ATC SITIOS DE CHILE S.A. con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinte de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 20 de julio del año 2023, comparece doña María José Larraín Matte, abogada, en representación convencional, según se acreditará, de ATC Sitios de Chile S.A. («ATC» o la «Recurrente»), sociedad del giro de infraestructura de telecomunicaciones, rol único tributario número 76.101.962-7, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recuso de protección en contra de nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en domicilio reservado, Ruta S-40, Sector Entre Ríos, comuna de Nueva Imperial, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el bloqueo del acceso a la recurrente para ingresar al Inmueble arrendado por ésta.

Explica que la recurrente es una empresa concesionaria de servicios intermedios de telecomunicaciones, que provee infraestructura física a los operadores de telecomunicaciones autorizados, de conformidad a lo señalado en el Decreto N° 99 de fecha 1 de junio de 2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En términos simples, refiere que administra torres o infraestructuras de su propiedad, que soportan antenas y sistemas radiantes de telecomunicaciones, que son de propiedad de terceros. En dichas torres o infraestructura los operadores de telecomunicaciones, como lo son Claro, Entel, Movistar o WOM (los «Operadores»), por ejemplo, instalan sus equipos (antenas y sistemas radiantes) otorgando y/o mejorando la conectividad de servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. Para realizar lo indicado anteriormente, ATC construye torres, o bien adquiere las ya construidas por terceros, las cuales se encuentran emplazadas en determinados sitios o retazos de terreno a lo largo de todo el país. En general, estas torres se encuentran ubicadas en sitios o bienes inmuebles de propiedad privada en los que ATC arrienda un retazo dentro de aquella propiedad, asumiendo la posición contractual de Arrendatario frente al propietario y, esté último, asume la posición de Arrendador de la misma propiedad frente a ATC.

Es en ese contexto, señala que ATC celebró un contrato de arrendamiento con don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado (en adelante, los «Propietarios»), de un retazo de 100 metros cuadrados ubicados en el Lote 6, proveniente de la subdivisión del Resto de la Hijuela número 33, de la propiedad denominada Trihueche, comuna de Nueva Imperial. Tal como lo señala dicho contrato, el destino del retazo arrendado es la instalación de torres de telefonía celular. Aclara que el señalado Lote 6 es parte de una subdivisión compuesta por 6 Lotes. De dichos lotes, el Lote 3, es de propiedad del señor nombre reservado -en comunidad con un tercero- (en adelante, el «Recurrido»), y los Lotes 1 y 2 son de propiedad de Comercial e Industrial Rengalil Limitada, cuyo representante es el señor nombre reservado. Y que a pesar de existir un camino de acceso que tiene por objeto permitir el tránsito desde la vía pública a todos los lotes que se originaron producto de la subdivisión, el recurrido actualmente impide el paso de la recurrente y los operadores al Lote 6 y, por lo tanto, al retazo arrendado, mediante el cierre de un portón existente y otras acciones arbitrarias e injustificadas, lo cual genera un grave perjuicio a ATC.

