SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LIMITADA con nombre reservado.A.

C.A. de Temuco Temuco, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS A folio 1, con fecha 10 de noviembre del año 2020, comparece don ÁLVARO RODRIGO RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, abogado, en nombre y representación de don nombre reservado, administrador de empresas y de la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERÍA LIMITADA, empresa del giro inversiones, ambos con domicilio en domicilio reservado; y, por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, I.V.G.K. (de 3 años de edad), nombre reservado, A.M.H.G. (de 3 años de edad); nombre reservado, AM.L.R. (menor de 17 años de edad), nombre reservado, K.C.A.R. (de 14 años de edad), F.E.R. (de 9 años de edad), nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, F.P.C.K. (de 8 años de edad), R.I.C.K. (de 5 años de edad), C.C.K. (de 2 años de edad), nombre reservado, J.P.D.C. (de 7 años de edad), S.E.D.C. (de 9 años de edad) y J.I.D.C. (de 2 años de edad); y, por la FUNDACIÓN SUSTENTA PUCÓN, nombre reservado° 65.166.245-1, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quien en representación de nombre reservado, de la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERÍA LIMITADA, por las personas ya singularizadas, y por la FUNDACIÓN SUSTENTA PUCÓN (cuyo objeto según sus estatutos es, entre otros, “promover el desarrollo sustentable, la protección y cuidado de patrimonio medioambiental, cultural y turístico de la comuna de Pucón”), interpone recurso de protección, contra la empresa de telecomunicaciones nombre reservado.A., representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, con el objeto que se ordene que se desarme y retire la torre metálica y antena de telecomunicaciones que esta empresa está instalando en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, por ser ilegal y afectar las garantías constitucionales de los recurrentes.

Funda el recurso la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERÍA LIMITADA, en adelante “Sociedad Pro Ingeniería”, es propietaria de un inmueble, conformado los lotes colindantes N°8, N°9 de 10.402 m2, N°10, N°11 de 17.271 m2, N°12 de 11.275 m2, Lote N°13 de 11.274 m2, Lote N°14 de 11.274 m2 y Lote 15 de 11.275 m2, cuyos títulos acompaña, ubicado todos en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, en las proximidades del camino Villarrica-Pucón. Doña nombre reservado y don nombre reservado, son propietarios de los lotes colindantes N°3 de 15.379 m2, N°4 de 10.689 m2, N°5 de 10.326 m2, N°6 de 10.150 m2 y N°7 de 10.756 m2, ubicados también en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, en las proximidades del camino Villarrica-Pucón –títulos que acompaña- Don nombre reservado tiene su segunda vivienda y residencia en este inmueble, y lo ocupa junto a su familia integrada por su cónyuge, hijos y familia que indica; en la misma propiedad tienen su residencia permanente los recurrentes que señala. En la propiedad colindante, de don nombre reservado, tienen residencia permanente, doña nombre reservado, don nombre reservado y nombre reservado. También, colindante a la propiedad de “Sociedad Pro Ingeniería”, tienen tiene su segunda vivienda y residencia don nombre reservado y su cónyuge nombre reservado, la familia indicada. La FUNDACIÓN SUSTENTA PUCÓN tiene por objeto, entre otros, según sus estatutos, “promover el desarrollo sustentable, la protección y cuidado de patrimonio medioambiental, cultural y turístico de la comuna de Pucón”.

Refiere que el sector donde se ubica la residencia permanente de una parte de los recurrentes y la segunda residencia de los otros y, que se encuentra dentro del territorio donde la FUNDACIÓN SUSTENTA PUCÓN desarrolla sus actividades, es un lugar de una belleza escénica extraordinaria, con vista privilegiada al Lago Villarrica y al Volcán del mismo nombre, en las proximidades del Parque Nacional Villarrica. Las cualidades del paisaje se han mejorado, aún más, con la instalación de una cancha de golf de 9 hoyos, de dimensiones profesionales, con una extensión aproximada de 7 hectáreas, ubicada dentro de la propiedad de la “Sociedad Pro Ingeniería”. La propiedad de doña nombre reservado y don nombre reservado sirve de segunda residencia a la familia y en ella se ha construido una casa familiar y otras mejoras. Las propiedades de “Sociedad Pro Ingeniería”, de la familia nombre reservado y aquéllas donde residen los recurrentes, están insertas en un área bajo protección oficial denominada nombre reservado Araucanía Lacustre, creada mediante Decreto Supremo N°389, de 30 de mayo de 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, D.O. de 7 de junio del mismo año. Esta ZOIT Araucanía Lacustre, de acuerdo al artículo primero del DS N°389/2017, comprende “el territorio conformado por parte de las comunas de Villarrica, Curarrehue y Pucón denominado "Araucanía Lacustre", cuyos límites están determinados por el polígono de la ZOIT, según detalle contenido en Anexo N°1, denominado "Mapa ZOIT Lacustre". Agrega imagen en la que dice se puede apreciar, en color amarillo, parte del área de la ZOIT Araucanía Lacustre y el sector Los Riscos (marcado con punto rojo), donde se ubican las obras recurridas.

Afirma que, conforme al artículo 13 de la Ley N°20.423, que creó el “Sistema Institucional para el nombre reservado”, “los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada, podrán ser declaradas nombre reservado”. Según el decreto que la creó la ZOIT Araucanía Lacustre, para su creación se consideró: “3. Que el territorio denominado Araucanía Lacustre corresponde al destino más desarrollado de la región de La Araucanía por la cantidad y calidad de sus atractivos, sus servicios, actividades y experiencias turísticas, constituyéndose en uno de los principales destinos turísticos de Chile. 4. Que Araucanía Lacustre es un destino posicionado y de relevancia a nivel nacional, que cuenta con gran cantidad de atractivos naturales y culturales entre los cuales destacan volcanes, lagos, ríos, playas, termas, parques nacionales y cultura mapuche que, en conjunto, le permiten al visitante disfrutar de una amplia gama de actividades directamente relacionadas con deporte aventura, naturaleza, sol y playa e intereses especiales. 5. Que el destino concentra el mayor porcentaje de visitas turísticas en la región, con una conectividad estratégica nacional por medio de la ruta Inter nombre reservado la cual lo conecta con otros destinos de la región de La Araucanía y la región de Los nombre reservado y una conectividad internacional asociada al Paso Fronterizo Mamuil Malal que conecta directamente al destino con la localidad turística argentina San Martín de Los Andes”.

