nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

C.A. de Temuco.

Temuco, diez de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece Cristian Alejandro Miranda Castro, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, chilena, profesora, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY, cuyo representante legal es nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la no renovación de contrata, comunicada el 2 de marzo de 2026, por los argumentos de hecho y derecho que a continuación se indican.

Comienza indicando que con fecha 02 de marzo del año 2026, vía correo electrónico, se le notificó a su representada, por parte del Director de Educación Municipal de la Región de la Araucanía el término del periodo por el cual se efectuó el contrato, fundamentando la decisión unilateral y discriminatoria, en cuanto a que, en razón de que, … “el puesto que aquella ejercía, se realizaba debido al fuero maternal que aquella gozaba”.

Refiere que en el mes de marzo del año 2026 la recurrente ingresó a trabajar a la escuela Liucura, ubicado en Camino internacional kilómetro 42 Liucura, comuna de Lonquimay para realizar labores de Educadora Diferencial. Sin perjuicio de ello, refiere en el recurso que la actora fue contratada en los años 2023, 2024 y 2025 por períodos no especificados.

Menciona que lo que constituye el acto vulneratorio de los derechos de la recurrente, es la no renovación de contrato, impidiendo que la recurrente pueda seguir realizando labores en el establecimiento en donde ejercía sus funciones.

Afirma que a la recurrente se le explicó el motivo de la no renovación, a través de correo electrónico, sin ser nadie capaz de indicarle de forma clara o congruente con el ingreso al lugar de trabajo en fecha 1 de marzo del corriente y que al próximo día sea despedida, lo que no se condice con las circunstancias y con los antecedentes que mantiene la recurrente. Sin perjuicio de lo anterior, hay que indicar que a su representada se le indicó que se le renovaría el contrato, pero que en los hechos se le hizo firmar la orden de trabajo el día 1 de marzo, horas y a reglón seguido, el día 2 del mismo mes, se le señaló que no seguiría realizando sus labores.

Alega que se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República ya que se le impidió a la recurrente conocer con certeza los criterios de evaluación y ejercer su derecho a defensa Esgrime que la clara denotación política y contexto en el que se produce la desvinculación del recurrente vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República debido a que ha vulnerado el principio al debido proceso y a la defensa, pues no tuvo acceso previo a información u criterios que determinaron su no renovación del contrato.

Razona que también se vulnera su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República relativo a la propiedad sobre el ejercicio de la función en su cargo en el sector público.

Cita como vulnerada también la libertad de trabajo y su protección contemplada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República.

Considera que concurre el principio de confianza legítima y el principio de protección del derecho al trabajo.

Pide tener por interpuesta acción de protección a favor de nombre reservado en contra del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Lonquimay cuyo representante legal es nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado cuyo director ejecutivo y representante es nombre reservado, ya individualizados, en definitiva, admitirlo a tramitación y declarar que: 1) El acto administrativo dictado con fecha 02 de marzo de 2026 a través de correo electrónico fes arbitrario y vulnera las garantías constitucionales de mi representada; 2) Dejar sin efecto el acto que dispone la no renovación de la calidad de contrata de mi representada, por “el término del periodo por el cual se efectuó el contrato”; 3) Restituir a mi representada a su trabajo como Profesora a contrata de Escuela Liucura, como Educadora Diferencial, en dependencias de la Escuela Liucura; 4) Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Correo electrónico enviado a mi representada de fecha 2 de marzo del corriente 2. Orden de trabajo firmada por mi representada de fecha 1 de marzo del corriente.

