MUNICIPALIDAD DE PRITRUFQUEN con SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1 el 2 de noviembre de 2020 comparece don Randolph Brown Riquelme, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, Persona Jurídica de Derecho Público, Rut RUT reservado, por mandato judicial de don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Alcalde de la comuna de Pitrufquén, todos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección contra de la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE, representada por su Superintendente don Cristóbal de la Maza Guzmán, ingeniero civil industrial, con domicilio en domicilio reservado.; por los actos y omisiones ilegales que se señalarán y que describe en el cuerpo del presente recurso y que atentan, en los términos previstos por el citado artículo 19 números 1, 2 y 8 de la Carta Fundamental, con ocasión de la omisión a dar curso a la denuncia formulada con fecha 27 de agosto de 2020 por infracción al artículo 11 bis de la Ley 19.300 y que a la fecha de interposición del presente recurso, la recurrida no ha acusado recibo y no se ha pronunciado en ningún aspecto de la sustanciación de tal denuncia, ni se contienen antecedentes de que algún funcionario de la SMA se haya apersonado al sector para verificar el estado obra.

Señaló que en relación al proyecto que da origen a la denuncia original por infracción a la ley ambiental se debe señalar que el Decreto Exento del Ministerio de Energía N° 418 publicado con fecha 19 de agosto de 2017, denominado “Fija listado de instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda” en su artículo N° 1 señala el correspondiente listado, fijándose en el N° 37 el proyecto “Ampliación en Subestación Eléctrica (S/E) Pitrufquén” cuyo propietario es CGE.

Indicó que el artículo 2.5.37 se caracteriza tal proyecto en los siguientes términos: “El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 2x66 kv Temuco-Loncoche, en la actual S/E Pitrufquén, cuyo patio de 66 kv deberá pasar a configuración de doble barra más transferencia. Para ello se contemplan nueve paños para el seccionamiento, acoplador, seccionador de barras y paños de transformación. Junto a lo anterior, se deberá considerar espacio para a lo menos, dos paños futuros. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuaciones en el patio de media tensión, adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. El proyecto deberá ser construido y entrar en ejecución, a más tardar, dentro de los 24 meses a la fecha de adjudicación de la licitación respectiva. El A.V.I. referencial del proyecto es de 477,8 miles de dólares, moneda de los Estados Unidos de Norte América”. Mediante solicitud de obras preliminares para instalación de faenas asociado a la construcción del proyecto en cuestión, fechada con 18 de marzo de 2020 el Sr. nombre reservado, Gerente de Construcción de Transmisión de CGE e ingresada con fecha 29 de abril de 2020 a la Oficina de Partes de esta Municipalidad, se informa lo siguiente, “El Proyecto cuenta con Resolución Exenta n° 507/2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante la cual se indica que esta ampliación de infraestructura, al interior del terreno de propiedad de CGE, no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental, toda vez que no cumple con las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 10 letra b) de la ley n° 19.300 y artículo 3, letra b) del D.S. N° 40/2012 Reglamento del SEIA”.

Agregó que sin perjuicio de que en la solicitud señalada precedentemente no se acompañó la respectiva resolución de pertinencia de ingreso al SEIA ni la carta de solicitud respectiva enviada por el representante de la empresa titular del proyecto, se autorizó la instalación de obras preliminares mediante número de permiso n° 01 de fecha 10 de julio de 2020, en virtud de las facultades limitadas de la Dirección de Obras, cuando un proyecto viene precedida de una declaración por parte del SEA de que el proyecto no está obligado a ingresar al SEIA, puesto que según lo razonado por tal organismo el proyecto no cumple con las obligaciones de ingreso establecidas en el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.300 y artículo 3°, letra b) del D.S. N° 40/2012 Reglamento del SEIA”. Sin perjuicio de lo anterior, que analizado jurídicamente el proyecto y producto asimismo de un profundo sentir de la comunidad pitrufquenina que será afectada por un proyecto que se encuentra emplazado en un sector densamente poblado (calle Padre Hurtado con Río Cautín) es que esta Municipalidad presentó con fecha 27 de agosto de 2020 a la recurrida, denuncia por infracción al artículo 11 bis de la Ley 19.300 con la siguiente suma: “EN LO PRINCIPAL: DENUNCIA POR ELUSIÓN DE INGRESO A SEIA PRIMER OTROSÍ: SOLICITA MEDIDA PROVISIONAL QUE INDICA SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA TENER COMO INTERESADO TERCER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS CUARTO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN SI PROCEDE. Agrega que la presentación antes indicada fue enviada a la recurrida mediante oficio conductor N° 776 de fecha 27 de agosto de 2020, en la cual se incluyen todos los antecedentes señalados en la mentada presentación y que a la fecha de interposición del presente recurso, la recurrida no ha acusado recibo y no se ha pronunciado en ningún aspecto de la sustanciación de tal denuncia, ni se contienen antecedentes de que algún funcionario de la SMA se haya apersonado al sector para verificar el estado obra, dado que uno de los argumentos vertidos en la denuncia, es que la obra se encuentra aledaña de establecimientos educacionales, incluido un jardín infantil, en consecuencia, estimándose que la obra se encontraría en una hipótesis de ingreso al SEIA, sin perjuicio de que la recurrida tenga un criterio diverso, del cual se espera un pronunciamiento, para que el recurrente analice el mérito del mismo y se puedan determinar las distintas vías jurídico o administrativas que la ley franquea en estos casos. Tan evidente omisión, resulta de suyo complejo, dado que la ciudadanía y el recurrente se dirigen conforme a las facultades que le asisten, para que el organismo recurrido encargado de determinar la concurrencia de una infracción ambiental, verifique las circunstancias de la denuncia, y que a su vez, tiene la obligación de informar al denunciante de los resultados de la misma, cuestión que aparentemente no ha ocurrido en la especie, dado que a la fecha no ha existido un pronunciamiento por parte del recurrido que haya sido válidamente notificado a la administración comunal de algún acto administrativo vinculado al denuncia original.

