nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparecen los abogados DAMIÁN ALEJANDRO PANDE CATRILAF, abogado, y nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quienes interponen Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), rol único tributario N°61.509.000-k, representada legalmente por doña nombre reservado, superintendenta de seguridad social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado, de la ciudad de Temuco en razón de los constantes rechazos de las licencias médicas que ha presentado su representada, siendo estos confirmandos por la recurrida Suseso, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad según exponen:

Señalan que su representada se encuentra en terapia médico psiquiátrica desde agosto de 2021, con diagnóstico de EPISODIO DEPRESIVO REACTIVO MODERADO, TRASTORNO ANSIOSO SEVERO y SINDROME DE BURNOUT. Con motivo de las patologías que padece, presentó las licencias médicas en cuestión las cuales fueron rechazadas por la Compin, siendo confirmado el rechazo por la recurrida SUSESO, sin fundamento alguno, de forma arbitraria e ilegal según se expondrá.

Expone que la COMPIN ha rechazado las siguientes licencias médicas: Folios N°74673382, 11531753, 8458403, 10951179, 11376821, 8144900, 10541732, 9881579 y 10201815, extendidas desde el día 22 de noviembre de 2021, por un total de 197 días, señalando que el rechazo de tales licencias no se encuentra debidamente fundamentado, como tampoco, se le realizó peritaje alguno a su representada. Ante dicha falta, la recurrida SUSESO tuvo la oportunidad de corregir a la Compin, sin embargo, esto no aconteció, confirmando los rechazos y con ello vulnerando los derechos de su representada.

Refiere que la resolución exenta N°R-01-IBS-05517-2024, la que transcribe, carece de fundamentos y con ella pretende cuestionar la instrucción de médicos profesionales sin fundamento alguno, toda vez que menciona que su decisión se basa en los antecedentes aportados, sin indicar cuales son, así como tampoco acompaña antecedente científico alguno para contrarrestar la opinión de los médicos que suscribieron las licencias médicas rechazadas.

Solicitan que sin perjuicio de que lo que podría corresponder para reestablecer el imperio del derecho, es que la recurrida disponga la reevaluación de los padecimientos de su representada, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y posterior a aquello pronunciarse nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas. Hacen presente que no es posible referirse al actual estado de salud de aquella respecto de las licencias médicas rechazadas, toda vez que el estado de salud de esta no es el mismo o es diverso de aquél que tuvo al momento de emitirse las licencias médicas en cuestión y la única oportunidad que tenía la recurrida de practicar dichos exámenes, fue en el momento en que decidió confirmar el rechazo de las licencias médicas, circunstancia que no ocurrió y motivó la presentación del presente recurso de protección; y, en razón de ello, lo único que queda para restaurar el imperio de la ley, es precisamente declarar que se autoricen las licencias médicas rechazadas y se paguen los subsidios correspondientes.

Agrega que existe nula fundamentación respecto de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas presentadas, por ende, cabe exponer que nuestro ordenamiento jurídico ha atribuido al profesional médico establecer el diagnóstico clínico de la enfermedad y el periodo de recuperación, pudiendo el COMPIN (SEREMI) controvertir dicho criterio sólo por estrictas razones científicas o técnicas, lo mismo les exige abastecerse de suficientes elementos de prueba que permitan a la autoridad administrativa arribar a una conclusión diferente de la que llevó al facultativo a extender la licencia (artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984). El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que el COMPIN pueda, en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). Las resoluciones administrativas que rechazan las licencias médicas señaladas son presentadas sin los fundamentos científicos necesarios para ello. Que, así las cosas, al no tener la decisión de la Isapre como también la de la COMPIN fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación de éste. En este sentido la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado y le resultan aplicables las disposiciones de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas que presentó mi representada desde un punto de vista técnico, por tanto, dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo con la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal.

Agrega que la acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza a la recurrente en su legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

Derecho de Propiedad; consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias médicas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley.

Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica; consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, considerando que el actuar de la recurrida le está privando de gozar de licencias médicas otorgadas a su favor, lo cual importa un subsidio de incapacidad laboral, otorgado para la recuperación de su salud física y psíquica. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, La Convención Americana (Pacto de San José, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, derecho que no está respetando las recurrida con su actuar ilegal y arbitrario.

El Derecho de Igualdad ante la ley, dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a la recurrente del subsidio en relación con otras personas que si tienen ese derecho en iguales circunstancias, da a entender, que a su representada no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho que se expone en este acto.

Solicitan tener por interpuesto recurso de protección, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, o por quien haga las veces de tal, acoger el recurso en todas sus partes, resolviendo en definitiva que se autoricen a su representada todas las licencias médicas reclamadas y se le paguen los respectivos subsidios, para así restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompañan a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta de la SUSESO.

2.- Informes Médicos.

A folio 9 informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien, en primer lugar solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita solicito se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS, y luego de reseñar cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, da cuenta de las justificaciones Médico-Administrativas, señalando que como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó ante esa Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 29 de septiembre de 2022 apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas por un total de 197 días, a contar del 22 de noviembre de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, basado en que los antecedentes aportados, siendo algunos de ellos los informes del médico tratante de noviembre del 2021 y de julio el 2022, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-31928-2023, de 08 de marzo de 2023.

Agrega que la Sra. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 28 de agosto de 2023, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-31928-2023. Respecto a esa presentación, el servicio cumplió con informar que, el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que se estima suficiente para la recuperación de la sintomatología de intensidad moderada descrita en informes de profesional tratante. No hay consistencia entre el cuadro clínico, su abordaje, y el rol terapéutico de la extensión del reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-05517-2024, de 10 de enero de 2024.

