SOC MUEBLES SANTA ANA LTDA con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dos de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero comercial, Rut N° RUT reservado, de mí mismo domicilio y de las sociedades: SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA 77.624.270-5, SOCIEDAD INDUSTRIAL EL NOGAL LTDA. 76.051.903-0, SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA ANA LTDA. 76.349.135-8, SOCIEDAD INMOBILIARIA EL FUNDADOR LTDA. 76.350.179-5, SOCIEDAD INVERSIONES MSA LTDA. 76.947.170-7, SOCIEDAD SANTA ANA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 76.052.958-3, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS TM SPA 76.493.151-3, SOCIEDAD TRANSPORTES MSA LTDA. 76.275.020-1, SOCIEDAD TRANSPORTES EL LAGUITO LTDA. 76.866.450-1, SOCIEDAD SANTIAGO LIMITADA 76.068.100-8, SOCIEDAD CATRIPULLI LTDA 76.705.880-2, SOCIEDAD nombre reservado HERMANOS LTDA 76.721.880-K, SOCIEDAD AGRÍCOLA Y TURÍSTICA EL LINGUE LIMITADA 78.415.020-8 SOCIEDAD GRUPO INVERSIONES TM LTDA 76.683.489-2, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de doña nombre reservado, perito contable, con domicilio comercial en domicilio reservado, y en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Familia de Temuco, (en realidad se dirige en contra de doña Edelmira Durán Vergara, también juez de familia de Temuco), en razón de los siguientes fundamentos.

Señal que existe en tramitación ante el Juzgado de Familia de Temuco, la causa RUC 20-2-RUT reservado RIT C-571-2020, en cuya virtud nombre reservado demanda de divorcio y rebaja de alimentos a doña nombre reservado, quien a su turno, interpuso demanda reconvencional de compensación económica. En el marco del juicio antes referido, las partes ofrecieron prueba diversa, pero que -en lo que interesa-, se circunscribirá a la prueba pericial de la parte demandada y demandante reconvencional.

Conforme a la información recabada en dicha causa, doña nombre reservado ofreció un informe pericial elaborado por doña nombre reservado, quien – habiendo aceptado el cargo – ha requerido a nombre reservado le haga entrega de la información financiera, contable y tributaria que consta en su escrito el que se acompaña a este recurso, solicitando incluso la entrega de las claves ante el Servicio de Impuestos Internos, y todo en relación – entre otros – a su participación en las siguientes sociedades:

SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA 77.624.270-5, SOCIEDAD INDUSTRIAL EL NOGAL LTDA. 76.051.903-0, SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA ANA LTDA. 76.349.135-8, SOCIEDAD INMOBILIARIA EL FUNDADOR LTDA. 76.350.179-5, SOCIEDAD INVERSIONES MSA LTDA. 76.947.170-7, SOCIEDAD SANTA ANA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 76.052.958-3, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS TM SPA 76.493.151-3, SOCIEDAD TRANSPORTES MSA LTDA. 76.275.020-1, SOCIEDAD TRANSPORTES EL LAGUITO LTDA. 76.866.450-1, SOCIEDAD SANTIAGO LIMITADA 76.068.100-8, SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL nombre reservado Y CIA 76.258.434-4, SOCIEDAD CATRIPULLI LTDA 76.705.880-2,SOCIEDAD nombre reservado HERMANOS LTDA 76.721.880-K, SOCIEDAD AGRÍCOLA Y TURÍSTICA EL LINGUE LIMITADA 78.415.020-8 y SOCIEDAD GRUPO INVERSIONES TM LTDA 76.683.489-2.

Que por lo antes dicho, nombre reservado, con fecha 17 de noviembre de 2020, vía email, solicitó a don nombre reservado, una serie de antecedentes o informaciones acerca del movimiento económico de las empresas a las que éste último pertenecería, a fin de dar respuesta a lo requerido por el perito ya individualizada.

Que en dicha petición don nombre reservado acompañó: copia del escrito de fecha 26 de octubre de 2020 de la perito nombre reservado donde acepta el cargo y pide la documentación; copia de resolución ante dicha presentación de fecha 27 de octubre de 2020 de la Juez de familia de Temuco doña Edelmira Durán Vergara; copia de recurso de reposición interpuesto por la abogada doña Claudia Matus Matus en representación de don nombre reservado en contra de la resolución antes dicha y, copia de la resolución recaída en dicho recurso, resolución dictada por doña “nombre reservado”(sic), Juez Titular del Juzgado de Familia de Temuco de fecha 02 de noviembre de 2020 y que no dio lugar al recurso interpuesto.