Sostuvo en cuanto a fundamentos de derecho que resulta atingente lo que precisa el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, el cual dispone en su numeral 1º: “1. El recurso o acción de protección se interpondrá (…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos (…)”. Al respecto, si se analiza el contexto del presente recurso, es menester señalar lo que contempla el artículo 65 de la LBGMA que dispone: “Artículo 65.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en otras normas legales, las municipalidades recibirán las denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y las pondrán en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para que ésta les dé curso. La municipalidad requerirá a la Superintendencia del Medio Ambiente para que le informe sobre el trámite dado a la denuncia. Copia de ésta y del informe se hará llegar a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente. Con el mérito del informe, o en ausencia de él transcurridos treinta días, la municipalidad pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio del Medio Ambiente”. Si se analiza la disposición antes indicada, claramente se desprende que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo que se encuentra obligada. Asimismo, el verbo rector de la ilegalidad de la SMA la constituye una omisión injustificada de no continuar el procedimiento administrativo respectivo conforme a la Ley 19.880, dado que el municipio no cuenta con el informe de la recurrida, para efectos de continuar con la substanciación de la respectiva denuncia, conforme a la normativa ambiental vigente. Debe establecerse que la presentación de la Municipalidad y de la cual no consta la substanciación del mismo conforme al artículo 29 inciso primero de la Ley 19.880 viene precedida de un reclamo de ilegalidad impetrado por un grupo de dirigentes sociales y vecinos de conformidad al artículo 151 de la Ley 18.695 en base a que la cual la Dirección de Obras Municipales autorizó la instalación de faenas de la obra denunciada, dado que la solicitud contemplaba la resolución exenta del SEA que estimaba que el proyecto no estaba obligado a ingresar al SEIA dado los argumentos planteados por la titular del proyecto, cuestión que en términos normativas obliga a la respectiva Dirección a otorgar el permiso de obra preliminar. Resulta destacable que la Municipalidad constituye un órgano con competencia ambiental, en consecuencia, se encuentra amparado legalmente para operar como organismo sectorial y oficiar a la recurrida, para que opere todo el entramado jurídico del inicio de un procedimiento administrativo conforme al capítulo II de la Ley 19.880. En consecuencia, le empecen a la recurrida, las ritualidades y plazos de la Ley 19.880 y en consecuencia se debe aplicar lo contemplado en el artículo 24 de la misma ley la cual señala: “Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente. Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia. Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa”. Claramente la recurrida, no ha dado cumplimiento a los plazos establecidos en la norma anteriormente señalada, dado que no existe constancia del inicio del procedimiento por parte de la SMA, es más este recurrente incluso, ni ha sido notificado de la recepción de la presentación respectiva.

Indicó que el artículo 20 de la Constitución Política de la República protege a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se señalan; a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los afectados. Así las cosas, esta acción constitucional se consolida como una de las más eficaces herramientas entregada a los Tribunales de Justicia para que operen como garantes de los derechos ciudadanos. La legitimación activa, como elemento de la acción, se encuentra referida a la relación del sujeto con la situación jurídica sustancial comprometida en el juicio, de la que surge un interés que lo habilita para ejercerla, impetrando su tutela ante el órgano jurisdiccional. 3.3 Hay que señalar que el presente recurso lo puede interponer cualquier persona –natural o jurídica- que se vea afectada ilegal o arbitrariamente en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales resguardados por esta vía constitucional, o cualquier persona en su nombre, a pesar de que no tenga poder, ni cuente con patrocinio de Abogado. En efecto al tratarse de una acción destinada a resguardar valores y derechos esenciales, ha de responder a las exigencias de rapidez y sencillez que impone el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que (Pacto de San nombre reservado Rica) el cual dispone “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Asimismo señaló que se reafirma la conclusión anterior al considerarse lo establecido en los artículos 4, 10 y 21 N° 2 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que consideran como “interesados” a quienes pueden resultar afectados con la decisión que se adopte en el procedimiento. 3.5 En efecto la municipalidad que han sido afectados por la omisión arbitraria e ilegal de la SMA de no responder conforme a los plazos contemplados, dado que aquella inacción deriva en que no exista certeza por parte de la administración comunal para actuar según dispone el artículo 65 de la LBGMA, esto es, derivando los antecedentes correspondientes a los organismos respectivos Agregó que la municipalidad ha sido afectada por la omisión arbitraria e ilegal de la SMA, por no responder conforme a los plazos contemplados, dado que aquella inacción deriva en que no exista certeza por parte de la administración comunal para actuar según dispone el artículo 65 de la LBGMA, esto es, derivando los antecedentes correspondientes a los organismos respectivos, estimando conculcadas las garantías constitucionales señaladas en el artículo 19 N° 2, “La igualdad ante la ley”, consiste en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otra u otras que se encuentren en situación de igualdad, lo que significa que la Constitución excluye todo tipo de discriminaciones, prohibiendo diferencias arbitrarias, es decir, que sean estas injustas o carentes de una adecuada motivación, prejuiciadas, excesivas, o desproporcionadas en relación al fin o adoptadas sobre la base del favoritismo. Atendida la naturaleza de esta garantía constitucional, lo que el constituyente repudia es la idea de “privilegio” y “diferencia arbitraria”, originada en una actuación de la los recurridos, frente a sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones. La Constitución permite hacer “diferencias”, incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean objetivas y razonables, lo que claramente no ocurre en este caso, dada las ilegalidades antes señaladas en este libelo, las cuales afectan tanto al municipio como a todas las personas que residen en el sector que ven ante sus ojos que una subestación eléctrica se amplía en un sector al lado de sus hogares, lo que repercute en la calidad de vida de las mismas en términos lamentables, estableciéndose una discriminación arbitraria y una desigualdad de esta parte de la población en relación al resto de los habitantes de la nación, lo que se traduce además en la vulneración respecto de tales habitantes de los derechos constitucionalmente amparados de “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (artículo 19 n°8 de la Constitución Política) y el que asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los vecinos del sector” (artículo 19 n°1 de la Constitución Política de la República)

