nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando por sí y en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., impugnando el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la resolución de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante la cual la recurrida rechaza la solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros.

En cuanto a los antecedentes de hecho, sostiene el recurrente que don nombre reservado solicitó ante AFP ProVida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, la cual establece una exención de cotizaciones para técnicos extranjeros siempre que se cumplan los requisitos legales de estar afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile y manifestar la voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Expone que la recurrida notificó el rechazo de la solicitud señalando la falta de constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. A juicio del recurrente, este rechazo desconoce la normativa especial, puesto que la AFP impone un requisito adicional no contemplado en la ley, incurriendo en una interpretación formalista de la norma que desatiende la finalidad del legislador.

Hace presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para efectos de apostilla debido a la actual situación diplomática entre los Estados de Chile y Venezuela.

Enfatiza que, a pesar de lo anterior, la afiliación fue acreditada mediante una constancia electrónica emitida por la seguridad social” (IVSS de Venezuela), la cual cuenta con un código de verificación alfanumérico (N° 8e[cuenta reservada]) que puede ser validado en línea por la propia AFP a través del portal oficial de dicha institución. Califica la conducta de la recurrida como una conducta omisiva de verificar la mentada afiliación, prefiriendo exigir formalidades imposibles de superar por el administrado.

Acusa la vulneración las garantías protegidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias y exigir formalidades excluyentes que no se aplican a otros solicitantes en iguales circunstancias. Además, la del derecho de propiedad, por cuanto el rechazo priva al recurrente de la disposición de sus ahorros previsionales, los cuales son de su exclusiva propiedad, afectando los atributos esenciales del dominio, citando jurisprudencia que estima aplicable en la especie.

Solicita finalmente que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, y se ordene a la AFP ProVida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a un nuevo pronunciamiento que efectúe la devolución de los fondos en un plazo razonable para restablecer el imperio del derecho.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Captura de pantalla, correo electrónico AFP PROVIDA que indica rechazo; Cedula de identidad para extranjeros; Constancias de afiliación previsional del país de origen; Título universitario apostillado; Contratos y anexos de contratos de trabajo; Declaración jurada; Documento que acredita domicilio.

A folio 5, informa doña Ana María Herrera Brümmer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe solicitado solicitando el rechazo total de la acción, con expresa condenación en costas. Fundamenta su postura en que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y en que su representada ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En primer lugar, alega la improcedencia de la vía de protección, sosteniendo la recurrida que la materia reclamada no es propia de una acción de protección, ya que esta fue ideada como un medio pronto para situaciones urgentes y no para solicitar declaraciones de derechos. Cita jurisprudencia para argumentar que, al existir una controversia sobre el cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 18.156, el derecho reclamado es dubitado, lo que debe determinarse en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante un arbitrio que no puede ser objeto de una indebida instrumentalización.

En cuanto a los hechos, confirma que AFP ProVida rechazó la solicitud del recurrente el 16 de diciembre de 2025 por la falta de constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado o legalizado. Precisa que el documento aportado por el afiliado es una mera constancia de cotización, la cual carece de firma y no es el documento solicitado por la autoridad.

En cuanto a la insuficiencia del documento, menciona que conforme al Oficio N° 5376 de la Superintendencia, no basta un documento genérico; se debe consignar específicamente que el trabajador contó con protección por todos los riesgos legales durante su permanencia en Chile.

En relación con la exigencia de apostilla, desde el 30 de agosto de 2016, al ser Chile y Venezuela Estados Parte del Convenio de la Apostilla, se exige dicha certificación. Las certificaciones electrónicas sin apostillar no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito.

Respecto de las declaraciones juradas, indica que, según instrucciones de la Superintendencia, estas no constituyen medios idóneos, pues la autoridad previsional es la única con facultades legales para dar fe de la afiliación.

Señala que el contrato de trabajo original -01/07/2024- nada decía sobre el régimen previsional, y solo en un anexo de mayo de 2025 se manifestó la voluntad de mantener la afiliación extranjera, lo cual señala sería declaración extemporánea según la jurisprudencia administrativa.

Menciona que el recurrente posee residencia permanente y es propietario de un inmueble en el país, lo que no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo el uso de fondos fiscales para su futura pensión.

En el plano jurídico, explica que, según el DL N° 3.500, las AFP tienen el objeto exclusivo de administrar prestaciones legales y están legalmente impedidas de destinar los fondos previsionales a un fin distinto del financiamiento de pensiones, salvo excepciones legales taxativas.

Finalmente, reafirma que el principio de territorialidad rige en Chile y que la exención de la Ley N° 18.156 es excepcionalísima. Concluye que AFP ProVida no ha actuado de forma caprichosa ni ilegal, sino que ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso al no existir una privación o amenaza legítima de garantías constitucionales.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: oficio de la Superintendencia de Pensiones Nº 12954-2025, y Nº 21880, de fecha 17-07-2025 y 17-11-2025, y sentencia de la Excma. Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Redacción de la Ministra (s) Sra. Viviana Ibarra Mendoza.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-109-2026.

(csd)