nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, quince de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que compareció nombre reservado e interpuso recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por su agente de oficina en Temuco don nombre reservado y su Gerente General don nombre reservado, institución a la que atribuye la vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República con ocasión de haber dispuesto la realización de descuentos en su remuneración, con cargo a créditos cuya existencia y exigibilidad controvierte.

Expuso que trabaja como profesora en la comuna de Purén y el día 1 de octubre del año 2020 recibió el depósito de su sueldo en chequera electrónica y verificó que el monto era inferior a la remuneración correspondiente.

Sostuvo que concurrió a las oficinas de la recurrida a realizar la consulta y se le refirió que el descuento corresponde a un crédito obtenido en enero del año 2013 por $12.593.640, pagadero en 60 cuotas de $209.894, cuyo primer vencimiento correspondía a 28 de febrero de 2013, y que existiría una repactación y otro crédito del año 2015, y que descuento correspondiente a la cuota N°2 de 60 y que asciende a la suma de $192.018. Días después le acompañaron copia de un pagaré poco ilegible, que no coincide con los montos descontados.

Añade que no mantiene deuda con la recurrida pues la que existía se pagó directamente por COOPEUCH quien le compró la cartera de deuda.

Alega falta de información, y que en la liquidación del mes de septiembre 2020, se le consigna en los descuentos “LA ARAUCANA CRED 1 (2/60) por un monto de $192.018, sin haberse efectuado ese primer descuento correspondiente a la cuota n°1.

Planteó que desconoce cuándo se suscribió ese crédito, el monto del mismo, la fecha de los descuentos.

Añadió que en todo caso la deuda no sería exigible y alude a lo prescrito por el artículo 22 de la Ley 18833 en cuanto señala que el cobro de las deudas de créditos sociales se rige por las mismas normas de cobro de las cotizaciones previsionales, lo que remite al artículo 5 de la Ley 17.322, en relación con el artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil, que permite esgrimir como defensa, prescripción de la deuda.

Pidió en definitiva declarar que: 1.- Que se deje sin efecto los descuentos efectuados en los meses de Septiembre y octubre 2020 disponiendo que la recurrida debe restituir el importe de dicho descuento que asciende a la suma de $384.036; 2.- Que, la recurrida deberá abstenerse de informar y requerir al empleador un descuento de sus remuneraciones; Que se condena a la recurrida a las costas del presente recurso.

Acompañó a su presentación: 1) Liquidaciones de sueldo de los meses junio, julio, agosto y septiembre del año 2020; 2) Detalle deuda de crédito folio N° 293-15896; 3) Copia de pagaré entregado en sucursal, que tiene fecha de autorización de firma de la actora el 25 de enero de 2013, por la suma de $8.005.008, pagadero en 60 cuotas de $209.894, con primer vencimiento el 28.2.2013.

Que al informar la recurrida expuso que a) El 23 de enero de 2013, se le otorgó a la afiliada Sra. nombre reservado, el crédito social folio N° 293-000030969, por la suma total de $ 12.593.640 pesos, pactado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $ 209.894 pesos.

Señaló que el crédito se comenzó a descontar a partir de febrero de 2013, a través de su empleador la Municipalidad de Puren, del que sólo se pagaron 9 cuotas (febrero a octubre 2013), mediante descuento en liquidación. Esta situación se mantuvo hasta marzo de 2014 en que la Sra. nombre reservado celebra un “Acuerdo de Pago” de 25 de marzo de 2014, para regularizar su morosidad, y reconoce adeudar la suma total de $ 11.521.104 pesos, acordado pagar en 60 cuotas de $ 192.018 pesos, a partir de abril de 2014.

Explicó que a pesar del envió de las nóminas a su empleador a partir de febrero 2015, la Ilustre Municipalidad de Puren, no realizó remesa hasta octubre de 2020 correspondiente al descuento efectuado a la Sra. nombre reservado en septiembre del año en curso.