Por ello, pidió acoger este recurso por afectar y amenazar afectar los derechos de igualdad ante la ley del recurrente y a la vida y la integridad física el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de los vecinos de dichos que residen en la zona aledaña del proyecto de ampliación de subestación eléctrica Subestación Pitrufquén, cuales se encuentran cautelados por la acción constitucional de protección conforme señala el artículo 20 de la Carta Política, se acoja la presente acción constitucional de protección, se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados en el numeral 1, 2, 8 , del artículo 19 de la Constitución Política y, en particular, se resuelva lo siguiente: 1.- Que la recurrida se pronuncie en el más breve plazo posible en relación a la presentación por infracción a la ley ambiental, por elusión de ingreso al SEIA, impetrada por este recurrente con fecha 27 de agosto de 2020; 2- Que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a la recurrida, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 3.- Que se condene en costas a los recurridos.

Acompañó al recurso los siguientes documentos:

1.- Copia de correo de fecha 28 de agosto de 2020 enviado a la recurrida que contiene los siguientes antecedentes y documentos; 1.1.-Copia de denuncia por elusión de ingreso a SEIA por parte de la Municipalidad de Pitrufquén a la recurrida; 1.2.- Copia Oficio Ordinario N° 776 de fecha 27 de agosto de 2020, enviado por la Municipalidad de Pitrufquén a la recurrida; 1.3.- Decreto Exento del Ministerio de Energía n° 418 publicado con fecha 19 de agosto de 2017, denominado “Fija listado de instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda”; 1.4.- Copia de Resolución Exenta n° 507/2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental; 1.5.- Copia de plano extraído en Google Earth de zona de emplazamiento de proyecto Subestación Pitrufquén; 1.6.- Copia de decreto alcaldicio n° 1285 de fecha 06 de diciembre de 2016 en que consta la calidad de alcalde de la Municipalidad de Pitrufquén.

A folio 8 al informar don nombre reservado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (“SMA”) señaló: 1. SOBRE EL RECURSO DE PROTECCIÓN DEDUCIDO: El recurso de protección presentado por la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén atribuye a la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) el incurrir en una omisión, por no haber tramitado la denuncia interpuesta por la recurrente, en contra de Compañía General de Electricidad (“CGE”) por la operación del proyecto “Ampliación en Subestación Eléctrica (S/E) Pitrufquén”. La denuncia fue presentada con fecha 27 de agosto de 2020, por una supuesta infracción al artículo 11 bis de la Ley 19.300, esto es, por fraccionamiento de proyecto. En el recurso de protección se indica que la Superintendencia del Medio Ambiente “no ha acusado recibo y no se ha pronunciado en ningún aspecto de la sustanciación de la denuncia”. Más específicamente se cuestiona que ningún funcionario de la SMA se haya apersonado en el sector para inspeccionar el estado de la obra. La recurrente sostiene que la falta de tramitación de la denuncia constituiría un incumplimiento al artículo 65 de la Ley N°19.300, así como el artículo 24 de la ley N°19.880. En el mismo recurso se señala que la denuncia presentada viene precedida de un reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de dirigentes sociales y vecinos en contra de la autorización entregada por la Dirección de Obras Municipales (“DOM”) de Pitrufquén de la instalación de faenas de la obra. Sobre las garantías fundamentales supuestamente vulneradas, la Ilte. Municipalidad sostiene que los hechos descritos vulnerarían el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, ya que se estarían generando diferencias entre los habitantes que residen cerca de la subestación “y el resto de los habitantes de la nación, lo que se traduce además en la vulneración respecto de tales habitantes de los derechos constitucionalmente amparados de “vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (artículo 19 n°8 de la Constitución Política) y el que asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los vecinos del sector” (artículo 19 n°1 de la Constitución Política de la República)”.

Sostuvo que los fundamentos del recurso de protección deducido deben ser rechazados en todas sus partes pues la Superintendencia no ha incurrido en ninguna actuación u omisión, arbitraria o ilegal, que pudiera afectar de manera alguna los derechos fundamentales de la recurrente. Por el contrario, la Superintendencia ha dado curso a la denuncia presentada, desarrollando actividades de investigación las cuales han incluido una fiscalización en terreno. En el ejercicio de esta actividad de investigación se ha actuado diligentemente, ajustándose a los plazos que establece la ley. Los hechos denunciados se encuentran actualmente en investigación, existiendo diligencias pendientes de ser concluidas. Solo una vez finalizada dicha investigación, la SMA podrá emitir un acto terminal sobre la supuesta infracción al artículo 11 bis de la ley N°19.300. No corresponde que se acoja el recurso de protección deducido por la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén, en la medida en que los hechos sí se encuentran siendo investigados y la SMA ya concurrió a las dependencias del proyecto. Al existir una investigación en curso, los hechos denunciados se encuentran bajo el imperio del derecho, sin que pueda afirmarse la presencia de un derecho indubitado que justifique la adopción de medidas en sede de protección.