Señala que don nombre reservado, hace más de 40 años tiene la localidad de Pucón como su segunda residencia, lugar en que se ha criado su familia y en la que ha invertido en bienes raíces, a través de la empresa recurrente “Sociedad Pro Ingeniería”. Además, es presidente de la fundación Desafío Levantemos Chile creada por nombre reservado y, en razón de su residencia y apego a esta región, desde hace 3 años lidera, en la Región de La Araucanía, el programa de la Presidencia del Gobierno de Chile, denominado “Compromiso País”. Debido a sus responsabilidades con el programa “Desafío País”, se tuvo que desplazar a la región el día viernes 30 de octubre de 2020, para asistir a la ceremonia fúnebre de despedida de los restos del carabinero mártir, nombre reservado, alojándose en su segunda residencia, ubicada en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón. Al llegar al lugar pudo comprobar que se estaba instalando una torre destinada a soportar una antena de servicios de telecomunicaciones en un área contigua al límite del predio donde tiene su casa, dentro del inmueble a nombre de la recurrente “Sociedad Pro Ingeniería”. Hechas las consultas a los vecinos del sector, pudo averiguar que la antena habría comenzado a instalarse unos 10 días antes, según pudo ser percibido en el vecindario y es de propiedad de la empresa nombre reservado.A. La torre de soporte de antena está conformada por una estructura metálica tipo mecano, que viene pre armada para su instalación rápida, pintada de color rojo y blanco, de aproximadamente unos 30 metros de altura, la que, según se ha podido informar en consultas verbales ante la DOM de Pucón, alcanzaría la altura de 52 metros y formaría parte de un grupo de 20 instalaciones que nombre reservado.A. estaría instalando en los últimos 12 meses. Las fotos que a continuación se insertan, tomadas el día viernes 30 de octubre del presente, dan cuenta del estado de avance de estas instalaciones y sus características. En ellas se puede apreciar su ubicación en la zona contigua al límite de la propiedad de la “Sociedad Pro Ingeniería”, al costado de la cancha de golf. La antena se ubica a aproximadamente 80 metros de la casa que sirve de residencia permanente a don nombre reservado y su familia conformada por doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado; a aproximadamente 180 metros de la casa de segunda residencia de don nombre reservado y su familia conformada por nombre reservado, sus hijas nombre reservado y nombre reservado, sus hijos nombre reservado y nombre reservado, su nuera nombre reservado, su nieta nombre reservado (de 3 años de edad), su yerno nombre reservado y su nieta nombre reservado (de 3 años de edad); a aproximadamente 180 metros de la casa donde residen en forma permanente doña nombre reservado y su hija nombre reservado (menor de 17 años de edad), don nombre reservado y los hijos de éstos nombre reservado (de 14 años de edad) y nombre reservado (de 9 años de edad); y, a aproximadamente 220 metros se ubica la casa donde tiene su segunda residencia don nombre reservado y su familia conformada por su cónyuge nombre reservado, los hijos de éstos, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; su nuera nombre reservado y sus nietos nombre reservado (de 8 años de edad), nombre reservado (de 5 años de edad) y nombre reservado (de 2 años de edad); su yerno nombre reservado y sus nietos nombre reservado (de 7 años de edad), nombre reservado (de 9 años de edad) y nombre reservado (de 2 años de edad).

Manifiesta que la instalación de nombre reservado.A. es ilegal, señalando que existe elusión del sistema de Evaluación De Impacto Ambiental, según prescribe el artículo 8 de la Ley 19.300, y la letra p) del artículo 10, de la Ley 19.300, y artículo 8 del reglamento del SEIA - decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente-, señala que se entenderá por áreas protegidas “cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”. Afirma que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en el dictamen N°59.686, de 2016, ha indicado que, para que se esté en presencia de un área colocada bajo protección oficial, se requiere de un acto formal de la autoridad competente en el cual se declara la voluntad de sujetar un bien o una zona determinada a un régimen jurídico de protección ambiental previsto en el ordenamiento. En relación con las nombre reservado, en concordancia con lo señalado precedentemente, el Ordinario de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental N°130844/13, de 22 de mayo de 2013 contiene, dentro de la tabla que “identifica las áreas colocadas bajo protección oficial para los efectos del Sistema de Impacto Ambiental” (numeral 15), la “nombre reservado”, creadas “de acuerdo a la Ley N° 20.423”. Copia del Instructivo es acompañado al recurso y, su vigencia, se puede encontrar en la página web del SEA sea.gob.cl/documentación/instructivos-para-evaluacion-impacto-ambiental. La plataforma web del SEA contiene el listado de todos los proyectos que se han sometido al SEIA. Para la comuna de Pucón, el listado de proyectos que se sometieron a evaluación ambiental se encuentra en la página web: seia.sea.gob.cl/reportes/publico/rpt_proyectos-comunasAction.php?comuna=1295&presentación=AMBOS§or=.

Precisa que, en ninguno de los 135 proyectos allí identificados, es posible identificar las obras que la empresa nombre reservado. A. está desarrollando en el sector Los Riscos, para la instalación de una torre y antena de telecomunicaciones. Por lo anterior las obras, respecto de las cuales se recurre, son absolutamente ilegales, pues se han iniciado y ejecutado eludiendo su evaluación previa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300 y su Reglamento. En efecto, la torre metálica y antena de telecomunicaciones, que la recurrida está instalando en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, se ubica dentro de la nombre reservado Araucanía Lacustre, creada mediante Decreto Supremo N°389, de 2017, de Economía, por lo que esas obras deben ser evaluadas ambientalmente y calificadas en forma favorable antes de ser ejecutadas, lo que no ha acontecido.

Aclara que esta ilegalidad ha impedido a los recurrentes el ejercicio del derecho a la información ambiental sobre los efectos de estas obras en su entorno. Estos antecedentes deberían haberse presentado a través del SEIA. Consecuencialmente, se les ha privado del derecho a participar en la evaluación ambiental mediante observaciones y/o a través de la interposición de los recursos administrativos y judiciales contemplados en la Ley 19.300. Por lo mismo, es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco ya resolvió, en sentencia de fecha 8 de agosto de 2011, dictada en los autos sobre recurso de protección Rol 3-2011, que la instalación de una antena de telecomunicaciones, ejecutada en un área ZOIT, sin dar cumplimiento a la Ley 19.300 y su reglamento es “una actuación ilegal” que se ha hecho “vulnerando la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución”. Acompaña copia del fallo que cita.