Como antecedentes preliminares para un adecuada comprensión de los hechos y circunstancias que motivan la acción de protección, señala que a los inmuebles que ATC arrienda, ingresa no solo personal de ATC, sino que sino también personal de las empresas de telecomunicaciones que tienen arrendado espacios en las antenas, para hacer reparaciones, mantenciones y mejoras a sus equipos. Seguidamente, se refiere al contrato de arrendamiento original, suscrito por Entel PCS Telecomunicaciones S.A. el año 2008, con una vigencia de 10 años, renovable por periodos sucesivos de 10 años cada uno. Así, encontrándose vigente el contrato de arrendamiento, el propietario del inmueble en el que se emplaza la torre, procedió a subdividir el mismo, subdividiendo el resto de la hijuela 33 en 6 lotes, correspondiendo el retazo arrendado, (donde quedó ubicada la torre de Entel), al Lote 6 de la subdivisión, el cual actualmente se encuentra inscrito a nombre de los propietarios, a fojas 1216, número 1597 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2008 y a fojas 472 vuelta, número 527 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial. Atendida la subdivisión del Resto de la Hijuela 33, por escritura pública de fecha 21 de marzo de 2018, otorgada en la Notaría de nombre reservado, Entel y don nombre reservado suscribieron una modificación del Contrato de Arrendamiento Entel, a fin de dejar constancia de la subdivisión del inmueble arrendado, así como del cambio de propietario del mismo, entre otras modificaciones al contrato. Posteriormente, con fecha 26 de diciembre de 2019, Entel cedió a ATC el Contrato de Arrendamiento Entel, suscrito con don nombre reservado, adquiriendo ATC la posición jurídica de arrendatario bajo el mismo. Dicha cesión fue notificada a don nombre reservado, mediante carta de fecha 8 de enero de 2020. Luego, por escritura pública de fecha 13 de junio de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado bajo el Repertorio N° 2664-2022, los nuevos propietarios del Lote 6, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, suscribieron con ATC un nuevo contrato de arrendamiento (el «Contrato de Arrendamiento») por el mismo espacio arrendado por Entel, esto es, un retazo de terreno de 10 metros por 10 metros, esto es, 100 metros cuadrados, y tres retazos de 2 por 5 metros, es decir, diez metros cuadrados (el «Retazo Arrendado») ubicados en el inmueble individualizado como Lote 6, proveniente de la subdivisión del resto de la hijuela número 33, de la comuna de Nueva Imperial. Dicho contrato vino a reemplazar el Contrato de Arrendamiento Entel, contrato que se celebró por 8 años, de modo que se encuentra vigente.

A continuación, se refiere a los propietarios de los 6 lotes resultantes de la subdivisión, precisando que Comercial e Industrial Rengalil Limitada es una sociedad dedicada a la construcción y venta de casas prefabricadas, cuyo domicilio se encuentra precisamente en los señalados Lotes 1 y 2 de la subdivisión de la hijuela 33, siendo el Recurrido, don nombre reservado, su socio y gerente comercial, quien además es propietario, en comunidad con don nombre reservado, del Lote 3, todo lo cual detalla en cuadro que adjunta, enfatizando que sólo existe una entrada al camino de acceso al loteo desde la vía pública, y que desde el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento con Entel, hasta los actos arbitrarios del recurrido, ingresaban sin problemas por el mismo, pero que debido a que éste se encuentra cerrado por un portón, siempre dependían del Sr. nombre reservado o sus dependientes, para que abriera el señalado portón y permitiera el ingreso. No obstante lo anterior, el recurrido, sin motivo alguno, comenzó a bloquear y entorpecer el ingreso de ATC y sus subarrendatarios (distintos operadores, en particular la compañía WOM) al retazo arrendado, exigiendo una contra prestación económica para permitir el paso, así como suscribir un contrato con ATC por el uso del camino.

Ante lo anterior, ATC tomó contacto con sus arrendadores, los propietarios, quienes no estaban en conocimiento de esta situación y se les solicitó copia del control remoto del portón de acceso, sin embargo el recurrido señaló que tomaría las medidas que fueran necesarias para bloquear el acceso de ATC, incluyendo cambio de controles del portón y otros medios, situación que se mantiene hasta el día de hoy. Luego de ello, ATC buscó una solución con el recurrido, quien señaló que la única forma de la que daría acceso a ATC es mediante la ejecución de un nuevo camino por otra vía, para uso exclusivo de ATC, quien tendría que asumir los costos. Finalmente, explica que, con fecha 14 de julio de 2023, ATC comunicó al recurrido la imposibilidad de utilizar un camino alternativo, atendido a la existencia de un camino habilitado que ATC tiene derecho a utilizar.

En efecto, sostiene que el actuar de la recurrida, completamente arbitrario e ilegal, ha impedido que ATC y los Operadores hayan podido efectuar las mantenciones que requieren los equipos instalados, así como las reparaciones y mejoras de ellos y, en general, se ha privado a ATC de hacer uso y goce de los derechos que tiene como arrendatario. Lo anterior, tanto en perjuicio de ATC como de sus Operadores y además de los Propietarios, quienes tienen derecho a arrendar su lote a quien estimen conveniente y a que dichos arrendatarios puedan circular por el camino del loteo en las mismas condiciones que los propietarios.