Negó que haya incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal que haya vulnerado las garantías fundamentales de la parte recurrente, pues con fecha 28 de agosto de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente recibió el oficio N°776, de la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén, en el cual se acompañó una denuncia elaborada por la misma Municipalidad en contra de CGE, solicitando “se ordene procedimiento sancionatorio en contra de la empresa titular del proyecto”. La denuncia se refería a una supuesta vulneración del art. 11 bis de la Ley N°19.300, el cual señala lo siguiente: “Artículo 11 bis.- Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema. No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas”. Se trata, por lo tanto, de una denuncia por fraccionamiento de proyecto, ya fuere para eludir el SEIA o para variar la vía de ingreso, sin que se especifique en la denuncia cuál tipo de fraccionamiento se refiere. Luego, se hace una mención al proyecto “Ampliación en Subestación Eléctrica (S/E) Pitrufquén”, materia de la denuncia, el cual consiste en “el seccionamiento de la línea 2x66 kv Temuco-Loncoche, en la actual S/E Pitrufquén, cuyo patio de 66 kv deberá pasar a configuración de doble barra más transferencia. Para ello se contemplan nueve paños para el seccionamiento, acoplador, seccionador de barras y paños de transformación. Junto a lo anterior, se deberá considerar espacio para a lo menos, dos paños futuros”. El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses a la fecha de adjudicación de la licitación. En la denuncia se hace mención a la solicitud de obras preliminares efectuada por CGE, ingresada el día 29 de abril de 2020 a la Ilte. Municipalidad. En ella la empresa afirma que el proyecto no debe ingresar al SEIA, en atención a que no cumple con las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 10 letra b) de la ley n° 19.300 y artículo 3, letra b) del D.S. N°40/ 2012 Reglamento del SEIA, lo cual fue confirmado por la Resolución Exenta N°507/2019 de 19 de noviembre de 2019, del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”). La solicitud fue autorizada con fecha 10 de julio de 2020 por la DOM de la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén. La razón por la cual la denunciante afirma que el proyecto sí debería ingresar al SEIA es que en los "vistos" de la Resolución Exenta n° 507/2019 del SEA, que desestima la obligación de ingreso del proyecto al SEIA, no se encontraría el Decreto Exento del Ministerio de Energía n° 418, publicado con fecha 19 de agosto de 2017. La Ilte. Municipalidad afirma que esta supuesta “omisión”, sería esencial ya que dicho Decreto Exento no señalaría que la S/E Pitrufquén tiene por objeto la reducción del voltaje a nivel del transporte, sino que tendría por objetivo el seccionamiento de la línea 2x66 kv Temuco-Loncoche. De lo anterior, la denunciante concluye “que la situación descrita, deja por establecido que el ingreso del proyecto al SEIA por la causal establecida en el artículo n° 10 letra b) de la Ley 19.300, relacionada con el artículo n°3 letra b) del Reglamento del SEIA, dado que la el seccionamiento de la línea de 66 kv no deberá reducir tal voltaje, sino que finalmente mantenerlo en tal”. La Ilte. Municipalidad hace ver que el mencionado Decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía tampoco habría sido acompañado por el titular del proyecto en la respectiva carpeta de ingreso para solicitar autorización de obra preliminar a la Dirección de Obras Municipales. Lo anterior, se estima, constituiría la mencionada infracción al artículo 11 bis de la Ley N°19.300, relativo al fraccionamiento de proyectos en el SEIA. Por último, se argumenta en la denuncia que el proyecto de CGE debe ingresar al SEIA como un estudio de nombre reservado (“EIA”), ello por la letra d) del artículo 11 de la Ley N°19.300, esto es, por encontrase próximo a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”. Por último, en la denuncia se indica que los hechos descritos implicarían una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República. La petición concreta que se efectúa a la SMA es la siguiente: “…se constate la concurrencia de la infracción ambiental contemplada en el artículo n° 11 bis de la Ley 19.300, oficiándose en el tiempo inmediato al Servicio de Evaluación Ambiental al tenor de la disposición antes indicada y a los otros servicios públicos involucrados e indicados en la presente denuncia y que finalmente se someta el proyecto al SEIA en su modalidad de Estudio de nombre reservado, conforme a lo prescrito en las letras a) y d) del artículo n° 11 de la Ley 19.300, que se instruya investigación sumaria producto de la constatación de irregularidades en la dictación del Resolución Exenta N°507/ 2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental, que se de inicio a procedimiento sancionatorio a la empresa proponente y titular del proyecto "Ampliación en Subestación Eléctrica (S / E) Pitrufquén", y que se apliquen las sanciones más gravosas que contemple la LOSMA”. La denuncia descrita fue ingresada al sistema de tramitación de denuncias de la SMA bajo el ID 113-IX-2020, dando curso a su tramitación. Procedimiento de investigación frente a las denuncias de elusión al SEIA. La obligación de ingreso al SEIA se encuentra regulada en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo N°8, el cual señala que “[…] los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su nombre reservado, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”. Por su parte el artículo 35 de la ley N°20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”), establece cuales son las infracciones sobre las cuales la SMA cuenta con competencia. En su letra b) se señala que la SMA tendrá competencia para “[…] la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j), y k) del artículo 3º”. Debe tenerse en consideración también que el artículo 3° de la LOSMA, en sus letras i), j) y k), señala que la SMA podrá requerir el ingreso al SEIA, previo informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a los siguientes regulados: Los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de nombre reservado correspondiente. Los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental, que sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que, conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, requieran de una nueva Resolución de Calificación Ambiental. Los proponentes que hubiesen fraccionado sus proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la ley Nº 19.300. De las normas antes descritas se puede observar que frente a una denuncia de elusión del SEIA la Superintendencia debe desarrollar actuaciones direccionadas a comprobar la elusión del SEIA y, en el caso en que esto ocurra, decidir el inicio de dos vías posibles: el requerimiento de ingreso al SEIA o el inicio de un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento del artículo 35 letra b) de la LOSMA. En el caso en que la SMA opte por requerir de ingreso al SEIA directamente, se debe seguir un procedimiento desformalizado, el cual conlleva el emplazamiento a la empresa involucrada, para que previo a la dictación de la resolución que requiere el ingreso al SEIA, pueda efectuar sus observaciones y acompañar los antecedentes que estime pertinentes. De este modo, en cumplimiento del principio de debido proceso, la resolución que determine ordenar el requerimiento de ingreso al SEIA deberá hacerse cargo de dichos antecedentes. Adicionalmente, se exige como un trámite previo a la emisión del requerimiento de ingreso, la consulta al SEA respecto de la necesidad de ingreso del proyecto al SEIA. Si se opta por iniciar un procedimiento sancionatorio, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia deberá formular cargos a la empresa, iniciándose el plazo para la presentación de un Programa de Cumplimiento, en conformidad al artículo 42 de la LOSMA, o la presentación de descargos, de acuerdo al artículo 49 de la LOSMA.