Que el perito contable, nombre reservado en su escrito ya citado, además de aceptar el cargo, solicita a nombre reservado, poner a su disposición respecto de los años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, la siguiente documentación:

a.- Balances de los años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, de las sociedades antes mencionadas, b.- Libros de compra y venta, años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, de las sociedades antes mencionadas, c.- Formulario 29 de los años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, tanto de las Sociedades antes mencionadas como también del Señor nombre reservado como persona natural, d.-Formulario 22 Años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, tanto de las Sociedades antes mencionadas como también del Señor nombre reservado como persona natural. Refiere la perito expresamente señaló que le podrían facilitar las claves del SII, pues así se puede obtener información de las compras y ventas de cada una de las sociedades, las cuales se contrastarán con los correspondientes balances y los impuestos pagados.

e.- Libros mayores de las cuentas Caja, banco, clientes, proveedores, ingresos de la operación remuneraciones, activo fijo, cuentas patrimoniales, corrección monetaria de los periodos 2017, 2018, 2019 y periodo enero a septiembre de 2020, de las Sociedades antes mencionadas, g.- Cartolas bancarias mensuales de los bancos con los que operan las Sociedades antes mencionadas y cartolas del Señor nombre reservado como persona natural, se sus cuentas corrientes, de los años 2017, 2018, 2019 y periodo enero a septiembre de 2020, h.- Detalle de los Créditos bancarios obtenidos en las sociedades antes mencionadas y del Señor nombre reservado como persona natural (tipo de crédito, fecha de obtención plazo, valor de la cuota, tabla de amortización), durante los años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, siendo el objetivo determinar las deudas existentes en las sociedades y pagos realizados por concepto de créditos de distinto tipo, tanto en las sociedades como la persona natural, i.- Auxiliar de activo fijo, o detalle de los activos fijos incluida la fecha de compra, y cálculo de la depreciación anual y acumulada (documentación de respaldo de la compra de los principales bienes del activo fijo) de las Sociedades antes mencionadas, por los periodos 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, j.- dominios vigentes de las propiedades y vehículos de las sociedades y como persona natural (del Señor nombre reservado). o Contratos de compra/venta de dichas propiedades y vehículos. o Contratos de arriendo de las propiedades que se dan en arrendamiento y valores recibidos por este concepto, k.- Contratos de trabajo del señor nombre reservado, l.- Retiros obtenidos de las Sociedades por parte del Señor nombre reservado por los años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020. Para verificar ingresos personales del Señor nombre reservado en los periodos revisados, ll.- Boletas de honorarios emitidas por el señor nombre reservado en los periodos comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.

De la simple lectura del listado de documentos requeridos es posible visualizar que ello excede con creces lo que es pertinente respecto de nombre reservado, pues se solicitan antecedentes contables y tributarios de sus representadas e indirectamente de los socios de estas.

Añade que de los documentos pedidos, no les corresponde cuestionar aquellos requeridos respecto de nombre reservado como persona natural pero, si respecto de todos los demás pues sus representadas no son parte del juicio llevado ante el Juzgado de Familia y dar esa información, incluyendo las claves, resulta ser lesivo para ellos y le es insoslayable mencionar que el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 35 del Código Tributario, debe publicar anualmente en su página web información y estadística relativas al universo total de contribuyentes y al cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a la información existente en sus bases de datos hasta el año anterior, respecto al total de utilidades declaradas, ingresos brutos declarados, ingresos afectos a impuesto a la renta, retiros efectivos, remesas o distribución de utilidades, gastos aceptados y rechazados, así como monto de las devoluciones de impuestos efectuadas, cumpliendo de esta forma con su obligación de informar.

Citando los artículos 8 bis N° 7 y 35 del Código Tributario, sostiene que se advierte el especial tratamiento que el legislador otorgó al denominado secreto tributario, conformando éstas y otras normas, un cúmulo de disposiciones que constituyen un régimen o sistema de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros, prescribiéndose una restricción del uso y cesión de la información impositiva y, en tal sentido, este régimen de confidencialidad integra una excepción al principio de publicidad y transparencia propio de los Estados democráticos.

