nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, catorce de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien lo hace al tenor de lo establecido en el numeral 2° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en favor de don nombre reservado, pensionado, cédula nacional de identidad número RUT reservado domiciliado en domicilio reservado quien. por este acto y estando dentro de plazo, viene en deducir recurso de protección, en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, estado civil y profesión desconocidos; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, estado civil y profesión desconocidos; ambas en calidad de continuadoras legales de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, fallecido el 26 de enero de 2013; y don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, estado civil y profesión desconocidos; en su calidad de cónyuge y continuador legal de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, fallecida con fecha 24 de febrero de 2018; todos con domicilio en domicilio reservado; según los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho que expone:

I. ANTECEDENTES PREVIOS.

1. PERSONA Y ACTO RECURRIDO Recurre en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, estado civil y profesión desconocido; doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado; en razón del acto ilegal y arbitrario que a continuación se detalla: Impedir la construcción de vivienda de subsidio habitacional, bajo el riesgo de perder el beneficio, como consecuencia de obstruir la entrada de acceso al predio del recurrente con cerco de alambres. Del último acto que da origen a la presente acción se tomó conocimiento con fecha 30 de junio del año 2023, a través de oficio ordinario N°83 de la Constructora Santa Magdalena Kume Mogen.

2. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PLAZO:

En relación a los hechos materia del presente recurso, si bien la obstaculización de la entrada al predio se viene produciendo desde el año 2022, oportunidad en que el recurrente habitó su predio, a la fecha de la interposición del presente recurso aún se mantienen, y se ven agravados por el peligro de pérdida del beneficio de subsidio habitacional, razón por la cual el recurrente se encuentran dentro del plazo establecido por la normativa legal vigente. En este mismo sentido, los profesores Mosquera y Maturana señalan que “si la perturbación es permanente, el acto se renueva y mantiene día a día, por lo que el plazo comienza a correr desde que se comete el último de ellos”.

ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Que el recurrente indica que es dueño del inmueble ubicado en el lugar Huapi Budi, comunidad indígena del mismo nombre, de la comuna de Saavedra, Región de la Araucanía, correspondiente a la hijuela número 44, que tiene una superficie aproximada de 2,93 hectáreas, del Plano Divisorio del Predio encabezado por nombre reservado del lugar Huapi-Budi, que deslinda: Norte, cerco quebrado, que separa de la hijuela número cuarenta y uno; Este, lago Budi; Sur, cerco quebrado, que separa de la hijuela número cuarenta y seis; y Oeste, cerco recto, que separa de la hijuela número cuarenta y tres. Su dominio rola inscrito a fojas 824, N°812, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Carahue del año 1984. Rol de avalúo N°576-488, comuna de Saavedra.

2.- Que las recurridas doña nombre reservado y doña nombre reservado, son herederas en la sucesión quedada al fallecimiento de su padre, don nombre reservado, a cuyo nombre rola inscrito el inmueble en el que se ha procedido a perturbar el acceso al predio de su representado, y don nombre reservado es heredero de su cónyuge doña nombre reservado. Dicho inmueble corresponde a la denominada Hijuela Cuarenta y Tres, de una superficie de 6,97 hectáreas, del Plano Divisorio del Predio encabezado por nombre reservado del lugar Huapi-Budi, y tiene los siguientes deslindes: Norte-Este, cerco quebrado y camino público, Puerto Saavedra-Isla Nahuel Huapi, que separa de las hijuelas números cuarenta y cuatro y cuarenta y seis; Sur-Este, cerco quebrado que separa de la hijuela número cuarenta y cinco; Sur-Oeste, lago Budi; y Nor-Oeste, cerco recto, que separa de las hijuelas número cuarenta y cuarenta y uno. Lo adquirió por sentencia ejecutoriada de fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, y rola inscrito a nombre de don nombre reservado a Fojas 823 N°811, del Registro de Propiedad del Conservador de Carahue del año 1984.