Observó que existe un procedimiento reglado para el caso de las denuncias vinculadas a la elusión del SEIA, el cual contempla diferentes etapas. Estas etapas involucran a la empresa denunciada, la que podrá efectuar sus descargos y observaciones, así como al SEA, el cual debe pronunciarse sobre la pertinencia de ingreso al SEIA. Si las diligencias den cuenta que la denuncia relativa a la elusión del SEIA no cuenta con mérito suficiente, la SMA podrá archivar la denuncia, desarrollando en la resolución de archivo de los motivos por los cuales se estima que ella no cuenta con mérito suficiente. En el presente caso, la SMA se encuentra desarrollando diligencias dirigidas a determinar si existe fundamento para el requerir e ingreso al SEIA a la denunciada, iniciar un procedimiento sancionatorio o archivar la denuncia. Tal como se dará cuenta a continuación, esas diligencias aún se encuentran en desarrollo, lo cual impide adoptar una decisión final. Actividades de investigación realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Frente a la denuncia interpuesta por la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén, la SMA ha iniciado una investigación con el objeto de determinar si los hechos materia de la denuncia son efectivos. Esto ha implicado analizar todos los antecedentes presentados, así como el resto de los antecedentes disponibles y programar una actividad de fiscalización, con el objeto de poder verificar en terreno las circunstancias de hecho del proyecto. De esta forma, con fecha 4 de diciembre de 2020, funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente realizaron una actividad de fiscalización ambiental en las dependencias de la Unidad Fiscalizable Ampliación Subestación Pitrufquén, de Compañía General de Electricidad S.A. En la respectiva Acta de Inspección de la actividad se dejó constancia de lo siguiente: “1. Se procede a realizar la inspección ambiental al proyecto "Ampliación Subestación Pitrufquén" del Titular CGE. 2.

Actividad obedece a una denuncia presentada por eventual elusión al SEIA. 3.

Atiende el Sr. nombre reservado, administrador de contrato por parte de consorcio MONLUX-RC. Se informa al Sr. nombre reservado sobre el motivo de la inspección, aspectos de interés durante el recorrido y se informa que por motivos de minimizar riesgos asociados a la condición COVID-19 se remitirá el acta vía correo electrónico a la dirección que entrega correspondiente a su mail. Se constata que el proyecto se encuentra en etapa de construcción, informándose por parte del Sr nombre reservado que el terreno donde se desarrollan las obras corresponde a una propiedad de CGE en donde se emplaza la actual subestación Pitrufquén. De acuerdo a la georreferenciación realizada mediante Tablet 1-PAD, establece una superficie aproximada de 0,5 Hás para el proyecto de ampliación. Respecto al patio asociado a la subestación existente, este corresponde a un patio de 66 kV que secciona la línea 2x66 Kv Temuco- Loncoche, se informa por parte del Sr. nombre reservado que esta infraestructura data de la década del 60 y el proyecto actual busca realizar mejoras para la operatividad de la subestación a través del cambio de la configuración existente a doble barra más transferencia en el nuevo patio que es el proyecto en ejecución. El proyecto de ampliación considera la implementación de 7 paños de enlace más uno de acople, estas estructuras se encuentran actualmente en implementación, pudiendo apreciar algunos de estos paños con la fundación y estructura en implementación. De la información entregada se indica que el proyecto actualmente cuenta un numero de 55 personas aproximadamente trabajando y el proyecto estima ser concluido en mayo del 2021 según el contrato, no obstante se indica que la caseta de control que es finalmente la que involucra todo el sistema de control SCADA podría retrasar la obra ya que a la fecha no cuentan con permiso de edificación. Se constata una bodega de RESPEL y una bodega de SUSPEL dentro de la faena. Respecto a las condiciones sanitarias, se constata el uso de baños químicos en obra y respecto a lavamanos que canalizan el agua sobre el terreno. Junto al sector norte de las obras se constatan viviendas colindantes al cierre del terreno, separadas con la obra por planchas de OSB, las que desde la estructura en construcción asociada a la subestación (paños) se determina una distancia de 20 metros aproximadamente hasta el cierre perimetral, siendo este sector el que se encuentra más cercano a las obras de la subestación. Por el sector Oeste del terreno de las obras se verifica un sitio eriazo que igualmente correspondería a CGE, el cual no considera obras”.