Agrega que el secreto tributario entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros y, por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos puedan ser usados para fines diferentes de los estrictamente contributivos.

Que, de este modo, agrega, la prohibición general de revelación y uso para fines distintos de los esencialmente tributarios, tutelan el contenido esencial del derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal, sin perjuicio que también puedan proteger otros bienes jurídicos con relevancia constitucional.

Arguye que en la situación descrita fluye que la información solicitada por la perita, busca acceder a datos que van más allá de la situación tributaria y financiera de nombre reservado pues importa entregar información de todos los socios y lo que se solicita es información que se vincula al cálculo de la renta de manera directa, la que está protegida en el artículo 35 del Código Tributario, que obliga a la reserva de “cualesquiera datos relativos a ellas”.

Agrega que en este orden de ideas, es necesario recordar que los tribunales han señalado que el citado artículo 35 contiene claras referencias en torno a la protección que la ley tributaria confiere especialmente a la develación de la identidad de los contribuyentes. En efecto, el inciso tercero preceptúa que el secreto tributario no abarca “la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular”. Por su parte, la modificación realizada por la Ley N°20.780 agrega un inciso final que ordena al Servicio de Impuestos Internos la publicación de dichos datos estadísticos, indicando expresamente que ella “no podrá contener información que permita identificar a uno o más contribuyentes en particular”.

Que en concordancia con lo expuesto, forzoso es concluir que la información solicitada por la perito transgrede los artículos 8 bis N° 7 y 35 del Código Tributario, puesto que estas últimas normas impiden revelar información que se relacione directamente con las partidas que constituyen el cálculo de la renta tanto de personas naturales como jurídicas, en atención a consideraciones vinculadas a la afectación de sus derechos, específicamente el derecho a la privacidad, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información.

Que en el caso de autos, si bien la información se solicita por la perita como innominada, a partir del análisis de los mismos datos se puede llegar a determinar la identidad de los contribuyentes, configurándose de ese modo la causal de secreto o reserva contemplada en la ley, puesto que de la simple lectura del escrito en que requiere la información la perito, es posible colegir que ello excede con creces la información respecto de nombre reservado.

Insiste en que hacer entrega de la documentación requerida importa que terceros tomen conocimiento de todas las operaciones que efectúan las sociedades antes indicadas como también de sus socios y ello es atentatorio a las normas ya citadas.

Refiriéndose a la excepción contemplada en el artículo 35 ya citado, afirma que ello no importa de modo alguno que a través de lo requerido se tome conocimiento por parte de terceros, de la información tributaria de quienes no son parte de un juicio de alimentos, desde que lo permitido es que el examen o información sea visto por los jueces, pero no por terceros como sería el caso del perito.

Destaca, asimismo, que el artículo 19 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas: 4° El respeto y protección a la vida privada y, 21° El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, pero resulta que, como ha dicho, la actuación de la perito transgrede respecto de sus representadas estas normas constitucionales pues de la forma como ha requerido la información se vulnera la privacidad de las personas jurídicas y por cierto de los socios de estas más aun cuando solicita la entrega de claves ante el Servicio de Impuestos Internos.

Qué, asimismo, el solicitar la información de la forma dicha permite al perito conocer el manejo interno de las empresas, sus estrategias de negocios, etc. y ello claramente vulnera el numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que en relación a la señora Jueza doña EDELMIRA DURÁN VERGARA, agrega que conforme a los antecedentes que se han obtenido, ante la presentación de la perito, con fecha 27 de octubre de 2020, proveyó el escrito de la perito, señalando: “Al otrosí: Como se pide, póngase a disposición de la perito contable por parte del demandado, los documentos solicitados, en su oficina ubicada en Aldunate N° 620, oficina 603, el día jueves 26 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas, a fin de que realice su pericia “. Respecto de dicha resolución la abogada de don nombre reservado, interpuso un recurso de reposición que fue rechazado.

Que de la simple lectura de la resolución recaída el 2 de octubre de 2020 en la audiencia preparatoria en que – entre otras materias - se designó a la perito y, la resolución recién referida del día 27 de octubre de 2020, existe una manifiesta y clara contradicción pues se establecen oportunidades distintas para hacer entrega de los documentos, afectando así los derechos del señor nombre reservado por una parte pero, en lo que interesa, de sus representados pues no podrán ejercer sus derechos ante dicha perito contable.