3.- Asimismo, se hace presente que el acceso o servidumbre que por este recurso se intenta hacer respetar, grava o se sitúa en la hijuela número 43 de los recurridos, lo que se corresponde con el deslinde Nor-Oeste de dicha hijuela: “cerco recto, que separa de las hijuelas número cuarenta y cuarenta y uno”.

4.- Que, se observa del plano de mensura de la hijuela del recurrente, que se acompaña al recurso, un acceso a éste inmueble, como se indica en imagen.

5.- A mayor abundamiento, el acceso del recurrente a su predio es un camino de una data de más de 40 años, que nace del camino público Huapi Budi-Saavedra y donde se encuentra la entrada o acceso al inmueble del recurrente, actualmente obstruido en su entrada por la recurrida con cerco de alambres de púa y construcciones, desde enero del año 2022, lo cual como se explica más adelante, provoca un grave perjuicio al recurrente.

6.- Que, dicho acceso histórico al inmueble de su representado, es el único acceso legalmente establecido al camino público, y es por donde el recurrente, indígena perteneciente al pueblo mapuche lafkenche, accedía al camino público Huapi Budi-Saavedra, por donde podían acceder a locomoción y obtención de otros servicios como agua potable de camiones aljibe, antes del hecho arbitrario e ilegal de bloquear un acceso histórico. Reitera como hecho relevante, y respecto de la existencia y uso histórico de este acceso, que ambos predios, del recurrente y del recurrido, provienen de la división de la reducción indígena nombre reservado, lugar Huapi Budi, comuna de Saavedra, la que fue dividida por Decreto 2885 del año 1910.

7.- Que, como se observa en las fotos que se acompañan como documentos fundantes del presente recurso, se observa la entrada bloqueada, y asimismo el acceso o servidumbre de tránsito de antigua data, del que se observa vegetación y trabajo de agricultura.

8.- Que, señalado lo anterior, y en virtud del fundamento principal que da lugar a la interposición de esta acción de protección, mediante resolución N° 410 de fecha 24 de abril de 2023, el recurrente resulta beneficiado con el subsidio DS N° 10 de Habitabilidad Rural, el que contempla la construcción de su vivienda.

9.- Cabe destacar que este es un apoyo que proviene del Estado y que permite mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales y localidades urbanas. Dicho beneficio reconoce las particularidades culturales, geográficas y productivas de estos territorios y de quienes residen en ellos. Lo anterior da cuenta que es un beneficio que está orientado a un sector específico de la población de nuestro país, quienes deben cumplir con requisitos específicos asociados a vulnerabilidad y pertinencia a población adulto mayor.

10.- Que durante el mes de agosto de 2023, la empresa encargada de la construcción de las viviendas de subsidios dará inicio a los trabajos en los sectores que comprende la comuna de Saavedra, según los distintos beneficiarios que se adjudicaron dichos beneficios.

11.- Pese a la importancia de dicho beneficio, ante la visita de la empresa al terreno de la futura construcción, se ha podido advertir que el beneficiario no cuenta con entrada debidamente habilitada para el ingreso de maquinaria, puesto que el acceso al camino se mantiene bloqueado, sin posibilidades de acceder al mismo.

12.- En virtud de lo anterior, y en consideración a que las obras comenzarán desde el mes de agosto, la constructora, mediante oficio ordinario N° 83, de fecha 30 de junio de 2023, informó sobre la situación de imposibilidad de acceso a camino público que se mantiene hasta la fecha, lo cual está condicionando el beneficio y por tanto eventualmente incidirá en la pérdida del mismo.

13.- Que esta circunstancia genera una evidentemente vulneración al derecho de propiedad por cuanto impedirá al recurrente contar con su anhelada vivienda y, en segundo lugar, al derecho a la integridad física y psíquica, por cuanto genera una situación de incertidumbre, generando un profundo temor al saber que, por esta situación, corre el riesgo de perder su subsidio habitacional.

14.- Es importante considerar que el recurrente actualmente tiene 80 años de edad, lo que significa que pertenece a un sector de la población que requiere especial consideración por su situación de vulnerabilidad.