Sobre la ilegalidad, expresa que la recurrida ha infringido lo dispuesto en los artículos 831 y 844 del Código Civil, teniendo el propietario de un predio sirviente, la obligación de abstenerse de turbar de cualquier forma al beneficiario de la servidumbre. Así, la conducta desplegada por el mismo recurrente, vía autotutela, se infringen de manera ostensible las obligaciones que está llamado a cumplir y que no puede desconocer, ya que se encuentran establecidas y reconocidas en su mismo título de dominio. En conjunto con lo anterior, califica el acto como arbitario, por cuanto carece de lógica, racionalidad y fundamento.

Desarrolla posteriormente en detalle las vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas, esto es, el derecho de propiedad pues el derecho a ocupar el camino para ingresar al inmueble arrendado (lote 6) se encuentra incorporado al patrimonio los propietarios, y por tanto de sus arrendatarios. Asimismo, el accionar del recurrido afecta el derecho de propiedad de ATC en relación a los bienes que ella tiene en el inmueble arrendado, bienes que no pueden ser usados ni gozados por encontrarse actualmente impedido el acceso a ellos. De igual forma sostiene que el actuar de la recurrida vulnera lo preciso en el artículo 19 Nº 3 inc 5º de la Constitución, constituyendo los actos del recurrido una hipótesis de autotutela, pues si su intención era dar término a las servidumbres que gravan su predio o ejercer el derecho de propiedad sobre sus lotes, debió haber iniciado la correspondiente acción en el tribunal competente. Finalmente, indica que se ha vulnerado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que la operación y mantención de las antenas instaladas en el retazo arrendado se hace imposible ante la prohibición de ingresar al lugar. Asimismo, mediante su actuar, el recurrido está afectando el derecho de los propietarios de entregar en arrendamiento libremente su propiedad y percibir por ello una renta.

Añade que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo, pues el bloqueo del acceso a ATC para ingresar al inmueble arrendado se mantiene hasta el día de hoy, por lo que en definitiva solicita se acoja el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República en contra de don nombre reservado, declarando que el actuar del recurrido es ilegal y arbitrario, afecta las garantías contenidas en el artículo 19 números 24, 3 inciso 5º, y 21 de la Constitución, y que por lo tanto, se debe restablecer el imperio del derecho ordenándole al recurrido, dentro del tiempo más breve posible, reabrir la puerta de acceso al inmueble correspondiente al Lote 6 de la subdivisión del Resto de la Hijuela 33 de la comuna de Imperial, ubicado en el kilómetro 7 de la ruta Imperial - Temuco, debiendo además abstenerse de obstruir, entorpecer o privar de la legitima tenencia material del inmueble arrendado a ATC Sitios de Chile S.A., ni a sus subarrendatarios y terceros designados, facultándose al recurrente para hacerlo con auxilio de la fuerza pública si éste no lo ejecutare dentro del plazo que disponga S.S. Ilma., con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso los siguientes documentos:

1. Copia de escritura pública de fecha 15 de abril de 2008 otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, en el que consta el Contrato de Arrendamiento Entel.

2. Plano protocolizado en conjunto con el Contrato de Arrendamiento Entel.

3. Copia de escritura pública de fecha 21 de marzo de 2018 otorgada en la Notaría de Santiago de doña nombre reservado, en el que consta la modificación del Contrato de Arrendamiento Entel.

4. Carta de fecha 8 de enero de 2020, enviada por Entel a nombre reservado, por la cual se comunica a este último la cesión del Contrato de Arrendamiento Entel a ATC.

5. Copia de escritura pública de fecha 13 de junio de 2022 otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, en el que consta el Contrato de Arrendamiento suscrito entre ATC y los Propietarios actuales.