Al respecto, destaca que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(05/10/2022) … EXPEDIENTE WEB RR LM N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado: apela con Certificado Médico Dr. Hettich, psiquiatra, del 27.7.22: En terapia médico psiquiátrica desde agosto 2021. Reacción depresiva moderada, además insomnio de conciliación, obs. Trastorno por estrés agudo, asociado a situación laboral. Se ha realizado psicoterapia y farmacoterapia. IM no aporta información clínica relevante que justifique extenso reposo. No describe elementos psicopatológicos de gravedad, no describe tratamiento farmacológico indicado, sin evidencia de psicoterapia. Cabe señalar que excede plazo máximo de reposo por patología de salud mental de acuerdo a guías referenciales del área contenidas en Decreto 7/2013. / No aporta información clínica en relación a reposo por patología osteomuscular. / Mantengo rechazo por reposo injustificado, puede apelar a SUSESO…”

Por su parte, los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-31928-2023 del 08 / 03 / 2023 rechazó licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 74673382-8, extendidas por un total de 197 días a contar del 22 de noviembre de 2021 Certificado médico 27/7/2022 tratamiento desde agosto 2021 reacción depresiva moderada, insomnio, estrés agudo, asociado a situación laboral. Diagnóstico de EPISODIO DEPRESIVO REACTIVO MODERADO. TRASTORNO ANSIOSO SEVERO y SINDROME DE BURNOUT. Psicoterapia y farmacoterapia de inicio tardío, no precisada. Recomienda no participar en evaluación docente. Reintegrada 15/1/2021, un control en junio 2022 Reposo autorizado por 120 días hasta 21/11/2021, siguen licencias rechazadas hasta 15/1/2022. Reinicia reposo el 1/3/2022 autorizado por 30 días, siguen licencias rechazadas hasta 19/8/2022 No hay fundamento clínico para extenso reposo en que no se describen estrategias terapéuticas eficaces destinadas al reintegro laboral. Propongo mantener rechazo.” Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Agrega, que la actuación de la Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Que sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Finalmente, hace que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, señala que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Cita jurisprudencia al efecto.

Agrega que atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del solo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación: copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que cabe desestimar la alegación de improcedencia de la acción por versar sobre materias de seguridad social, teniendo para ello sólo presente, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, los derechos denunciados como amagados sí se encuentran tutelados por ella y, además, procede siempre sin perjuicio de otras acciones jurisdiccionales o administrativas.

En cuanto al fondo de la cuestión sometida a decisión:

SEGUNDO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que en lo que concierne al fondo de lo controvertido, cabe hacer notar que se recurre tildando de arbitrario e ilegal la decisión de la SUCESO, por la cual decidió confirmar el rechazo de las licencias reclamadas mediante presentación de fecha 29 de septiembre de 2022 apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, que corresponden a las N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 74673382-8, extendidas por un total de 197 días, a contar del 22 de noviembre de 2021, por reposo no justificado; y que presentada la reconsideración respectiva, ésta fue rechazada.

Cabe tener presente que la recurrente ataca con el presente recurso de protección, la falta de fundamentación de lo resuelto.

Informando la entidad recurrida, sobre el fondo, en síntesis, que los facultativos de la Superintendencia, sobre el reclamo de la actora informaron en la Ficha Médica del expediente administrativo lo siguiente: “Fundamentos de la resolución: RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-31928-2023 del 08 / 03 / 2023 rechazó licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 74673382-8, extendidas por un total de 197 días a contar del 22 de noviembre de 2021 Certificado médico 27/7/2022 tratamiento desde agosto 2021 reacción depresiva moderada, insomnio, estrés agudo, asociado a situación laboral. Diagnóstico de EPISODIO DEPRESIVO REACTIVO MODERADO. TRASTORNO ANSIOSO SEVERO y SINDROME DE BURNOUT. Psicoterapia y farmacoterapia de inicio tardío, no precisada. Recomienda no participar en evaluación docente. Reintegrada 15/1/2021, un control en junio 2022 Reposo autorizado por 120 días hasta 21/11/2021, siguen licencias rechazadas hasta 15/1/2022. Reinicia reposo el 1/3/2022 autorizado por 30 días, siguen licencias rechazadas hasta 19/8/2022 No hay fundamento clínico para extenso reposo en que no se describen estrategias terapéuticas eficaces destinadas al reintegro laboral. Propongo mantener rechazo.” Y que analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

QUINTO: Que para resolver la presente controversia, cabe tener en consideración que la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N° 5 del Auto Acordado, permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida Suseso, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, la que, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con estricto apego a la normativa que regula el asunto, en una decisión apoyada en la revisión de profesionales médicos y dentro de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En el caso, la resolución que motiva el recurso indica explícitamente las razones que se tuvieron presentes para justificar las decisiones que se adoptaron, de manera tal que debe estimarse que satisfacen los requisitos que exige el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880 y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional.

SEXTO: Que, debe dejarse establecido que esta Corte no encuentra en condiciones de calificar esa decisión desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad. En el presente caso, se estiman satisfechas ambas condiciones, de modo tal que falta el supuesto de hecho esencial que justifica la acción de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal.

Conforme a todo lo que se viene indicando la protección impetrada no habrá de prosperar, según se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-05517-2024, de 10 de enero de 2024.

Redacción del fallo por la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-113-2024. (cwm)