nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 13 de diciembre de 2023
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 11514-2023, sentencia de 13 de diciembre de 2023
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección de la comunidad indígena, porque el puente sobre el estero ya fue reparado por la Dirección de Vialidad y desapareció el agravio que lo justificaba.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, trece de diciembre de dos mil veintitrés.
Vistos:
A folio 1, comparece la abogada doña Karla Valvidia Gutiérrez, por la COMUNIDAD INDIGENA DALPIN COIHUECO, RUT. RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, Chilena, casada, C.I Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, chileno, casado, agricultor, C.I Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, conforme a los siguientes antecedentes que se exponen:
En cuanto a los hechos, comienza señalando que la comunidad INDIGENA DALPIN COIHUECO, de la comuna de Pitrufquén, está compuesta por un número de 30 familias pertenecientes todas al territorio y a la comuna de Pitrufquén desde hace aproximadamente más de 100 años. Es dueña de la propiedad según títulos entregados al amparo de la política Chilena de inicios del siglo XX, denominado Titulo de Merced. (1909).
Desde tiempos inmemorables se ha compartido un camino de acceso a la comunidad conjuntamente con el recurrido en un trayecto aproximado de 1,2 kilómetros, desde la entrada del camino público, lo cual ha sido tolerado y tratado por ambas partes.
Sin embargo en este trayecto de domicilio reservado metros existe un estero denominado, “estero cada”, el cual es atravesado, por un puente de madera.
Es del caso que sin perjuicio de discutir la naturaleza jurídica del camino, este ha estado abierto al libre tránsito de los miembros de la comunidad y del recurrido desde tiempo inmemoriales, por ser el único acceso existente a los miembros de la comunidad., situación que ha sido tolerada incluso por el padre del recurrente cuando estaba vivo.
Sin embargo a partir del 2020, que el puente comenzó a presentar un notable deterioro en su estructura, volviéndolo peligroso tanto para los miembros de la comunidad como también para el recurrente que también circula por el lugar, deterioro manifiesto.
En un segundo acápite de su presentación que denomina “ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO”, señala que es por esta razón que se comenzaron a realizar las gestiones ante la Dirección de Vialidad de la Región de la Araucanía, para poder reemplazar el puente existente por uno metálico, de mayor duración, acción que se consiguió después de meses de estudio, sin embargo llegado el día 25 de julio de 2023, cuando la parte técnica de la Dirección de Vialidad se apersonó en lugar con maquinaria y la pesada estructura del puente para hacer el reemplazo el recurrente se negó a la instalación de la estructura porque se encontraba en una propiedad privada, y que el hecho de permitir la instalación de la estructura devengaría en que el futuro el camino se declararía como público situación a la que él se opone.
Sin embargo es necesario precisar que el recurrido no ha cerrado el camino y tampoco ha puesto impedimento para su circulación, porque como ya se dijo tanto el camino como el puente que lo compone son ocupados por ambas partes., sin embargo su negativa es a la instalación del puente.
En ese orden de ideas como segundo punto a precisar, es que el camino al que el recurrido se opone a que se instale el puente, también es el único acceso que tiene la comunidad a su propiedad, situación que hace que este se mantenga permanentemente abierto, que en este punto en considerable mencionar que, el derecho de dominio que tiene la comunidad sobre la propiedad cautelado por el articulo 19 Nº 24 de la Constitución Politica de la Republica, conforme con el 582 del Código Civil, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno, lo que conlleva que dentro de la protección constitucional del derecho de propiedad se encuentran incluidas las facultades que emanan del mismo como ser la disposición de uso y goce.
La facultad de uso, que emana del derecho real de dominio, dice relación con la facultad inherente a este derecho. Según la cual el titular puede servirse de la cosa de acuerdo a su naturaleza.
Como corolario de lo anterior, estima la recurrente que la actuación del recurrido, en cuanto a ser responsable mediante su oposición de la no instalación del puente, (con riesgo de caída) impidiendo el paso de los funcionarios técnicos de la Dirección de Vialidad altera el statu quo pre existente (pues es solo cambiar un puente por otro) afectando el libre tránsito que futuro podrían tener los miembros de la comunidad con la posible caída del puente, constituye un acto de autotutela, y por lo mismo contrario al ordenamiento jurídico, puesto que nadie puede hacerse justicia por sus propias manos, afectando el derecho a propiedad de los miembros de la comunidad, cuyas inscripciones se amparan en el título de merced que se acompaña en estos autos, desde que afecta la facultad de dominio del goce y uso de los predios que son titulares, impidiéndoles la reparación del puente, lo que puede afectar a futuro el libre tránsito de los miembros de la comunidad al mismo predio.
