Protección contra Gobierno Regional de La Araucanía

Foja: 120 Ciento Veinte C.A. de Temuco Temuco, dos de julio de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 1 comparece nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce nombre reservado en contra del Gobierno Regional de La Araucanía, representado por el señor Intendente Francisco Huenchumilla Jaramillo, y de nombre reservado, abogada, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Funda su acción en que mediante Resolución Exenta N°047 de fecha 16 de enero de 2014 se aprobó convenio a honorarios a suma alzada, entre el Gobierno Regional de la Araucanía y la recurrente, celebrado con la misma fecha, para desempeñarse como abogado en el Departamento Jurídico, específicamente en el Programa de Energización. Señala que las tareas en dicho departamento las ha realizado desde el año 2010 hasta la fecha de su desvinculación mediante sucesivos contratos celebrados con la misma administración. Indica que durante los años que prestó servicios en el Gobierno Regional, nunca se realizaron observaciones a alguno de sus informes de avance mensual, los cuales fueron aprobados sin objeción alguna, requisito que era necesario para proceder al pago de la remuneración mensual correspondiente. Con fecha 01 de abril de 2014, después del cambio de gobierno, asumió como Encargada del Departamento Jurídico doña nombre reservado, quien el día 07 de abril de 2014 le informó acerca del término anticipado, a contar de ese día y de manera unilateral, del convenio a honorarios que la vinculaba con el Gobierno Regional. Minutos después, fue notificada formalmente en presencia de un funcionario de Recursos Humanos quien le entregó copia de la Resolución Exenta N°648, de fecha 07 de abril de 2014, que pone término anticipado al contrato. En dicho instrumento, se menciona como fundamento de la decisión unilateral, que la recurrente no había dado cumplimiento en forma satisfactoria y suficiente a las labores encomendadas en el convenio, resultando deficiente el trabajo realizado en el programa de energización, haciendo alusión a un informe de fecha 07 de abril de 203 (sic) que se acompañaba pero al que pudo tener acceso solo alrededor de tres semanas después.Indica que este informe fue evacuado por la nueva encargada del departamento quien había asumido el cargo tres días antes, razón por la cual no puede fundar una convicción referida a la deficiencia en su trabajo. Tampoco entiende que este informe sea distinto a la evaluación favorable efectuada días atrás y que permitió el pago de sus honorarios, por lo que estime que el mismo sólo pretende justificar una decisión arbitraria, caprichosa, y carente de fundamento técnico y objetivo. Añade que a consecuencia del actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, ha dejado de gozar algunos derechos, específicamente, el que habiendo tenido permiso por 15 días hábiles sólo hizo uso de 10 días en el mes de febrero, dejando el saldo para gozar de ellos durante el período del contrato. Acota que la decisión de poner término anticipado a su contrato, materializada en la Resolución Exenta N°648 de fecha 07 de abril de 2014, es un acto ilegal y arbitrario que la priva del legítimo ejercicio de las garantías contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Agrega que es ilegal porque se aplica una causal de término al contrato que no se encuentra estipulada en él, contraviniendo el artículo 1545 del Código Civil. Excede, además, el ámbito de facultades que como órgano público le compete a la recurrida en virtud de lo señalado en el artículo 7 de la Carta Fundamental y transgrede la exigencia de fundamentación de todo acto administrativo contemplada en la Ley N°18.575, ya que la decisión carece de motivos objetivos y acreditables. Señala que el acto es arbitrario porque para adoptar la decisión se tomaron en consideración razones subjetivas distintas a las evaluaciones de sus servicios y con la única finalidad de liberar un espacio para contratar profesionales afines con la nueva administración. En el informe de fecha 07 de abril de 2014, emitido por la Encargada de Departamento, no constan razones específicas sino sólo su eventual constatación que no se habría dado cumplimiento en forma satisfactoria y suficiente a las labores encomendadas en el convenio a honorarios, sin señalar hechos concretos. Indica que a través de este acto ilegal y arbitrario ha sido discriminada en relación a los demás funcionarios a honorarios que trabajan en el Gobierno Regional, ya que en sus contratos tampoco se contempla la facultad de poner término anticipado a los mismos, haciendo público un supuesto incumplimiento de funciones e incompetencia profesional que afecta su dignidad como persona y profesional, por lo que estima se ha afectado la garantía de igualdad ante la ley. Afirma que se le ha privado del derecho a percibir sus honorarios por el período del contrato con lo que se ha vulnerado su derecho de propiedad. Pide en definitiva se acoja el recurso, adoptando las medidas para restablecer el imperio del derecho, se asegure la protección de las garantías inculcadas, ordenando en especial al Gobierno Regional de la Araucanía dejar sin efecto la Resolución Exenta N°648 de fecha 07 de abril de 2014, que puso término a su convenio a honorarios y en consecuencia, ordene su reincorporación con todos sus derechos, y en especial el pago de sus honorarios, hasta la fecha de término pactada; o en la forma que esta Ilustrísima Corte determine según el mérito de autos, con expresa condenación en costas. Acompañó documentos de fs. 8 a 28; 50 a 87; de 89 a 92 y de 99 a 111 de autos.