6. Documentos agregados con el Nº 133 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial, con firma electrónica emitido por el Notario Titular de Nueva Imperial Gonzalo Nicolás Garay Bulnes, que contiene: (i) Copia del plano de subdivisión del Resto de la Hijuela 33, comuna de Nueva Imperial;

(ii) Certificado nº 49 de fecha 25 de abril de 2016, emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero; y (iii) Certificado nº 689952, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que contiene la asignación de roles de avalúo de los lotes originados en la subdivisión.

7. Minuta de deslindes de la subdivisión del Resto de la Hijuela Nº 33, comuna de Nueva Imperial.

8. Copia con vigencia de la inscripción número 654 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2018, relativo al Lote 1 de la subdivisión, de propiedad de Comercial e Industrial Rengalil Limitada.

9. Copia con vigencia de la inscripción número 656 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2019, relativo al Lote 2 de la subdivisión, de propiedad de Comercial e Industrial Rengalil Limitada.

10. Copia con vigencia de la inscripción número 1744 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2017, relativo al Lote 3 de la subdivisión, de propiedad de nombre reservado y nombre reservado.

11. Copia con vigencia de la inscripción número 1088 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2019, relativo al Lote 4 de la subdivisión, de propiedad de nombre reservado.

12. Copia con vigencia de la inscripción de fojas 691, número 762 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2018, relativo al Lote 5 de la subdivisión, de propiedad de nombre reservado.

13. Copia con vigencia de la inscripción de fojas 1216, número 1597 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2008, relativo al Resto de la Hijuela 33, la cual se encuentra vigente únicamente respecto del lote 6 de la subdivisión, de propiedad de los Propietarios.

14. Certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones, prohibiciones y litigios, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial con fecha 28 de febrero de 2023, relativo al inmueble inscrito a fojas 1216, número 1597 del Registro de Propiedad correspondiente al año 2008, relativo al Resto de la Hijuela 33, la cual se encuentra vigente únicamente respecto del lote 6 de la subdivisión.

A folio 20, con fecha 25 de agosto de 2023, comparece don nombre reservado, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, remitiendo el informe que le fuera solicitado. Al efecto señala que los hechos expuestos en el recurso de protección son efectivos y que el recurrido no solamente ha afectado las garantías constitucionales del recurrente, sino que además sus garantías constitucionales. Señala que mantiene un contrato de arrendamiento vigente con la recurrente, el que fue suscrito con fecha 13 de junio de 2022 y corresponde al arriendo de un retazo de su propiedad, esto es, Lote 6 proveniente de la subdivisión del Resto de la Hijuela 33, de la propiedad denominada Trihueche, comuna de Nueva Imperial, ubicada en el KM.24 del camino Temuco-Imperial, de la ciudad de Temuco. El referido contrato, indica que es el último de los celebrados con ATC y tiene como origen una serie de contratos de arrendamiento de dicho retazos para la instalación y uso de una antena de telecomunicaciones, la que se mantiene ya por más de 10 años atrás, haciendo presente que sus arrendatarios jamás habían tenido problemas para el ingreso de la propiedad y el retazo arrendado, incluso ellos mantenían una copia de la llave del candado con el que se mantenía cerrado el antiguo portón de entrada al camino de servidumbre que da acceso a los lotes, el cual fue retirado por el recurrido, sin ningún tipo de aviso. Afirma que la subdivisión aludida se realizó y cumplió con todas las normas legales y se encuentra inscrita en los correspondientes registros. De la subdivisión resultaron los lotes 1 al 6 y se constituyó una servidumbre de tránsito que afecta los lotes 1 al 4, siendo aquellos los predios sirvientes, añadiendo que dicha servidumbre constituye el único camino de acceso desde la vía pública a los lotes que se encuentran al interior de la subdivisión.