15.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, es posible concluir que la perturbación que sufre el recurrente en el acceso a su predio actualmente pone en riesgo la construcción de su nueva vivienda, vulnerando así el derecho de propiedad protegido por nuestra carta magna, puesto que dicha actuación arbitraria e ilegal pone en manifiesto riesgo el beneficio adjudicado.

16.- Que en virtud del oficio remitido por la empresa constructora, donde informa la imposibilidad de comenzar las obras de construcción, si el problema del acceso al camino público persiste, se da cuenta de una situación arbitraria e ilegal que es constante en el tiempo y que por tanto hace menester que esta Ilustrísima Corte tome las providencias necesarias para poner término a esta evidente situación de vulneración a una persona mayor y perteneciente al pueblo mapuche.

17.- Por último, en consideración a lo anteriormente expuesto, esta conducta de los recurridos, al persistir en un acto contrario a derecho, implica que ejercen un acto de autotutela, por lo que infringen la legislación, que contempla procedimientos correspondientes y adecuados para obtener de un Tribunal de la República el debido reconocimiento de derechos que puedan demandarse y, mientras esto no sea puesto en conocimiento de la judicatura, no resulta pertinente a los recurridos valerse de vías de hecho para resolver cualquier problema que eventualmente existiera entre las partes.

ACTOS U OMISIONES ARBITRARIOS E ILEGALES.

El presente recurso de protección se basa en la existencia de actos y omisiones flagrantemente arbitrarias e ilegales, que tienen como efecto la vulneración de derechos. A continuación, pasaremos a analizar estas infracciones:

1. ILEGALIDAD DEL ACTO. Se entiende por ilegal un acto si se ha ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).Es del caso que el actuar del recurrido es por cierto ilegal, desde una óptica tanto legal, como constitucional, desde que se infringen abierta y lesivamente las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el artículo 582, la Constitución Política de la República, en su artículo 19 números 1 y 24 y las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

1. Infracción al artículo 582 del Código Civil. El artículo 582 del Código Civil, dispone que: “El dominio es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra Ley o derecho ajeno…”Este derecho, también llamado propiedad, otorga a su titular un poder completo y total sobre la cosa, lo que lo eleva como el derecho real de mayor importancia ya que habilita a su titular usar, gozar y disponer del bien. Así, si bien es cierto que el derecho de dominio confiere facultades a su titular que pueden ser ejercidas en forma absoluta, también establece limitaciones dentro de las cuales van a poder ejercerse esas facultades, y así, las únicas limitaciones que pueden presentarse ante el derecho de propiedad de su predio son las que establezca la ley o un derecho ajeno.

Que, como frente a este derecho no existe, por el momento, ni ley ni derecho ajeno que lo limite, se entiende que se puede ejercer en forma absoluta y con toda libertad. Lo cual en estos momentos no es posible, debido única y exclusivamente al actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, quien a través de lo planteado en el presente recurso, ponen en riesgo el beneficio de subsidio habitacional del recurrente.

2. Infracción a los artículos 9 inciso 3°, 23, 24 y 26 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. A este respecto cabe mencionar que dicho tratado internacional se encuentra vigente en nuestro país desde el 14 de septiembre de 2017, y por tanto se entiende incorporado a nuestra legislación. Así las cosas, el Artículo 9°, en su inciso tercero establece que: “La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato”. Por otra parte, el artículo 23°, en lo relativo al derecho de propiedad señala que: “Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.” “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.” En lo relativo a la vivienda, materia de la presente acción de protección, el artículo 24 de dicho tratado internacional establece que: “La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.

“Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.” Por último, el artículo 26, en lo relativo al derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, señala que: “La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal.”

En virtud a lo anteriormente expuesto, es importante considerar que el recurrente de la presente acción tiene actualmente 80 años de edad, razón por la cual pertenece a un grupo etario que requiere especial cuidado en lo que a acceso a servicios básicos se refiere, como lo es la vivienda y caminos.