A fojas 36 comparece el recurrido Gobierno Regional de la Araucanía, quien solicita en, primer término, el rechazo del recurso por extemporáneo, atendido que el acto que se reclama es de fecha 07 de abril de 2014 y el recurso fue presentado con fecha 08 de mayo de 2014, habiendo transcurrido 31 días. En el informe, evacuado por el requerido, solicita el rechazo del recurso, fundado básicamente que la recurrente habría incumplido obligaciones propias del contrato e indicaciones de la jefatura. Refiere que la recurrente debía evacuar informes de avance mensual que dieran cuenta de las labores indicadas en las letras a) a la j) de la cláusula quinta del convenio. Continúa señalando el detalle de los informes mensuales correspondientes a diciembre de 2013 y enero a marzo de 2014, afirmando que en ellos se da cuenta de manera absolutamente básica de ciertas gestiones, lo que no permite determinar si tienen relación o no con el cumplimiento del contrato. Esgrime el incumplimiento de indicaciones de la jefatura, lo que funda en los memos N°1877 de 31 de diciembre de 2013, N°114 de 28 de enero de 2014, y N°235 y N°236 de 27 de febrero de 2014, todos enviados por el Jefe de la Unidad Técnica de Electrificación Rural al Departamento Jurídico, a través de los cuales solicita el estudio de antecedentes de diversos proyectos, derivándose dicha labor a la recurrente otorgándole en todos los casos un plazo de tres días para revisar los datos y evacuar informes, los que finalmente fueron realizados con un atraso de 50, 31, 18 y 18 días respectivamente. Señala que estas circunstancias son sólo ejemplos de situaciones en las cuales la recurrente no dio cumplimiento a instrucciones del superior jerárquico, generando atrasos considerables de hasta tres meses en informes que debió haber emitido en tres días, causando consecuencias lesivas no sólo a las familias involucradas sino efectos negativos en la administración, pues se retrasó el proceso de ejecución presupuestaria del Programa de Electrificación Rural. Aduce que el hecho de que la jefatura de la época haya visado los informes evacuados por la recurrente no es óbice para que la nueva jefatura realice una evaluación deficiente de sus funciones. Refiere que no existió un ánimo antojadizo y arbitrario del recurrido al poner término al convenio a honorarios, sino un estricto apego a las normas legales y principios básicos de la administración pública, como son la celeridad en la gestión, bien común, pro administrado, eficiencia y eficacia en las gestiones de los funcionarios, razón por la cual estima que no ha existido una vulneración a la Ley del Contrato, toda vez que constatándose un incumplimiento del contrato a honorarios ha debido ponerse término al mismo. Afirma que no ha existido discriminación respecto de la recurrente, pues la constatación de incumplimientos en plazos e instrucciones propias del convenio a honorarios no se ha verificado fehacientemente en otros funcionarios que se encuentran en la misma calidad jurídica, por lo que no hay vulneración a la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Asegura que no se cumplen con los requisitos para dar lugar al recurso ya que no se trata de una acción u omisión, pues se está impugnando una resolución emanada de un Jefe Superior de un Servicio. No existe una acción ilegal por cuanto el actuar del recurrido se enmarcó en la Ley N°19.175 sobre Gobierno y Administración de la Región y la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado. No es una acción arbitraria, pues la disposición de término anticipado obedece a una constatación efectiva de hechos que dan cuenta de un incumplimiento grave en los plazos e instrucciones dados a la recurrente, así como de la existencia de informes ambiguos y escuetos que no corresponden a la totalidad de las obligaciones contenidas en su contrato. No hay ilegalidad ni arbitrariedad por lo que tampoco puede existir privación, perturbación o amenaza de un ejercicio legítimo de un derecho. Concluye que los hechos expuestos por la recurrente no son efectivos en cuanto a la calificación de ilegales o arbitrarios que permitan amparar una acción de protección, toda vez que existen antecedentes fehacientes de los incumplimientos contractuales de la recurrente siendo imperativo poner término anticipado al contrato de acuerdo a sus facultades legales.