Destaca que respecto de los 6 lotes resultantes, él es dueño en comunidad del lote 6, hay un tercero que es dueño del lote 5, y los lotes restantes, vale decir del 1 al 4, son de propiedad del recurrido y de sus familiares. En cuanto al hecho arbitrario e ilegal, informa que en el año 2022, ATC le comunicó que trabajadores de su empresa que debían hacer trabajos de mantención en la antena de telecomunicaciones emplazada en su propiedad, no pudieron ingresar, debido a que el recurrido había instalado un portón eléctrico y les impidió el ingreso, hasta que representantes de ATC, conversaran con él. Frente a tal situación, indica que en forma inmediata tomó contacto con el recurrido de autos, manifestándole su malestar por haberle impedido la entrada a los trabajadores y por el hecho de haber instalado un portón eléctrico sin su consentimiento y sin aviso, lo que no solo perjudicaba a sus arrendatarios, sino también a su persona debido a que si habían problemas para el ingreso a la propiedad podrían ponerle término al contrato de arrendamiento. Pese a los reclamos, el recurrido ofreció entregar un control remoto para poder abrir el portón eléctrico que el instaló pero condicionó el uso del mismo a que no les entregase una copia o les permitiese la entrada a los trabajadores de ATC, pues en tal caso cambiaría el código de acceso del portón lo que dejaría inservible el control remoto ofrecido y que la única forma de que él permitiese la entrada a ATC sería si le pagaban en forma mensual por ocupar el camino, condición que afirma no se la permitió . Agrega que lamentablemente el recurrido no cambió su decisión, argumentando que no le preocupaba que lo demandaran pues cualquier juicio se demoraría un par de años y que ATC no podía dejar de prestar sus servicios por tanto tiempo por lo que se vería obligada a negociar con él, todo lo cual comunicó a los representantes de ATC.

Continúa señalando que actualmente se encuentra impedido de entrar a su propiedad pues las veces que ha ido, no se encuentra ninguna persona que abra el portón eléctrico instalado por el recurrido.

Se refiere a los derechos vulnerados por el recurrido que afectan tanto a su persona como a terceros. A saber, el derecho de propiedad en sus diversas especies y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Sostiene que a primera vista podría entenderse que el único afectado por la conducta antijurídica del recurrido es la empresa ATC, sin embargo el recurrido no puede condicionar la entrada a su propiedad, no sólo por las facultades que otorga el derecho de dominio, sino porque aceptar la condición que le impone para poder acceder, significaría incumplir su obligación como arrendador de entregar al arrendatario el bien arrendado para su uso.

Indica que el recurrido no solamente de facto ha puesto término a una servidumbre de tránsito, excediendo su derecho de propiedad, sino que ha privatizado para su propio provecho el único camino de acceso a los demás lotes, más grave aún es pretender hacer un cobro ilegítimo para el ingreso de quienes tienen derecho al uso de los demás terrenos por la servidumbre de tránsito, pues ha condicionado la entrada al terreno que arrienda, a que ATC le importe una pago mensual de $500.000, sin tener derecho a ello y demostrando una conducta contumaz.

Por otro lado, citando el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, según el cual “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, concluye que los actos realizados por el recurrido, corresponden a una autotutela, actos que comprenden la construcción de un portón eléctrico en forma arbitraria en una vía destinada al libre tránsito de los propietarios, sus dependientes y quienes ellos autoricen ingresar a sus propiedades, a través del único camino habilitado para ello y que corresponde a una servidumbre de tránsito con la que se encuentra gravada la propiedad del recurrido. Además se ha auto facultado para levantar una construcción en un camino afecto a servidumbre del que se servían los demás lotes que forman parte de la subdivisión, vulnerando el derecho de tránsito que tienen terceros al proceder con dicha construcción al cierre del camino.

