RECURSO DE PROTECCION DIRECTOR JURIDICO SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS nombre reservado nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don MIGUEL ANDRÉS ZAMORA RENDICH, abogado, Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, en representación de este organismo, quien interpone acción de protección, en representación del Servicio de Impuestos Internos, por sí, y en favor de sus funcionarios, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, y don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, en contra de doña nombre reservado, ignoro profesión u oficio, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, de la cuidad de Villarrica. El presente recurso tiene por objeto que, SS. Iltma., ponga término al acto ilegal y arbitrario cometidos por la recurrida, consistente en la publicación a través de la red social conocida como Facebook, de una serie de fotografías, con afirmaciones difamatorias y deshonrosas, en descrédito de los funcionarios, ya individualizados y de esta repartición. Las imputaciones infamantes expresadas por la recurrida en su cuenta de Facebook, lesionan, perturban e infringen, gravemente, el derecho garantizado por nuestra Constitución Política de la República en el N°4, de su artículo 19, esto es: "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales", solicitando a US. Iltma. adoptar de inmediato las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, obligando a la recurrida a:

Eliminar todo el contenido publicado en descrédito de los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos como asimismo, de este último, en el sitio web www.facebook.com; Abstenerse de seguir realizando publicaciones de esta naturaleza en el mismo medio, o en otros medios de difusión pública.

Funda su pretensión en que con fecha 03 de febrero de 2019, los funcionarios de este Servicio, don nombre reservado y don nombre reservado, en virtud de la Orden de Trabajo N° 79413, emitida por la IX Dirección Regional de Temuco, realizaron actividades relacionadas con la fiscalización, en terreno, del cumplimiento de las obligaciones referidas al Impuesto al Valor Agregado, específicamente, la emisión y registro de documentos tributarios, en diversos locales comerciales de la ciudad de Viliarrica, quienes concurrieron al local de la contribuyente doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ubicado en la calle nombre reservado° 651, comuna de Villarrica, atendido por don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, procediendo a la revisión de los documentos tributarios correspondientes. Al constatar la no emisión de boletas, producto de la realización de ventas de mercadería, por un monto de $100.000, procedieron a notificar la denuncia de infracción N° 1406921, según el N° 10, del artículo 97, del Código Tributario.

Posteriormente, el día lunes 04 de febrero de 2019, los referidos funcionarios tomaron conocimiento de que una persona identificada como nombre reservado, había publicado en Facebook unas fotos donde ellos aparecían, al momento de la fiscalización señalada, con el siguiente comentario:"Para todos los humildes comerciantes de Villarrica Estos dos funcionarios de Impuestos internos sin ningún criterio llegan al local comercial de mi papá Supermercado Carlitos al lado de la fiscalía. A cursar parte por no emitir boleta electrónica en momentos que nos encontrábamos recién abriendo el local, sabiendo que desde ayer la mayor parte de la zona se encontraba sin de energía eléctrica Ningún criterio con el dueño adulto mayor cursan parte. Para que todos sepan el descriterio de estos dos funcionarios con los pequeños comerciantes que día a día se levantan a trabajar honradamente, igual que ustedes." (SIC).

Asimismo, pudieron observar que, tal publicación, se encuentra en el link:

https://www.facebook.com/groups/1413144015641335/permalink/2445115002444226/. Dicha publicación se mantiene hasta el día de hoy vigente en la referida plataforma digital.

Hace presente que, hasta la fecha de la presente acción de protección, dicha publicación ha sido objeto de más de 200 comentarios por parte de diferentes usuarios de Facebook, y además ha sido compartida de 350 veces.

Adicionalmente la referida publicación, ha provocado de manera directa una cadena de comentarios respecto de los fiscalizadores de esta repartición, todos ellos en términos insultantes, despectivos, amenazantes y difamatorios, no obstante encontrarse estos realizando sus labores, como funcionarios de esta institución fiscalizadora, tal como se aprecia en algunas de las imágenes que adjunta. Agrega que la publicación efectuada por la recurrida, ha generado una secuencia de actos que, no sólo privan a los funcionarios y a este Servicio, de su derecho a la honra, sino que también, perturban su integridad psíquica al provocar una amenaza tanto su seguridad, como la de su familia, producto de las expresiones proferidas en los comentarios referidos.