Que, por lo dicho, la resolución de la Jueza Sra. Edelmira Durán Vergara vulnera así los mismos derechos constitucionales que ha referido respecto de la perito contable pues impide a sus representadas ejercer sus legítimos derechos.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar a sus representadas la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, ordenando que la perito requiera única y exclusivamente la información tributaria de don nombre reservado y se abstenga de pedir información genérica que importa una transgresión a los derechos de sus representados y de los socios que forman parte de las mismas, con costas.

Acompaña a su presentación:

1.- Acta del Juzgado de Familia de fecha 2 de octubre de 2020 en causa rol RIT C – 571 – 2020.

2.- Copia de escrito de la perito en que acepta el cargo y solicita documentación.

3.- Copia de resolución de fecha 27 de octubre de 2020 de la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia de Temuco doña Edelmira Durán Vergara.

4.- Copia de mail que contiene solicitud de nombre reservado dirigida a los representantes legales de sus representadas.

5.- Copia recurso de reposición de doña Claudia Matus Matus.

6.- Copia de la resolución recaída en dicho recurso de fecha 2 de noviembre de 2020.

Que informando la juez de familia, señora Edelmira Durán Vergara expresa que en causa del Juzgado de Familia de Temuco, Rit C 571-2020, en actual tramitación caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, materia divorcio, rebaja alimentos y reconvencional por compensación económica, en audiencia preparatoria de 2 de octubre pasado, la demandada y demandante reconvencional ofreció como medio de prueba un informe pericial del demandante y demandado reconvencional don nombre reservado, elaborado por la perito nombre reservado, quien en presentación de 26 de octubre del año en curso señaló que aceptaba el cargo, juró su fiel desempeño y además requirió información contable y financiera en relación a la participación de nombre reservado en una serie de sociedades comerciales de las que forma parte como persona natural, como representante, socio y accionista , solicitud a la que la suscrita el día 27 del mismo mes, proveyó “ tener presente la aceptación de cargo y poner a disposición de la perito contable los documentos solicitados en su oficina el día 26 de noviembre a las 12 horas”; resolución que la abogada Claudia Matus en representación del demandante y demandado reconvencional ya individualizado, solicitó reponer y dejar sin efecto por las razones que indica en su presentación, recurso que con fecha 2 de noviembre pasado fue rechazado por otra juez del tribunal.

Agrega que en la resolución dictada el día 27-10-2020, en la causa ya individualizada, en caso alguno se decretó que el recurrente pusiera su clave del Servicio de Impuestos Internos a disposición de la perito contable sino sólo los documentos en que nombre reservado tiene participación como persona natural, como socio o accionista, lo que está en total armonía con lo decretado en la audiencia preparatoria de dos de octubre pasado, en la que se ordenó “………..realizar un informe financiero, contable y económico con el objeto de determinar ingresos ordinarios y extraordinarios como persona natural y a través de sus sociedades y determine monto y cantidad de su patrimonio, comprendiéndose en ella los derechos sociales valorizados y actualizados desde el año 2017 a 2020”, esto es, con dicho peritaje se pretende conocer la real capacidad económica del demandante y demandado reconvencional, nombre reservado.

Finalmente, atendido lo ya señalado considera que la resolución dictada por ella en la causa Rit C 571-2020 de 27 de octubre pasado, no ha sido arbitraria o ilegal y con ella no se han vulnerado garantías constitucionales que invocan los recurrentes.

Para los fines pertinentes, acompaña: copia de audiencia preparatoria de fecha 2 de octubre 2020, presentación de la perito de 26, resolución de 26 de octubre pasado, recurso de reposición del día 30 del mismo mes y resolución del día dos de los corrientes que no dio lugar a reposición.

A su turno, evacua informe la recurrida doña nombre reservado, perito contable, quien expresa que con fecha 02.10.2020 y en el contexto de la causa RIT C-521-2020 del Tribunal de Familia de Temuco, se celebró una audiencia preparatoria en la que doña nombre reservado, demandada de divorcio y de rebaja de alimentos menores y demandante reconvencional de compensación económica, ofreció a través de su mandataria y abogado, como medio de prueba un informe pericial económico, financiero y contable elaborado por la informante, respecto del demandante de divorcio y de rebaja de alimentos menores y demandado reconvencional de compensación económica, con el objeto de determinar sus ingresos ordinarios y extraordinarios como persona natural y a través de sus sociedades, como asimismo el monto y caudal de su patrimonio, comprendiéndose en él los derechos sociales valorizados y actualizados, durante los años 2017 a 2020.