Alega que es evidente, que la actuación del recurrido resulta ilegal y arbitraria, puesto que no aparece justificada en ningún fundamento racional, y de derecho que lo habilite para obrar del modo señalado, estando frente a una simple actuación material, expresiva de autotutela.
Agrega que es tan irracional el actuar del recurrente, pues como ya se dijo de forma reiterada, la reparación del puente también beneficia el recurrido, pues a diario circula con su vehículo y con su maquinaria, por lo que lo pretendido por la Dirección de Vialidad es Propender el Bien Común, no mirando la calidad de los beneficiados sino el bien que genera a las personas, ello amparo de lo dispuesto en el artículo 1º inciso tercero de la Constitución Política de la República.
Considerando finalmente que la peligrosidad del puente, y ante el riesgo de caída con la subida del estero en los meses de invierno, pone en peligro la vida de las personas de la comunidad sobre todo personas de tercera edad, y porque no decirla la vida del mismo recurrido.
Finalmente, de acuerdo a un estudio realizado por Conadi, en el año 2002, que se encuentra reflejado en el informe Técnico Nº 1, se concluyó lo siguiente:
En el plano de división de la comunidad nombre reservado, realizada en el año 1983, tiene un ancho máximo por el norte de oriente – poniente de 215 metros, incluyendo el domicilio reservado metros, incluyendo el camino público.
Además en el plano de división de la comunidad nombre reservado, efectuada en el año 1983, se puede observar, que se indica la superficie de caminos de 1,67 Hás., que corresponde a los terrenos de los caminos públicos, que colindan, por este, oeste y que atraviesan, las hijuelas de la comunidad.
En un tercer acápite, que denomina “GARANTIAS VULNERADAS”, la recurrente cita el artículo 1º inciso tercero de la Constitución Política de la República y luego los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Magna.
Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de don nombre reservado, C.I Nº RUT reservado, acogerlo a tramitación, y en definitiva dar lugar al presente recurso de protección, declarando que el actuar del recurrido es arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías constitucionales invocadas disponiendo del imperio de la ley y en consecuencia declarar y disponer que:
1. El recurrido ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y el derecho a propiedad de los miembros de la comunidad INDIGENA DALPIN COHUIECO.
2. Que se ordene al recurrido cesar en todo acto o acción y/o omisión que tengan por objeto impedir el reemplazo del puente por uno de madera a metálico, 3. Que se ordene al recurrido a futuro abstenerse de acciones que tengan que ver con reparación de mismo punto que se pretende instalar y que afecte directa o indirectamente los derechos conculcados.
4. Todo con expresa condenación en costas.
Acompañó a su recurso los siguientes documentos:
- Titulo de merced de la comunidad DALPIN COIHUECO.
- Informe Técnico de Conadi Nº 1 de fecha 24 de septiembre de 2002.
A folio 10, evacúa informe doña nombre reservado, Subdirectora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en los siguientes términos:
Refiere que, por memorándum N°94 de 16 de agosto del 2023, la Encargada de la Oficina Técnica de CONADI, remite el informe técnico N°126, el que en suma señala:
Que, el camino en que se pretende mejorar el puente, corresponde a un camino público consagrado en el plano de división del Título de Merced N°1741 ex Comunidad nombre reservado (imagen Uno), inserta al efecto copia del plano de división aludido; en la imagen N°2, vista Google earth, se destaca la propiedad de don nombre reservado (encerrada en color rojo), colindante con el T.M.N°1741; en la imagen N°3, se inserta fotografía del puente mejorado, según constatación de la funcionaria del día 16.8.2023; en la imagen N°4, se inserta una imagen vista Google earth, donde se indica el fin del camino público aludido a unos 250 metros al sur del puente, el puente materia del presente recurso, y proyección de servidumbre de tránsito, que aparentemente no estaría constituida.