Acompañaron documentos que se mantienen en custodia, que corresponden a copias de los informes mensuales de avance emitidos por la recurrente de diciembre de 2013 y enero a marzo de 2014;copia de memos enviados por el Jefe de la Unidad Técnica de Electrificación Rural al Departamento Jurídico, N°1877 de 31 de diciembre de 2013, N°114 de 28 de enero de 2014, y N°235 y N°236 de 27 de febrero de 2014 y sus correspondientes memos de respuesta N°376, N°374, N°375 y N°373 todos de fecha 31 de marzo de 2014; copias de convenios a honorarios de fecha 01 de abril de 2013 y 16 de enero de 2014 celebrados con la recurrente; Informe de abogado de departamento jurídico de fecha 07 de abril de 2014.

A fs. 96 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el objeto de esta acción de protección, es la actuación de los recurridos consistente en que con fecha 07 de abril de 2014, a través de Resolución Exenta N°648, se puso término anticipado al referido contrato de la actora, de manera unilateral, fundado en un supuesto incumplimiento de las labores contempladas en la clausula quinta del referido contrato. En concepto de la recurrente dicho acto es arbitrario e ilegal y lesiona las garantías constitucionales del artículo 19 Números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la solicitud del Gobierno Regional de la Araucanía de tener por no presentado el recurso por extemporáneo será rechazada, por cuanto, consta en certificación que rola a fojas 49, efectuada por el Secretario de ésta Ilustrísima Corte con fecha 18 de junio de 2014, que el mismo fue presentado el día 07 de mayo de 2014. Lo anterior, puede verificarse de la sola lectura del recurso, el que en su extremo superior izquierdo presenta el estampe del reloj horofechador que consigna como fecha de presentación el día 07 de mayo del presente año, por lo que se concluye fue presentado dentro de plazo legal.

TERCERO: Que son hechos no discutidos en la causa los siguientes: 1.- Que por Resolución Exenta N°047 del Gobierno Regional de La Araucanía de 16 de enero de 2014 fue aprobado convenio a honorarios a suma alzada, para desempeñarse como profesional abogado del Gobierno Regional, a favor de la actora nombre reservado. 2.-Que en dicho convenio no se contempla expresamente la facultad de las partes de poner término al mismo de forma anticipada, unilateral y sin expresión de causa. 3.-Que el 07 de abril de 2014 la recurrente fue notificada de la Resolución Exenta N°648 que pone término a su contrato a honorarios.

CUARTO: Que la recurrente nombre reservado celebró un convenio a honorarios con el Gobierno Regional de la Araucanía, por lo que la relación contractual entre ambos debía regularse según lo prescrito en el artículo 11 inciso tercero del DFL N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Dicha norma, prescribe que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las reglas del estatuto. En este caso, debe regirse entonces por el contrato celebrado con fecha 16 de enero de 2014, convenio en el cual el Gobierno Regional no se reservó la facultad de poner término anticipado, sin expresión de causa y en forma unilateral, cláusula que sí se encontraba contemplada en el convenio de fecha 01 de abril de 2013 y que fue acompañado por la recurrente. En todo caso debe precisarse que las llamadas prerrogativas especiales de la administración proceden solo ante texto expreso del mismo contrato, de las bases o de la legislación aplicable. No es aceptable en nuestro derecho prerrogativas especiales tácitas. Luego de no existir estas, se aplican las disposiciones comunes. Por ello sino se estableció la cláusula de terminación unilateral tiene plena aplicación el artículo 1489 del Código Civil, por ende en este caso particular si se deseaba poner término a la relación contractual se debió accionar judicialmente ejerciendo la condición resolutoria tácita.

