nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

C.A. Temuco.

En Temuco a catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, quien viene en interponer la presente acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Victoria, alegando como acto ilegal y arbitrario la dictación del Decreto Alcaldicio N° 432, de 2 de marzo del 2026, que declaró incompatible su estado de salud con el desempeño del cargo y dispuso la vacancia de su puesto como matrona de atención primaria de salud, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y pide que se deje sin efecto dicho acto, se ordene su reincorporación y se disponga el pago de las remuneraciones y prestaciones dejadas de percibir.

Señala que el acto impugnado se fundó en la utilización de 317 días de licencia médica entre junio del 2023 y junio del 2025, pese a que, según sostiene, dentro de dicho período corresponden únicamente 297 días, habiéndose incluido una licencia de 20 días otorgada entre el 6 y el 25 de mayo del 2023. Agrega que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante Resolución N° 19090814, de 7 de julio del 2025, determinó que su estado de salud era recuperable.

Expone que parte de sus licencias obedecieron a una fractura de tobillo que requirió cirugía y rehabilitación, mientras que otras estuvieron relacionadas con afectaciones psicológicas derivadas de hechos de violencia ejercidos por su entonces cónyuge. Relata que entre el 18 y el 19 de abril del 2024 fue víctima de graves hecSEhos que dieron origen a una investigación penal en que su expareja fue formalizada, entre otros ilícitos, por violación y femicidio íntimo frustrado conforme al artículo 390 bis del Código Penal. Añade que posteriormente desarrolló sintomatología asociada a estrés postraumático y que el 12 de febrero del 2025, al sustituirse la prisión preventiva del imputado por arresto domiciliario total, experimentó una nueva crisis que motivó atención médica y licencias.

Argumenta que los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 exigen que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados. Añade que el artículo 8 de la Ley N° 21.565 reconoce fuero laboral a las víctimas de femicidio frustrado o tentado y hace aplicable el artículo 174 del Código del Trabajo. Asimismo, invoca el artículo 22 de la Ley N° 21.675 respecto de la protección de los derechos laborales de las víctimas de violencia.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 432, se ordene su restitución inmediata a sus funciones como matrona, manteniendo su calidad jurídica a plazo indefinido, Nivel 10, Categoría B, y se disponga el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y demás bonificaciones estatutarias dejadas de percibir, con reajustes e intereses, con costas.

A su acción acompañó como pruebas historial clínico y certificados de atención psicológica y psiquiátrica; partes de urgencia hospitalaria y constatación de lesiones y agresión sexual; copia íntegra del expediente penal acompañado, incluyendo resoluciones cautelares y peritajes judiciales; cálculo de días de licencia médica; copia de la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que declara su salud recuperable; copia del Decreto Alcaldicio número 432 de la Municipalidad de Victoria.

A folio 8 comparece Aníbal Patricio Calbuñir Maril, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Victoria, quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, y señala que la declaración de vacancia se ajustó a derecho, pues la funcionaria habría utilizado 317 días de licencias médicas por enfermedad común dentro del período considerado por el artículo 148 de la Ley N° 18.883, y pide que la acción sea rechazada, con costas.

Señala que la recurrente se desempeñaba como funcionaria de atención primaria de salud y que, para determinar la procedencia de la causal, se consideraron las licencias por enfermedad común utilizadas entre junio del 2023 y junio del 2025, las que totalizarían 317 días. Indica que en junio del 2025 se solicitó su evaluación por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, organismo que mediante resolución de 7 de julio del 2025 determinó que su estado de salud era recuperable.

Expone que no obstante ese pronunciamiento, la Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N° 432, de 2 de marzo del 2026, conforme al artículo 148 de la Ley N° 18.883, declarando la salud incompatible con el desempeño del cargo y disponiendo su vacancia. Añade que la funcionaria fue notificada el 6 de marzo del 2026 y que el 13 de marzo del mismo año interpuso reposición administrativa, alegando falta de motivación y relacionando sus reposos con afectaciones de salud mental derivadas de conflictos familiares y personales.