En la misma oportunidad, el Tribunal hizo lugar a la prueba y ella, con fecha 26.10.2020, aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, y acto seguido, solicitó los siguientes documentos respecto de las sociedades recurrentes:

a) Balances de los años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020;

b) Libros de compra y venta, años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, c) Formulario 29 de los años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, d) Formulario 22 Años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30.09.2020, e) Libros mayores de las cuentas Caja, banco, clientes, proveedores, ingresos de la operación remuneraciones, activo fijo, cuentas patrimoniales, corrección monetaria de los periodos 2017, 2018, 2019 y periodo enero a septiembre de 2020;

f) Conciliaciones bancarias de los bancos con que operan las sociedades en los periodos revisados;

g) Cartolas bancarias mensuales de sus cuentas corrientes, de los años 2017, 2018, 2019 y periodo enero a septiembre de 2020;

h) Detalle de los Créditos bancarios obtenidos durante los años 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

i) Detalle de los activos fijos incluida la fecha de compra, y cálculo de la depreciación anual y acumulada (documentación de respaldo de la compra de los principales bienes del activo fijo) por los periodos 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

j) Certificados de dominios vigentes de las propiedades y vehículos o Contratos de compra/venta de dichas propiedades y vehículos; o Contratos de arriendo de las propiedades que se dan en arrendamiento y valores recibidos por este concepto, y k) Retiros obtenidos de dichas sociedades por parte del Sr. nombre reservado por los años comerciales 2017, 2018, 2019 y periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020; indicándose seguidamente de cada uno de estos documentos, cual era el fundamento y la necesidad de contar con ellos para la elaboración de la pericia.

Seguidamente y ante la insistencia de la necesidad de contar con la información de las sociedades en que el Sr. nombre reservado es socio, el Tribunal dispuso: “En el evento que la perito estime que es estrictamente necesario para su pericia, se va a autorizar la exhibición de los balances de los años 2017, 2018, 2019 y del período comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 de las sociedades antes mencionadas por la contadora perito en su aceptación de cargo.

Atendido la gran cantidad de documentos, se autoriza a la perito para que concurra a las oficinas contables del demandante y en ella obtenga los documentos necesarios para realizar la pericia, a la luz de la resolución judicial decretada. Se le otorga a la parte demandante el plazo de 5 días hábiles para que señale el día que la perito puede concurrir a dicha oficina y tener acceso a la información”.

Que, en virtud de las actuaciones y resoluciones señaladas precedentemente, estima no haber incurrido en ningún acto ilegal y/o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de las sociedades recurrentes, agregando que su nombramiento como perito contable se encuentra firme, como asimismo la resolución que ordenó a don nombre reservado proceder a la entrega de los documentos enumerados precedentemente, por lo que su obrar se encuentra dentro del marco de la legalidad y debidamente visado por el Juzgado de Familia de Temuco Insiste en que todos y cada uno de los documentos enumerados en su presentación resultan fundamentales para la elaboración del informe pericial, resaltando que don nombre reservado forma parte de al menos 15 sociedades, de modo tal que resulta altamente probable que la mayor parte de su patrimonio y de sus ingresos, provengan del desarrollo de las actividades económicas a las que cada una de dichas sociedades se dedica. Ergo, la información contable de dichas sociedades juega un papel fundamental a la hora de informar al Tribunal de Familia, conforme al tenor de lo solicitado.

Agrega que si bien, parte de la información requerida se encuentra amparada por el secreto tributario contemplado en el artículo 35 del Código Tributario y la otra parte por el secreto bancario, se está en presencia de una causa de rebaja de alimentos, en la que dichas limitaciones no rigen, pues está expresamente excluido. Asimismo, en materia de divorcio según dispone el artículo 86 la Ley Nº19.947, éstas causas tienen el carácter de reservadas, de modo que nadie, salvo las partes y la profesional que suscribe, podrán acceder a su contenido. Ninguna de ellas, por lo demás, se encuentra autorizada para divulgar su contenido.

