nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diez de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio N°1 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, y don nombre reservado.

LOS HECHOS Con fecha 14 de junio del presente año, al llegar de su jornada laboral, se encontraba en su hogar junto a dos de sus hijas, esperando la llegada de su madre, persona mayor de edad, quien reside con ella, la cual debido a su condición de salud se dializa tres veces por semana (lunes, miércoles, viernes). En este contexto cotidiano y familiar, le llega un mensaje de mensajería instantánea (WhatsApp) de una funcionaria del CESFAM, el cual contenía un mensaje de audio, el cual se había enviado en varias ocasiones, según lo que estipulaba la consigna del mismo.

Dicho mensaje contenía una grabación de voz de la transmisión directa de Radio Bío Bío Temuco, difundida por el recurrido y periodista de Radio Bío Bío, don nombre reservado, del presente día, en horario matutino, en donde se mencionaba que eran al menos cuatro las denuncias en su contra por acoso laboral y maltrato, donde la recurrida doña nombre reservado, habla y da testimonio que está cansada con esta situación y que el municipio los tiene silenciados y no responde a los reclamos.

Esta misma funcionaria, es decir, doña nombre reservado, se le había solicitado en el mes de febrero, un sumario administrativo, el cual nunca se llevó a cabo.

Luego de escuchar estos audios deja el celular en la mesa y se derrumba en el sillón, sus hijas notan su descompensación y escuchan el mensaje de audio, lloran de frustración, además de que esta grabación y transmisión de la radio ya se había difundido en el transcurso de todo el día, todo esto pasaba por su cabeza puesto que se vio imposibilitada e invalidada completamente en cuanto a su verdad, realidad y postura ante lo expuesto por esta funcionaria. En este transcurso llega su madre la cual le comenta que se descompensó en la diálisis, tuvo bajas de presión, ya que las funcionarias del centro de diálisis le comentaron haber oído, en la radio Bío Bío, comentarios negativos de su hija, y en su visión es totalmente injusto y lapidario.

Posteriormente su hija mayor la llama e informa que en el grupo de WhatsApp de los asociados de A.F.A.P.S estaban escribiendo y comentando esta situación, acusándola, invadiéndola gran frustración y tristeza por no poder hacer nada, y de presenciar ese nivel de injusticia y ensañamiento hacia su madre.

Esa noche fue una de las más difíciles de su vida, no pudo conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada, en el silencio de su habitación lo único que podía pensar era todo el daño psicológico que esto le iba a provocar a su núcleo familiar y el daño moral hacia su persona. Sentía frustración de no poder defenderse de todas las ofensas y calumnias que se le acusaban, lo expuesta que estaba ante la sociedad y no tan solo ella, sino toda su familia. Al día siguiente reunió las fuerzas para poder levantarse y realizar los trámites pertinentes ante todas esas injurias, tuvo que faltar ese día a su trabajo, por el hecho que no podía ni mantenerse de pie.

Al día siguiente, es decir, el 15 de junio de 2023, pudo tomar conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo y de la magnitud del daño que estaba recibiendo por parte de la recurrida. Lo más grave de esto es que su nombre y rostro habían sido publicados y difundidos por el recurrido don nombre reservado, junto a nombre reservado, los cuales a través de la página biobiochile.cl y quepasa araucanía, publicaron artículos con su nombre completo, información laboral, imagen de su rostro, sin que exista un pronunciamiento previo, una investigación o versión de ambas partes, acusándola derechamente de supuestos maltrato y acoso laboral por parte de algunas funcionarias del CESFAM de Labranza, de la comuna de Temuco, en especial de la recurrida.

Agrega que el daño provocado por los recurridos, en especial por quien emite y difunda dichas acusaciones infundadas, no solo vulnera su derecho a la honra e integridad, sino también a su grupo familiar, ya que muchos de estos miembros sabían que su propia hija se encontraba en aquel grupo y leería aquellos mensajes de represalia en su contra, manifestando su hija que se siente impotente y humillada.