Sobre la acción presentada, sostiene que lo efectuado por ATC es la vía más idónea, pues lo que se busca es el restablecimiento del derecho frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que provoque una privación, perturbación o amenaza a algunos de los derechos garantizados en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y, en el caso de marras, hay una privación de su derecho de propiedad y, a su vez, del derecho de propiedad de ATC a usar el bien arrendado; una perturbación a seguir realizando una actividad económica lícita que afecta a ATC y una amenaza a un grupo indeterminado de personas que podrían ver vulnerados sus derechos al no poder contar con un servicio de telecomunicaciones, que si bien es entregado por particulares como es el caso de ATC, no debemos olvidar el rol subsidiario del Estado en estos temas. Por todo lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y además hacérsele parte en estos autos, por encontrarse igualmente vulnerados sus derechos constitucionales por el recurrido, requiriendo que se decrete la remoción del portón instalado a la entrada del camino de servidumbre o que se le haga entrega de una copia del control remoto del portón eléctrico instalado a la entrada del camino de servidumbre. Lo anterior, conjuntamente, con abstenerse de realizar futuras acciones u omisiones que impidan el libre tránsito de su persona o de quienes decida, hacia si propiedad, con costas.

A folio 48, con fecha 31 de octubre de 2023, comparece el recurrido, don nombre reservado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Ruta S-40, Sector Entre Ríos, comuna de Nueva Imperial, quien evacuando el informe que le fuere requerido señala que los hechos expuestos en el recurso de protección no son efectivos, puesto que no existe conducta ilegal, antijurídica, ni arbitraria que esté vulnerando las garantías constitucionales que la recurrente señala, solicitando se rechace el recurso de protección, ello en virtud de los siguientes fundamentos.

Indica que no discute el paso de servidumbre, al cual todos los parceleros tienen derechos de uso, sin embargo, afirma que pueden existir ciertas limitaciones relativas a la seguridad de los propietarios del loteo, sin que con ello se afecte el derecho de propiedad ni se impida el acceso o el uso de la servidumbre. Dichas limitaciones, en el caso en concreto, no son cuestiones nuevas en el loteo y que, hasta la llegada de la recurrente, nunca causaron problemas con los propietarios del lote 6, puesto que se ingresaba cumpliendo un mínimo protocolo de ingreso con la debida autorización de uno de los dueños o de quien le arriende.

La situación original planteaba como único subarrendatario a la empresa ENTEL, quienes tenían una antena de comunicaciones instalada en el lote cuyo rol es el número 717-16, de propiedad del señor nombre reservado. Agrega que jamás hubo problemas con el acceso, puesto que la empresa Entel entregaba un protocolo de visitas programadas y el personal que ingresaba contaba en sus visitas con todos sus distintivos como empresa, lo cual permite identificar y dar fe de quienes son las personas que acceden a las cercanías de sus domicilios particulares. Sin embargo, refiere que como vecino no estaba informado de los cambios entre compañías, hasta que un día cualquiera, llegaron a trabajar a la antena personas que decían ser subcontratistas de la empresa ATC, quienes sin previo aviso y mucho menos solicitando permiso para ingresar, pasaron a trabajar en la antena, acercándoseles el recurrido para a preguntar quiénes eran, respondiéndole escuetamente que venían a trabajar de parte de ATC.

Posterior al referido hecho, indica que tomaron contacto con el señor nombre reservado, quien les había vendido las parcelas aledañas y quien arrendaba el espacio a ENTEL, informándoles que la antena había cambiado de dueños y que la empresa ATC, era a quien deberían autorizar para realizar trabajos de mantención y/o urgencias en el lugar, situación que refiere nos les pareció aceptable ni razonable, manteniendo los mismos términos originales, vale decir, con los calendarios, identificaciones y protocolos de visitas establecidos para que todos sigan coordinados y con la tranquilidad de quiénes, cómo, cuándo y por qué realizarían trabajos en la antena. Sin embargo, agrega que todo cambió, comenzando las visitas sin programar, en horarios inadecuados, con personal sin identificación, vehículos sin rotulaciones ni identificaciones de la empresa a quienes pertenecían los trabajadores, ninguna llamada de aviso y mucho menos, un mail previo a la visita, todo lo cual comenzó a causar molestia e inseguridad, considerando además la escalada de atentados sufridos en nuestra región, portonazos, secuestros, robos con violencia y demás delitos a los que muchos chilenos y, en especial, en nuestra región nos enfrentamos día a día. Frente a dicha situación, refiere que solicitaron a la empresa ATC, mediante un correo electrónico, que pudiera establecer un protocolo de visitas en donde lo mínimo sería indicar día, horario, identificación del personal y del vehículo, además de la confirmación de la visita por WhatsApp, de manera de que todos supieran quien los estaba visitando y a quien tendrían que permitir el paso. No obstante, nada de lo solicitado ocurrió, por lo que decidieron como vecinos vulnerados de su seguridad, simplemente mantener el acceso restringido hasta que la empresa cumpliera con lo señalado.

