nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

Vistos Comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo Recurso de Protección en favor de, don nombre reservado, chileno, divorciado, empleado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de mí mismo domicilio, en contra de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, persona jurídica, rol único tributario N°81.826.800-9, representada legalmente por, don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, desconozco profesión u oficio, o quien lo reemplace o subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado; y, en contra de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, persona jurídica, rol único tributario N°70.016.160-9, representada legalmente por don, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ignoro profesión u oficio, o quien lo reemplace o subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que S.S.I., adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucional establecidos en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República. HECHOS. Hace más de 8 años, que su representado, suscribió un pagaré con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, mediante el cual asumía la obligación de un crédito social de consumo, y como contrapartida, la referida Caja de Compensación, procedía mes a mes a efectuar descuentos directamente de la remuneración de nuestro representado la cuota correspondiente al préstamo de consumo, siendo la última vez que realizó el descuento hace más de 5 años. El 21 de noviembre de 2022, mi representado celebró un contrato de trabajo con su empleador, Constructora e Ingeniería Eliseo SpA, y con fecha 19 de enero de 2023, se suscribió un anexo de contrato por el cual se le contrata de manera indefinida. No obstante, fuera de todo aviso, en la liquidación de remuneración de marzo de 2023, en un actuar derechamente arbitrario e ilegal en contra de mi representado, Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, bajo el sistema integrado de recaudación de créditos sociales el cual les permitiría efectuar descuentos por deudas de otras Cajas de Compensación, procedió a efectuar en la remuneración correspondiente al mes de marzo de 2023 un descuento por la suma de $125.298.-, bajo el nombre Ptmo. “C.C.A.F Los Andes”, según liquidación de remuneración que acompaño en un otrosí. Es relevante señalar S.S.I., que jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de las recurridas de ejecutar el abusivo descuento que se materializó mediante la liquidación de remuneración otorgada por mi empleador, Constructora e Ingeniería Eliseo SpA. A mayor abundamiento, jamás la recurrente ha sido notificada de ninguna gestión judicial en su contra, que haga presumir al menos, de algún título que valide su actuar. Fluye de lo expuesto precedentemente, que el actuar de las recurridas es un acto arbitrario e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordena retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción de su remuneración líquida, de manera forzada y en contra de su voluntad. II. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCION. La acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucional, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiona la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. En el caso de autos, mi representado, ha tomado conocimiento de este actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, en su liquidación de remuneración de marzo de 2023, que registra fecha de emisión con fecha 05 de abril de 2023, por lo que la presente acción de protección es oportuna. III. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO DE LA RECURRIDA Y DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO. A. Del derecho de propiedad, de la libertad contractual y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. La Corte Suprema ha señalado que “(...) el vocablo “arbitrariedad” o “ilegalidad” están unidos por la conjunción “o” y traduce dos tendencias u orientaciones precisadas, la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado”. La Ley 18.833 en su artículo 21 establece “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial”. Luego en su artículo 22 de la citada disposición legal señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá́ extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas. En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas: 1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito. 2.- Corresponderá́ al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador.” En el presente caso podemos advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, a saber, artículo 22 de la Ley 18.833, de acuerdo con lo establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República. Es menester hacer presente, que la normativa que regula los créditos sociales y que permiten hacer descuentos “por planilla”, no puede supeditar, las normas civiles que nos regulan, particularmente las contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil. En base a lo dispuesto en el ya mencionado artículo 22 de la Ley 18.833, este sólo se refiere a las deudas que sean ACTUALMENTE EXIGIBLES, ya que el objeto de dicha norma es precisamente facilitar y garantizar a las cajas acreedoras del cobro de sus acreencias, pero NO TRANSFORMA tales obligaciones en IMPRESCRIPTIBLES. El artículo 2515 del Código Civil señala expresamente que “Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en ordinaria durará solamente”. Además, tal como se ha indicado, han transcurrido más de 5 años desde que la recurrida no hace cobro de su acreencia, y tampoco ha operado en la obligación, conducta alguna que haya interrumpido la prescripción, en los términos del artículo 2518 del Código del Ramo, a saber: “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503” Por otra parte, no menos importante, el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y el artículo 58, del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún EN AQUELLOS CASOS EN QUE UNA POSIBLE DEUDA HAYA SIDO CONTRAÍDA CON MUCHA ANTIGÜEDAD en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio en su contra en sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió́ en la especie y sin que se hayan dilucidado previamente las circunstancias de efectivamente adeudarse éstas y otras eventuales excepciones o defensas que puedan hacerse valer. Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, los actos ilegales y arbitrarios antes expuestos privan, perturban y especialmente amenazan el legítimo ejercicio del derecho de nuestro representado contemplado en el artículo 19 N° 24 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. En efecto, adquirido un derecho, la persona no puede ser privada del mismo o de alguno de los atributos o facultades esenciales del Dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por la causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador (inciso 30 del N° 24 del Art. de la Constitución Política de la Republica). En este caso de marras, las entidades acreedoras no están facultada para hacer los descuentos pertinentes a mi representado, sino que debieron atenerse a lo pagado en su oportunidad que corresponde al total, o en su defecto, ejercer las acciones ordinarias que corresponda. Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario las Cajas de Compensación recurridas obtendrá́ un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. B. De la igualdad ante la ley y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Todas las personas tienen derecho a que les sea reconocida igualdad ante la ley, ante las autoridades y órganos jurisdiccionales y tienen igual derecho a reclamar la protección del sistema jurídico, y en particular dentro de todo proceso, de ahí que nuestro 19 numeral 3 consagre la “igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”. Que, el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida han obviado presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, como se dijo, se hallaría prescrita. En conclusión, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley de nuestro representado sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Por ello pide, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de los recurridos ya individualizados, acogerlo a tramitación, declarando que se cometió por parte de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, y de, CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, un acto ilegal y arbitrario en los términos ya señalados precedentemente que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República, ordenando al recurrido que cesen los descuentos de la remuneración de mi representado, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $125.298.-, adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas. Compaña:

