nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

A Folio N° 1, con fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinte, comparece don Joaquín Bizama Tiznado, abogado, a favor de don nombre reservado, ingeniero ambiental, domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por doña nombre reservado, funcionaria pública, domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el embargo de la suma de $ 6.300.512.- que estaban en su cuenta corriente (que provendrían de sus remuneraciones) materializado el 25 de junio de 2019 y del cual se notició con fecha 20 de enero de 2020 al protestarse un cheque por falta de fondos, y lo que vulneraría las garantías de los numerales 1, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la Tesorería Regional de La Araucanía, mediante la resolución de fecha 24 de junio de 2019, según da cuenta el expediente administrativo N° [cuenta reservada] de dicho Servicio, ordenó trabar embargo sobre los fondos disponibles en todos los activos y productos existentes en instituciones financieras a nombre de don nombre reservado, hasta por la suma de $31.117.333. Señala que en virtud de dicha resolución, con fecha 25 de junio de 2019, se embargan fondos de la cuenta corriente del Banco BCI N° [cuenta reservada], que pertenece a su representado, por la suma de $6.300.512. Agrega que dicho embargo, en cuanto a su fuente, corresponde a las remuneraciones del recurrente percibidas por su trabajo en el mes de marzo, abril, mayo y junio de 2019, lo que extrae de la cartola bancaria y las liquidaciones de remuneraciones de sueldo, en que consta su empleador empresa ESSAL S.A., rol único tributario N° 96.579.800-5, recibiendo una remuneración liquida mensual promedio de $1.700.000 aproximadamente, la cual es pagada por su empleador mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente del recurrente.

Hace presente que la suma embargada asciende a $6.300.512, correspondiendo $5.493.625., a las remuneraciones de abril, mayo y junio de 2019, y el saldo de $806.887, al remanente de remuneraciones del mes de marzo de 2019, todo ello suma la cantidad embargada de $6.300.512. Sostiene que la recurrida solamente podía embargar desde la cuenta corriente del recurrente la suma de $895.484, que es el resultado de la suma del exceso por sobre 56 UF que su representado tenía en su cuenta corriente, que en los hechos fue excedida con creces en el acto del embargo, dejando sin remuneraciones al actor.

Agrega que su representado se enteró con fecha 20 de enero de 2020, del embargo de los fondos, cuando le fue protestado un cheque por el motivo “Falta de Fondos”, tal como da cuenta el Acta de Protesto que acompaña.

Considera conculcadas las siguientes garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. N° 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Señala que tal vulneración se ha dado, pues frente a la normativa pertinente del Código del Trabajo y Código Tributario, debió prevalecer el primero por cuanto contiene principios y bienes jurídicos de mayor relevancia para el constituyente, específicamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo. Considera que dicha norma garantiza la inembargabilidad tanto de las remuneraciones como de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores, pese a lo cual contempla especiales excepciones.

Agrega que atendido a que uno de los principios del Derecho del Trabajo es el denominado principio tuitivo o protector, cuyo efecto en la especie, es aplicar en caso de contradicción entre dos normas legales de la misma jerarquía, se debe preferir aquella que favorezca al trabajador.

Artículo 19 N° 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Manifiesta que la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de su representado sobre sus remuneraciones, las que se encuentran precisamente exentas de poder ser embargados conforme el artículo 57 del Código del Trabajo. A su vez, indica que este derecho de dominio no puede verse obstaculizado por una decisión administrativa ilegal y arbitraria.

Vincula el derecho de propiedad a la garantía del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, lo que funda en que toda persona tiene derecho a libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, lo cual se vería afectada, al embargarse su remuneración vulnerando lo dispuesto en el citado artículo 57 del Código del Trabajo.

Pide se acoja el presente recurso, declarando arbitraria e ilegal las actuaciones desplegadas por la recurrida, ordenando que cesen tales acciones de embargo de las remuneraciones del recurrente, dejando sin efecto la resolución dictada que afectó al actor, y en definitiva se disponga la devolución del exceso de dinero embargado por la recurrida las cuales corresponden a remuneraciones.

Acompaña los siguientes antecedentes. 1. Liquidaciones de sueldos del recurrente correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2019. 2. Acta de Embargo en expediente administrativo 11917-2012. 3. Acta de protesto de cheque del Banco BCI. 4. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema.

A Folio N° 8, con fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte, evacua informe don nombre reservado, Abogado, en representación del FISCO DE CHILE – SERVICIO DE TESORERÍAS, solicitando el rechazo con costas del recurso.