Añade en las conclusiones que con fecha 16 de agosto del 2023, concurrió a terreno, pudiendo observar la ubicación del puente con coordenadas 39°03"07S S;72°38"10"0, y está situado en el camino público existente entre la propiedad del recurrido nombre reservado y el Título de Merced N°1741 nombre reservado. Añade que este es un camino de uso consuetudinario que se encuentra además consagrado en el plano de división del mencionado título de merced. Por último señala que, al momento de la visita, el puente se encontraba reparado en madera.
Acompañó informe técnico y plano de división.
A folio 12, evacúa informe el abogado don ANDRÉ GAY SCHIFFERLI, por el recurrido don nombre reservado, en los siguientes términos:
I. ANTECEDENTES.
Refiere que el recurrido don nombre reservado, es un pequeño agricultor del sector Chada, de la comuna de Pitrufquén, que vivió junto a su padre en el predio agrícola en cuestión desde que éste lo adquirió en el año 1995, el cual es colindante con el predio de los recurrentes.
Para ingresar a las instalaciones, bodega y casa ubicadas al interior de su predio, desde camino público, esto es, desde la ruta Chada-Loica- Cementerio (Código: 69D-455), don nombre reservado transita por un acceso interno, situado dentro de su mismo predio, en el cual existe un puente que atraviesa el estero Chada, que estaba operativo y por sobre el cual transitaba a diario con maquinaria pesada, sin tener ningún tipo de riesgo ni problema.
Colindante al anterior, se encuentra el predio de la comunidad “nombre reservado”, cuyo título original se encontró amparado por el Título de Merced Nº 1741, inscrito a fs. 136 bajo el Nº 1763, del tomo V, del Registro Conservador de la Propiedad Indígena de Temuco, y que corresponde a don nombre reservado, en aquel tiempo denominada Hijuela Nº 27 de 44 Hectáreas, en cuyo plano oficial y sentencia NO consta camino con el deslinde del predio que hoy pertenece a su representado.
Por sentencia de fecha 12 de Marzo de 1985 pronunciada por el Juzgado de Letras de Pitrufquén, en la causa Rol: 872-1985, se procedió a subdividir judicialmente el Lote Nº 27 de la comunidad Indígena nombre reservado, estableciéndose caminos dentro de los deslindes de este predio.
Conclusión: el puente que atraviesa el Estero Chada está dentro del predio propiedad del recurrido, y, es el acceso que él utiliza con su maquinaria para llegar a su bodega y casa.
II. FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.
A. Falta de oportunidad de la acción constitucional de protección ejercida.
La acción de protección intentada en la especie, tiene por objeto cesar en todo acto o acción y/o omisión que tenga por objeto impedir el reemplazo del puente del “Estero Chada” por uno de base metálica.
Dada la intensa presión ejercida por parte de la Comunidad Indígena Dalpín Coihueco sobre las autoridades de la Dirección Regional de Vialidad, es que esta última solicitó a la Delegación Presidencial de la Región de la Araucanía, a través de Ord. Nº 1804 del 26 julio 2023, el auxilio de la fuerza pública, con apoyo de Carabineros para desarmar el puente de madera existente e instalar uno nuevo, lo que fue concedido por Resolución Exenta Nº 1173, del 27 julio 2023, por el delegado Presidencial Regional de la Araucanía, y ejecutado entre el 31 de julio y el 04 agosto de 2023.
A lo anterior su representado no se podía oponer, por lo que, en definitiva, y con auxilio de la fuerza pública, desarmaron el puente existente y construyeron uno nuevo de base metálica, el cual quedó instalado en el acceso ubicado dentro de la propiedad de mi representado.
Así las cosas, atendido que el puente de base metálica efectivamente fue instalado el 04 agosto 2023 y reemplazó al anterior, tenemos que el único hecho denunciado en estos antecedentes ha desaparecido, por lo que la acción de protección ha perdido oportunidad, pues los supuestos objetivos que perseguía cautelar ya se han materializado en los hechos.
B. No existe un derecho indubitado.
Es preciso aclarar que el referido camino interno del predio de su representado NO ES UN CAMINO PÚBLICO, sino que se trata de su acceso particular ubicado al interior del inmueble de su propiedad.