QUINTO: Que del mérito de todos los antecedentes acompañados en este recurso se desprende que no hay ningún hecho concreto que justifique la terminación anticipada de este compromiso laboral antes del 31 de diciembre del año 2014. En efecto, el Gobierno Regional sostiene la existencia de una serie de incumplimientos por parte de la recurrente, referidos a la obligación de informar mensualmente el avance de las labores contempladas en la clausula quinta del convenio y al retraso en cumplir con las indicaciones de sus superiores. En cuanto a los informes mensuales de avance, dicha obligación se encuentra contemplada en la clausula antes referida en los siguientes términos: “Producto: 1) Entrega de avance de informe mensual que den cuenta de las labores indicadas en la letras a) a la j) con individualización del proyecto y organismo u organización involucrada”, sin establecer ninguna otra exigencia en cuanto a la extensión o redacción de los mismos. De la sola lectura de los informes emitidos por la recurrente, correspondiente a los meses de diciembre de 2013, enero, febrero y marzo de 2014 se desprende que dio cumplimiento a la obligación de emitirlos en los términos señalados, y que fueron visados por su jefe directo, de lo que se puede concluir que su superior jerárquico los consideró suficientes y aprobados, siendo relevante que el último de estos informes, correspondiente al mes de marzo de 2014, fue visado por nombre reservado, misma profesional que actúa en estos autos en representación del Gobierno Regional. El segundo tipo de incumplimiento que alega el recurrido, es que nombre reservado no habría seguido instrucciones de su superior jerárquico, lo que funda en los memos N°1877 de 31 de diciembre de 2013, N°114 de 28 de enero de 2014, y N°235 y N°236 de 27 de febrero de 2014, todos enviados por el Jefe de la Unidad Técnica de Electrificación Rural al Departamento Jurídico, a través de los cuales se solicita el estudio de antecedentes de diversos proyectos. El recurrido sostiene que dichos proyectos habrían sido derivados a la recurrente, otorgándole un plazo de tres días para emitir un informe en los mismos, no obstante, en ninguno de los documentos acompañados consta esta supuesta derivación, ni plazo otorgados. Todos los informes acompañados fueron emitidos por el Departamento Jurídico como respuesta a los memos de la Unidad Técnica referida, firmados por nombre reservado en calidad de Encargada (S) del Departamento Jurídico, y en ninguno de ellos se consigna el nombre de la recurrida como responsable del mismo.

SEXTO: Que respecto al informe emitido por la recurrida nombre reservado, en calidad de Encargada del Departamento Jurídico, con fecha 07 de abril de 2014, y que fue utilizado como fundamento a la decisión de poner término anticipado y unilateral al convenio de honorarios, de su sola lectura se desprende que no contiene una relación de hechos específicos que den cuenta de incumplimientos contractuales determinados, limitándose a señalar en términos generales que la profesional que suscribe ha podido constatar que la recurrente no ha dado cumplimiento en forma satisfactoria y suficiente a las labores encomendadas en el convenio, resultando deficiente el trabajo realizado en el Programa de Energización. De lo analizado precedentemente se concluye que el recurso interpuesto por nombre reservado debe ser acogido, quien debe mantenerse en su respectivo cargo hasta el último día del mes de diciembre de este año dos mil catorce, pues la decisión de poner término anticipado al convenio a honorarios sólo se funda en el puro arbitrio, desde que dicha resolución no ha sido motivada, como en derecho corresponde, obedeciendo así a una decisión discrecional de la autoridad, ya que no existían antecedentes concretos y suficientes que justificaran la desvinculación.

SEPTIMO: Que este acto arbitrario causa agravio en cuanto le impide a la recurrente continuar desempeñando sus funciones y percibir las remuneraciones pactadas hasta el 31 de diciembre próximo, lo que evidentemente importa un menoscabo a la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pues ha sido privada de su remuneración y única fuente de ingreso en forma inconsulta. Del mismo modo, vulnera el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al quebrantar el principio de igualdad ante la Ley, en el sentido que todos aquellos que desempeñan cargos en la misma calidad jurídica, a través de convenio a honorarios, deben hacerlo hasta el 31 de diciembre, sin que exista ningún fundamento fáctico que justifique la desvinculación de la recurrente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que se ACOGE el nombre reservado deducido en lo principal de fojas 1 por la abogado nombre reservado, abogado, en contra del Gobierno Regional de La Araucanía, representado por el señor Intendente Francisco Huenchumilla Jaramillo, y de la abogada nombre reservado. En consecuencia se ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta N°648 de fecha 07 de abril de 2014 que puso término al convenio a honorarios y la reincorporación de la recurrente nombre reservado, quien deberá continuar en su cargo hasta el 31 de diciembre del año dos mil catorce, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción Ministro Sr. Álvaro Mesa Latorre.

Rol Proteccion N° 1143-2014.(sma)

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado por la Tercera Sala Presidente Ministro Sr. Álvaro Mesa Latorre, Fiscal Judicial, Sra. nombre reservado Sr. Roberto Conteras Eddinger.

En Temuco, dos de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.