Manifiesta la violación de la denominada “ley de antenas”, N°20.599 del año 2012, cuerpo legal agregó los artículos 116 bis E, 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En primer lugar, señala que, en armonía con lo indicado anteriormente, el art. 116 bis E, inciso 4, reitera que “tratándose de áreas de protección (como las nombre reservado), la instalación de torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones será autorizada debiendo darse siempre cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.300, en los casos que así corresponda”. El mismo artículo 116 bis E, inciso 4, agrega que “en las zonas declaradas de nombre reservado conforme al N° 7) del artículo 8° de la ley N°20.423 se aplicará el régimen establecido en los artículos siguientes según corresponda”. La Ley 20.599 establece sistemas autorizatorios diferentes según se trate de torres de más de 12 metros de altura, torres de entre 3 y 12 metros de altura o torres de menos de 3 metros de altura. La estructura respecto de la cual se recurre va a tener 52 metros de altura. Según el art.116 bis F, “toda torre soporte de antenas y sistemas radiantes de más de doce metros de altura, incluidos en ella sus antenas y sistemas radiantes, instalada por concesionarios, requerirá permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva”. El mismo Artículo 116 bis F, señala los antecedentes que deben acompañarse junto a la solicitud de permiso que se presente a la DOM. Dentro de estos antecedentes se incluye los siguientes: ANTECEDENTES EXIGIDOS PARA DAR PROTECCIÓN AL PAISAJE: “(…) b) Proyecto firmado por un profesional competente en el que se incluyan los planos de la instalación de torres (…) el proyecto deberá acompañar una memoria explicativa que indique las medidas de diseño y construcción adoptadas para armonizar la estructura con el entorno urbano y con la arquitectura del lugar donde se emplazan. Tal memoria explicativa no será necesaria cuando el diseño de la torre se encuentre entre aquellos incluidos en el catálogo o nómina que al efecto haya dictado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que podrá considerar las características urbanas y naturales de las distintas regiones del país”. En relación a esta exigencia, el mismo art.116 bis F, a continuación del literal I), señala que “las torres que estén instaladas y las que se pretenda emplazar en nombre reservado a que se refiere el N° 7) del artículo 8° de la ley N° 20.423 deberán reunir las condiciones de diseño y construcción establecidas en la letra b) del presente artículo o estar comprendidas en el catálogo a que se refiere el mismo literal”. El “Catálogo o Nómina de Diseños de Torres Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones” fue aprobado mediante Resolución 9741 Exenta del MINVU, de 30 de noviembre de 2012, D.O. de 6 de diciembre de 2012. Copia del Catálogo se acompaña a esta presentación en un otrosí. La torre que se está construyendo nombre reservado.A. en el sector Los Riscos, no corresponde a ninguno de los diseños propuestos en el referido Catálogo, ni tampoco tiene un “diseño y construcción adoptadas para armonizar la estructura con el entorno”. Muy por el contrario, es una estructura metálica de color blanco y rojo, que va a tener 52 metros y que sobresale en el paisaje, afectando la belleza escénica y naturalidad del entorno. Por lo mismo, su instalación constituye una infracción clara de lo dispuesto en la Ley 20.599, art.116 bis, letra F.

Afirma que no se cumplió con la información a vecinos afectados, no otorgándole la oportunidad de formular observaciones, no se enviándosele carta certificada a la “Sociedad Pro Ingeniería” y a los copropietarios doña nombre reservado y don nombre reservado, en el domicilio que éstos tienen registrado en el Servicio de Impuestos Internos (se acompaña en otrosí, copia de documento que acredita el domicilio en el SII de la Sociedad Pro Ingeniería), impidiéndose a los “propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes”, el ejercicio a presentar observaciones al proyecto o a oponerse a éste, de acuerdo a los derechos que les otorga la ley. “Sociedad Pro Ingeniería”, pese a que su propiedad es inmediatamente colindante con la torre y antena en construcción –como puede apreciarse en las fotografías que se acompañan en el otrosí-, no fue notificada por carta certificada conforme a la Ley 20.599. Tampoco se notificó a doña nombre reservado y don nombre reservado.

Agrega que la Ley 20.599 es muy estricta al sancionar el incumplimiento de las exigencias que debe contener la solicitud de permiso de instalación de torres y antenas establecida en el art.116 bis F prescribiendo que “el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores acarreará la denegación del permiso de instalación o quedará sin efecto de pleno derecho, si es que su hubiese otorgado” (lo destacado es nuestro).

Da cuenta de una amenaza de afectación a la garantía constitucional del derecho a la integridad física y psíquica de las personas naturales recurrentes. Las personas naturales recurrentes, debido a la falta de evaluación ambiental y a la falta de la notificación establecida en la ley 20.599, se han visto impedidas de conocer el proyecto antes de su autorización y del inicio de su ejecución. Por lo mismo no han podido realizar las observaciones y oposiciones técnicas que les otorga el ordenamiento jurídico vigente, tanto en el SEIA (ley 19.300), como en el sistema de la Ley de Antenas (ley 20.599). Conforme al art.7 de la Ley 18.168 de Telecomunicaciones, modificado por el N°1 del art.2, de la Ley 20.599, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente dictar las normas de calidad o de emisión relacionadas con las ondas electromagnéticas. El procedimiento de dictación de estas normas, según este artículo, debe considerar, entre otras materias: - “a) Los límites de densidad de potencia que se establezcan deberán ser iguales o menores al promedio simple de los cinco estándares más rigurosos establecidos en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. - b) Las antenas de las estaciones base o fijas, correspondientes a los servicios de telecomunicaciones, deberán instalarse y operarse de manera tal que la intensidad de campo eléctrico o la densidad de potencia, medida en los puntos a los cuales tengan libre acceso las personas en general, no excedan de un determinado valor. Asimismo, se deberán determinar límites especiales de densidad de potencia o intensidad de campo eléctrico, en los casos de establecimientos hospitalarios, asilos de ancianos, salas cuna, jardines infantiles y establecimientos educacionales. c) Consulta al Ministerio de Salud. d) Análisis de la necesidad de señalética de seguridad. e) Análisis de la necesidad de establecer zonas de seguridad”.

