nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 30 de octubre del año 2020, comparece doña nombre reservado, abogada, con domicilio profesional en domicilio reservado, comuna y ciudad de Temuco, en la representación de doña nombre reservado, profesora, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y de su mismo domicilio para estos efectos, quien interpone Acción de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, RUT N° RUT reservado, representada por su agente en oficina de Temuco ubicada en domicilio reservado de la ciudad de Temuco don nombre reservado, del cual ignora profesión u oficio, o quien haga las veces de tal, le reemplace o le suceda, y su Gerente General don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, domiciliado en domicilio reservado; a fin de que se adopten las medidas para la cautela del legítimo ejercicio de los derechos de los numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Funda el recurso en que su representada se encuentra afiliada en la Caja de Compensación La Araucana. Señala que con fecha 10 de septiembre de 2009, luego de muchos años sobre la existencia o no de la exigibilidad de la deuda, doña nombre reservado suscribió como supuesta fiadora y codeudora solidaria de un crédito otorgado a doña nombre reservado, RUN RUT reservado, para con la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, pagaré que sería por un monto de dinero ascendiente a la suma de $4.662.471.- (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS), que sería aparentemente pagadero en 60 cuotas por la suma de $128.471.- (ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y un pesos) principiando la primera de ellas el 31 de octubre de 2009 y la última sería el 31 de noviembre de 2014. Refiere que su representada actualmente se desempeña como profesora de castellano en la Corporación Educacional Monterrey, RUT RUT reservado, y se ha encontrado bajo su subordinación y dependencia desde el año 2000 hasta el año 2010, para luego retornar desde el año 2013 hasta el día de hoy.

Así, al transcurrir los años y sin sobresaltos, jamás supo sobre su existencia, vigencia o exigibilidad, en los más de 10 años desde la suscripción del referido pagaré, hasta el 30 de septiembre de 2020, fecha en que fue pagada la remuneración correspondiente a dicho mes percatándose que se le realizó un descuento por la suma de $128.471.-(ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y un pesos), por concepto de “C.C.A.F.”, según liquidación de remuneraciones que se acompaña. Refiere que su representada jamás fue informada, ni requerida judicialmente por la recurrida sobre este descuento por planilla, y que hasta dicha fecha nunca se había realizado, consultó a su empleador, quien sin cuestionar la exigencia que se le imponía por la Caja de Compensación, procedió a descontar el crédito que como se ha señalado, data de hace más de 10 años. De esta forma, la recurrida solo se funda en que la deudora principal no ha cumplido supuestamente con el pago de las cuotas pactadas, y que de conformidad a las normas que regulan las actividades de las Cajas de Compensación, Ley número N° 18.833 de 1989, le serían descontadas por planillas de sus respectivas remuneraciones, cuotas ascendientes a la suma de $128.471.- (ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y un pesos), lo que torna en un acto absolutamente ilegal y arbitrario hacia mi representada.

Habida consideración del supuesto no pago de las cuotas pactadas, y ante lo incierto de la situación, refiere que se revisó el sistema de búsqueda en la página del poder judicial para saber si de alguna forma se podría obtener más información respecto a esta supuesta deuda. Así, se encuentra con la causa Rol C-2872-2011 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, caratulado “nombre reservado/nombre reservado” que al parecer trataba de un intento de requerir judicialmente a la deudora principal. Como la causa se encontraba archivada judicialmente, se obtuvo copia a través de Archivero Judicial entregadas, fechada el 29 de octubre de 2020, y en él consta un supuesto pagaré suscrito que nunca tuvo en manos de su representada. Consta además que se substanció una preparación de la vía ejecutiva de notificación de protesto de pagaré en contra de doña nombre reservado, presentada por la recurrida de fecha 03-05-2011, con una resolución de fecha 10-05-2011, luego archivada por retardada el 25-11-2011, sin haber sido siquiera notificada a deudora principal y sin movimientos posteriores. Es por ello y frente a la certeza de que la acción se encuentra totalmente prescrita, presentó acción de prescripción en contra de la recurrida, que se substancia ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, causa rol C-5134-2020. El monto al cual asciende la cuota que fue descontada a su representada, según liquidación de remuneraciones, es de $128.471.- (ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y un pesos), siendo entonces la misma suma en que consta la copia de pagaré de la causa en referencia.