No sabía en esos momentos cómo abordar la situación, todo lo sucedido se asemejó a una pesadilla, con la diferencia que esto estaba pasando realmente, estaba completamente en un estado de shock.

Agrega que, al enterarse de estas publicaciones, lo primero que sintió fue miedo ya que su rostro estaba difundido por todas partes con acusaciones falsas y graves, y temía del actuar de las personas, ya que hoy en día estamos en una sociedad que toma la justicia con sus manos, sentía pánico.

Ese día, a pesar de que como familia trataron de poder llevar una vida normal, lamentablemente no pudieron, ya que más de algún familiar recibió comentarios y preguntas sobre la situación publicada.

Los días siguientes siguió con el pánico y miedo a salir, como era fin de semana no se movió de su hogar. El domingo, antes de acostarse, le dio una crisis de ansiedad por cómo tendría que enfrentar el lunes su trabajo por los juicios sociales y comentarios.

Indica que el lunes 19 de junio la contactó vía WhatsApp el recurrido y periodista de la Radio Bío Bío, don nombre reservado, que ya había publicado dos artículos acusándola, le habló con el motivo de pedir su versión ante todo lo sucedido, donde todo el mundo ya la había tachado de maltratadora y acosadora, por lo que decide no responder al mensaje.

Así pasaron los días en donde recibió todo el apoyo de las dirigentes sociales de Labranza, usuarios y del 90% de los funcionarios del CESFAM, lo que la reconforta y tranquiliza.

Aun así, este tema todavía no está cerrado ya que no puede dormir tranquila, sabiendo que su nombre y rostro se encuentran manchados públicamente en las redes sociales e internet, donde cualquier persona que la busque encontrará estas acusaciones falsas y humillantes, un comentario de una publicación de quepasa araucanía, que particularmente llamó su atención fue el de ‘’canuta resentida’’, denotando su creencia religiosa y sintiéndose completamente discriminada.

Antecedentes generales relevantes 1.- Desde el 15 de junio del 2023, día en que toma real conocimiento de estas “funas”, en su contra, en especial las emitidas por las redes sociales, donde figura su nombre y rostro, ha sido víctima de una serie de actos de acosos, funas y amenazas a través de diversos portales de internet, así como a través de diversas redes sociales por parte de usuarios ya que la recurrida doña nombre reservado, se ha encargado constantemente a denostar su imagen pública, conductas moralmente reprochables, que le han causado grave perjuicio y menoscabo a su vida y a la de su familia.

El origen de estas falsas acusaciones en su contra se deben, principalmente, a problemas laborales con la recurrida al no acatar las funciones que le son impartidas, además de un sumario administrativo que le sería interpuesto por falta de probidad administrativa, ya que durante el tiempo en que se tomó licencia médica, ejercía funciones en su empresa particular, sin acatar o respetar los procedimientos que rigen las licencias médicas, además de no querer admitir responsabilidad en los hechos.

Debido a esto la recurrida se ha valido de todos los medios para iniciar un hostigamiento constante hacia ella, que ha afectado gravemente a su familia en especial a su madre, quien es una persona adulta mayor con diferentes enfermedades de base.

Adjunta pantallazos de publicaciones y comentarios efectuados por terceros.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS EN VIRTUD DE LA EXPOSICIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, EL CONTENIDO DIFAMATORIO DE LA PUBLICACION Y LA UTILIZACION DE SU IMAGEN SIN SU CONSENTIMIENTO.

1. La del articulo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, relativa al “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”

Es menester señalar que esta garantía constitucional ha sido amagada por las publicaciones de la recurrida al promover un enjuiciamiento público, a través de las redes sociales, sobre hechos donde no hay sentencia condenatoria firme, emanada de un tribunal de justicia correspondiente, que establezca alguna responsabilidad.