Los recurrentes, a través del tiempo, han discutido el carácter público o privado del camino.
La autoridad administrativa ha señalado que se trata de un acceso de carácter privado, y no de un camino público. Así por ejemplo la Dirección Provincial de Vialidad de la Araucanía, cuyo personal se apersonó y efectuó visitas al lugar, concluyó que NO estamos frente a un camino público. Ello consta en:
a) El ORD Nº 113 de fecha 31 de Mayo de 2017, donde se indicó que:
“ORN Nº 186/06.06.2008 presenta errores con la designación del camino en cuestión, ya que en el sector solo los caminos bajo la administración de la Dirección de Vialidad son Chada- Loica- Cementerio (69D-455) y el camino Segunda Faja Inoco (69S-1744) el cual bifurca en el Km 7.800 del camino antes mencionado pero en sentido contrario al que se encuentra indicado en los antecedentes proporcionados.”
“(…) el camino en el cual se presentaron los problemas producto de la ejecución de obras por parte del Municipio de Pitrufquén, no son de la competencia de nuestro servicio, esto debido a que el camino no es parte de la Red Provincial administrada por Vialidad”
b) El ORD 129 de fecha 27 de Junio de 2017, que tajantemente establece: “En conformidad a la Ley de caminos DFL Nº850, puedo indicar que la connotación del camino individualizado queda en manifiesto que no es un camino público, por ende correspondería a un tuición privada.”
Por lo tanto, se concluye por la autoridad administrativa, el Director Provincial de Vialidad, que el camino en cuestión NO se encuentra en la red provincial de caminos administrado por el organismo de Vialidad, y que en definitiva NO es un camino público, es más reconoce de manera expresa que se trata de un camino privado.
En la actualidad se encuentra en sede administrativa un RECURSO DE INVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD que persigue la invalidación total del acto administrativo denominado ORD Nº5773, de fecha 5 de Noviembre de 2018 por el cual se ordena a don nombre reservado, la reapertura y despeje del camino ubicado en la comunidad indígena nombre reservado, sector Coihueco, comuna de Pitrufquén, región de la Araucanía, en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 del DFL Nº 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, documento que fue emanada desde el Director Nacional de Vialidad, el que fue impugnado por la vía administrativa por ser el acto contrario a derecho, y que aún se encuentra pendiente de resolver por parte de la autoridad administrativa.
Bajo ese punto de vista, NO existe un derecho indubitado, NO está zanjado más allá de cualquier duda que el camino en cuestión es de carácter público o mucho menos es de propiedad de la referida comunidad Indígena, es un asunto que aún no se ha resuelto ni siquiera administrativamente.
En efecto, malamente pueden sostenerse que la recurrente tiene legitimación para pedir e imponer por la reparación de puentes ubicados al interior del inmueble del predio propiedad del vecino (Sr. nombre reservado).
En definitiva, la parte recurrente no es titular de ninguno de los derechos que reclama como vulnerados por parte de mi representado.
El recurrente no goza de ningún derecho sobre el camino particular de mi representado para acceder al camino público.
Inexistencia de acto u omisión arbitrario e ilegal. No se han afectado las garantías constitucionales invocadas.
Inexistencia de acto u omisión arbitrario e ilegal.
Que, bajo la lógica anterior, en el caso concreto su parte niega que exista ilegalidad en su conducta, pues en definitiva sólo ha ejercido las facultades propias del derecho de dominio.
Se opuso a la destrucción del puente existente y a construcción de uno nuevo, dada las facultades de uso, goce y disposición que emanan del derecho de propiedad que tiene sobre el inmueble donde está el acceso y puente en cuestión, todo lo que está amparado en sus títulos de propiedad, al tratarse de un camino interno dentro del predio.
El deslinde Oriente del título de mi representado y de sus antecesores indica que colinda la propiedad con el predio de don nombre reservado, hoy Comunidad Indígena Dalpin Coihueco.
A mayor detalle, su parte niega que exista arbitrariedad en la conducta de don nombre reservado, ya que, siguiendo la lógica anterior, estima que se trata de un camino de tuición privada, lo que es reconocido por distintas actuaciones de la autoridad administrativa de Vialidad conforme se dijo. No existe ninguna actuación caprichosa ni antojadiza, sino que solamente el proteger las facultades de su derecho de propiedad.