Afirma que en ningún caso se ha vulnerado el derecho de propiedad de nadie, sino más bien, se ha requerido conocer a ciencia cierta quienes serían personas “autorizadas por los propietarios” para el ingreso, recordando que el loteo, es un loteo particular y como tal pueden existir restricciones, las cuales nunca han sido arbitrarias ni ilegales, sino que existen desde mucho antes de la llegada de la recurrente, y con el fundamento claro de resguardar otros intereses jurídicamente relevantes como lo son la vida y seguridad de los demás propietarios.

Detalla que luego de unos meses, la recurrente, les envía un mail anunciando una visita técnica a la antena, indicándoles quienes irían y los horarios, pero cuando llegaron, sostiene la recurrida que revisaron las identificaciones y no correspondían a ninguna persona autorizada, ni indicada por la recurrente, la camioneta en que llegaron no tenía logo de ninguna empresa y los trabajadores no poseían identificación, ni uniformes que pudiera dar luces de quienes se trataba, situación que afirma ocurrió en aproximadamente cuatro oportunidades, hasta que nuevamente decidieron por la poca y nula formalidad, hacer valer los protocolos de ingreso originales y respetados siempre hacia atrás, lo que otorgaba tranquilidad y seguridad a las familias que cohabitan en la parcelación.

Señala que en la zona viven tres familias y dos empresas funcionan a diario. Una familia se encuentra compuesta por dos adultos mayores, otra por padre, madre y dos hijos mayores de edad y la tercera familia compuesta por padre, madre y dos hijos de 2 y 6 años, con lo cual sostiene es evidente que los temas de seguridad son primordiales y de vital importancia.

Agrega que transcurrido dos años aproximadamente, la empresa ATC realiza un acercamiento para buscar alguna forma de solucionar el problema, frente a lo que los dueños de dos terrenos accedieron a darle la opción a construir un nuevo acceso, por un lugar en donde estos propietarios entregarían más de 900 mts2 para la construcción, acceso por el cual la empresa podría acceder sin problemas, restricciones de horarios, ni protocolos de visitas, cuestión que se ofreció en una reunión telemática con abogados de ATC y la recurrida, representando a los propietarios (Comercial Rengalil Limitada y nombre reservado), indicando la empresa ATC que evaluaría la propuesta, pero luego de 6 meses, mediante un mail, les indicó que el presupuesto de construcción del nuevo acceso era muy alto, por lo cual procederían a establecer acciones judiciales, en lugar de ordenar su logística y cumplir los protocolos respetados a través de la historia de la parcelación.

Sostiene por otro lado la recurrida, que existe una falta de idoneidad del recurso, en atención a que existe una controversia en cuanto a un supuesto derecho de paso o servidumbre de tránsito en favor del predio de la recurrente, conflicto que escapa a un recurso de protección, debiendo interponerse las acciones que estime convenientes ante los tribunales civiles dispuestos para examinar este tipo de conflictos de lato conocimiento.

De otro lado, manifiesta la recurrida que uno de los requisitos esenciales del recurso de protección es la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él. Sin embargo, las acciones denunciadas por la recurrente, afirma que son simplemente una manifestación del ejercicio del derecho de propiedad que tiene sobre su lote, conjuntamente con la toma de medidas de seguridad sobre el mismo, por lo que no se puede señalar que estas sean ilegales ni arbitrarias, pues no ha privado del derecho de propiedad de la recurrente, sino más bien, y como ya se señaló , simplemente ha requerido el uso de los protocolos utilizados desde los inicios de la parcelación en miras de la seguridad y protección que cada uno de los propietarios colindantes requiere.