Agregó que el diferimiento efectuado por La Araucana C.C.A.F., se basó en las facultades que la Superintendencia de Seguridad Social entrega a las Cajas de Compensación a través de la Circular 2.052 del 2003, que contiene las instrucciones impartidas relativas al Régimen de Crédito Social. Y, que conforme su base de datos no existe ningún pago efectuado por COOPEUCH, relativo a compra de cartera. Lo anterior, incluso se encuentra evidenciado en el propio acuerdo de pago, ya que si existiera la compra de cartera que la recurrente esgrime en su recurso, dicho acuerdo no existiría.

Argumentó que descuentos que se le han aplicado a la Sra. nombre reservado tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados.

Así negó la concurrencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar.

A mayor abundamiento, agregó que negar la existencia de la obligación, sería infringir lo dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, al señalar ya que la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, la que debe ser alegada y declarada judicialmente en un juicio de lato conocimiento y no como defensa a esgrimir en la presente acción y al no haber operado la declaración de prescripción, los descuentos aplicados practicados desde septiembre de 2020 y que motivaron la presente acción cautelar se encuentran plenamente justificados.

Citó sentencia dictada el 11 de mayo de 2020, en recurso de protección Rol N°16348-2019.

Sin perjuicio de lo dicho informó que se dispuso el cese de los descuentos a la recurrente y la devolución de las sumas remesadas por su empleador desde septiembre 2020. Además en atención a la orden de no innovar decretada se procedió a excluir de la nómina de descuento a la Sra. nombre reservado a partir del mes de diciembre de 2020, reservándose las acciones a ejercer en contra de la Ilustre Municipalidad de Puren, conforme lo dispuesto en la Ley N°17.322, por tratarse de un crédito social cuyos recursos emanan del fondo social que las Cajas de Compensación están obligadas por ley a proteger.

Acompañó: 1°) Acuerdo de pago suscrito por la Sra. nombre reservado el 25 de marzo de 2014; 2°) Carpeta Crediticia de la Sra. nombre reservado, folio N°293-000030969; 3°) Nóminas de descuento remitidas a la Ilustre Municipalidad de Puren; 4°) Ordinario N°26204, del año 2018, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, en cuyo numeral 5°, señala que corresponde únicamente a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción de la acción del cobro del crédito social.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que el acto que se acusa como ilegal y arbitrario consiste respecto de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en haber dispuesto la realización de descuentos en la remuneración de la recurrente, con cargo a créditos cuya existencia y exigibilidad ésta controvierte, como se ha indicado en lo expositivo.

Tercero: Que la recurrida en su Informe ha señalado que los descuentos que se le han aplicado a la Sra. nombre reservado tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 señalado precedentemente, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Agregando que a pesar del envió de las nóminas a su empleador a partir de febrero 2015, la Ilustre Municipalidad de Puren, no realizó remesa hasta octubre de 2020 correspondiente al descuento efectuado a la Sra. nombre reservado en septiembre del mismo año.

Cuarto: Que la recurrida ha señalado en su informe que se dispuso el cese de los descuentos a la recurrente y la devolución de las sumas remesadas por su empleador desde septiembre 2020. Además en atención a la orden de no innovar decretada procedieron a excluir de la nómina de descuento a la recurrente a partir del mes de diciembre de 2020.

Quinto: Que, es del caso indicar que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie a la fecha ya no concurre, por haber ya desaparecido el agravio causado a la recurrente atendido el hecho que ya se dispuso por la recurrida el cese de los descuentos a la recurrente, la devolución de las sumas remesadas por su empleador desde septiembre 2020, y la exclusión de la nómina de descuento a la recurrente a partir del mes de diciembre de 2020.

Sexto: Que así las cosas, habiéndose dejado sin efecto el cobro en cuestión, la devolcuión de las sumas remesadas y la exclusión de la recurrente de la nómina de descuento, debe necesariamente concluirse que el presente recurso perdió oportunidad o actualidad jurídica, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA.

Regístrese, comuníquese y Archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Alejandra Cid Droppelmann.

Protección-10999-2020. (fcv)