Agregó que junto con lo anterior, en la actividad de fiscalización del proyecto se solicitó a la empresa la entrega de los siguientes antecedentes: Memoria descriptiva y explicativa del proyecto y cada una de sus etapas incluyendo carta Gantt y horarios de trabajo asociados a la obra. Autorizaciones y/o resoluciones de Seremi de Salud para el abastecimiento de agua potable del proyecto y manejo de las aguas servidas generadas en la obra. Estado actual de la tramitación ante la Municipalidad de Pitrufquén del permiso de edificación de la caseta de control y obras del proyecto. Plan de mitigación que den cuenta del cumplimiento del D.S. 38/11 Norma de emisión de ruidos, Plan de acciones y plazos asociados al patio existente de la subestación de 66 kV y su desmantelamiento o abandono (si corresponde). En el Acta de Inspección se entregó un plazo de 5 días hábiles para la entrega de la información. Debe considerarse que el acta fue remitida a la empresa vía correo electrónico con fecha 17 de diciembre de 2020, por lo cual el plazo para su respuesta se encuentra aún pendiente. Junto con la anterior actividad de fiscalización ambiental, la Superintendencia, mediante Of. Ord. OAR N°345/2020, del 18 de diciembre de 2020, solicitó a la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén se informara “de acuerdo al plano regulador vigente de su comuna, las restricciones y/o usos permitidos en la zona de emplazamiento de la mencionada Subestación, asociadas a Lote A -12, camino Toltén, comuna de Pitrufquén”. Se solicitó acompañar la información en un plazo de 5 días hábiles, plazo que aún se encuentra pendiente de cumplimiento. En base a la información que se pudo verificar en terreno como aquella que fue solicitada a la empresa y a la propia denunciante, la División de Fiscalización de la Superintendencia deberá elaborar un Informe de Fiscalización Ambiental (“IFA”), el cual deberá determinar si existen hallazgos que puedan dar pie a una infracción. Solo con la emisión del respectivo IFA la Superintendencia podrá adoptar una decisión final respecto de la denuncia, ya sea que dé lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio o que se proceda al archivo de la misma por falta de méritos. Sobre el plazo de tramitación de la denuncia. La recurrente plantea en su recurso que la denuncia habría sido interpuesta el día 27 de agosto de 2020 y que la Superintendencia, a la fecha de interposición del recurso, esto es, el 2 de noviembre de 2020, “no ha acusado recibo y no se ha pronunciado en ningún aspecto de la sustanciación de tal denuncia”. Se cuestiona, por lo tanto, que la Superintendencia habría dejado transcurrir un tiempo extenso sin que se hubiera dado una respuesta a la denuncia, ni se haya realizado una actividad de fiscalización en terreno. La Ilte. Municipalidad no considera que la tramitación de una denuncia no puede ser un hecho inmediato, en la medida en que requiere un análisis preliminar sobre su mérito, lo cual implica necesariamente revisar los antecedentes acompañados y el resto de los antecedentes que pueden ser reunidos. Es por ello que es la propia LOSMA la que establece un plazo prudencial para dar una primera respuesta sobre la interposición de la denuncia. En este sentido, el artículo 21 de la LOSMA establece que “cualquier persona podrá denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y normas ambientales, debiendo ésta informar sobre los resultados de su denuncia en un plazo no superior a 60 días hábiles”. El pronunciamiento que establece la ley no es respecto del acto terminal con el cual concluye la denuncia, sino la primera respuesta sobre si la denuncia dio inicio a una investigación o por el contrario fue descartada por falta de mérito.

Señaló que considerando que la denuncia fue ingresada el día 27 de agosto de 2020, el plazo para poder emitir ese primer pronunciamiento venció el día 23 de noviembre de 2020, es decir, bastante tiempo después de la interposición del presente recurso de protección. Muy cercano a esa fecha, el día 1 de diciembre de 2020, la SMA emitió el Of. Ord. ORA N°298/2020, dirigido a la recurrente, en el cual se informó que “la Superintendencia del Medio Ambiente ha recepcionado su denuncia con fecha 28 de Agosto y notificada la recepción conforme vía correo electrónico el día 28 de Agosto a las 13:23 hrs a la dirección: correo reservado”. Se señaló también que la denuncia fue incorporada en el sistema de gestión de denuncias con el ID 113-IX-2020 y que “actualmente, los hechos denunciados en relación a posible Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se encuentran en estudio con el objeto de recabar mayor información sobre presuntas infracciones de nuestra competencia”. Tres días después de dicha respuesta la SMA había efectuado la actividad de fiscalización en las dependencias del proyecto de CGE. En consecuencia, independientemente de que como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia los plazos establecidos en la LOSMA no son fatales, la Superintendencia dio una respuesta en un plazo muy cercano al establecido en la ley, pronunciándose sobre la denuncia de la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén, señalando que ella había dado lugar a una investigación, la cual se encontraba en curso. Luego, desarrolló actividades en terreno las que permitirán dictar un acto terminal sobre la misma. Sobre las infracciones denunciadas. Según se ha explicado en el presente informe, la Superintendencia solo podrá pronunciarse sobre la imputación de elusión al SEIA cuando las diligencias de investigación se encuentren concluidas, lo cual dará pie a la dictación del respectivo acto que ordene iniciar un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA o el archivo la denuncia. De todas formas, resulta necesario realizar algunas observaciones preliminares sobre las infracciones que son descritas en la denuncia presentada por la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén, ya que ellas forman parte de los aspectos que la SMA tendrá que valorar al dictar dicho acto terminal. La unidad fiscalizable denunciada consiste en la ampliación de una subestación eléctrica existente desde el año 1959, de acuerdo a los antecedentes presentados por CGE, el cual considera actualmente a un patio de 66 kV. Con el nuevo proyecto “Ampliación Subestación Eléctrica Pitrufquén” el patio mencionado será transformado a una configuración de seccionamiento de doble barra más transferencia. Esto busca facilitar el mantenimiento, ya que se puede realizar mantenciones a un seccionador sin interrumpir el servicio completo. Este proyecto de ampliación correspondería a un proyecto de refuerzo de un sistema existente y que busca, precisamente, reforzar la transformación existente a un nivel de distribución de 23 Kv, 15 Kv y 13,2 kV. El SEA de la Araucanía se pronunció respecto a la pertinencia de ingreso del proyecto al SEIA, a través de la Res. Ex. N°507/2019. En la resolución se indica que el proyecto “Ampliación Subestación Pitrufquén” no está obligado a ingresar a evaluación ambiental. Lo anterior por que el proyecto busca mantener la tensión a nivel de transporte, reduciendo el voltaje a nivel de distribución de 66 kV hasta 23 kV, 15 kV y 13,2 kV. El pronunciamiento del SEA de la Araucanía debe ser considerado por la Superintendencia, en la medida en que es la propia LOSMA la que exige que la Superintendencia consulte al SEA, previo a requerir el ingreso de un proyecto al SEIA. En efecto, el artículo la letra i) del art. 3 de la LOSMA, establece que la SMA es competente para “requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de nombre reservado correspondiente. Esta alegación no considera el resuelvo segundo de la Res. Ex. N°507/2019 el cual señala que la resolución es un pronunciamiento que se ha realizado en base a los antecedentes acompañados por el titular. La solicitud de pertinencia presentada por el titular acompaña dentro come Anexo 2 el Decreto del Ministerio de Energía N°418/2017, por lo cual sí se trata de un antecedente que el SEA tuvo a la vista al momento de resolver.