A folio 8 comparece el abogado Miguel Antonio Podlech Romero en representación de la Municipalidad de Lonquimay evacuando informe del siguiente tenor:

Comienza su informe haciendo una cronología de la relación contractual entre recurrida y recurrente indicando lo siguiente:

1.-Por Decreto Alcaldicio Nr.693, de fecha 21 de Marzo de 2023 se nombró en calidad de docente a contrata PIE, por 14 horas, a doña nombre reservado para desempeñarse como docente en la Escuela Básica Los Pinos por el período 01.03.23 al 29.02.24.- 2.- Por Decreto Alcaldicio Nr.888, de fecha 18 de Abril de 2024 se nombró en calidad de docente a contrata PIE , por 01 horas, a doña nombre reservado para desempeñarse como docente en la Escuela Básica Liucura por el período 01.03.24 al 28.02.25.- 3.- Por Decreto Alcaldicio Nr.591, de fecha 21 de Marzo de 2024 se nombró en calidad de docente a contrata PIE , por 43 horas, a doña nombre reservado para desempeñarse como docente en la Escuela Básica Liucura por el período 01.03.24 al 28.02.25.- 4.- Por Decreto Alcaldicio Nr.531-2025 del 21.03.25 se nombró en calidad de docente a contrata PIE, por 44 horas, a doña nombre reservado para desempeñarse como docente en la Escuela Básica Liucura por el período 01.03.25 al 28.02.26.- 5.- No existe nombramiento a contrata para este año 2026, razón por la cual su última designación terminó el 28.02.26.- Relata que la funcionaria el 01.03.26 haciendo caso omiso del término de su contrato llenó su ficha de ingreso en el Departamento razón por la cual el Jefe del Departamento de Educación se vio en la necesidad de enviarle un correo a la funcionaria mencionando que no se requería más de sus servicios que duraban hasta el 28 de febrero de 2026.- Hace presente que el artículo 72, letra d) de la Ley 19.070, establece, entre las causales por las cuales los profesionales de la educación dejan de formar parte de la dotación docente, el término del periodo por el cual se efectuó el contrato. En consecuencia, cabe concluir que respecto de esta docente terminó la relación laboral por el término del periodo por el cual se efectuó la misma, conforme lo previene el artículo 72, letra d), del Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Alega que la actora tuvo contratos de plazo fijo anuales hasta el 28 de Febrero de 2026, esto es, durante 3 años tiempo que tampoco permite siquiera pensar en la declaración de una confianza legítima de esta docente para tener que justificar una desvinculación a raíz del pronunciamiento de la Contraloría General de la República en el Dictamen Nr. Nº 561358 del 6 de noviembre de 2024 y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que la estableció en sólo después de 5 años desde el inicio de la contratación.

Considera que no se vulneran las garantías alegadas por la recurrente por lo anteriormente expuesto y pide el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

SEGUNDO: Que el recurso de protección ha sido interpuesto en contra la no renovación del nombramiento a contrata de la actora para el año 2026 como docente del Departamento de Educación de la Municipalidad de Lonquimay;

TERCERO: Que es un hecho pacífico entre las partes que el recurrente se desempeñó funcionario a contrata en la municipalidad desde el mes de marzo de 2023 a la fecha;

CUARTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con el artículo 2° de la ley 18.883, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en la Municipalidad de Lonquimay y que la resolución impugnada decidió no renovar esta contrata, contratas que, en conjunto, sumaron menos de cuatro años por lo que no supera el lapso de cinco años, necesario para que opere la confianza legítima.

QUINTO: Que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido.

En relación al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos 19 N°3 de la Constitución Política de la República se reitera el argumento del párrafo anterior a lo que se añade que el recurrente no acompaña prueba alguna que permita acreditar sus dichos relativos a una eventual connotación política del acto impugnado.

Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil. Además, no se advierte arbitrariedad o ilegalidad en la decisión de la recurrida por lo que la privación de la remuneración al recurrente no constituye una limitación de su derecho de propiedad fuera del marco constitucional.

Finalmente, respecto libertad de trabajo del artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República que cita el recurrente, cabe señalar que, como se indicó anteriormente, no opera en el presente caso la confianza legítima alegada por que no existe vulneración del derecho invocado por el argumento sostenido por el recurrente.

SEXTO: Que necesariamente corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración municipal plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del actor para el año 2026, pues la decisión de la Municipalidad de Galvarino no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución que cumple con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.883 en relación al artículo 11 inciso segundo y artículo 41, ambos de la ley 19.880.- Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Cristian Alejandro Miranda Castro en representación de nombre reservado en contra de la DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY.

Redacción del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-1111-2026 (pvb).