Refiere que la recurrente al mes de marzo de 2020, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria por la suma $45.841.859., que corresponden a Impuesto a la Renta, Impuesto Global Complementario y multa, todos formularios 21. Producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería ha dado curso al expediente administrativo Rol 11917-2012, en el que se ha seguido el cobro de las obligaciones del deudor. Hace presente que la cobranza coactiva en este expediente administrativo fue reactivada atendido el mérito de lo resuelto por esta Corte, en causa Rol 63-2012, Libro Tributario y Aduanero.

Por ello y teniendo presente que el deudor no registraba convenios vigentes que pudieran suspender la cobranza coactiva, es que se procedieron, con fecha 24 de junio de 2019, a dictar resolución para efectos de proceder al embargo de cuentas corrientes con el objeto de obtener el pago de los impuestos adeudados y así garantizar el interés fiscal, embargándose, con fecha 25 de junio de 2019, la cuenta corriente a nombre del deudor, en Banco de Crédito e Inversiones por la suma de $6.300.512.

Agrega que con fecha 25 de junio de 2019 el mismo deudor interpone excepción de prescripción en los autos administrativos seguidos ante Tesorería Regional de Temuco Rol 11917-2012 Temuco, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 177 del Código Tributario, la cual fue rechazada en esta sede, con fecha 03 de julio de 2019, pasando los antecedentes al 3° Tribunal Civil de Temuco, causa Rol 5738-2019, para su pronunciamiento en conformidad a lo dispuesto por el artículo 179 inciso 4 del mismo texto legal citado.

En virtud de lo anterior, y teniendo presente que la excepción de prescripción opuesta por el deudor se encuentra en actual tramitación, es que los fondos embargados por la suma antes descrita no han sido imputados aun a los folios adeudados, sino que se encuentran en un formulario 10, a la espera de la dictación de la sentencia definitiva en el juicio antedicho.

Alega que el recurso de protección resulta extemporáneo en su interposición.

Refiere que el recurrente interpuso el presente recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Temuco con fecha 19 de febrero de 2020 por lo que resulta, a todas luces, extemporáneo en su interposición. Indica que el embargo que impugna se materializó con fecha 25 de junio del año 2019, habiéndose procedido a remitir carta certificada al deudor, a su domicilio, domicilio reservado del expediente administrativo, existiendo inclusive, estampe de Correos de Chile de fecha 23 de julio de 2019. Que, a mayor abundamiento, el mismo deudor, con fecha 25 de junio de 2019, y teniendo presente el embargo practicado, interpone una excepción de prescripción en el expediente respecto del cual recayó el embargo practicado e impugnado, por lo que no puede desconocer haber tenido conocimiento de esta situación en esa fecha.

En cuanto al fondo del recurso de protección impetrado.

Manifiesta que atendida la deuda vigente y morosa del contribuyente, es que se encuentra plenamente vigente y activa la potestad de ejecución y cobro de obligaciones tributarias emana de las disposiciones del Decreto Ley N° 1263 de 1975, lo cual sumado al derecho de prenda general del artículo 2465 del Código Civil, es que se materializa el embargo cuestionado. Señala que las alegaciones formuladas por el recurrente se debieron haber planteado en la sede respectiva toda vez que la actuación que se impugna pudo ser objeto de recursos procesales contemplados expresamente por el legislador, además de contar con las instancias para ejercer la respectiva defensa.

En cuanto al embargo propiamente tal, la recurrente alude al artículo 170 inciso 4 para efectos de impugnar el embargo practicado, sin embargo señala que el embargo no ha sido practicado respecto de las remuneraciones del contribuyente, sino que la actuación se refiere a un embargo de fondos en cuenta corriente, y en consecuencia no aplica la disposición legal que alude el actor y por lo mismo no es aplicable tampoco las disposiciones imperativas de la misma. Por ello, no resulta posible que la actora recurra de protección toda vez que ha planteado que los fondos embargados en cuenta corriente corresponden a remuneraciones de la actora, haciendo un análisis matemático del monto que debió ser embargado y aquello que debe devolverse al deudor, todo lo cual esta parte rechaza tajantemente, ya que la recurrente se apoya es una disposición legal totalmente impertinente, por no tener la naturaleza del embargo de remuneraciones, encontrándose errado el análisis y además porque es materia de prueba en un procedimiento de lato conocimiento el hecho de determinar si los fondos existentes en la cuenta corriente son o no remuneraciones de la actora, no pudiendo incoarse un recurso de protección sólo por acceder a un procedimiento más rápido y veloz al efecto.