¿Cómo puede existir ilegalidad y/o arbitrariedad en la conducta del recurrido si la autoridad administrativa le ha reconocido el carácter privado de su camino de acceso?
En definitiva, la conducta del recurrido don nombre reservado NO ES CAPRICHOSA, pues responde a un acto de uso, goce y disposición material dentro de su predio, en el que la autoridad pretende disponer sobre un camino que se encuentra dentro de su inmueble, como si se tratara derechamente sobre un predio o camino de carácter público, en circunstancia que la propia autoridad Regional de Vialidad le ha reconocido que se trata de un predio de tuición privada.
Por otro lado, cabe indicar a S.S.I. que a través de la sola lectura y análisis de los antecedentes acompañados por el recurrente en su libelo, se vislumbra inequívocamente que éste no es titular del hipotético derecho de propiedad que reclama.
En definitiva, de los antecedentes de obran en autos, no se puede desprender la titularidad del derecho que se reclama como afectado.
Que, la parte recurrente se apoye firmemente en que la Corporación Nacional Indígena (CONADI) emitió un Informe Técnico Nº 1 en el año 2022, y donde se indicaría que dicho camino corresponde o pertenece a la Comunidad Indígena Dalpin Coihueco.
No obstante, dicho organismo no tiene las facultades legales para emitir pronunciamientos técnicos ni jurídicos relativos al carácter público o privado de un camino, mucho menos el conocimiento técnico sobre ley de caminos, con lo cual el informe Nº 1 de Conadi, no es el documento técnico adecuado, con el cual la contraria pueda apoyar su teoría del caso.
Además, dicho documento no contiene elementos que permitan calificarlos de informe técnico, no señala sus fuentes, ni elementos analizados, ni metodología utilizada, ni menos explica ni justifica la diferencia que existe en los deslindes del título del año 1983 de la comunidad indígena con los deslindes existentes en los títulos anteriores.
No se han afectado las garantías constitucionales invocadas.
NO ES EFECTIVO el recurrido don nombre reservado haya afectado la garantía relativa a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas (19 Nº 1 CPR), ni tampoco ha afectado el derecho de propiedad (19 Nº 24 CPR) de los recurrentes.
Se imputa a mi representado el haberse negado a que se reemplace el puente por uno nuevo y que ello estaría, supuestamente:
“…afectando el libre tránsito que futuro podrían tener los miembros de la comunidad con la posible caída del puente…” existiendo “…la peligrosidad del puente, y ante el riesgo de caída…” (Destacado nuestro), lo que supuestamente afectaría los derechos del art. 19 Nº 1 y 24 de la CPR Todo hipotético, todo eventual. ¿Sobre qué base objetiva se estarían afectando esos derechos? Respuesta: ninguna.
Lo cierto es que el puente de madera estaba totalmente operativo, y tal como lo reconoce la recurrente, en buen estado, dado que nombre reservado circulaba sobre él con maquinaria pesada y nunca existió ningún inconveniente. El puente estaba firme, a tal punto que el día que lo destruyeron se subieron con una retroexcavadora (8.000.- kilos) sobre él, no cayó, ni se movió, es más, tardaron bastante en desarmarlo; todo lo cual demuestra que no existe ninguna afectación al derecho a la vida, ni a la integridad física, ni síquica.
De la misma manera, no existe ninguna vulneración a ningún derecho de propiedad de los recurrentes.
El puente respecto del cual se pretendía desarmar e instalar uno nuevo de base metálica por la Dirección Regional de Vialidad y la Comunidad Indígena Dalpín Coihueco en la especie, se encuentra efectivamente apostado en el camino particular dentro del predio de mi representado.
Desde ese punto de vista, NO se ha cometido ningún acto ilegal, ni arbitrario, ni afectado ninguno de los derechos invocados. El recurrido don nombre reservado ha actuado siempre conforme a derecho, en uso de las facultades que le concede la Ley, no ha obrado por capricho, ni en contra de la Ley, ni del Ordenamiento Jurídico. No se ha vulnerado ningún derecho, ni se ha alterado el statu quo o estado de las cosas.
El recurrente busca discutir materias que son de lato conocimiento.