Cita el artículo 820 del Código Civil, el cual dispone que la servidumbre es: “un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.”, añadiendo que el artículo 844 del mismo texto legal dispone que “El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas”, de modo que en la especie, solo han ejercido su derecho a cerrar y, más bien, a mantener cerrada su propiedad en la forma que la ley lo faculta, sin que por ello se impida el acceso de subarrendatarios de otros propietarios, siempre y cuando puedan distinguir quienes son autorizados, lo que reitera se hacía sin problemas mediante un sistema de ingreso, con calendarización e identificación de personal y vehículos.

Por lo anterior, afirma que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en las acciones cometidas por el recurrido, ya que estas responden al ejercicio que le otorga su derecho de dominio sobre el inmueble de su propiedad. Así como tampoco existe alguna vulneración ni al derecho de propiedad de la recurrente, ni a desarrollar actividad económica lícita, ni a no ser juzgado por comisión n especial, puesto que su actuar no ha sido arbitrario y posee fundamentos llenos de razonabilidad, donde los motivos son totalmente proporcionados a los fines, solicitando en definitiva el rechazo del recurso protección interpuesto en su contra, con expresa y ejemplar condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. Para la procedencia del mismo se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma, se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía y; d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la actora afirma que los actos constitutivos de vulneración de garantías constitucionales se suscitan por el bloqueo del portón de acceso para ingresar a un inmueble arrendado. Precisa que el recurrido, sin motivo alguno, comenzó a bloquear y entorpecer el ingreso de ATC y sus subarrendatarios, junto a distintos operadores, al retazo arrendado, exigiendo a cambio una contraprestación económica para permitir el paso, así como suscribir un contrato con la recurrente por el uso del camino o, derechamente, la ejecución de un camino alternativo, por otra vía, respecto de la cual la empresa tendría que asumir los costos.

TERCERO: Que, sostiene la actora que el actuar de la recurrida es completamente arbitrario e ilegal puesto que le ha impedido efectuar las mantenciones, reparaciones y mejoras que requieren los equipos instalados en el lote arrendado, privándola de hacer uso y goce de los derechos que tiene como arrendataria. Afirma que tal conducta constituye un acto de autotutela, carente de toda lógica, racionalidad y fundamento, que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°24, 3 inciso 5 y 21 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida, reconociendo la existencia de un paso de servidumbre, al cual todos los parceleros tienen derecho de uso, fundamenta su actuar en la necesidad de imponer ciertas limitaciones por razones de seguridad y, además, mantener el acceso restringido, hasta que la empresa cumpla con establecer ciertos protocolos de acceso que ya eran utilizados desde los inicios de la parcelación, teniendo en miras la protección de cada uno de los propietarios colindantes.

QUINTO: Que, en base a los antecedentes tenidos a la vista, esta Corte vislumbra claramente que existe una infracción a la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que el bloqueo del portón de acceso por parte del recurrente, al inmueble arrendado por la actora, constituye un acto de autotutela, que obstruye, entorpece y priva a la misma de la legítima tenencia material del inmueble arrendado, impidiéndole realizar las operaciones de mantención y mejoras de las antenas instaladas en dicho retazo.

SEXTO: Que dicho actuar resulta, además, ilegal y arbitrario, toda vez que no se sustenta en ningún derecho que lo ampare, por lo que resulta ser producto de un mero capricho. Todos motivos por los que se acogerá la acción cautelar.

Y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por María José Larraín Matte, en representación de ATC Sitios de Chile S.A, en contra de don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al recurrido permitir el acceso de la actora y del personal de las empresas de telecomunicaciones, que tienen arrendados espacios en las antenas, al inmueble arrendado por esta, haciéndole entrega de una copia del control remoto del portón de acceso, dentro del plazo de 48 horas, contados desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Redacción del fallo abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10936-2023. (cwm)