Así las cosas, en razón a que la recurrida ha difamado su nombre y a la vez ha provocado un daño irreparable a su grupo familiar, como también a su integridad física y psíquica, temiendo incluso salir a la calle y ser objeto de insultos en la vía pública, por parte de terceras personas, al realizar la recurrida acusaciones falsas, infundadas y difamatorias que han provocado que, amigos, compañeros de trabajo, empleadores, conocidos y cualquier persona que la conozca tenga acceso a su imagen.

En tal sentido y de acuerdo con las publicaciones que se han emitido en su contra, siente que he sido tratada como una persona agresiva y abusadora.

Los recurridos han vulnerado gravemente uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico; la presunción de inocencia, en virtud del mandato del artículo 5° inciso 2° de la Constitución, derecho que se incluyó en el artículo 4° del Código Procesal Penal, el cual dispone: "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme".

Este principio forma parte del derecho al debido proceso, tal como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, determinando que una persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho que forma parte del bloque constitucional de derechos consagrados, derecho que la recurrida ha vulnerado gravemente.

2. La del artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, relativa a “El respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”

Lo realizado por la recurrida, a través de sus diversas publicaciones, fue un acto ilegal y arbitrario que ha impedido que, desde el 15 de junio del 2023 a la fecha, pueda desarrollar una vida normal.

Estas publicaciones han afectado gravemente su honra, principalmente desde dos puntos de vista, objetivo y subjetivo.

Desde un punto de vista subjetivo porque, en definitiva, las diversas publicaciones han afectado su autoestima al verse expuesta a funas permanentes que tienen un único objeto destruir su imagen y la apreciación que pueda tener la sociedad. Asimismo, dichas publicaciones han afectado su vida privada, en cuanto se utiliza su imagen sin su consentimiento, vinculándola hechos sobre los cuales no existe pronunciamiento de un tribunal de justicia.

Desde el punto de vista objetivo, las acusaciones y difamaciones mal intencionadas de la recurrida han afectado la apreciación que terceros pueden hacerse o tener de ella, lo que se demuestra en los comentarios de las publicaciones y la cantidad de interacciones que ha generado provocan o incitan a una apreciación negativa hacia la actora.

Es importante destacar, además, que todas las publicaciones compartidas en post e historias en la red social Facebook, Instagram, Whatsapp y medios de publicación electrónica, se han compartido en diversos medios y perfiles de terceras personas e incluso han sido publicadas en redes sociales, lo que ha tenido evidentemente un claro incremento en la opinión pública o, como comúnmente se dice, se está produciendo un efecto de bola de nieve que solo traerá consecuencias negativas y perjudiciales hacia su honra, su vida privada y la de su familia.

Los recurridos han pasado a llevar tres derechos fundamentales de la vida de toda persona.

a.

El derecho al respeto y protección a la vida privada b.

El derecho al respeto y protección a la vida pública c.

El derecho al respeto y protección a la honra.

El actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, ya que ha vulnerado gravemente sus derechos constitucionales.

La perturbación o amenaza a esta garantía está dada, concretamente, en este caso por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al momento de “funar” a través de las redes sociales.

Así las cosas, se puede desprender que ha sufrido perturbación, privación y amenaza a los derechos consagrados en el Nº4 del artículo 19 y por lo tanto se cumple a cabalidad el presupuesto de hecho para impetrar este recurso de protección.

3.- La del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, relativa a: “El derecho de propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” En este caso la perturbación al derecho, consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución, se encuentra en el uso ilegal y arbitrario de su imagen en las diversas publicaciones, lo cual constituye una vulneración al derecho incorporal que tiene sobre aquella, en consideración a que no se consultó ni prestó en ningún momento su consentimiento para que dicha publicación contuviera aquella imagen.

EL DERECHO El artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la Republica asegura a todas las personas, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, y por su parte se asegura a todas las personas, en su numeral 4ª, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.