En razón de lo anterior, los fiscalizadores ya individualizados, al percatarse de esta situación, informaron a sus jefaturas de lo sucedido, señalando sentirse afectados en su integridad, no únicamente como funcionarios de este Servicio, sino que también a nivel personal, agregando que, las imputaciones publicadas por la recurrida resultaron ser falsas, puesto que, su labor fue realizada con estricto apego a las normas e instrucciones vigentes.

A continuación, se desarrollarán los argumentos que demuestran cómo es efectivo que la acción ilegítima de la recurrida ha vulnerado e infringido la garantía constitucional establecida en el artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental, tanto respecto de los funcionarios que fueron denostados públicamente mediante la plataforma digital, como también del Servicio de Impuestos Internos, al denigrar la función de fiscalización que la ley le ha otorgado y encomendado expresamente. Indica que las imputaciones deshonrosas y difamatorias realizadas por la recurrida, y que han causado de una manera directa que, una serie de otros usuarios de la red social Facebook, a través de los comentarios, incurran igualmente en ofensas, e improperios, respecto de los funcionarios del Servicio, han perturbado e infringido esta garantía constitucional, particularmente, en cuanto al derecho a la propia imagen.

En doctrina, este derecho es concebido como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, constituyendo el aspecto más externo que es el de la figura humana, que garantiza también un ámbito de autonomía y control respecto de sus atributos más característicos y definitorios de la propia persona, posesión irreductible e inherente a ella. La protección de la imagen de la persona, señala esta doctrina, salvaguarda la intimidad y "el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su voz. En ese orden de ideas, argumenta el recurrente, que el derecho a la propia imagen surge del hecho que el ser humano está en el mundo de forma corpórea o física, esta realidad de la persona es una de las fuentes de datos e información más importante sobre los individuos, al ser susceptible de ser captada la figura humana como cara externa de la persona, a través de distintos medios e instrumentos.

Así las cosas, este derecho fundamental garantiza un ámbito de libertad respecto de los atributos más característicos y propios de la persona, que la identifican en cuanto tal, como es la imagen física visible. Asimismo, protege el poder de decisión sobre los fines a los que haya de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de la imagen y un ámbito de libre determinación sobre la materia.

El derecho fundamental en comento, protege frente a la captación, reproducción y publicación de la imagen en forma reconocible y visible. Cada persona dispone de la facultad exclusiva de determinar cuándo, como, por quién y en qué forma quiere que se capten, reproduzcan o publiquen sus rasgos fisonómicos, controlando el uso de dicha imagen por terceros, impidiendo así su captación, reproducción y publicación por cualquier procedimiento mecánico o tecnológico, sin su consentimiento expreso.

Cita doctrina al respecto.Cita jurisprudencia.

Indica haber despejado cualquier duda respecto a la protección del derecho a la propia imagen en nuestra Carta Fundamental, cabe señalar que, entre dicho derecho y las condiciones físicas de una persona existe una íntima vinculación, no siendo posible analizar ambos aspectos separadamente. Añade más jurisprudencia.

Argumenta que en razón de lo antes expuesto, no cabe duda que, mediante la publicación, que por esta vía se impugna, la recurrida ha vulnerado en forma grave el derecho a la imagen propia que tienen los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, pues se ha hecho referencia a ellos y al mismo Servicio, de manera peyorativa como ya se señaló, a través de una plataforma de gran acceso público, como es en internet, y sin autorización alguna. Añade el actor, que la recurrida al haber subido las fotos con la leyenda ya señalada, ha despertado la animosidad de otros usuarios en contra de los funcionarios y esta repartición, la que generó comentarios por otros usuarios de Facebook en términos peyorativos y ofensivos. Respecto a la titularidad de las personas jurídicas para invocar una vulneración de sus garantías constitucionales, el artículo 19 de la Constitución Política de la República, comienza expresando que: "La Constitución asegura a todas las personas .. ." sin formular distinciones en cuanto al concepto de "personas", de tal forma que, no cabe sino entender que quedan allí cubiertas efectivamente "todas" las personas, sean naturales o jurídicas, tal como las clasifica el artículo 545 del Código Civil, pero siempre y en la medida que los derechos correspondientes sean conciliables con su particular naturaleza.