Lo pretendido por la recurrente es por medio de este recurso de protección, es establecer un precedente, a fin de constituir un derecho indubitado que permitan transitar “amparado por una sentencia judicial” por el camino de carácter privado en cuestión.
Sin embargo, dicha materia es improcedente conocerla en una acción cautelar de recurso de protección, lo anterior, atendido que cualquier derecho pretendido por la comunidad indígena sobre el camino emplazado en el predio de mi representado debe ser discutido en un juicio de dominio y/o de servidumbre u otro, pero necesariamente en un juicio de lato conocimiento.
Estando controvertido el derecho invocado por el recurrente, sólo cabe el ejercicio de los procedimientos ordinarios o generales, ya que la naturaleza cautelar de la acción de protección impide resolver la cuestión en esta sede, la que NO constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos, por lo que el recurrente está desnaturalizando e instrumentalizando la acción cautelar de autos, lo que amerita su rechazo.
Este tipo de controversias jurídicas no son posibles de definir en esta sede de cautela de derechos indubitados, pues resulta necesario otorgar a las partes la posibilidad de efectuar sus alegaciones y aportar la prueba pertinente a sus asertos en la sede civil correspondiente, dado que, por una parte, esta sede no es la vía idónea y, por otra, no es posible dar por preexistente el uso inmemorial de una faja determinada y especifica de terreno por parte del recurrente ni que mi representado le haya supuestamente autorizado y/o obstaculizado.
Ausencia de medios de prueba que acrediten acto arbitrario al recurrente.
De los antecedentes que obran en autos, en la especie existe una evidente ausencia de medios de prueba que acredite sin lugar a dudas y de manera indubitada el derecho reclamado por el recurrente y la supuesta alteración del statu quo invocado.
A contrario censo, en los antecedentes que obran en autos, más los aportados por mi parte existe abundante prueba directa y concreta que acredita la existencia de antecedentes que tiene por objeto determinar lo dubitado del derecho que se reclama por parte del recurrente.
Pide tener por evacuado el informe solicitado, solicitando desde ya que la presente acción constitucional de protección de garantías fundamentales interpuesto en contra de nombre reservado, sea rechazado íntegramente, en razón de lo expuesto, con expresa condenación en costas.
Acompaña a su informe los siguientes documentos:
1.Copia de inscripción con certificación de vigencia del título de propiedad de su representado don nombre reservado, el que consta inscrito en el registro de propiedad de Fs.242 Nº 230 del año 2006 Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén.
2. Ordinario Nº 113 de fecha 31 de Mayo de 2017 del Jefe Provincial de Vialidad de Cautín, don nombre reservado, dirigido a don nombre reservado.
3. Presentación efectuada por don nombre reservado con fecha 8 de Junio del año 2017 y dirigida al Jefe Provincial de Vialidad de la Provincia de Cautín, solicitando se aclare si el camino es público o privado.
4. Ordinario Nº 129 de fecha 27 de Junio de 2017 suscrito por el Jefe Provincial de Vialidad de la Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, don nombre reservado.
5. Lista de Camino de la Red Primaria- Cautín, donde se individualizan los caminos público de la comuna de Pitrufquén, en que se puede apreciar que en sector de la especie, se identifican solo dos caminos públicos: (i) Chada-Loica- Cementerio (Código: 69D-455) y (ii) 2º Faja- Inoco (Código: 69S-1744), ninguno de los cuales es el que se ordena reabrir.
6. Set de 8 fotografías que muestran el camino público Chada-Loica-Cementerio y el acceso privado al interior del predio del recurrente.
7. Copia de Titulo de Merced Nº 1741 de fecha 20 de Agosto de 1909, inscrito a Fojas 136 Nº 1763 del Tomo V del Registro Conservador de la Propiedad Indígena de Temuco, y que corresponde a don nombre reservado, en aquel tiempo denominada Hijuela Nº 27 de 44 Hectáreas, así como plano oficial y sentencia.
8. Sentencia del 12 de marzo de 1985 del Juzgado de Letras de Pitrufquén relativo a la subdivisión de la comunidad Indígena nombre reservado.