Refiere que como se intentó un requerimiento judicial por la recurrida en contra de la deudora principal doña nombre reservado, la misma jamás fue notificada, y menos entonces a su representada como una supuesta fiadora y codeudora solidaria, como para justificar de alguna manera estos cobros ilegales y arbitrarios, que se comenzaron a hacer respecto a su representada, sin mediar aviso alguno a la recurrente.

En estas circunstancias, señala que el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, derecho amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho. Por su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso primer del Código del Trabajo, el fundamento de las remuneraciones son las prestaciones a que se obliga el trabajador, siendo su retribución un derecho de crédito de este, respecto del empleador como contratante. Citando lo que dispone las normas contenidas en el Código Civil, señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 578 de dicho cuerpo legal, son derechos personales o de crédito que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído la obligación correlativa. El artículo 583 del código Civil, por su parte, establece que, sobre las cosas incorporales o créditos, hay también una especie de propiedad y esta propiedad, sobre las cosas incorporales, se encuentra tutelada constitucionalmente en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado, en cuanto protege la propiedad en sus diversas especies. Este derecho de propiedad sobre cosas incorporales, ha sido lesionado de forma arbitraria e ilegal por el actuar de la recurrida, al ejercer de forma antojadiza y sorpresiva una facultad legal, respecto de una obligación que es en rigor procesalmente exigible por la vía jurisdiccional, y que la ha abandonado- y de hecho ni siquiera iniciado - por su propia negligencia.

Manifiesta que se vulneran derechos constitucionales de su representada, que es el contenido en el artículo 19 número 24, la ilegalidad y arbitrariedad queda evidenciada por un actuar al margen de la Ley y de la Constitución, desprovisto de razón y objetividad en la toma de una decisión, ya que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, ha ejercido y revivido al margen de la ley y la Constitución, una prerrogativa legal, manifestándose esta ilegalidad desde el momento que prescinde de la jurisdicción estatal a la que ella misma recurrió o intentó recurrir para el cobro de su acreencia; y, a causa de su desidia y pereza en el procedimiento de cobro ejercido en contra de la deudora principal, de manera antojadiza y sorpresiva, ejerce la facultad legal para obtener el cobro de una obligación a mi representada, premuniéndose falsamente en lo establecido en el art. 22 de la Ley 18.833 , quien en la especie procede a exigir el descuento por planillas, de una cantidad de dinero de las remuneraciones de la recurrente, sin que ésta pudiese hacer frente a ello por falta de comunicación como si se tratase de obligaciones imprescriptibles. Si ese hubiese sido el objeto – que dichas deudas sean imprescriptibles-, el legislador debió haberlo establecido expresamente, puesto que además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador, rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto el presente recurso de protección de garantías constitucionales, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, ya individualizada, declararlo admisible, ordenar informe a las recurridas y, en definitiva acogerlo, restableciendo el imperio del derecho, y ordene que se inhiba a la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA, de la posibilidad de ejercer descuento de las remuneraciones a mi representada doña nombre reservado, ya individualizada, y ordenar la devolución de los descuentos que ha realizado en su liquidación de remuneraciones, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Acompaña Copia de última liquidación de sueldo de la recurrente; Copia íntegra de los autos C-2872-2011 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, caratulados C.C.A.A.F LA ARAUCANA CON nombre reservado, archivados el 25 de noviembre de 2011, y Certificado de afiliación de la recurrente a Caja de Compensación La Araucana.

A folio 15, con fecha 06 de diciembre del año 2020, compare doña Yasna Vukic Z., abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien evacua informe requerido, solicitando su rechazo.

Manifiesta que efectivamente la Sra. nombre reservado es codeudora solidaria de la Sra. nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, respecto del crédito social folio N° 092-000880157, otorgado el 10 de septiembre de 2009, por un monto nominal de $4.662.471 pesos, pactado en 60 cuotas mensuales cada una de $128.471 pesos, mientras trabajaban en la Corporación Educacional Monterrey, RUT N° RUT reservadoCrédito del que la Sra. nombre reservado sólo pago 8 cuotas, mediante descuentos en su liquidación, no recibiendo más descuentos por dicho concepto, razón por la que el 03 de mayo de 2011, se presentó en su contra la respectiva gestión preparatoria de notificación de pagaré, que indica la recurrente, esto es, causa Rol N°C-2872-2011, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Tercer Juzgado Civil de Temuco. Gestión que su parte no pudo notificar por no ser habida. Agrega que la Sra. nombre reservado, posteriormente comenzó a efectuar abonos por caja que se iban imputando al valor cuota, alcanzando así a efectuar 9 abonos que sirvieron para el pago de las cuotas N° 9 y N° 10, pero debido a que no cumplía regularmente con el pago de las cuotas del crédito y que la Sra. nombre reservado se encontraba trabajando en una empresa afiliada a esta Caja es que conforme lo dispuesto en los artículos 1511 inciso 2° y 1514 del Código Civil se derivaron las gestiones de descuento respecto de ella, dada su condición de codeudora solidaria, lo que consta en el pagaré adjuntado por la recurrente en la causa citada precedentemente. Descuento que se hizo efectivo en septiembre de 2020, al remesarse a la Caja la suma de $128.471 pesos.