Si bien originariamente la doctrina y la jurisprudencia se encontraban en contra de otorgarle, a las personas jurídicas, la titularidad de las garantías constitucionales, hoy en día, ésta se ha ido reconociendo; expone que en tal sentido, es ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 12.783-2015 y añade doctrina sobre la materia.

Agrega que en nuestra legislación nacional, existen disposiciones que reconocen la titularidad del derecho al honor de las personas jurídicas, como ocurre, por ejemplo, en la Ley N° 19.733, Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, la que contempla el derecho de toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, a publicar gratuitamente la aclaración o rectificación.

Ahora bien, en el caso concreto que da origen al presente recurso de protección, las imágenes publicadas por el recurrido dicen relación con funcionarios de este Servicio, quienes se encontraban, dentro de sus facultades, realizando labores de fiscalización en terreno.

Al respecto, el Decreto Ley N°3.551, en su artículo 19, en relación con su artículo 2o, reconoce al Servicio el estatus de entidad fiscalizadora. Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, en el artículo 1o, delimita el ámbito competencial de esa labor fiscalizadora, entregando a la Institución la función de aplicar y fiscalizar los impuestos internos, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente. En este mismo sentido, están establecidos el artículo 1o y 6o del Código Tributario. En tal sentido, y teniendo presente, que los funcionarios de este Servicio se encontraban realizando labores de fiscalización, cabe señalar que, la difusión de dichas imágenes, redunda en una afectación del derecho a la honra de este Servicio, por cuanto se calificó dicho procedimiento como arbitrario e ilegal, sin que se acompañase antecedente alguno que le sirviere de sustento para validar lo expuesto en la publicación referida, a saber "...Estos dos funcionarios de Impuestos internos sin ningún criterio llegan al local comercial de mi papa Supermercado Carlitos al lado de la fiscalía. A cursar parte por no emitir boleta electrónica en momentos que nos encontrábamos recién abriendo el local, sabiendo que desde ayer la mayor parte de la zona se encontraba sin de energía eléctrica...Ningún criterio con el dueño adulto mayor cursan parte. Para que todos sepan el descriterio de estos dos funcionarios con los pequeños comerciantes que día a día se levantan a trabajar honradamente, igual que ustedes." (SIC).

Cita más jurisprudencia.

Concluye señalando que resulta evidente que, la acción de doña nombre reservado, consistente en publicar y difundir, en la red social de Facebook, sin que mediare autorización alguna para ello, imágenes y comentarios despectivos, de los funcionarios de este Servicio, nombre reservado y nombre reservado, mientras realizaban labores de fiscalización propias de su cargo, ocasionando que, otros usuarios de dicha red social, también efectuaran comentarios amenazantes y ofensivos; es arbitraria e ilegal y constituye una lesión a la garantía contemplada en el numeral 4o, del artículo 19, de la Constitución Política de la República. En efecto, los hechos descritos han constituido una grave vulneración tanto al derecho a la propia imagen de dichos funcionarios, como al derecho a la honra de este Servicio, por cuanto los comentarios efectuados por la recurrida, carecen de todo sustento, no contemplando, la publicación, antecedente alguno fundante de los hechos que se describen en ella, siendo solo una difamación vaga y completamente descontextualizada de los hechos ocurridos. Por todo lo anteriormente expuesto, la publicación antes referida, debe ser claramente eliminada de la plataforma digital Facebook. Finalmente y previa las citas legales, pide tener por interpuesto en tiempo y forma, recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ya individualizada, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, por haber vulnerado los derechos constitucionales de las funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, don nombre reservado y don nombre reservado, así como de este Servicio, consagrados en el numeral 4o, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, restableciendo en forma oportuna el imperio del derecho y obligando a la recurrida a:

Eliminar todo el contenido publicado en descrédito de los funcionarios trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y de este último, en el sitio web www.facebook.com:

Abstenerse de seguir realizando publicaciones de esta naturaleza en el mismo medio o en otros medios de difusión pública, en contra de los funcionarios trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y de este último.