9. Copia de inscripción de fojas 420 vuelta Nº 688 del Registro de propiedad del año 1941 del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén, respecto del inmueble “Fundo La Aguada” perteneciente a la sucesión de don nombre reservado, inscripción que señala específicamente que sus deslindes ORIENTE: con reserva indígena nombre reservado
10. Certificado de avaluó fiscal detallado del Servicio de Impuestos Internos, perteneciente al ROL: 395-10 de la comuna de Pitrufquén, relativo al inmueble La Aguada LT 1 Chada, de propiedad de don nombre reservado.
11. ORD Nº 1804 de fecha 26 de julio de 2023 cuya Materia corresponde a “Solicita apoyo de fuerza pública para realizar labores que indica” documento suscrito por don nombre reservado, Director de Vialidad (s) Región de la Araucanía y dirigido a nombre reservado, Delegado Presidencial Región de la Araucanía.
12. Resolución Exenta Nº 1173 de fecha 27 de julio de 2023 suscrita por don nombre reservado, Delegado Presidencial Región de la Araucanía.
13. Una fotografía que muestra el puente de madera en el predio de mi representado don nombre reservado.
14. Foto de maquinaria Dirección de Vialidad de la Región de la Araucanía y que corresponde a la retroexcavadora que destruyó el puente de madera de su representado.
15. Una fotografía que muestra el puente de base metálica instalado por Vialidad en el predio de su representado don nombre reservado.
A folio 20 evacúa informe nombre reservado, director (S) regional de vialidad, en los siguientes términos:
- El camino público de la comunidad nombre reservado, se accede a través del “Camino Publico” CHADA - LOICA – CEMENTERIO Código 69D455.
- El camino público graficado en plano de subdivisión de INDAP de comunidad “nombre reservado”, Titulo de Merced N° 1741 como camino público, se inicia en las hijuela N°1, continuando por el las hijuelas N° 2, N° 3 y N° 4 en km 0,714, continua por predio fuera de la comunidad (por huella de antiguo camino), conectándose con domicilio reservado. (Se adjunta Minuta Técnica)
- Inicialmente se verificó que dicho camino se encontraba en comunidad indígena reconocido por la CONADI, ya que consultando las coberturas de comunidades indígenas y plano de subdivisión de Indap, de la comunidad Indígena Dalpin Coihueco, se concluyó que si correspondía la inclusión en el programa de caminos indígenas.
- En el año 2022 se solicita por parte de la Oficina Provincial Vialidad Cautín, la generación de código indígena para el camino de acceso a comunidad nombre reservado, con el motivo de ser incorporado en el plan de trabajo de caminos indígenas del año 2023 de la Administración Directa plan Indígena de la Oficina Provincial Vialidad Cautín.
- Se ingresa solicitud de código indígena a través de “formulario solicitud de incorporación de otros caminos (Código I y Z) Red Vial-región de La Araucanía, Provincia de Cautín” N°89/2022. Identificándose como, Nombre: nombre reservado-Dalpin Coihueco, código propuesto: 69I10713, Longitud: 0,714. (Se adjunta Formulario).
- En plano de subdivisión de Indap de la comunidad entre las hijuelas 1, 2,3 y 4 se registra dicho camino como “Camino Público”. Por lo que el camino antes identificado corresponde a un camino público.
- Efectivamente, con fecha 25 de julio del presente año, funcionarios de la Oficina Provincial de Vialidad Cautín, concurren al sector con la finalidad de ejecutar las labores de Reconfección del puente de madera existente sobre el “Estero Chada,“ las cuales se encuentran registradas en sistema de gestión de Conservación FEMN, con la orden de trabajo N°3421952 “Reconfección total de nombre reservado.” Día en el cual don nombre reservado, se apersona en el lugar, en la cual no permite que se realicen las faenas de Reconfección del puente aludiendo a que el camino le pertenece, ubicando en el camino de acceso al puente una camioneta de color blanca, lo que imposibilitó realizar las labores. La funcionaria abogada Maria Elizabeth Sarabia Sandoval concurre al lugar solicitándole que haga retiro del vehículo con la finalidad de realizar la Reconfección del puente, lo que don nombre reservado se niega a tal solicitud, por lo que funcionarios de la Oficina Provincial de Vialidad se retiran del lugar.