1.- Liquidación de Remuneración de marzo de 2023.

2.- Contrato de Trabajo Comparece doña INES RIQUELME ARAO, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT Nº RUT reservado, informa: I.- DE LOS DESCUENTOS INFORMADOS AL EMPLEADOR DE LA RECURRENTE. 1. Según nuestra Base de datos Institucional, el señor nombre reservado Rut RUT reservado, presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Constructora e Ingeniería Eliseo Spa Rut RUT reservado, la cual es adherente a esta institución. 2. A partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación, en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de créditos sociales, el que le permite que la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, pueda recaudar deudas pendientes o vigentes contraídas con otras Caja de Compensación. 3. En este contexto y de acuerdo a los compromisos contraídos, la Caja de Compensación La Araucana nos solicitó efectuar cobranzas nombre del señor nombre reservado, respecto del crédito 133000361821, otorgado en esa Caja. 4. Por lo anterior, esta Caja a través de las nóminas de retenciones de crédito social del mes de marzo y abril de 2023, ha informado descuentos en cada mes por la suma de $125.298.- 5. El descuento informado en el mes de marzo de 2023, fue recibido con fecha 10 de abril de 2023 y a su vez transferido a la contraparte, en la semana del mes en curso.

6. Ahora bien, en lo que respecta al valor informado en el mes de abril, no se encuentra en las arcas de la Caja. II.- DEL PROYECTO INTERCAJAS. Tal como se señaló precedentemente, Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”. Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833. Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido. Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos. En el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Por ello pide, tener por evacuado el informe solicitado y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esta última en relación con los hechos expuestos.

Se prescindió informe de la Caja de Compensación La Araucana.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

TERCERO: Que, como resulta sencillo de apreciar, es otro el procedimiento que debió haber utilizado el actor, el que le permitiría deducir su pretensión en uno que pueda otorgarle la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como el presente con el que se tramitan estos antecedentes.

CUARTO: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario en la especie, se traduce en el proceder de la recurridas Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Los Andes, consistente en ordenar la primera, efectuar por parte de la segunda, el descuento en la remuneración del actor del mes de marzo de 2023, de lo que se enteró al pedir la liquidación de remuneraciones, en la que figura como detalle de descuento “Ptmo. Caja la Araucana 125.298”.

QUINTO: Que, la Caja Los Andes explicó que ella era diputada para el pago, ósea una mandataria de la Caja La Araucana, quien otorgó el préstamo, por lo que, bajo esa instrucción, informó al empleador del actor la existencia de una deuda, solicitando el descuento en la remuneración. Agrega que este accionar se realiza en virtud del denominado “Proyecto Intercajas”. En tal sentido, la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

SEXTO: Que, así, al margen de lo expuesto por las recurridas, se deberá reiterar que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Dicho de otra manera, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

SEPTIMO: Que, el asunto propuesto por la recurrente excede con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la presente acción cautelar, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de las recurridas, en un cobro vía descuento en las remuneraciones del denominado “crédito social”, pasa necesariamente por dilucidar la efectividad y vigencia de una serie de circunstancias relativas a la deuda que se cobra, lo que resulta impropio en una acción de esta índole.

OCTAVO: Que, en las circunstancias referidas, puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que las Instituciones recurridas, no ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, por consiguiente, no habiéndose constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Caja de Asignación Familiar Los Andes; sin costas.

N°Protección-1169-2023.(ela)