Al folio 10 con fecha 19 de Abril de 2019, comparece el abogado don Luis Chamorro Díaz, en representación de la recurrida doña nombre reservado, quien dentro de plazo evacua el informe solicitado; pidiendo desde ya que el recurso de protección deducido en su contra y en lo que toca a ésta sea desechado en todas sus partes; con expresa condenación en costas, por no ser efectivos los fundamentos de hecho que enarbola y por no ser ilegal ni arbitraria la acción informativa y de opinión desplegada por su representada; todo ello en base a las consideraciones que expone: Al efecto y para contextualizar los hechos materia del presente recurso indica que la actuación de la recurrida se da en el contexto del extenso corte de suministro de energía eléctrica que afectó a toda la zona lacustre de la Novena Región en General y a la comuna de Villarrica en Particular, acaecido entre el 01 y el 03 de Febrero de 2019; corte ocasionado por la falta de mantención del tendido de suministro eléctrico en la referida zona y que afectó gravemente el abastecimiento y la vida normal de miles de habitantes de la zona y de los turistas que se encontraban allí con ocasión del período estival. Fue en este contexto, en horas de la mañana del domingo 03 de Febrero de 2019 y mientras el padre de su representada don nombre reservado, de 74 años de edad, se disponía a abrir su negocio de abarrotes e instalar el equipo de suministro eléctrico de emergencia que había adquirido al efecto, fue fiscalizado por personal del Servicio de Impuestos Internos, quienes le exigieron les exhibiera las boletas electrónicas del establecimiento; explicándoseles, como era un hecho público y notorio, que el sistema estaba interrumpido por el corte de suministro eléctrico y que se estaba echando a andar junto con los sistemas de iluminación y los de refrigeración del establecimiento. Lamentablemente, en una actuación desafortunada y excesivamente celosa, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos no atendieron a ninguna explicación y cursaron de inmediato una infracción al local, “no por haber detectado venta alguna sin emisión de boleta” como erradamente señala el recurrente, sino por “no contar con el sistema de boleta electrónica al momento de la fiscalización”; no obstante lo evidente del corte de energía que reinaba en el lugar. Este hecho es tergiversado en el recurso, tratando de presentarlo como una venta sin boleta, lo que es falso y sólo pretende confundir a este Ilustrísimo Tribunal. Esta actuación de los funcionarios recurrentes, que afectaba directamente al padre de mi representada, un adulto mayor de delicada salud y que se desempeña honradamente como un reconocido y querido comerciante detallista de abarrotes de la comuna de Villarrica, indignó a mi representada y la movió a efectuar una publicación en la red social Faceboock en la cual se mostraba a dichos funcionarios fiscalizando dentro del local comercial, indicando en dicha publicación que estos funcionarios actuaron “con falta de criterio” al ejercer de esta forma las facultades que la Ley les entrega; sin atender a las graves y especiales circunstancias que afectaban a la zona lacustre en esos días, que a esas alturas ya llevaba más de 36 horas sin electricidad y con los habitantes del sector sin poder adquirir los insumos necesarios para cubrir sus necesidades básicas; sin permitir siquiera que un modesto comerciante de avanzada edad pudiera terminar de instalar el equipo de emergencia que había adquirido justamente para poder atender dichas necesidades urgentes y poner en marcha el sistema informático que accede a la emisión de boletas electrónicas. Esta actitud, analizada claramente desde el sentido común, es indignante para un hijo que ve a su padre avasallado por la autoridad, que si bien actuó estrictamente apegada a la letra de la Ley y de las instrucciones internas de su servicio, hizo gala de una absoluta falta de criterio. De esta manera y como una forma de expresar su molestia e indignación frente a este accionar de los funcionarios, ejecutado con evidente “falta de criterio”, es que mi representada levanta la publicación hoy impugnada, sin proferir ninguna ofensa o expresión injuriante; toda vez que la palabra “descriterio” es sólo un adjetivo calificativo que significa literalmente “falto de criterio”; lo que puede ser molesto para alguien, pero no ofensivo, injuriante ni denostativo. Destaca que en el recurso interpuesto se intenta responsabilizar a la recurrida por los comentarios ofensivos que “otras personas” realizaron en relación a la publicación; situación que no es imputable ni atribuible a mi representada; quien es Profesora de Estado y que se cuida por lo mismo del lenguaje que utiliza y que no celebró ni avaló expresa o tácitamente ninguno de dichos comentarios. Tampoco es aceptable imputar a mi representada que con su publicación haya afectado la protección y uso de los recurrentes en relación a su propia imagen pues, por una parte, se trata de fotografías digitales de baja resolución que no muestran el rostro completo de los mismos y en la que no se mencionan en ningún momento sus nombres o los datos mínimos para llegar a identificarlos; llegando con ello el recurso a un celo extremo, ajeno a la protección constitucional que requiere. Estamos aquí entonces en presencia de un claro conflicto entre derechos y garantías amparados por la Constitución; el derecho de los recurrentes a su honra personal y a su propia imagen corporal y el derecho de mi representada a emitir opinión. Indica que el art. 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República reconoce y ampara el derecho de mi representada a emitir opinión sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos y abusos que se cometan en conformidad a la Ley. También es reconocida la preeminencia de este derecho por sobre el derecho a la vida privada y la honra por la importancia trascendental que tiene para la vida democrática del Estado y el adecuado funcionamiento de sus instituciones, como reconoce uno de los fallos citados por la propia recurrente. De esta manera, habiendo ejercido de manera respetuosa mi representada su derecho a emitir opinión, no haciendo descalificaciones personales ni funcionarias que afecten la honra de los funcionarios fiscalizadores sino sólo del “criterio” o “falta del mismo” que utilizaron en el procedimiento realizado; no puede extremarse la protección de un eventual “derecho a la propia imagen”, supuestamente vulnerado por la fotografía de medio rostro que acompañaba a la publicación cuando sólo se está dando cuenta de un accionar que es franca y derechamente opinable en función del criterio utilizado por los funcionarios recurrentes. Debe tenerse en cuenta que jamás en la opinión publicada se mencionó el nombre o los datos que pudieran identificar o llevar a la identificación de los funcionarios parcialmente registrados en la fotografía adjunta y que las expresiones utilizadas por mi representada no fueron en ningún caso denostativas, ofensivas o injuriantes. Llama la atención entonces que dichos funcionarios se permitan requerir amparo constitucional de su propia imagen si el objetivo de la publicación era poner el foco en un actuar poco criterioso y jamás calificado como ilegal, arbitrario o deshonesto y en el que la utilización de la fotografía, que los capta parcialmente, no se hizo con el objeto de obtener lucro o provecho económico ni denostarlos personalmente; lo que sí ha sido y con justa razón, objeto de una protección tutelar por parte de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, según la nutrida jurisprudencia citada por los recurrentes, pero sacada de todo contexto. Por otro lado, la pretensión de protección de la “honra del Servicio de Impuestos Internos” planeada en el recurso también está llevada a un extremo carente de plausibilidad y parte de una aseveración falsa planteada en el recurso al señalar textualmente que mi representada ha calificado el accionar de los funcionarios recurrentes como “ilegal y arbitraria” lo que se desmiente con el tenor literal de la publicación, que en momento alguno utiliza tales expresiones que falsamente imputa el recurso a su representada. Indica que del tenor literal del recurso informado; no se ha imputado a mi representada ningún delito sino sólo la molestia de los recurridos al haber calificado ésta su accionar como falta de criterio; situación que a todas luces manifiesta una nociva e ilegítima intención de impedir a un ciudadano a ejercer su derecho a opinar. ¿Acaso pretende el Servicio de Impuestos Internos que nadie puede criticarle? ¿Acaso el Servicio de Impuestos Internos pretende que todo su accionar y el de sus funcionarios no está sujeto a revisión y a la opinión de los ciudadanos contribuyentes que son por ellos fiscalizados? ¿Quién le otorgó al Servicio de Impuestos Internos y a sus funcionarios la facultad de censurar las opiniones del resto de los habitantes de la República?