2. ARBITRARIEDAD DEL ACTO. En los hechos los recurridos han incurrido en actos y omisiones positivos y arbitrarios, en forma permanente y constante a la época de presentación de esta acción, quienes con un actuar injustificado han transgredido la normativa vigente. Según la Real Academia Española se entiende por arbitrario “aquel acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”. Así se estima que fue adoptado el hecho por el cual se recurre, toda vez que no es ajeno para los recurridos la situación de su estado de beneficiario del subsidio de vivienda, lo cual puede implicar la pérdida del mismo si no se accede al predio por la única vía de acceso existente. Sin perjuicio de lo anterior, la arbitrariedad del acto ejecutado radica, además, en el fondo en establecer una discriminación arbitraria en consideración a su pertinencia a un pueblo originario y que forma parte de un sector etario de la población vulnerable en el resguardo de sus derechos.

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.

1. Amenaza al derecho a la propiedad.

Que, el mencionado derecho se encuentra garantizado por nuestra Carta Fundamental en su artículo 19, N° 24, que al efecto dispone que: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social…Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador…”

2.-Amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Que, el mencionado derecho se encuentra garantizado por nuestra Carta Fundamental en su artículo 19, N° 1, que al efecto dispone que: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona… Se prohíbe todo apremio ilegítimo”. Esta garantía consagrada constitucionalmente se ve vulnerada debido única y exclusivamente a la omisión ilegal y arbitraria llevada a cabo por el recurrido, toda vez que se impide de manera absoluta a su representado el habilitar el ingreso de maquinaria a su predio para la construcción de su vivienda, trayendo como consecuencia una incertidumbre y angustia que repercute directamente en su salud mental, al dejarlo desprovisto de un lugar donde poder habitar. Evidentemente, la pérdida del beneficio, ahora se transforma en una constante preocupación para su representado, dada su avanzada edad, toda vez que resultar beneficiado con dicho subsidio implica largos procesos administrativos, que una persona de avanzada edad no se encuentra en condiciones vivir reiteradamente.

Que, para dar garantía real y efectiva a la protección del derecho de dominio invocado, su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la Constitución Política de la República de Chile, establece en su artículo 20, que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°…, 24° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado…” Que, por tratarse de terrenos indígenas, cabe hacer presente el Convenio 169 de la OIT, en especial, lo dispuesto en el artículo 12, que al efecto dispone que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos…”.

Por ello pide, tener por deducido recurso de protección en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, ya individualizados, acogerlo a tramitación y en definitiva dar lugar al presente recurso, declarando que el actuar de los recurridos es arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías constitucionales invocadas, disponiendo el imperio del derecho y en consecuencia declarar y disponer que el recurrido:

1) Retire el obstáculo material que instaló en el acceso al camino del recurrente y, en consecuencia, se abstenga de realizar cualquier tipo de acto que impida el libre acceso y tránsito al predio del recurrente, con el propósito que la empresa constructora pueda iniciar las obras de construcción del subsidio habitacional del recurrente en el plazo estipulado.

2) Lo anterior sin perjuicio de las demás medidas que en concepto del tribunal sean conducentes para restablecer el imperio del derecho; y 3) Que el recurrido sea condenado al pago de costas del presente recurso en caso de oposición.

En subsidio, en el evento de estimar que por esta vía de urgencia no es posible otorgar una cautela a esta situación, ya que con ello, en la práctica, se podría estar constituyendo un verdadero gravamen respecto de la propiedad del recurrido, se solicita se conceda a la parte recurrente la protección solicitada por el término de seis meses contados desde la notificación de este fallo, plazo en el que el recurrente deberá iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes para así procurar la debida protección de sus intereses.

Acompaña:

1. Certificado de nacimiento de nombre reservado.

2. Certificados de defunción de nombre reservado y nombre reservado.

3. Certificado de nacimiento de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

4. Certificado de matrimonio de nombre reservado y nombre reservado.

5. Copia resolución exenta N° 410 del 24 de abril de 2023 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

6. Oficio ordinario número 83 de 30 de junio de 2023 de la Constructora Santa Magdalena.

7. Copia de certificado de subsidio postulado el año 2022.

8. Título de dominio del recurrente de fojas 824 N° 812 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Carahue del año 1984.