Indica que la Ley 19.300 define que es una “Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población”. Por lo mismo anterior, si para instalar y operar antenas de emisión de ondas electromagnéticas se requiere respetar las normas calidad ambiental destinadas a proteger la vida o salud de la población, la omisión de la evaluación ambiental ha impedido el análisis del cumplimiento de estas normas (sean las vigentes o las de referencia), lo que ha causado una afectación en grado de amenaza a la salud e integridad física y psíquica de los recurrentes quienes no han podido conocer los reales efectos de la torre y antena en construcción antes de su aprobación y ejecución.

Estima la afectación de la garantía establecida en el numeral 8° del art.19 de la Constitución, señalando que para hacer efectiva esta garantía, el Estado, ha creado, entre otras instituciones, las denominadas “áreas colocadas bajo protección oficial” (art. 10 letra p, de la ley 19.300) como las nombre reservado, que son áreas que tienen “condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y planificación integrada” (art.13 Ley 20.423). También el Estado ha creado el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, consagrado en el Ley 19.300 y su reglamento DS.40/2013, el que establece que las obras que se ejecuten en estas “áreas colocadas bajo protección oficial”, sólo se pueden hacer previa evaluación en el SEIA. La Dirección Ejecutiva del SEA mediante Ordinario N°130844/13 señaló que una ZOIT es un área bajo protección oficial. Por último, mediante Decreto Supremo N°389/2017 de Economía, se creó la nombre reservado Araucanía Lacustre. Dentro de esta ZOIT, en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, se ubican la torre metálica y antena de telecomunicaciones que la recurrida está instalando en forma ilegal. El Decreto Supremo N°389/2017 de Economía, que creó la nombre reservado Araucanía Lacustre, señala que esta área bajo protección oficial tiene por finalidad “la conservación” de los “atractivos naturales y culturales entre los cuales destacan volcanes, lagos, ríos, playas, termas, parques nacionales y cultura mapuche, que en conjunto le permiten al visitante disfrutar de una amplia gama de actividades directamente relacionadas con deporte aventura, naturaleza, sol y playa e intereses especiales” (considerando 3).

Insiste en que, la omisión de la evaluación ambiental de las obras contra las cuales se recurre ha impedido determinar el completo alcance del impacto ambiental de éstas en los “atractivos naturales” de la ZOIT Araucanía Lacustre y la determinación de las medidas destinadas a mitigarlo, compensarlo o repararlo. Esta infracción se ve agravada debido al incumplimiento de las exigencias de protección paisajística del entorno consagradas en la Ley 20.599, particularmente en relación a las “medidas de diseño y construcción adoptadas para armonizar la estructura con el entorno” (art. 116 bis F, LGUC).

Argumenta que es evidente, fácil concluir que, la instalación de la torre y la antena contra las que se recurre, debido a sus características arquitectónicas (carentes de medidas de diseño apropiadas), afectan la conservación de los atractivos naturales de la ZOIT Araucanía Lacustre y, por ende, el derecho de los recurrentes establecido en el numeral octavo del art.19 de la Constitución.

Agrega que, el SEIA establece que, en la hipótesis de alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, corresponde la evaluación ambiental de un proyecto mediante Estudio de Impacto Ambiental art.11 letra e de la ley 19.300). Lo que da cuenta de lo relevante que es para el legislador ambiental este tipo de afectación. Por último, como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, la afectación del valor paisajístico de un “área de protección turística” (área de Protección Turística Lago Vichuquén) puede llegar a constituir daño ambiental (Corte Suprema, casación rol 41.417-2018, considerando 6, que acompaña), por lo que, consecuencialmente, el recurso de protección que interpone surge como remedio preventivo para evitar este tipo de daño causado por la contaminación visual.

Precisa la afectación del derecho de propiedad de la recurrente. La “Sociedad Pro Ingeniería” es propietaria de los inmuebles ya singularizados, ubicados en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón. En éstos existen diversas construcciones destinadas a la habitación y se ha implementado una cancha de golf de aproximadamente 7 hectáreas, que cumple con el diseño para su uso profesional. La torre y antena que está construyendo la empresa recurrida, nombre reservado.A., se ubica, inmediatamente en el límite del terreno de propiedad de “Sociedad Pro Ingeniería”, afectándola en toda su extensión, como puede apreciarse en las fotos que se acompañan en el otrosí. El inmueble de doña nombre reservado y don nombre reservado queda a escasos metros de la instalación de nombre reservado.A. Este artefacto artificial impacta el paisaje del lugar, provocando un daño significativo al valor patrimonial de los inmuebles de los propietarios recurrentes.

Hace presente que, la afectación patrimonial causada por la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones en los inmuebles vecinos es un hecho reconocido por el legislador, quien en el artículo 116 bis F, inciso 12, agregado por la ley 20.599, otorga a los dueños de éstos la posibilidad de “solicitar una retasación del avalúo fiscal de sus propiedades para obtener una disminución de contribuciones”. Esta afectación patrimonial a los inmuebles vecinos sólo puede ser tolerada por el Derecho, en la medida que se dé cumplimiento estricto al ordenamiento legal, en cuanto al sometimiento de la obra al SEIA y a las prescripciones de la Ley 20.599, lo que no ha ocurrido en el caso de las obras contra las cuales se recurre. Por ende, éstas afectan el derecho de propiedad de los recurrentes “Sociedad Pro Ingeniería” y de doña nombre reservado y don nombre reservado, en forma ilegal y arbitraria.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto este recurso de protección, contra la empresa de telecomunicaciones nombre reservado.A., con el objeto de que esta Corte:

A.- Ordene que se desarme y retire la torre metálica y antena de telecomunicaciones que esta empresa está instalando en el sector Los Riscos de la comuna de Pucón.

B.- Dicte, además, cualquier otra medida que estime atingente para restablecer el imperio del Derecho y garantizar los derechos de los afectados.

C.- Condena en costas a la empresa recurrida.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia del mandato judicial.

2.- Tercera modificación de los estatutos de la Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Limitada, donde consta la personería de don nombre reservado, para representarla y certificado de vigencia.