Nos parece que en este caso el recurrente se está excediendo claramente de sus atribuciones y facultades legales pues debe limitarse a cumplir la función que la Ley les confiere y solicitar la protección de sus atribuciones en la forma que regula su normativa específica, pero les está vedado requerir la censura de la opinión de un ciudadano que simplemente ejerce su derecho a opinión sin cometer delito ni abuso. Ese es el punto central que debe resolverse en el presente recurso, pues la recurrida es una ciudadana común y corriente, una “ciudadana de a pie” que se ve hoy enfrentada a un poder estatal avasallador que no contento con ejercer con todos sus recursos humanos y financieros una función delicada y muchas veces controversial; se da maña ahora de intentar acallar cualquier opinión de los ciudadanos que manifieste su disconformidad con el criterio que se utiliza para ejercer tal función. Esto es un retroceso al más bestial de los absolutismos; esto es, reducir a los ciudadanos en general y a mi representada en particular a “simples vasallos desprovistos de derechos y garantías” frente al omnímodo poder del Estado, representado en este caso por los recurrentes; produciendo una involución histórica inadmisible a los perores tiempos del absolutismo, ajeno completamente a las más básicas nociones de un Estado Democrático de Derecho. Digámoslo derechamente, lo que se pretende aquí no es obtener tutela de un presunto y relativo derecho a la propia imagen, pues no son los funcionarios aludidos los que recurren en forma particular por haberse sentido afectados en su honra e intimidad, sino que lo hace el Servicio de Impuestos Internos, con recursos de todos los chilenos, a través del Abogado del Servicio, aludiendo una alambicada fórmula para justificarse; pretendiendo silenciar lo opinión crítica de un ciudadano respecto del accionar de funcionarios públicos financiados con nuestros impuestos. Tan evidente es ello que se trasluce en la excesiva pretensión petitoria contenida en el recurso en cuanto pretende que US. Iltma. ordene a mi representada “Abstenerse de seguir realizando publicaciones de esta naturaleza en el mismo medio, en contra de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos y de este último”(sic) ¿Quién constituyó al Servicio de Impuestos Internos en el censor de las opiniones de los ciudadanos? Ni la Constitución ni la ley lo han hecho y esperamos con fe en el derecho y la Justicia que esta Ilustrísima Corte tampoco, pues ello sería un gravísimo atentado contra la democracia y las más básicas libertades políticas reconocidas y amparadas no sólo por la Constitución en al art. 19 Nº 12, sino que en todos los instrumentos internacionales suscritos por Chile, dispuestos para el respeto de la dignidad y derecho de las personas. De esta manera, el legítimo ejercicio de una garantía constitucional y legal jamás puede ser considerado un acto ilegal, salvo que se acredite, en la forma y por los medios establecidos por la Ley, que se ha cometido delito o abuso en el ejercicio de tal derecho, pues razonar de lo contrario implica restringir y privar injustificadamente a mi representado de su derecho fundamental a opinar. De esta manera, el recurso de protección en contra de mi representada no puede perseverar, pues ninguna acción ilegal o arbitraria ha realizado en el legítimo ejercicio de su derecho a opinar sin haber cometido delito o abuso. Previa las citas legales, en la parte petitoria solicita tener por evacuado el informe requerido a mi representada doña nombre reservado, ya individualizada y, en definitiva, luego de oídas las partes en audiencia pública; desechar el recurso de protección, con costas, por no ser efectivos los fundamentos de hecho que enarbola y no ser ilegal ni arbitraria la acción informativa y de opinión desplegada por su representada.