Asimismo, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, señala que “el que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra la privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidas en el artículo 19 y el numerando que se señala, podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

FORMA EN QUE CONCURREN LOS REQUISITOS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

Es menester señalar que los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República, se cumplen a cabalidad respecto del presente recurso de protección, como veremos a continuación:

1. Plazo de interposición:

El artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, establece lo siguiente : “1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

El cuerpo normativo reseñado contempla un plazo fatal para interponer el recurso de protección, no obstante, esta parte considera que no se puede dejar de desconocer que los actos ilegales y arbitrarios denunciados en esta presentación constituyen una vulneración permanente para los derechos de su representada.

Si bien, la última funa contra la cual se recurre en esta presentación está dentro del plazo legal establecido, por ser hechos que ocurrieron el día 15 de junio del 2023, ella tuvo conocimientos de estos hechos el mismo día, es decir, el 15 de enero y la presentación de este recurso se realizó ese mismo día. Además, aquí se pretende el reconocimiento de permanencia en la vulneración, toda vez que cualquier persona que usando los motores de búsqueda de plataformas en Instagram, Facebook o redes sociales puedan llegar a distintos perfiles y espacios virtuales donde aparecen fotografías y comentarios ofensivos en su contra, que han provocado un menoscabo en su grupo familiar La actitud de los recurridos no constituye un hecho aislado, sino una sucesión ininterrumpida de actos ilegales que agravian de tal forma, que estos actos se van renovando día a día y configuran un estado indivisible y antijurídico que perdura a la fecha de la interposición del presente recurso.

2. ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO:

Se ha logrado precisar que las publicaciones, ya identificadas en el desarrollo del recurso, además de la acreditación de estas a través de los documentos que se acompañan, permite demostrar la existencia del acto.

Su ilegalidad y arbitrariedad se encuentran fundadas en que se vulneran, como se señalará específicamente en el punto siguiente, los derechos consagrados en el artículo 19 número 1,4 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

3. PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN O AMENAZA EN EL LEGÍTIMO DERECHO Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19:

a. En el caso de la situación del articulo 19 número 1 de la Constitución:

Se ha perturbado en lo relativo a su integridad psíquica, dicha vulneración ha sido acreditada en términos a la afectación específica a su dignidad como persona y la aflicción que esto le produce, siendo expuesta a un prejuzgamiento público y masivo, lo cual ha generado graves consecuencias a nivel familiar, social, laboral.

Respecto del artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la Republica: Se ha vulnerado o perturbado su derecho a la honra, ya que la recurrida ha difamado públicamente su nombre haciendo alusión a descalificativos graves tratándome derechamente como una persona agresiva y abusadora, de esta manera se ha destruido su imagen pública.

b. Se ha perturbado su derecho a la vida privada, en atención a que además de haberse publicado difamaciones graves en su contra, se publicó en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp y medios de publicación electrónica y en el cual tienen acceso todas las personas, sin su consentimiento.

c. Hay que señalar que las diversas publicaciones en las redes sociales, además de perturbar su vida y la de su familia, han menoscabado su integridad como persona, ya que publican su nombre, en las redes sociales donde cientos de personas tienen acceso.

Pide ordenar la eliminación de la publicaciones y comentarios que mantengan en su contra en la red social Facebook, Instagram, Whatsapp y medios de publicación electrónica, por parte de la recurrida en un plazo prudente señalado por esta Corte, y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor de la que motivó el presente recurso de protección, en las redes sociales mencionadas, además de disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Acompañó copias de los siguientes documentos: 1.- Impresión de pantalla en formato PDF (figura 1) que contiene publicación Instagram QPA, quepasa araucanía, donde se publica que directora es acusada de maltrato y acoso laboral; 2.- Figura 2: publicación Instagram QPA, sobre comunicado de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Temuco, respaldando a las denunciantes de supuestos casos de maltrato y acoso laboral contra la directora del CESFAM de Labranza; 3.- Impresión de pantalla en formato PDF Figura 3: publicación biobiochile.cl donde se señalan que funcionarios del Cesfam de Labranza denuncian acoso y maltrato laboral de Directora del recinto; 4.- Impresión de pantalla en formato PDF Figura 4: publicación Facebook, perteneciente a radio Bío Bío, donde se señalan que Funcionarios del Cesfam de Labranza denuncian acoso y maltrato laboral de la Directora del recinto; 5.- Impresión de pantalla en formato PDF Figura 5. publicación Twitter, emitida por el Alcalde de Temuco, Roberto Neira, frente a los hechos sucedidos.