Pide en definitiva el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía el abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de don nombre reservado y de las sociedades ya individualizadas, fundado, en síntesis, en que la información solicitada por la perito contable para elaborar el correspondiente informe en las causas del Juzgado de Familia de Temuco, que inciden en una demanda de rebaja de alimentos menores, divorcio y demanda reconvencional de compensación económica a la cual hizo lugar la sra juez recurrida, busca acceder a datos y antecedentes que van más allá de la situación tributaria y financiera de nombre reservado, pues importa –en buenas cuentas-, acceder y entregar información de las sociedades y todos sus socios (en las que nombre reservado tiene participación), información que se encuentra protegida por el artículo 35 del Código Tributario, que obliga a la reserva de cualesquiera datos relativos a ellas, reclamando que tanto la resolución de la Jueza Sra. Edelmira Durán Vergara, de fecha 27 de octubre de 2020 como la conducta de la perito contable al exigir la entrega de todos los antecedentes tributarios y contables a lo que ya se hizo referencia en la parte expositiva del presente fallo, vulneran los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19, numerales 4° y 21° de la Constitución Política de la República, impidiendo a todos sus representados ejercer sus legítimos derechos.

SEGUNDO: Que la señora Jueza recurrida precisó en su informe, que en resolución dictada el día 27 de octubre de 2020, en caso alguno dispuso que el recurrente pusiera su clave del Servicio de Impuestos Internos a disposición de la perito contable, sino que sólo los documentos en que nombre reservado tiene participación como persona natural, como socio o accionista, lo que está en total armonía con lo decretado en la audiencia preparatoria de dos de octubre pasado, en la que se ordenó “…realizar un informe financiero, contable y económico con el objeto de determinar ingresos ordinarios y extraordinarios como persona natural y a través de sus sociedades y determine monto y cantidad de su patrimonio, comprendiéndose en ella los derechos sociales valorizados y actualizados desde el año 2017 a 2020”, pretendiendo con dicho peritaje conocer la real capacidad económica del mencionado nombre reservado.

Por su parte, la perito contable, en su informe, manifestó, en síntesis, que su actuación se encontraba amparada por las resoluciones dictadas por la juez a quo y que la documentación requerida resulta indispensable para el cumplimiento del encargo, haciendo especial hincapié en la excepción contemplada en el artículo 35, del Código Tributario, en relación a las quejas de los recurrentes.

CUARTO: Que para resolver resulta relevante traer a colación que el artículo 35 del Código Tributario, establece un deber para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que son quienes manejan las informaciones contables y tributarias de todos los contribuyentes del país, que en una economía social de mercado se debe cautelar las informaciones y datos propios de la privacidad de las personas, al disponer que: “…los funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio.”, salvo la excepción que a continuación preceptúa, imposición que desde ya salvaguarda el temor de los recurrentes en orden a que sus antecedentes serán de conocimiento público.

También, debe tenerse presente que el propio legislador, en el mismo artículo, establece una excepción ( a la que ya se hizo referencia) que resulta de vital trascendencia en el caso sub lite, al disponer que: “…El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuestos y sobre alimentos; …”; cuestión sobre las cual versa precisamente la controversia planteada por las partes ante el juez de familia. Ergo, la juez a quo actuó amparada en ese precepto legal y dentro de un procedimiento que la autoriza a requerir y conocer la información que inquieta a los recurrentes.

QUINTO: Que desde esa perspectiva, no debe olvidarse que la acción constitucional de protección constituye un remedio procesal cuyo objetivo consiste en cautelar derechos garantizados por la Constitución, que se especifican en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y que tiene por objeto adoptar prontas medidas en situaciones de hecho en que se han realizado actos o incurrido en omisiones, que con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley que priven, perturben o amenacen de manera patente, manifiesta, grave y evidentemente anormal el debido ejercicio de un derecho exigido por el reclamante y que se encuentre amparado y garantizado en el texto constitucional; de tal forma, que la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) existencia de un acto u omisión en que se origina el recurso; 2) que ése sea ilegal o arbitrario; 3) que de esa ilegalidad o arbitrariedad se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