Por otra parte, en cuando a la validez y exigibilidad de la presente obligación, indica que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación. Lo anterior, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores. Además, tiene presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”. En consecuencia, los descuentos aplicados en su remuneración tienen asidero en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, artículo 58 del Código del Trabajo y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. A mayor abundamiento, da cuenta del artículo 1.546 del Código Civil, donde es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia. Es así, que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada y declarada judicialmente, por lo que mientras no exista un pronunciamiento por parte de un tribunal competente, respecto a la prescripción emanada de la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo, la misma sigue siendo plenamente exigible, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para alegarla, puesto que la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer la recurrente.

En consecuencia, refiere que al haber interpuesto conforme lo expresa en su recurso la recurrente ante el Primer Juzgado Civil de Temuco una demanda ordinaria de prescripción extintiva en contra de La Araucana C.C.A.F, Rol N° C-5134-2020, ha demostrado que la vía idónea para alegar la prescripción es a través de los tribunales ordinarios de justicia al ser de lato conocimiento y no mediante está acción de protección. Por ende, mientras no opere la prescripción, la obligación sigue siendo exigible. Atendido todo lo expuesto precedentemente concluye que el descuento impetrado por su representada no constituye una actuación unilateral ilegal y arbitraria teniendo en consideración que es la propia recurrente quien ha interpuesto previo a esta acción la demanda ordinaria de prescripción extintiva, con lo cual la pretensión de la recurrente ya se encuentra actualmente judicializada en primera instancia. Argumento que comparte la Superintendencia de Seguridad Social conforme Ordinario N°26204 numeral 5° de fecha 22 de mayo de 2018, dando cuenta de jurisprudencia.

Finalmente, refiere que malamente pudo su representada, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales de la actora si en todo momento, ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal desde la esfera de dominio de la deudora ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley conforme la normativa señalada la que permite a la Caja solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración más aún al tratarse de una obligación solidaria, conforme lo dispone el artículo 1511 inciso 2° y 1514 ambos del Código Civil, solicitando tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto rechazar la acción de protección interpuesta por la abogada doña Elizabeth Manríquez en representación de doña nombre reservado, al haber interpuesto la respectiva demanda ordinaria de prescripción ante el Primer Juzgado Civil de Temuco.

Acompaña copia del Ordinario N°67989 de la Superintendencia de Seguridad Social, con citación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, habría procedido el descuento en forma ilegal o arbitraria de sus remuneraciones, solicitando se ordene a la recurrida a dejar sin efecto los descuentos en la remuneración de su representado a través del empleador, devolviendo a su representado la totalidad de los dineros descontados, con costas.

TERCERO: Que teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes, no es un hecho controvertido que efectivamente la recurrida ha procedido a efectuar descuentos desde el mes de septiembre del año 2020, con motivo su calidad de codeudora solidaria del préstamo respecto de un crédito otorgado a doña nombre reservado, el 10 de septiembre de 2009, tal como quedó acreditado con los documentos acompañados por la recurrente, y que fue reconocido por la recurrida.

CUARTO: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

QUINTO: Que, de esta forma, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que durante largos años dio señales de desinterés en perseguir su solución.

Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

SEXTO: Que, en los términos reseñados, esta Corte estima que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido, sin perjuicio de las acciones que deban ser dirigidas en orden a devolver el dinero señalado en autos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos que pudieren practicarse sobre la remuneración de la actora a requerimiento de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, debiendo ésta abstenerse de efectuar tales actos en lo futuro, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieren interponer las partes.

Redacción de la abogada integrante Sra. Alejandra Cid Droppelmann.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección-10780-2020. (fcv)