3.- Copia de los estatutos de la Fundación Sustenta Pucón.

4.- Copia de los títulos de dominio de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERÍA LIMITADA.

5.- Copia del título de dominio de doña nombre reservado y don nombre reservado.

6.- Copia del mediante Decreto Supremo N°389, de 30 de mayo de 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, D.O. de 7 de junio del mismo año, que crea la nombre reservado Araucanía Lacustre.

7.- Copia del Ordinario de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental N°130844/13, de 22 de mayo de 2013 contiene, dentro de la tabla que “identifica las áreas colocadas bajo protección oficial para los efectos del Sistema de Impacto Ambiental” (numeral 15), la “nombre reservado”, creadas “de acuerdo a la Ley N° 20.423”

8.- Copia de sentencia de fecha 8 de agosto de 2011, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, dictada en los autos sobre recurso de protección rol 3-2011.

9.- Copia de la Resolución 9741 Exenta del MINVU, de 30 de noviembre de 2012, D.O. de 6 de diciembre de 2012 que aprobó el “Catálogo o Nómina de Diseños de Torres Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones”.

10.- Copia de pantallazo del sitio WEB del SII, donde se puede apreciar el domicilio que la Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Limitada tiene registrado en este servicio.

11.- Copia de sentencia definitiva de casación de la Excma. Corte Suprema, autos rol 41.417-2018, sobre área de Protección Turística Lago Vichuquén.

A folio 9, con fecha 15 de diciembre del año 2021, comparece don MAURICIO SEGOVIA ARAYA, abogado, en representación de la recurrida, nombre reservado.A.

Informa el recurso de protección, señalando que su representada, nombre reservado.A. construyó e instaló una torre soporte, que servirá en un futuro para la instalación de una antena de telecomunicaciones, en el predio denominado “El Avellano”, ubicado en el lugar Los Riscos, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, antena que cuando esté en funcionamiento y transmita señal, servirá para la prestación de servicios de telefonía celular. Finalmente, es categórico en señalar que los trabajos de construcción de la estructura de la torre de soporte en el predio respecto del cual el recurrente colinda efectivamente se realizaron, no obstante, estas no se ejecutaron de forma arbitraria ni ilegal por parte de su representada, sino que se ejercieron en virtud de contrato de arrendamiento celebrado entre don nombre reservado y nombre reservado, en el cual autoriza a esta última a realizar los trabajos de construcción e instalación de una estructura que sirva de soporte para la instalación y prestación de servicios de telefonía móvil. Por lo demás, esta instalación tampoco vulnera normas ambientales o especiales y la normativa que los recurrentes citan, se encuentra totalmente fuera de su contexto.

Así, el recurrido niega que los trabajos realizados en el predio colindante a la propiedad de los recurrentes hayan puesto en riesgo a la integridad física y psíquica del recurrente, su familia, y/o de los residentes del predio rural El Avellano, ubicado en el lugar Los Riscos, comuna de Pucón, o se haya afectado su derecho fundamental a la propiedad, a la salud individual y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de cualquier manera. Niega el hecho de haber ejecutado los trabajos fuera de un marco de legalidad o incurriendo en actos arbitrarios. Niega y cuestiona de forma expresa que los supuestos perjuicios al inmueble de los vecinos del sector mencionados por el recurrente, que justifican parte de la vulneración a las garantías constitucionales citadas en el recurso de protección, se produzcan – en caso de ser efectivos - por la instalación de antenas de nombre reservado.A. Niega que los trabajos se hayan iniciado sin contar con las autorizaciones legales pertinentes, ni que la construcción de la torre soporte para la instalación de antenas y prestación de servicio de telefonía móvil, produzca algún supuesto de daño y/o riesgo de daño a la propiedad, salud individual y al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación de los recurrentes, toda vez que, ésta aún no se encuentra en funcionamiento.

Da cuenta de la inexistencia del acto u omisión arbitraria e ilegal por parte de nombre reservado.A.

Señala que la acción de autos es extemporánea, ya que los actores indican en su recurso que don nombre reservado se dio cuenta que se estaba instalando una antena de telecomunicaciones el día 30 de octubre de 2020 y que, vecinos le habrían indicado que la antena se habría comenzado a instalar 10 días antes. Pues bien, ello no es efectivo. La antena en comento se realizó en el mes de mayo de 2020, específicamente el día 30 del mismo mes, existiendo dicha instalación en consecuencia, desde esa fecha. Así las cosas, las fechas señaladas por la contraria no son las reales ni efectivas y, en consecuencia, no habiendo recurrido únicamente el señor nombre reservado, sino que el abogado compareciente señor nombre reservado en representación de un grupo de personas, muchas de las cuales según él mismo menciona viven permanentemente en el sector, lo lógico es concluir que no pudieron sino estar enteradas de la instalación de la antena en su momento – es decir el mes de mayo – lo que trae como consecuencia que el recurso se encuentra irremediablemente prescrito.

Agrega que nombre reservado ha actuado conforme a la legalidad vigente, específicamente la aplicable para una zona rural. Ha señalado la doctrina que lo que se entiende por acto u omisión arbitrario es “aquel acto que carece de razonabilidad; oponiéndose éste a la justicia y el bien común”. Al respecto, señala que los recurrentes yerran al citar la normativa que invoca, puesto que el artículo 116 bis F y 116 bis E, no son los que regulan la situación de que se trata, sino que, la regulación pertinente se encuentra sólo en el artículo 116 bis H de la Ley de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Señala que el argumento expuesto por la recurrente no es correcto y se torna absolutamente inaplicable en la especie, toda vez que el predio “El Avellano”, ubicado en el lugar Los Riscos, comuna de Pucón se trata de un sitio rural y, en virtud de ello, sólo es requisito para la instalación de antenas, la presentación de un aviso de instalación que se ingresa la Dirección de Obras Municipales, sin que sea necesario el permiso de instalación, tal como lo establece la misma norma citada por los recurrentes. En efecto, el artículo 116 bis H de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece: “Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de tres o menos metros de altura, incluidos en ellos sus antenas y sistemas radiantes, requerirán de aviso de instalación a la Dirección de Obras Municipales conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza General de esta ley. Al mismo aviso estará sujeta la instalación de aquellas estructuras porta antenas que se levanten sobre edificios de más de cinco pisos y aquellas que se pretenda instalar en zonas rurales, cualquiera fuese su tamaño…”. El artículo citado va en concordancia con lo establecido por el artículo 5.1.2 N° 7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece: “Instalación de antenas de telecomunicaciones. En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación, adjuntando los siguientes documentos: a) Plano que cumpla con lo dispuesto en los incisos decimoquinto al decimoséptimo del artículo 2.6.3. de la presente Ordenanza. Dicho plano deberá ser suscrito por el propietario del predio donde se efectuará la instalación y por el operador responsable de la antena. b) Plano de estructura de los soportes de la antena firmado por un profesional competente. c) Autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conformidad a lo establecido en la ley Nº 18.168 Ley General de Telecomunicaciones. d) Instrumento en que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda. La instalación de antenas adosadas a edificios existentes no requerirá del mencionado aviso.”