Al Folio 14 con fecha 31 de Mayo de 2019 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, la recurrente plantea que se ha vulnerado su garantía constitucional amparada en el artículo 19 Nº4, de la Constitución Política de la República, mediante actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, consistentes en la realización de una publicación que contendría una expresión difamatoria o denostativa, la que generó una serie de comentarios negativos al respecto, publicación que es del siguiente tenor: "Para todos los humildes comerciantes de Villarrica Estos dos funcionarios de Impuestos internos sin ningún criterio llegan al local comercial de mi papá Supermercado Carlitos al lado de la fiscalía. A cursar parte por no emitir boleta electrónica en momentos que nos encontrábamos recién abriendo el local, sabiendo que desde ayer la mayor parte de la zona se encontraba sin de energía eléctrica Ningún criterio con el dueño adulto mayor cursan parte. Para que todos sepan el descriterio de estos dos funcionarios con los pequeños comerciantes que día a día se levantan a trabajar honradamente, igual que ustedes." Esta publicación se realizó vía la red social denominada “Facebook”, con descrédito para el Servicio de Impuesto Internos y dos de sus fiscalizadores respecto de quienes se han publicado a la vez imágenes en el acto de fiscalización. Esta expresión infamante señala, ha lesionado, perturbado e infringido su dignidad como persona y sus derechos a la honra, a su imagen y a su vida privada, afectando a la vez la reputación del servicio como aquella personal de los funcionarios.