Argumenta que los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N° 18.883 facultan al alcalde para considerar incompatible con el desempeño del cargo el uso de licencias médicas por un período continuo o discontinuo superior a seis meses durante los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Sostiene que la causal posee carácter objetivo y que las circunstancias personales invocadas no alteran la concurrencia del presupuesto legal. Agrega que el inciso segundo del artículo 148 excluye del cómputo las licencias derivadas de accidente del trabajo, enfermedad profesional, maternidad o cáncer, situaciones que afirma no concurren.

Explica que la prolongada ausencia de la funcionaria habría incidido en el funcionamiento del servicio, pues fue necesario redistribuir sus funciones entre otros trabajadores del Sector Verde del Centro de Salud Familiar de Victoria, generando una mayor carga laboral para asegurar la atención ginecológica, los controles prenatales, preconcepcionales y las demás prestaciones asignadas.

Arguye que el procedimiento no fue dirigido exclusivamente contra la recurrente, sino aplicado de manera general a otros funcionarios municipales y de salud que se encontraban en condiciones semejantes, extendiéndose posteriormente al área de educación municipal. Afirma, en consecuencia, que no existió afectación de las garantías de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley o propiedad, sino el ejercicio de una facultad legal de la autoridad edilicia.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se rechace la acción constitucional, con costas, de conformidad con los artículos 147 y 148 de la Ley N° 18.883 y las demás disposiciones invocadas en su informe.

A su informe acompañó los siguientes documentos licencias médicas de la recurrente; ficha de asignación de funciones correspondiente al período 2024-2025, de 30 de agosto del 2024, emitida por el Centro de Salud Familiar de Victoria; Resolución de Evaluación de 7 de julio del 2025 emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; Decreto Alcaldicio N° 432 de 2 de marzo del 2026; Certificado N° 8 de 22 de abril del 2026 emitido por la Jefa de Personal del Centro de Salud Familiar de Victoria.

Con fecha 24 de abril del 2026 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección está destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, producida por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección al afectado. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la procedencia de la referida acción la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

SEGUNDO: Que el acto que se reprocha por esta vía constitucional corresponde al Decreto Alcaldicio N° 432, de 2 de marzo del 2026, mediante el cual la Municipalidad de Victoria declaró que la recurrente presentaba un estado de salud incompatible con el desempeño de su cargo y dispuso la vacancia del mismo, decisión fundada en que habría hecho uso de 317 días de licencias médicas por enfermedad común dentro del período comprendido entre junio del 2023 y junio del 2025. La recurrida sustenta su actuación en los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N° 18.883, afirmando que dichas disposiciones facultan al alcalde para adoptar la decisión impugnada cuando el funcionario ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses durante los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

TERCERO: Que de los antecedentes incorporados aparece como hecho no controvertido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, tras el requerimiento de la propia Municipalidad, emitió el 7 de julio del 2025 la Resolución de Evaluación N° 19090814, por medio de la cual determinó que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable. Asimismo, ambas partes reconocen que, pese a dicho pronunciamiento, la Municipalidad dictó posteriormente el acto administrativo cuestionado declarando incompatible su salud con el desempeño del cargo.

CUARTO: Que la circunstancia prevista en el artículo 148 de la Ley N° 18.883 no importa que la superación del período de licencias médicas opere, por sí sola, como una consecuencia automática de término de funciones. En efecto, la propia disposición invocada por la recurrida establece que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, expresión que da cuenta del ejercicio de una potestad que requiere una decisión fundada y no de una consecuencia que se produzca por el solo ministerio de la ley.

QUINTO: Que lo anterior adquiere especial relevancia desde que, antes de dictar el acto impugnado, la autoridad contaba con el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que había determinado que la salud de la recurrente era recuperable. Por consiguiente, aun cuando se estimare que dicha conclusión no impedía por sí sola ejercer la facultad prevista en el artículo 148 de la Ley número 18.883, los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880 imponían a la autoridad el deber de expresar las razones por las cuales, pese a aquel antecedente técnico, estimaba que su estado de salud resultaba incompatible con las funciones que desempeñaba, especialmente considerando que la decisión importaba la pérdida de su cargo.