- Posteriormente, la Dirección Regional de Vialidad, Región de La Araucanía envía oficio N° 1804 de fecha 26.07.2023, a la delegación Presidencial Regional solicitando apoyo de Fuerza Pública para la labres de Reconfección del puente de madera sobre el Estero Chada, a lo que la Delegación Presidencial Regional dicta la Resolución exenta N° 1173 de 27.07.2023, que concede auxilio de Fuerza Pública.
- Que, con fecha 01.08.2023 y el 03.08.2023, funcionarios de la Oficina Provincial de Vialidad Cautín, en coordinación con Carabineros de Control de Orden Público, concurren nuevamente al sector a realizar las labores de Reconfección del puente sobre el Estero Chada, acompañados por el funcionario abogado de la Dirección Regional de Vialidad, Región de La Araucanía, nombre reservado, ejecutándose obras de demolición y reparación del puente de madera existente sobre el Estero Chada”. Apersonándose nuevamente, en el lugar de las faenas, don nombre reservado, reiterando su negativa a que se realicen la labores de Reconfección del puente y solicitando la documentación que nos facultaría a realizar las faenas, al cual se le informa que dicha documentación se encuentra disponible a solicitar por la página de trasparencia con la finalidad de que obtenga la información por el procedimiento correspondiente o concurriendo directamente a la Dirección Regional de Vialidad, Región de La Araucanía, a lo que don nombre reservado se retira del sector y se procede a continuar, por los funcionarios de la Oficina Provincial Vialidad Cautín, con las labores de Reconfección del Puente, finalizando el día 03.08.2023.
Acompañó los siguientes documentos:
- Oficio Ord. N° 1804 de 26.07.2023, del Director Regional de Vialidad (S) Región de La Araucanía, a Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, que solicita apoyo de Fuerza Pública.
- Resolución exenta N° 1173 de 27,07.2023, de la Delegación Presidencial Regional Araucanía. Que concede Auxilio de la Fuerza Pública.
- Minuta “Comunidad nombre reservado” del Coordinador SIG, de la Dirección de Vialidad, Región de La Araucanía.
- Formulario Solicitud de Incorporación de otros Caminos (Códigos I y Z) Red Vial – Región de La Araucanía, Provincia de Cautín.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción tutelar en razón de la cual, cuando concurran los presupuestos que el legislador fundamental ha previsto, se impone a la Corte de Apelaciones el deber de adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, lo que necesariamente supone que efectivamente exista alguna providencia que dentro del ámbito de atribuciones descrito pueda ser adoptada en ausencia de otro mecanismo más expedito para ello, y con la oportunidad que la naturaleza urgente de la acción sugiere.
SEGUNDO: Que, en la especie lo que se había denunciado al interponerse la acción era la obstaculización por parte del recurrido a que el puente ubicado sobre el estero Chada sea reparado por parte de la Dirección de Vialidad.
TERCERO: Que, según consta de los informes agregados, la refacción del puente, que era el objetivo perseguido con la acción interpuesta, ya fue realizada por la Dirección de Vialidad y las labores que eran necesarias se encuentran concluidas, habiéndose para ello requerido en su momento el auxilio de la fuerza pública, que resultó suficiente para la finalidad en cuestión, labores que habrían concluido el día 3 de agosto del presente año.
CUARTO: Que de acuerdo al citado artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la actualidad en la especie no concurre, al haber desaparecido el agravio que en su momento justificaba la acción deducida, por cuanto, como consta, el puente ya fue reparado, por lo que el mecanismo de urgencia que se ha intentado se encuentra ya desprovisto de la oportunidad que le es inherente, y ha desaparecido la necesidad de que esta Corte, dentro de la órbita de atribuciones que la naturaleza de la acción provee, adopte alguna providencia en el sentido de lo que la recurrente en su momento había solicitado.
QUINTO: Que, en tal contexto, no existiendo medida que en la actualidad puesta esta Corte adoptar, necesariamente debe rechazarse la acción deducida, siendo innecesario analizar las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas o entrar al análisis pormenorizado de los documentos acompañados u otras alegaciones que escapan al marco de esta acción tutelar.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por la COMUNIDAD INDIGENA DALPIN COIHUECO en contra de nombre reservado.
Agréguese a la carpeta digital, regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.
Redacción a cargo del Ministro (S) Luis Olivares Apablaza.
N°Protección-11514-2023. (cwm)