Así las cosas, por el solo hecho de tratarse de una torre soporte de antena que se instala en una zona rural, no se necesita de un permiso, sino que sólo de un aviso, el cual se realizó por su representada el mes de febrero de 2020, por lo que se ha cumplido a cabalidad el requisito establecido en la Ley. Además, su parte cuenta con la correspondiente autorización de la Subsecretaria de Telecomunicaciones para la instalación de la antena señalada. En consecuencia, los trabajos de construcción que se ejecutaron en el predio colindante al inmueble de los recurrentes no pueden considerarse bajo ningún respecto como un supuesto de actuar arbitrario de mi representada, ya que todas las obras se han ejecutado en estricto cumplimiento del contrato celebrado con don nombre reservado quién es el propietario del inmueble en donde se encuentra en definitiva la torre que motiva el recurso de autos.

No existe norma alguna que establezca que las obras en nombre reservado estén obligadas a pasar por sistema de evaluación de impacto ambiental, refiriendo que la contraria realiza una interpretación a su favor muy conveniente y confusa, tratando de convencer a la Corte que una obra a realizarse en una Zona declarada de nombre reservado, estaría supuestamente obligada a pasar por el sistema de evaluación ambiental, lo que no es efectivo. En efecto, la contraria no cita norma alguna donde conste dicha obligación y lo que realiza es un juego de normas desde donde los recurrentes desprenden que ello debería ser así, pero que en caso alguno se encuentra consagrado legalmente. Es más, el documento que la contraria cita y que identifica como Ordinario de la Dirección Ejecutiva del SEA Nº 130844/13 de 22 de mayo de 2013, no es más que un instructivo interno destinado a uniformar criterios dentro de la institución a la hora de evaluar los criterios aplicados en el marco del sistema, pero no es un documento que per se tenga valor para determinar que una actividad deba ser protegida y pasar por el SEA. A mayor abundamiento, a pesar de ser sólo un instructivo, si quisiéramos darle valor – que no lo tiene - el mismo documento contiene una aclaración respecto de las nombre reservado que la contraria no acompañó, y que indica que sólo en algunos casos ellas pueden ser enmarcadas para los efectos de la Ley 19.300 y no en todos ellos, como lo indica la contraria. En particular, señala la parte pertinente de dicho documento: Ley N°20.423, sobre el Sistema Institucional para el nombre reservado Supremo N°172, de 2011, que aprueba el Reglamento que fija el Procedimiento para la Declaración de nombre reservado. Las denominadas nombre reservado reguladas en la Ley N°20.423 del Sistema Institucional para el nombre reservado, requieren de un tratamiento especial. Cabe considerar que la citada ley, publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2010, define en su Título IV un nuevo régimen legal para las nombre reservado, cuya declaración será realizada por medio de un decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, previo acuerdo del Comité de Ministros del Turismo, informe del Servicio Nacional de Turismo e informes vinculantes de los municipios cuyos territorios, o parte de ellos, se vean afectados por aquella. De acuerdo al artículo 13 de la Ley N°20.423, "Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declarados nombre reservado". En tal sentido, mediante la declaración de nombre reservado, la autoridad pública competente puede relevar ciertas condiciones de un área geográfica delimitada, que sean determinantes para motivar la actividad turística, y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada. Se trata de un área colocada bajo protección oficial, cuyas condiciones pueden corresponder a componentes ambientales. En la medida que el texto del acto de declaración dé cuenta de la necesidad de conservación o preservación de componentes ambientales, la nombre reservado puede ser enmarcada en lo dispuesto en la letra p) del artículo 10 de la Ley N°19.300, correspondiendo analizar caso a caso si una determinada nombre reservado ha sido declarada como tal en consideración a elementos o componentes ambientales que constituyen condiciones especiales para la atracción turística. Así como el mismo texto señala, el análisis para las nombre reservado es caso a caso, y no una generalidad como parece entenderlo la contraria en su recurso. Claramente, tampoco es la vía de un recurso de protección para determinar ello.

Afirma que no se ha ocasionado ningún perjuicio con el actuar de su representada, ya que siempre se apegó a la ley. Los recurrentes plantean que por razón de las obras ya ejecutadas se produjeron ciertos “perjuicios”, sin indicar cuales serían los daños, afectados ni costos asociados. Lo anterior habría significado una amenaza del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, las cuales no se producen, toda vez, tal como explicamos, nombre reservado dio cumplimiento a los requisitos legales necesarios para poder iniciar los trabajos de construcción de la Torre de Soporte, refiriendo que la acción de protección no es una acción popular, y no puede ser presentada para la protección de los intereses o derechos de un número indeterminado de personas, sino que debe necesariamente actuar en representación de sujetos determinados, lo que no ocurre en la especie. De este modo, no existe arbitrariedad en el actuar, por cuanto la recurrente no ha hecho el trabajo de informarse del marco legal bajo el cual se ampara la labor realizada por nombre reservado. Es fundamental recordar, además, que los trabajos se realizan dentro de la zona que fue señalada a la Subtel en la solicitud de modificación del acto de concesión, lo que significa que su parte no comete arbitrariedad alguna. Su representada, como se señaló, en pleno respeto de la legalidad vigente y, como se indica en la norma, envió una solicitud de Modificación de Concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital Avanzada a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, la que fue concedida mediante el Decreto 41 de 14 de enero de 2020, con el fin que la Concesión abarque el predio rural individualizado en el contrato de arrendamiento.