SEXTO: Que en este sentido, la referencia al número de días de licencia médica explica la concurrencia del presupuesto temporal considerado por la Municipalidad, pero no permite establecer, por sí misma, la incompatibilidad material entre el estado de salud de la recurrente y las funciones que le correspondía desempeñar como matrona. Tampoco permite comprender por qué la autoridad arribó a esa conclusión pese a que el organismo técnico competente había determinado, pocos meses antes, que su salud era recuperable.

SÉPTIMO: Que además existe discrepancia respecto del cómputo de las licencias médicas, pues mientras la Municipalidad afirma haber contabilizado 317 días entre junio del 2023 y junio del 2025, la recurrente sostiene que corresponden a 297 días, al haberse incluido una licencia de 20 días de mayo del 2023. Si bien ambas cifras exceden el período de seis meses previsto en el artículo 148 de la Ley número 18.883, tales circunstancias no explican, por sí solas, de qué manera el estado de salud de la recurrente resultaba incompatible con el ejercicio de su cargo, especialmente frente al pronunciamiento técnico que había establecido su recuperabilidad, ni eximen a la autoridad de fundar su decisión en antecedentes ciertos y correctamente determinados.

OCTAVO: Que tampoco puede prescindirse de los antecedentes que explican el origen de una parte relevante de los períodos de incapacidad laboral considerados por la autoridad. Del expediente aparecen antecedentes clínicos, hospitalarios y judiciales relativos a una fractura de tobillo que requirió intervención quirúrgica y rehabilitación, así como antecedentes vinculados con hechos de violencia sufridos por la recurrente, ocurridos particularmente entre el 18 y el 19 de abril del 2024, que dieron lugar a una investigación penal en la que su entonces cónyuge fue formalizado, entre otros ilícitos, por violación y femicidio íntimo frustrado conforme al artículo 390 bis del Código Penal.

NOVENO: Que los antecedentes acompañados dan cuenta de que una parte relevante de las licencias médicas de la recurrente tuvo su origen en factores exógenos al desempeño de sus funciones, particularmente en las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de los hechos de violencia de que habría sido víctima, circunstancias que, por su naturaleza, no permiten concluir por sí solas la existencia de una incapacidad para el desempeño laboral. Tal conclusión se ve refrendada por el pronunciamiento técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de 7 de julio del 2025, que, luego de ser requerida para evaluar su salud, determinó expresamente que ésta era recuperable. En consecuencia, el solo número de días de reposo no resultaba suficiente para establecer que su condición de salud fuese incompatible con el ejercicio de su cargo, sin una fundamentación adicional que explicara de qué manera aquellas afecciones impedían o comprometían concretamente el cumplimiento de sus funciones.

DÉCIMO: Que en consecuencia, la naturaleza objetiva del presupuesto temporal establecido en el artículo 148 de la Ley número 18.883 no significa que la autoridad quede dispensada de motivar el ejercicio de la potestad que la misma norma le confiere. Una cosa es constatar que se ha superado determinado período de licencias médicas y otra distinta es resolver, en ejercicio de una facultad legal, que la salud del funcionario resulta incompatible con el desempeño del cargo. Esta última decisión exige expresar una relación racional entre los antecedentes médicos, las funciones desempeñadas, las necesidades del servicio y la medida adoptada, particularmente cuando existe una declaración técnica de salud recuperable.

UNDÉCIMO: Que la afirmación de la recurrida en cuanto a que igual procedimiento habría sido aplicado a otros funcionarios no permite subsanar aquella deficiencia. El ejercicio uniforme de una potestad administrativa no releva a la autoridad de considerar las circunstancias particulares del destinatario del acto cuando ellas resultan pertinentes para resolver, ni convierte una facultad discrecional en una consecuencia automática derivada de un cálculo aritmético.