A folio N°16 evacua informe el recurrido nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

Expone que el presente recurso de protección adolece de falta de legitimación pasiva en contra de su representado, toda vez que, si bien él fue el redactor y encargado de las notas periodísticas, lo cierto es que estas fueron publicadas por Radio Bío Bío, en su página web, por lo que, en el improbable caso de acogerse el recurso no es mi representado quien pueda cumplir con la eliminación de la publicación, como es solicitado.

Este solo hecho ya es motivo suficiente para rechazar el recurso de protección en lo que a mi representado concierne.

EN CUANTO A LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA EL RECURSO:

El recurso deducido en contra de su representada se funda en dos notas de la Radio Bío Bío, publicadas el 15 de junio de 2023 en el sitio web www.biobiochile.cl el que se encuentran en los siguientes enlaces: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la- raucania/2023/06/15/funcionarios-del-cesfam-de-labranza-denuncian-acoso-y-maltrato-laboral-de-directora-del-recinto.shtml y https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2023/06/15/municipalidad-de-temuco-confirma-sumario-a-directora-de-cesfam-de-labranza-acusada-de-acoso-laboral.shtml Dichas notas hacen referencia a la recurrente de autos, en el marco de una noticia por denuncia de acoso y mal trato laboral al interior de un recinto público, CESFAM de Labranza, de parte de su directora hacia sus trabajadores, información que fue entregada por una de las funcionarias denunciantes y confirmada por el propio alcalde de Temuco, quien indicó que se instruirían los sumarios correspondientes.

Por lo demás, cabe hacer presente que la denuncia por acoso laboral a la que se refiere la nota es aquella tramitada bajo el rit T-156-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

De esta forma, debemos destacar que los hechos que aborda la publicación materia de estos autos, trata de antecedentes que son públicos, por lo que mal puede plantearse que su representado imputa estos hechos a la recurrente o bien los da a conocer de forma irresponsable.

Ahora bien, la publicación en cuestión se refiere directamente a la recurrente, sin embargo, al tratar sobre hechos de carácter grave, que involucraban a la actora, fueron periodística y legalmente procedentes los términos en que la Sra. nombre reservado fue mencionada en la nota.

Pero lo que es especialmente relevante, es que en parte alguna de la publicación es su representado el que imputa la conducta de acoso a la actora, sino que se limita a informar sobre procesos en que la actora se ve involucrada. En ambas notas se entregó información de público conocimiento, así como la declaración de una de las denunciantes y del propio Alcalde de Temuco, excluyéndose cualquier capricho o arbitrariedad por parte de mi representado.

En este sentido, jamás se hizo respecto de la recurrente imputación alguna. La publicación que se cuestiona, no contiene ninguna expresión directa ni indirecta que pueda estimarse injuriosa o calumniosa respecto de la recurrente.

Se trata entonces de un hecho objetivo, del cual no se encuentra prohibido informar, y que no atribuye a la recurrente responsabilidad ni ningún tipo de participación. Es un hecho objetivo y categórico que la recurrente de autos se ha encontrado involucrada en las denuncias de acoso y malos tratos que se indican, sin embargo, cosa distinta es el resultado de la causa judicial o los sumarios que se instruyan, limitándose mi representado a informar de dicha circunstancia en los términos que consta en estos antecedentes lo que posteriormente fue publicado en la página web de la Radio Bío Bío, sin que pueda calificarse aquello como una afectación arbitraria o ilegal a alguna garantía constitucional del recurrente.