Sostuvo que la denuncia de la Municipalidad de Pitrufquén señala que la supuesta omisión del SEA de ponderar el Decreto del Ministerio de Energía –omisión que, indica, no es tal- sería de vital importancia ya que el Decreto del Ministerio de Energía no establecería el objetivo es la reducción del voltaje a nivel de transporte. Al respecto, la descripción del proyecto realizada por CGE ante el SEA señala lo siguiente: “las obras motivo de esta pertinencia por sí solas no corresponden a una subestación de líneas de transmisión eléctrica que funcione de manera autónoma, sino únicamente a un refuerzo de la interconexión y del respaldo de la subestación Pitrufquén existente. A su vez es importante destacar que las obras motivo de esta pertinencia no tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte de 66 kV, sino reforzar la transformación existente a un nivel de distribución de 23, 15 y 13,2 kV, por lo que es posible señalar que el proyecto motivo de esta pertinencia no cumple por sí sola con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 19.300 y literal b.2) del artículo 3 del D.S. N° 40/2012 que indica; “Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte”. Complementando lo anterior, se señala que “[p]ara ello se consideran construir nueve paños en 66 kV, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: un paño para acoplamiento de las barras; un paño de transferencia; tres paños para los transformadores existentes, que modifican el nivel de voltaje de 66 kV hasta 23 kV, 15 kV y 13,2 kV y cuatro paños para las líneas a seccionar”. Por otro lado, el plano presentado por CGE en la carpeta de anexos de la solicitud de pertinencia da cuenta que la actual subestación cuenta con un patio de 66 (señalizado como 1), un patio de 23 (señalizado como 5) y un patio de 15 (señalizado como 6), identificados como obra existente y que de hecho se encuentran en el predio asociado a las obras operativas desde el año 1959. Igualmente, la presentación establece en Tabla 1 un cuadro comparativo de modificaciones proyectadas respecto al proyecto original en donde se vuelve a verificar que la estación existente desde el año 1959 cuenta con patio de 23 kv y patio de 15 kv que indica expresamente que no serán modificados. Finalmente la página 22 de la presentación realizada ante el SEA para análisis de pertinencia describe las condiciones de establecer líneas de transporte a lo cual CGE concluye que la ampliación no busca establecer una subestación para mantener la tensión por sobre los 23.000 volts (23 kV) que corresponde a transporte, sino que busca reforzar la transformación existente a un nivel de distribución de 23, 15 y 13,2 Kv.

Por lo tanto indicó, la afirmación del SEA sí se sustenta en el proyecto que fue presentado ante dicho Servicio. Ello no obsta que la ejecución del proyecto por parte del titular no pueda diferir de lo que se expuso en la consulta de pertinencia. Si ello ocurriera, entonces podría verificarse una hipótesis de elusión al SEIA. Para poder determinar si eso ha ocurrido resulta necesario que la SMA concluya el análisis de todos los antecedentes que han podido ser recopilados en la etapa de investigación, incluidos aquellos que se encuentran pendientes de entrega por CGE y la misma Municipalidad. Resulta curioso de la denuncia que se imputa una infracción al artículo 11 bis de la Ley N°19.300, el cual prohíbe el fraccionamiento de proyectos en el SEIA, ya sea para eludir el SEIA como para variar la vía de ingreso. Se trata de una mención extraña en la medida en que en ninguna parte de la denuncia se menciona los presupuestos del fraccionamiento, esto es, la presentación del proyecto ante la autoridad como partes diferentes. En este sentido, la denuncia parece confundir el fraccionamiento de proyecto, regulado en el artículo 11 bis de la Ley N°19.300, con la infracción de elusión al SEIA, recogida en el artículo 35 letra b) de la LOSMA. Si bien esto no es un impedimento para la tramitación de la denuncia, sí da cuenta de que resulta necesario que la SMA efectúe diligencias y análisis para aclarar estos puntos.

Particularizó que la denuncia de la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén se menciona la solicitud de obras preliminares efectuada por CGE, ingresada el día 29 de abril de 2020 a la Ilte. Municipalidad. Y aprobada con fecha 10 de julio de 2020 por la DOM de la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén. Esta autorización fue entregada por la SMA y no puede ser atribuible a este Servicio los posibles defectos en su dictación. De todas formas, resulta extraño que la Municipalidad señale en su denuncia que “el Decreto Exento n° 418 del Ministerio de Energía, no fue acompañado por el titular del proyecto en la respectiva carpeta de ingreso para solicitar autorización de obra preliminar a la Dirección de Obras Municipales”, cuando a la vez señala que en la solicitud se hizo referencia a la Res. Ex. N° 507/2019 del SEA de la Araucanía, resolución que se pronunció de una consulta de pertinencia en la cual se acompañó el Decreto Exento n° 418 del Ministerio de Energía. En la denuncia presentada por la Ilte. Municipalidad se cuestiona también que la Res. Ex. N°507/2019 del SEA de la Araucanía habría sido notificada erróneamente a la Municipalidad de Nueva Imperial. Ello habría vulnerado su derecho a conocer la resolución, impidiendo el ejercicio a tiempo de los recursos que establece la ley. Si bien la errónea notificación de la resolución mencionada puede ser efectiva, ello de ninguna manera es un hecho que pueda ser imputado a la Superintendencia del Medio Ambiente. Tampoco se trata de una circunstancia que tenga alguna incidencia en la configuración de una hipótesis de elusión al SEIA, ya que el pronunciamiento emitido por el SEA a través de una consulta de pertinencia no es constitutivo de derechos ni constituye una autorización, sino que solo de trata de una declaración de juicio, sobre la base de los antecedentes que declara el proponente. En este sentido, es perfectamente posible que la Superintendencia del Medio Ambiente vaya en contra de dicho pronunciamiento, por ejemplo, por haberse ejecutado un proyecto diferente al declarado.