DUODÉCIMO: Que además los antecedentes allegados a estos autos daban cuenta de una situación especialmente relevante para determinar las consecuencias laborales que podían imponerse a la recurrente. En efecto, el artículo 8 de la Ley N° 21.565, expresamente invocado en la acción, establece una protección laboral respecto de las víctimas de femicidio frustrado o tentado y hace aplicable lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. A su vez, en los antecedentes acompañados consta la existencia de una investigación penal en la que la recurrente figura como víctima y en que se formalizó a su entonces cónyuge por femicidio íntimo frustrado, entre otros ilícitos.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, la recurrente invocó el artículo 22 de la Ley N° 21.675, en cuanto establece protección respecto de las consecuencias laborales derivadas de situaciones de violencia. En este contexto, la aplicación de las normas estatutarias no puede prescindir de la especial situación de quien aparece como víctima de violencia de género, ni traducirse en una forma de revictimización mediante la imposición de consecuencias laborales desfavorables derivadas precisamente de las afecciones ocasionadas por los hechos de violencia sufridos. Por el contrario, la actuación de los órganos del Estado debe orientarse al cumplimiento de los deberes de protección que el ordenamiento jurídico establece respecto de dichas víctimas. En consecuencia, atendidos los antecedentes clínicos y judiciales incorporados, la autoridad no podía limitarse a considerar el número de días de licencia médica, sino que debía ponderar su origen y las circunstancias particulares de la recurrente, evitando que la aplicación del artículo 148 de la Ley N° 18.883 terminara por convertir las consecuencias de la violencia padecida en el fundamento de una nueva afectación de sus derechos.

DÉCIMO CUARTO: Que de esta forma, la decisión impugnada aparece sustentada esencialmente en la extensión temporal de las licencias médicas, sin que se advierta una fundamentación suficiente que explique la incompatibilidad concreta entre la salud de la recurrente y sus funciones, que se haga cargo del pronunciamiento técnico de 7 de julio del 2025 que declaró recuperable su estado de salud y que permita comprender la ponderación efectuada respecto de las particulares circunstancias que rodearon los períodos de reposo médico.

DÉCIMO QUINTO: Que por consiguiente, el Decreto Alcaldicio N° 432 carece de motivación suficiente para justificar una decisión de la entidad de aquella adoptada, defecto que adquiere mayor entidad considerando la existencia de un pronunciamiento previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez favorable a la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, la discrepancia existente respecto del cálculo utilizado y los antecedentes médicos y judiciales relacionados con el origen de parte de las licencias consideradas. Tal insuficiencia torna arbitrario el acto, al no aparecer debidamente explicitada una justificación racional y particularizada que permita comprender la necesidad de declarar la vacancia del cargo.

DÉCIMO SEXTO: Que las deficiencias advertidas en la fundamentación del acto impugnado determinan que éste resulte arbitrario y afecte la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al haberse dispuesto una medida gravosa sin ponderar suficientemente las circunstancias particulares de la recurrente. En consecuencia, atendida la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, corresponde dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 432, de 2 de marzo del 2026, y disponer su reincorporación a las funciones que desempeñaba, con las remuneraciones y prestaciones correspondientes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Ley N° 19.880, Ley N° 18.883, Ley N° 21.565, Ley N° 21.675, y demás disposiciones pertinentes citadas en estos antecedentes, SE ACOGE la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Victoria y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 432, de 2 de marzo del 2026, debiendo la recurrida reincorporar a la actora a sus funciones como matrona de la dotación de atención primaria de salud, manteniendo su calidad jurídica a plazo indefinido, Nivel 10, Categoría B, con las remuneraciones y demás prestaciones que correspondan desde su separación y hasta su efectiva reincorporación.

Regístrese, notifíquese y anótese.

Redacción del ministro titular señor Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-1136-2026 (maf).