SEXTO: Que, en concepto de estos sentenciadores no se advierte –en primer lugar-, que las recurridas hayan actuado por un mero capricho o con un afán de ocasionar algún perjuicio a los recurrentes, desde que el propósito que tuvo en vista el tribunal al resolver la resolución que los recurrentes denuncian como arbitraria e ilegal, no es otro que contar con los antecedentes necesarios para determinar, en su oportunidad y en atención a la causa tramitada, el quantum de lo se fijará al tenor de la naturaleza de cada demanda deducida, para lo cual es necesario contar con todos los medios de prueba capaces de orientar acerca de la real y efectiva capacidad económica del demandante de rebaja de alimentos y de divorcio y demandado reconvencional de compensación económica, los cuales no pueden sino ser recabados a través de un informe pericial, mediante el correspondiente informe contable.

SÉPTIMO: Que la resolución dictada por la juez que accede a la entrega de los antecedentes ya tantas veces mencionados tampoco es ilegal, ya que fue dictada por una magistrado de la República, que está investida de las atribuciones y facultades necesarias para pronunciar, dictar o emitir todas las resoluciones que considere convenientes para dar curso progresivo al proceso del que conoce, y resolver las peticiones que se le formulen por las partes, respetando la garantía del debido proceso, la bilateralidad de la audiencia y, en materia de familia, particularmente los principios que inspiran al procedimiento que es oral, concentrado y desformalizado, y en el cual priman la inmediación, la actuación de oficio del Tribunal y la búsqueda de soluciones colaborativas entre partes. Por lo mismo, el actuar de la perito, proviene de una orden legítima, dictada por un Tribunal, en el contexto de una causa de familia.

Que en cuanto a las garantías constitucionales que se dicen vulneradas por los recurrentes, es dable señalar que el derecho a la vida privada guarda relación con las actividades de la vida íntima de una persona, debiendo precisarse que aquellas dicen relación con la honra y el honor de estricta confidencialidad, más no de los antecedentes comerciales, empresariales o laborales, que si bien son secretos -en principio-, excepcionalmente pueden ser conocidos por la autoridad judicial, en aras de la materia bajo su conocimiento. Asimismo, el conocimiento de diversos antecedentes financieros relacionados entre terceros y el alimentante y demandado de compensación económica, no afectan el patrimonio de aquellos, sólo lo hacen conocidos por la autoridad judicial, manteniendo su calidad de reservados, conforme a esa característica del procedimiento seguido ante los Tribunales de Familia, no desprendiéndose de los antecedentes del recurso que el actuar de la juez ni de la perito pretendan escudriñar acerca de la situación patrimonial del recurrente (persona natural), ni de las sociedades comparecientes, sino que la conducta de la juez, como ya se dijo, dentro del marco de sus atribuciones, solo pretende establecer la real capacidad económica del demandado de compensación económica, siendo para ello necesario contar los antecedentes que arriben al quantum de su patrimonio ya sea como persona natural o socio de diversas sociedades comerciales.

De otro lado, no se avizora de qué forma la resolución tachada por los recurrentes de ilegal y arbitraria o la actuación de la perito en cumplimiento del encargo que le ha sido conferido pueda impedir a los recurrentes seguir ejerciendo el derecho constitucional que les confiere el artículo 19, n°21, de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, así las cosas no apareciendo de los antecedentes aportados al recurso que la resolución que lo funda se haya dictado en forma arbitraria y que sea ilegal, ni que tampoco el actuar del perito transgreda los derechos fundamentales esgrimidos, el presente recurso de protección deberá ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de don nombre reservado, ingeniero comercial, y de las sociedades: Sociedad Muebles Santa Ana Ltda., Sociedad Industrial El Nogal Ltda., Sociedad Constructora Santa Ana Ltda., Sociedad Inmobiliaria El Fundador Ltda., Sociedad Inversiones Msa Ltda., Sociedad Santa Ana Ingeniería y Construcción Ltda., Administradora de Empresas TM SPA, Sociedad Transportes MSA Ltda., Sociedad Transportes El Laguito Ltda., Sociedad Santiago Limitada, Sociedad Catripulli Ltda., Sociedad nombre reservado Hermanos Ltda., Sociedad Agrícola y Turística El Lingue Ltda., Sociedad Grupo Inversiones TM Ltda., en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Familia de Temuco y de doña nombre reservado, perito contable.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Regístrese.

Rol N° Protección-11782-2020 (pvb).