Alega la improcedencia del recurso ya que carece de todo fundamento y no existen derechos indubitados que puedan ser amparados, existiendo un procedimiento especial, contemplado por nuestro ordenamiento jurídico para resolver las contingencias que puedan surgir con ocasión de las antenas de telefonía. Así, el artículo 13, letra c) N°2 de la Ley 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local dispone que “… los jueces de policía local conocerán en primera instancia: …c) De las infracciones: 2. A la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue aprobado por decreto 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ordenanza Respectiva…” por tanto, en caso que los recurrentes estimasen que nombre reservado pudiere haber incurrido en alguna infracción legal – lo que niega tajantemente - debería ocurrir ante el Juzgado de Policía Local competente y no ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y menos aún en un procedimiento sumarísimo y concentrado sin etapa probatoria, cuyo objeto es cautelar las garantías constitucionales y no realizar discusiones de fondo como pretende la contraria.

Es en los Juzgados de Policía Local donde se deben ventilar asuntos como el de autos, en cuanto a la supuesta infracción de normativa vigente, siendo menester mencionar que no toda ilegalidad – la cual, nuevamente, negamos tajantemente que exista en el presente caso- es recurrible por la vía del ejercicio de la Acción de Protección. Es importante señalar en este sentido que, dada su naturaleza y forma, el recurso de protección no es la vía idónea para declarar la vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes, en virtud que estos fundan su recurso en la omisión de los requisitos legales pertinentes establecidos para la construcción e instalación de antenas de telefonía móvil, olvidando que el Recurso de Protección es una acción excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, la cual se puede ejercer sólo cuando hay una acción y omisión de los derechos fundamentales mencionados en el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto a las garantías constitucionales, refiere que malamente podrá la instalación de una antena como la que nos atañe, implicar una vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, si es que las autoridades administrativas y judiciales, han sido tajantes y reiterativas en esgrimir que no se han detectado, a partir de las señales emitidas por estas, consecuencias negativas para la salud e integridad de las personas, lo que conduce a que no exista ningún riesgo para el recurrente y los demás habitantes de los predios aledaños al lote en donde se encuentra emplazada la antena. Respecto al Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, aduce que los recurrentes, además, omiten el hecho que las telecomunicaciones es un servicio esencial dentro del turismo, en consecuencia, el proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de las personas y un mayor desarrollo del empleo y de la industria del turismo, pues se está invirtiendo en una infraestructura que permitirá avanzar en dicho mercado.

Con todo, su parte debe recalcar que no entiende como la colocación de un solo soporte de antena puede de alguna forma -como pretenden los recurrentes- estar dentro del supuesto establecido en el artículo 11 letra e) de la ley 19.300 que aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Respecto al derecho de propiedad (Artículo 19 N°24 de la Constitución Política. En caso alguno se ha infringido el recurso de propiedad de los recurrentes, pues tal como se señalado en el presente informe, no ha sido acreditado de manera alguna por los recurrentes que efectivamente el inmueble de su propiedad se vea expuesto a daño alguno debido a los trabajos de instalación y construcción de las antenas y torre de soporte o por la sola existencia de ella.

Adicionalmente, la propia normativa vigente ha previsto la posible afectación a la que se verán expuestos los residentes de un lugar ante la construcción e instalación de antenas de telefonía móvil. En ese sentido, dicha normativa ha considerado tanto el aspecto del equipamiento de telecomunicaciones que se instala en un determinado lugar, como el eventual impacto que pudieran sufrir vecinos aledaños a dichas instalaciones. En ese sentido, el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcción, establece una retasación del avalúo fiscal de las propiedades en orden a obtener una disminución en las contribuciones de los residentes que eventualmente pudiesen encontrase afectados por los trabajos e instalación ya señalados. La misma contraria cita esta norma y, es ella la que regula la materia y las eventuales afectaciones que puedan existir. Como se indicó anteriormente, el actor sólo hace referencia al hecho de la instalación de la antena, que por lo demás, fue autorizada por el propio propietario del inmueble en donde se emplaza y, en consecuencia, se ha instalado absolutamente dentro del predio que corresponde a este último. Claramente, la alegación de los recurrentes es objeto de acciones civiles ordinarias, pero no, de un recurso especialísimo, como el que nos convoca. Por lo demás, el valor paisajístico de un inmueble, es per se, un elemento difuso, que en caso alguno puede ser objeto de protección por esta vía, no siendo posible imputar a su representada una ilegalidad o arbitrariedad que de modo alguno afecten dicha garantía fundamental, pues es la propia ley la que asumiría una situación así. A mayor abundamiento, el mismo actor reconoce que “es un hecho reconocido por el legislador, quien en el artículo 116 bis F, inciso 12, agregado por la ley 20.599, otorga a los dueños de éstos la posibilidad de “solicitar una retasación del avalúo fiscal de sus propiedades para obtener una disminución de contribuciones”, razón por lo que solicita el rechazo del recurso.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Modificación de Concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital otorgada a empresa nombre reservado.A, de fecha 14 de enero de agosto de 2020.

2. Aviso de instalación de Torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en zona rural, de agosto de 2019, recibido con fecha 04 de febrero de 2020.

3. Contrato de arrendamiento de fecha 13 de junio de 2019, celebrado entre don nombre reservado y nombre reservado.A.;

4. Informe Técnico sobre Probables Efectos a la Salud por la Telefonía Móvil, de fecha octubre de 2014, emitido por el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud.

A folio 15, con fecha 18 de febrero del presente año, se decretó trámite que se indica.

A folio 20, con fecha 16 de marzo del año 2021, rola informe de la Superintendencia de Medio Ambiente.

A folio 22, con fecha 18 de marzo del año 2021, rola informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

A folio 23, con fecha 18 de marzo del año 2021, rola informe de la Dirección de Obras Municipales de Pucón.

Con fecha tuvo 6 de septiembre de 2021 tuvo lugar la vista de la causa, con asistencia de ambas partes.

A folio 40 se citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 22 de septiembre de 2021 a la que asistieron ambas partes, sin éstas arribaran a un acuerdo.