Agregó que en el presente caso lo que la recurrente describe como una vulneración a sus derechos, se refiere a la supuesta inactividad de la SMA en la tramitación de una denuncia. Sin embargo, tal como se ha dado cuenta en el presente informe, dicha omisión no es tal, en la medida en que la Superintendencia sí ha dado curso a la denuncia, desarrollando diligencias, algunas de las cuales se encuentran pendientes de ser concluidas.

Lo anterior lleva a la conclusión inevitable de que la vía constitucional no es la instancia para que una pretensión como la planteada sea resuelta. La propia naturaleza del recurso de protección, el cual no cuenta con un contradictorio ni un período de prueba, no permitiría resolver la materia de manera adecuada, ponderando todos los aspectos técnicos que deben ser considerados. Esta es la razón por la cual el recurso de protección requiere que se trate de derechos indubitados y no hechos que, como sucede en este caso, requieren ser objeto de una investigación previa.

Finalmente señaló que conforme lo que ha sido expuesto en el presente informe, el recurso de protección deducido por la Ilte. Municipalidad de Pitrufquén debe ser rechazado por no existir ninguna acción u omisión, arbitraria o ilegal, que pueda ser imputada a este Servicio, la cual pudiera haber afectado los derechos constitucionales de la recurrente. Los hechos objeto de la denuncia ID 113-IX-2020 se encuentran siendo investigados por la SMA. La denuncia ha dado pie a la realización de una actividad de fiscalización ambiental en terreno y dos requerimientos de información, los cuales se encuentran pendientes de ser respondidos. En base a dichas diligencias y al resto de los antecedentes que puedan ser reunidos en la investigación, la Superintendencia emitirá un pronunciamiento fundado respecto de la denuncia interpuesta. El recurso de protección no es la vía para que dicha investigación se lleve adelante, ya que no existe en este caso derechos indubitados que puedan ser reclamados por la recurrente. La vía idónea para la resolución de la denuncia es la establecida en la LOSMA y en la Ley N°20.417, que regulan a la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, respectivamente. Por ello pide, se rechace el presente recurso, con costas.

Acompañó al informe los siguientes documentos:

Acta de Inspección Ambiental de fecha 4 de diciembre de 2020. Of. Ord. ORA N°298/2020, de fecha 1 de diciembre de 2020 y Of. Ord. ORA N°345/2020, de fecha 18 de diciembre de 2020.

A folio 14 la recurrida además acompañó los siguientes documentos: Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2021-481-IX-SRCA; Acta de Inspección SMA de fecha 04 de diciembre del 2020; Denuncia ingresada a la SMA con código ID 113-IX-2020; R.E. N° 507 del SEA, de fecha 15 de noviembre de 2019; Respuesta del titular de fecha 24 de diciembre de 2020; Ord. OAR N° 170/21 remite antecedentes a Seremi Salud y Solicitud de pertinencia CGE SA proyecto “Ampliación Subestación Eléctrica Pitrufquén.

Se trajeron los autos en relación, disponiéndose la agregación extraordinaria de la causa y procediéndose a su vista.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que esta acción constitucional cautela el legítimo ejercicio los derechos fundamentales expresamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, ante vulneración que sea consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario efectuadas por autoridades o particulares, siendo presupuestos de procedencia los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho especialmente protegido en la disposición constitucional señalada.

Como brota de lo dicho, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que cautele de manera efectiva los efectos perniciosos de esa acción u omisión.

SEGUNDO: Que en estos autos la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, ha interpuesto recurso de protección contra de la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE, haciendo consistir su arbitrio constitucional imputando a la recurrida la omisión a dar curso a la denuncia formulada con fecha 27 de agosto de 2020 por infracción al artículo 11 bis de la Ley 19.300 y que a la fecha de interposición del presente recurso, la recurrida no ha acusado recibo y no se ha pronunciado en ningún aspecto de la sustanciación de tal denuncia, ni se contienen antecedentes de que algún funcionario de la SMA se haya apersonado al sector para verificar el estado obra, señalando que tal omisión arbitraria e ilegal afecta las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los vecinos del sector, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, señaladas en el artículo 19 N° 1, 2 y 8 de la Constitución Política de la República, solicitando que la recurrida se pronuncie en el más breve plazo posible en relación a la presentación por infracción a la ley ambiental, por elusión de ingreso al SEIA, impetrada con fecha 27 de agosto de 2020 y que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a la recurrida, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con costas.

TERCERO: Que de los antecedentes aportados al proceso aparece que la recurrida efectivamente dio curso a la denuncia formulada, conforme da cuenta Ordinario N° 2981/2020 de 1 de diciembre de 2020, mediante el cual comunicó a la recurrente la recepción de la denuncia, siendo incorporada al sistema con el ID 113 – IX – 2020, indicándole además que se encuentra en estudio a fin de recabar mayor información, efectuando visita a terreno según da cuenta el Acta de Inspección Ambiental de 4 de diciembre de 2020 y requiriendo de información a la recurrida conforme Ordinario N° 345/2020 de 18 de diciembre de 2020.

CUARTO: Que en estas circunstancias, es posible verificar que los actos reclamados no subsisten actualmente y en concordancia con lo razonado en el fundamento primero, no es posible acoger el recurso, toda vez que al subsanarse el acto que configuraría la acción u omisión reclamada, no existen medidas cautelares que adoptar en resguardo de las garantías fundamentales que se reclaman infringidas, teniendo especialmente presente que la adopción de dichas cautelas de urgencia es la única función del presente arbitrio constitucional, en atención a la naturaleza de esta acción, no constituyendo una instancia de declaración de derechos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, representada por don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE, representada por don Cristóbal de la Maza Guzmán, todos ya individualizados.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra Suplente señora María Cristina De La Cruz Arriagada Protección-10863-2020. (fcv)