando descuentos directos sobre su sueldo mensual por una suma de $268.953 destinada a amortizar la misma obligación.

Cuarto: Que, establecido lo anterior, corresponde determinar si el ejercicio simultáneo de ambas vías de cobro —esto es, la ejecución civil ante la justicia ordinaria y el descuento directo por planilla sobre las remuneraciones del recurrente— resulta legalmente compatible o si, por el contrario, configura un acto ilegal y arbitrario que perturbe o prive al actor de sus garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que, para dilucidar este asunto, es menester examinar el alcance del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que en su inciso primero establece que “[l]o adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales(…)”.

Si bien es indiscutible que la referida disposición confiere a las Cajas de Compensación un mecanismo especial sumamente eficaz para la recaudación de los créditos que otorgan —justificado en la naturaleza de los fondos involucrados—, tal prerrogativa no reviste un carácter absoluto debiendo obrar con respeto a las garantías constitucionales del deudor.

Asimismo, el ejercicio de dicha facultad debe efectuarse de manera coherente con las actuaciones de cobro desplegadas por la propia entidad acreedora, de modo tal que la utilización de mecanismos concurrentes de cobro respecto de una misma acreencia no genere duplicidad de vías de satisfacción ni una afectación desproporcionada de la esfera patrimonial del afiliado.

Sexto: Que, en este orden de ideas, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla un mecanismo especial de recaudación de los créditos sociales mediante descuento por planilla, en la especie consta que la entidad recurrida optó, además, por hacer exigible anticipadamente la totalidad del saldo insoluto del crédito, deduciendo para ello demanda ejecutiva destinada al cobro íntegro de la obligación.

Que, en tales condiciones, la mantención simultánea de descuentos periódicos sobre la remuneración del recurrente respecto de la misma acreencia cuya satisfacción total se persigue judicialmente importa una superposición de mecanismos de cobro que carece de justificación suficiente, toda vez que permite a la acreedora obtener pagos parciales por una obligación ya acelerada mientras mantiene vigente una acción judicial encaminada al cobro íntegro del saldo adeudado.

Que, no se controvierte en autos la existencia de la deuda ni el derecho de la recurrida para perseguir su pago, sino exclusivamente la razonabilidad y juridicidad del empleo concurrente de ambas vías respecto de una misma obligación, circunstancia que genera una situación de incertidumbre acerca de la imputación de los pagos obtenidos y produce una afectación patrimonial actual al recurrente que excede el ejercicio regular de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a las Cajas de Compensación.

Séptimo: Que, en los términos reseñados, estos sentenciadores estiman que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido en la forma que se dirá.

Que, atendido lo razonado precedentemente, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de las restantes garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por tales consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana; y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos practicados sobre la remuneración del recurrente a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, debiendo ésta, además, abstenerse de efectuar tales descuentos en el futuro, sin perjuicio del derecho que asiste a la referida entidad para continuar persiguiendo el pago de la obligación por los medios ordinarios.

De la misma manera la entidad recurrida deberá restituir a la recurrente la totalidad de los montos descontados de su remuneración por concepto del crédito social singularizado, a partir de la fecha de interposición de la demanda ejecutiva civil, esto es, desde el 11 de febrero de 2026, y hasta que se haya verificado la efectiva suspensión de los descuentos, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

II.- Déjese sin efecto la Orden de No Innovar decretada en estos autos, firme que sea la presente resolución judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-1186-2026.(jog)