A folio 47 se dispuso rija el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta al derecho constitucional cuya privación o perturbación se denuncia a través del presente recurso, contemplado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República, el inciso final del artículo 20 de la Carta Fundamental prescribe que “procederá también el recurso de protección en el caso del N° 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

SEGUNDO: Que en estos autos se ha deducido recurso de protección por los actores, dando cuenta que en el inmueble contiguo al límite de la propiedad que se individualiza en el recurso, la recurrida había realizado la instalación de una estructura soportante para una de antena que está conformada por una estructura metálica tipo mecano, que viene pre armada para su instalación rápida, pintada de color rojo y blanco, de aproximadamente 30 metros de altura, actuación ilegal o arbitraria al haberse iniciado y ejecutado eludiendo su evaluación previa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300 y su Reglamento, puesto que el sector Los Riscos de la comuna de Pucón, se ubica dentro de la nombre reservado Araucanía Lacustre, creada mediante Decreto Supremo N°389, de 2017, del Ministerio de Economía, circunstancia que se ha controvertido por la recurrida, toda vez que los trabajos de construcción instalación de la torre de soporte de las antenas se han realizado en cumplimiento de todos los requisitos legales, no existiendo norma alguna que obligue a una obra como ésta a someterse al sistema de evaluación ambiental sólo por encontrarse emplazada en una nombre reservado pues, como el mismo servicio expone, ello es un análisis casuístico y no una regla general como pretende imponerlo la contraria, sin perjuicio que la presente acción excede la naturaleza del recurso de protección.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad que alega la recurrido, necesario es tener presente que, si bien esta acción constitucional fue presentada con fecha 10 de noviembre de 2020 y, la obra que se denuncia habría sido ejecutadas el día 30 de mayo de 2020, alegando uno de los recurrentes que se enteró de ello sólo el día 30 de octubre de 2020 ya que, vecinos le habrían indicado que la antena se habría comenzado a instalar 10 días antes, lo que resulta del todo contradictorio, no es menos cierto que las consecuencia del actuar de la recurrida genera efectos permanentes en la cotidiana vida de todos los habitantes del sector, por lo que esta excepción deberá ser desestimada.

CUARTO: Que, en cuanto a la aparente colisión de derechos que expondrían las partes, preciso es tener presente que los recurrentes no han objetado que la empresa de telecomunicaciones cuenta con una concesión para explotar en la zona de Pucón los servicios propios de su giro. Lo que sucintamente alegan es que, tal concesión y otros eventuales permisos con los que puedan contar, que en otras circunstancias le resultarían útiles y, eventualmente suficientes, en este caso no lo son por cuanto, en este caso, la obra ejecutada se emplaza en una nombre reservado (ZOIT), denominada Araucanía Lacustre (DS N°389/2017), lo que obligaría a la recurrida a ingresar su proyecto al sistema de evaluación ambiental, lo que esta niega atendido que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 bis H de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), para ejecutar la obra contra la que se recurre, sólo debía dar aviso a la Dirección de Obras Municipales de Pucón, lo que acreditan hicieron, no existiendo norma que requiera que la obra contra la que se recurre deba ingresar al sistema de evaluación. Que el citado inciso segundo del artículo 116 bis H de la LGUC dispone que “Al mismo aviso estará sujeta la instalación de aquellas estructuras porta antenas que se levanten sobre edificios de más de cinco pisos y aquellas que se pretenda instalar en zonas rurales, cualquiera fuese su tamaño.” Disposición introducida a nuestra legislación por la ley 20599, publicada con fecha 11 de junio abril de 2012.

QUINTO: Que, así las cosas, la cuestión es dilucidar si, no obstante cumplir el proyecto objetado, con toda la normativa de carácter sectorial que cita la recurrida, por emplazarse en una nombre reservado, debía además y, previamente, someterse a evaluación ambiental.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, sostienen los recurrentes que, por disposición expresa del artículo 8 de la Ley 19.300, la letra p) del artículo 10, de la Ley 19.300 y, artículo 8 Decreto N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, existen ciertas áreas protegidas tal que, cualquier obra que se ejecute en ellas, debe someterse a evaluación ambiental.

Al efecto, el artículo 8° de la misma ley 19.300 dispone que, “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley.”

A su turno, la letra p) del artículo 10 de la Ley 19.300 señala que “Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:” “p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;”

OCTAVO: Que, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante Ordinario N°130844/13, a través de “Minuta Técnica” uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental y, en su numeral 15° de la tabla que identifica las áreas colocadas bajo protección oficial del SEA, considera precisamente la “nombre reservado”, precisando, entre otros aspectos que, “en la medida que texto del acto de declaración dé cuenta de la necesidad de conservación o preservación de componentes ambientales, la nombre reservado puede ser enmarcada en lo dispuesto en la letra p) del artículo 10 de la Ley 19.300.”

Que, en el mismo sentido, en estos autos informa la Superintendencia del Medio Ambiente precisando, a través de su Oficio Ord. N°735 de 26 de marzo de 2021, que “Por lo tanto, únicamente debe someterse obligatoriamente al SEIA, el programa, obra o actividad en un área colocada bajo protección oficial si tales generan impactos de tal envergadura que amenace el objeto de protección del área.”, todo lo cual hace concluir el necesario examen que la Autoridad Técnica debe hacer de los antecedentes que las partes ventilan en esta sede, lo que no se acreditado por parte de la recurrida que hubiere efectuado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, Garantías Constitucionales se declara que:

I.- No habiéndose acreditado un riesgo ni amenaza para la vida o la salud de la población, SE RECHAZA el recurso de protección intentado en base la garantía constitucional consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, recurso de protección interpuesto don nombre reservado en representación de las personas naturales y jurídicas por la que comparece, sólo en cuanto la recurrida, en cuanto titular de la obra contra la que se recurre, deberá ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental una Consulta de Pertinencia, como trámite previo para que, dicho organismo resuelva si la obra recurrida debe ingresar al sistema de Evaluación Ambiental.

III.- Que, hasta que la recurrida no cumpla con lo decretado en el numeral anterior, deberá abstenerse de continuar adelante con la construcción de la obra reclamada y, en caso de haberla terminado y habilitado, no podrá operarla ni servirse de la misma para ningún fin y, hasta que se informe la no pertinencia o, en caso que deba ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, cuente con Resolución de Calificación Favorable.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Fuentes Fernández Rol N° Protección-11278-2020 (pvb).