9. Plano de mensura de la comunidad Huapi Budi, predio encabezado por nombre reservado.

10. Set de fotografías, consistente en 5 fotos, todas relativas a la servidumbre en el predio del recurrido que da acceso al camino público.

11. Copia título de propiedad de los recurridos de fojas 823 N° 811 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Carahue del año 1984.

12. Copia Registro social de hogares del recurrente.

Evacúa informe don nombre reservado, rut Nº RUT reservado, pensionado, domiciliado en lugar Huapi Budi, comuna de Saavedra, quien señala:

1. No hay ningún derecho constitucional conculcado o amenazado. Se alega vulneración al derecho de propiedad y, como consecuencia, al derecho de integridad física y psíquica. No obstante, según el informe de Carabineros (folio 6 del expediente) el recurrente mantiene acceso libre a su propiedad por un camino en buen estado, que llega directamente a su predio. También señala el informe de Carabineros que no existe impedimento para que el recurrente ejecute su subsidio habitacional. Por estas razones se rechazó la orden de no innovar mediante resolución de fecha 14 de Agosto de 2023 (folio 10 del expediente).

2. El predio indicado como por el cuál (supuestamente) debería pasar el camino o servidumbre, no se encuentra inscrito a nombre del suscrito ni de las otras dos recurridas, sino que se encuentra inscrito a nombre del padre de ellas. Por lo cual, desde el punto de vista del derecho de propiedad o derecho sustantivo, los recurridos no son dueños, no hay legitimación pasiva. El propio recurrente acompañó título de dominio del lote recurrido donde no figura ninguno de los recurridos como propietarios.

3. El suscrito, por más que tenga domicilio en el predio, no es dueño inscrito. Vive ahí porque era cónyuge (viudo) de una de las hijas del dueño inscrito; aparte, existen hijos entre el recurrido y la cónyuge fallecida, que no han sido recurridos.

4. El suscrito ni las otras recurridas jamás han impedido el uso de camino alguno porque ese camino no ha existido nunca por el interior del predio recurrido. Según muestran las propias fotografías del recurrente, además de las incorporadas por Carabineros, ni siquiera existe una huella de camino, ni siquiera hay indicios de que por el “lado interior” (del predio recurrido) haya existido domicilio reservado. Si el recurrente pretende alegar la existencia de un camino o servidumbre, o su apertura o constitución, o emplazamiento por algún lugar o predio determinado, la vía del recurso de protección no es la vía procesal ni jurídica idónea, sino que debería demandarlo en un juicio civil de lato conocimiento, en la sede jurisdiccional que corresponda, demandando a los dueños inscritos del inmueble que concierna.

6. Las fotografías que dan cuenta de la realidad de los hechos, desvirtúan completamente lo que se señala en el escrito del recurso. Las imágenes indican sin duda alguna que no ha existido por “más de 40 años” un camino por el interior del predio recurrido; por lo mismo, es imposible que se haya “actualmente obstruido” camino alguno. Los cercos que constituyen línea colindante se aprecian que no fueron construidos recientemente.

7. Sin perjuicio de lo anterior, el recurso de protección estaría fuera de plazo, porque según indica el escrito del recurso la “obstrucción” del camino habría supuestamente ocurrido en enero del año 2022. Sucede que el recurrente utilizó fechas de oficios relacionados al subsidio habitacional para encasillar su recurso dentro del plazo de 30 días corridos que se tienen para entablar un recurso de protección, pero el plazo ha de computarse desde el (supuesto) hecho vulneratorio.

Por ello pide, tener por evacuado el informe requerido, solicitando que el recurso de protección sea rechazado, con expresa condenación en costas.