Que aun en el evento de estimarse que el recurso se encuentra planteado dentro de plazo, los derechos que pretende conculcados el recurrente y contribuyente no llegan a constituir ninguno de los protegidos por nuestra Constitución Política. En efecto, el procedimiento seguido en su contra se encuentra expresamente regulado en Libro III, Título V del Código Tributario y no puede constituir un hecho arbitrario las resoluciones dictadas en un debido proceso, en donde el afectado no hizo uso de los recursos o alegaciones que la propia Ley le franquea, en donde consta que cada resolución le fue legalmente notificada, sin que pueda revivir plazos ya precluídos a través de un recurso excepcional como lo es la presente acción cautelar cuya aplicación es restringida a aquellos actos ilegales y arbitrarios. En virtud de todo lo anterior, en este caso no existe ilegalidad ni arbitrariedad por haber emanado los actos denunciados de la autoridad y procedimientos debidamente establecidos por la Ley.

Por tanto, solicita tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazar el presente recurso de protección por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Acompaña los siguientes antecedentes. Expediente administrativo Rol 11917-2012 Temuco. Resolución de nombramiento pertinente y prórroga de contrata. Certificado que da cuenta de la deuda vigente de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, cuyo objeto es amparar con prontitud el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes que la misma disposición enumera, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias para restablecerlos cuando estos se han visto perturbados, amagados o desconocidos, por actos u omisiones que puedan considerarse arbitrarios o ilegales de un particular, de autoridades o entidades públicas o privadas.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de justificación, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, o bien se aparta del ejercicio razonable de un derecho o de una facultad, obedeciendo al mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no cumple las exigencias impuestas por la ley, sea contrario a ella, o se haya desviado en su correcta aplicación, afectando derechos concretos que son amparados constitucionalmente.

SEGUNDO: Que de los antecedentes allegados al recurso y las alegaciones de las partes se infiere que el recurrente estima arbitrario e ilegal el embargo de la suma de $ 6.300.512 consignados en su cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones, materializado el 25 de junio de 2019, de lo cual tomó conocimiento con fecha 20 de enero de 2020 al protestarse un cheque por falta de fondos. Tal acto vulneraría las garantías de los numerales 1, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque tales sumas corresponden a remuneraciones percibidas por el recurrente por causa de un contrato de trabajo, las que de acuerdo al artículo 57 del Código del Trabajo sólo son embargables en la parte que exceden de 56 unidades de fomento.

La medida se dispuso por la Tesorería Regional de La Araucanía mediante resolución de 24 de junio de 2019 dictada en causa administrativa Rol Nº 11917-2012 sobre cobro de obligaciones tributarias, en la que se ordenó embargar los fondos disponibles en los activos y productos existentes en instituciones financieras a nombre del recurrente, hasta por la suma de $ 31.117.333. En dicha causa administrativa consta que con fecha 25 de Junio de 2019 se notificó al deudor y se le requirió de pago por la suma adeudada, procediéndose posteriormente a embargar los dineros existentes en la cuenta corriente en el Banco indicado. Consta también que con la misma fecha el deudor opuso la excepción de prescripción de la obligación tributaria, la que fue admitida a tramitación de acuerdo a la ritualidad establecida en el Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario, y rechazada que fuera, se remitieron los antecedentes al Tercer Juzgado de Letras Civil de Temuco, continuándose la tramitación de esa etapa del procedimiento en la causa Rol C-5738-2019, para su resolución según lo dispone el artículo 179 inciso 4 del referido texto legal, encontrándose en actual tramitación y aún sin resolver.

TERCERO: Que como se advierte, la cuestión relativa al embargo de los fondos existentes en la cuenta corriente del recurrente constituye una diligencia judicial decretada en un procedimiento ejecutivo regular, tramitado en conformidad a las normas del Código Tributario, en la que el recurrente interviene como demandado y ha hecho valer sus derechos según lo permite la ley, encontrándose el asunto sometido al conocimiento y decisión de un tribunal de la República, por lo que no resulta posible que a través del presente recurso se reclame la intervención de la Corte en una materia radicada ante el tribunal que es naturalmente competente, sometida a un procedimiento regular, y en el que las partes pueden ejercer los derechos que la ley les reconoce.

CUARTO: Que consta además, que inmediatamente de efectuado el requerimiento de pago y producido el embargo con fecha 25 de junio de 2019, el recurrente comparece al procedimiento ejecutivo en su etapa administrativa y opone excepciones, lo que permite tener por establecido que es en esa fecha cuando toma conocimiento del embargo practicado por el recaudador fiscal, por lo que al deducir su recurso con fecha 19 de febrero de 2020 lo ha hecho después de transcurrido el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para su interposición, por lo que resulta ser extemporáneo.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por el abogado Joaquín Bizama Tiznado en favor de nombre reservado y en contra de la Tesorería Regional de La Araucanía.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Luis Mencarini Neumann N°Protección-1135-2020. (sac)