TERCERO: Que, informando la recurrida, ésta reconoce haber realizado la publicación que indica el servicio, pero contesta su carácter de insultante y denostativa argumentando que en la especie se trató de una reacción a la fiscalización que se había realizado al negocio de su padre, pero que no se ha usado un lenguaje denostativo, si no que se ha ejercido el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio contenida en el nº 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, de manera que en caso alguno se habría vulnerado de manera ilegal o arbitraria la garantía del nº 4 de la misma norma respecto de los recurrentes.

CUARTO: Que, no puede dejar de señalarse que, en el actual contexto histórico, las redes sociales tales como Facebook, Twitter o Youtube, deben ser entendidas como medios de comunicación, permitiendo su masificación, que cada uno administre una suerte de medio de comunicación asimilable a aquellos regulados por la Ley 19.733, no advirtiéndose de manera alguna cómo el uso de las expresiones “sin criterio” que se han empleado por la recurrida, como expresión más fuerte, impliquen una vulneración de la garantía del derecho a la honra tanto del servicio que recurre como de los funcionarios personas naturales que aparecen en las fotos, sino que se contiene dentro de lo que se puede entender como el derecho de expresar libremente la opinión y malestar que le produjo a la recurrida la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos al negocio de su padre anciano.

QUINTO: Que, tampoco es posible imputar a la recurrida las reacciones que hayan podido manifestar terceros, ya que por la naturaleza de las redes sociales, la recurrida no está en poder de controlar y que, además, revisada la página por la cual se requiere de protección, debe señalarse que hay personas que cuestionan el fondo de dicha publicación, esto es, reaccionan criticando a la señora nombre reservado por molestarse frente a una acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, por lo que también hubo comentarios negativos frente a las expresiones que publicó la anterior.

SEXTO: Que, sin embargo, el uso y publicación sin autorización de las imágenes en que se ven claramente los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, don nombre reservado y don nombre reservado, aún cuando desempeñando una función pública, no puede ser admitido ni aún a pretexto del derecho a la libertad de expresión ya que entra en colisión con otros bienes jurídicos fundamentales.

SÉPTIMO: Que, el derecho a la propia imagen, si bien como categoría específica de derecho fundamental no se encuentra reconocido en la Constitución Política de la República, ha sido frecuentemente reconocido por las cortes de apelaciones del país así como por la Corte Suprema ya sea encuadrándolo en la garantía del nº 4 del artículo 19, como parte de la los datos gráficos que permiten la identificación de una persona los que, en caso de ser publicados sin autorización, vulneraría su vida privada, o bien considerando la imagen personal parte del patrimonio del individuo, siendo un atributo de su personalidad y su publicación no autorizada constituye un agravio patrimonial que vulnera el derecho de propiedad consagrado en el nº 24 del mismo artículo mencionado (SCS rol Nº 2506-2009).

OCTAVO: Que, lo cierto es que existe propiedad por parte de la persona sobre sus rasgos físicos y también su divulgación al público para cualquier fin afecta su vida privada, tal como ocurrió en el caso concreto, de manera que el recurso de protección debe ser acogido en la parte que el actuar de la recurrida publicita o difunde, sin autorización, la imagen de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes como cualquier persona tienen derecho a que se les consulte previamente si otorgan licencia para la difusión de su imagen en medios o redes de alcance público.

Por lo anteriormente expuesto y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección y artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por don don nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestso Internos y de los funcionarios don nombre reservado y don nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto ésta deberá bajar inmediatamente las imágenes de los funcionarios y abstenerse de emplearlas en lo sucesivo sin autorización expresa de los mismos, informando a este Tribunal de lo obrado en el plazo de cinco días hábiles.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante doña Hellen Teresita Pacheco Cornejo.

Rol Protección N° 1108-2019 Se deja constancia que no firma Ministro Sr. Julio César Grandón Castro y abogada integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.