Evacúa informe doña nombre reservado, rut Nº RUT reservado, labores de hogar, con domicilio en lugar Huapi Budi comuna de Saavedra, señalando que se adhiere y hace propio el informe evacuado por su cuñado don nombre reservado, que rola a folio 21 del expediente de la causa, reafirmando que ella ni los demás recurridos son aún dueños inscritos del predio, sino que el título de dominio figura a nombre de su padre, pero también existen bastantes más herederos que no han sido recurridos en este proceso. Por ello pide, tener por evacuado el informe requerido, solicitando que el recurso de protección sea rechazado, con expresa condenación en costas.

Informa doña nombre reservado, rut Nº RUT reservado, labores de hogar, con domicilio en lugar Huapi Budi comuna de Saavedra, indicando que se adhiere y hace propio el informe evacuado por su cuñado don nombre reservado, que rola a folio 21 del expediente de la causa, reafirmando que ella ni los demás recurridos son aún dueños inscritos del predio, sino que el título de dominio figura a nombre de su padre, pero también existen bastantes más herederos que no han sido recurridos en este proceso. Por ello pide, tener por evacuado el informe requerido, solicitando que el recurso de protección sea rechazado, con expresa condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, se ha alegado por el actor don nombre reservado, la privación de su derecho de dominio sobre la hijuela N° 44, de 2,93 hectáreas, ubicado en el lugar Huapi Budi, comunidad indígena del mismo nombre, de la comuna de Saavedra, solicitando que se ordene a los recurridos poner pronto término a la conducta arbitraria e ilegal de no permitirle el libre tránsito a la hijuela de su dominio, toda vez que dicho acceso que, según él, se ha usado por más de cuarenta años, se encuentra obstruido con cerco de alambre de púa y construcciones, solicitando que acogiéndose su arbitrio, se adopten todas las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando se retire todo aquello que impide el paso y acceso a su inmueble.

TERCERO: Que los recurridos solicitan el rechazo del recurso, señalando ellos jamás han impedido el uso de camino alguno al recurrente, porque esa servidumbre nunca ha existido al interior del predio de los recurridos. Agregan que lo anterior se ve corroborado por las fotografías acompañadas por el propio recurrente y Carabineros, en donde se observa que ni siquiera existe una huella de camino, tampoco indicios de que por el lado interior del predio de los recurridos haya existido camino alguno, conminando al actor a que recurra a las instancias y a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para constituir la servidumbre que reclama.

CUARTO: Que de los antecedentes expuestos en autos se advierte que, efectivamente, no existen indicios que den cuenta de la existencia de un camino de acceso de antigua data, en el lugar señalado por el recurrente. Sin embargo, de acuerdo al informe de Carabineros y fotografías acompañadas a estos autos, se observa que el actor mantiene acceso libre a su propiedad por un camino en buen estado, facilitado por una vecina, que llega directamente a su predio.

QUINTO: Que no se advierte por esta Corte que el recurrido sufra actualmente alguna vulneración, ilegal o arbitraria, a su derecho de propiedad, ni a su derecho a la integridad física o psíquica, toda vez que cuenta con un camino de acceso por el cual puede transitar y acceder libre y directamente hasta su inmueble, estando autorizado la propietaria del predio colindante, para utilizar ese camino alternativo, por el plazo de dos años, según consta de los antecedentes. Por lo mismo, no se avizora de qué manera pueda verse afectado, además, para ejecutar su subsidio habitacional.

SEXTO: Que, así las cosas, no existe algún acto arbitrario o ilegal que requiera ser remediado con alguna medida de emergencia ordenada por esta Corte, de manera que el presente recurso no podrá prosperar.

SÉPTIMO: Que lo anterior, es sin perjuicio de que, oportunamente, se discuta la procedencia o no de servidumbres legales, lo cual corresponde conocer a los tribunales de fondo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado; sin perjuicio de lo cual se le otorga al recurrente el plazo de dos años , contados desde que la presente resolución quede firme y ejecutoriada, para que recurra a las instancias y procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, para constituir la correspondiente servidumbre de tránsito.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepulveda.

Regístrese.

N°Protección-11556-2023. (csd)

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