INEXISTENCIA DE UN ACTO ARBITRARIO O ILEGAL QUE HAYA VULNERADO LAS GARANTÍAS DEL RECURRENTE.

A) Inexistencia de un acto arbitrario o ilegal.

Dada la exposición de los hechos, es claro que la participación que su representada ha tenido en la publicación de la noticia cuestionada por la recurrente, no implica arbitrariedad ni ilegalidad alguna, toda vez que no es arbitrario ni ilegal publicar una nota periodística en los términos explicados, en que se ilustra respecto de hechos que son objetivamente ciertos y que tienen interés periodístico.

Por el contrario, el obrar de su representado se sustenta y desarrolla en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de emitir opinión e informar, derecho consagrado en el art. 19 N° 12 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. La conducta desplegada por el recurrido no sólo estuvo acorde a las normas legales y constitucionales, sino que también acorde a las normas éticas.

En efecto, y como se aprecia, su parte no hizo más que cumplir su labor periodística, informando de hechos que indiscutiblemente revisten interés público. No hizo más que recoger una información entregada por una de las denunciantes de los hechos, lo que posteriormente fue corroborado por el Alcalde de Temuco y que, por lo demás, consta en una causa judicial al efecto.

En este sentido, no se cometió arbitrariedad ni ilegalidad alguna al mencionar a la recurrente en el reportaje, toda vez que se trata de una persona que, aunque sea de modo involuntario, se ve involucrada en los hechos denunciados. La mención que en la noticia se hace a la recurrente, es en términos categóricamente respetuosos, dejando en claro que los hechos son parte de una denuncia.

Se debe agregar que la nota cuya publicación la recurrente rechaza, trata de un hecho noticioso sobre hechos graves y de interés público, que es el resultado de la reunión de antecedentes efectuada por un profesional, que forma parte de un medio informativo de prestigio.

El recurso de protección es una instancia urgente, y tiene como presupuesto base un acto ilegal, es decir, contrario a la ley, o bien arbitrario, es decir, cometido en virtud del mero capricho de quien incurre en él, situación que en la especie no se da.

No se ha cometido arbitrariedad alguna. Es un periodista que trabaja en un medio de comunicación social, serio y objetivo, que informó un hecho denunciado por una trabajadora del CESFAM de Labranza y corroborado por el propio Alcalde de Temuco, sumado a una denuncia por vulneración de derechos fundamentales laborales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. No es por capricho que se menciona a la recurrente, sino que, en su calidad de directora del CESFAM indicado.

Tampoco se ha cometido ilegalidad alguna. En todo su libelo, la recurrente no ha podido acreditar una sola infracción legal de mi representada. ¿Cuál sería la ilegalidad cometida? Lo que ocurre, en los hechos, es que la recurrente no está de acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, pero eso no transforma el actuar de su representado en ilegal.

Es así que las noticias emitidas se refieren a un hecho de interés público. La misma Ley de Prensa señala, en su artículo 30, que se considerarán como hechos de interés público lo referente al desempeño de funciones públicas, así como lo realizado en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real. Por lo tanto, malamente puede haber incurrido mi representado en un acto ilegal, toda vez que se limitó a informar un hecho que –se podría incluso decir– tiene la obligación de informar.

El hecho de haber mencionado a la recurrente o haber publicado una imagen de la directora del CESFAM aludido, tampoco torna el reportaje en arbitrario o ilegal, toda vez que ya se señalaron las razones que se tuvieron para ello.

El derecho a emitir información, sin censura previa, se encuentra consagrado, además de constitucionalmente, en diversas disposiciones legales y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es así que la Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, señala en su artículo 1° que: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.”

En el mismo sentido, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto San nombre reservado Rica, la que señala en su artículo 13 que: “1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a)

El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, b)

La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.’ De acuerdo a todo lo expresado, podemos afirmar, categóricamente, que su parte no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal.

B) Inexistencia de vulneración de garantías constitucionales del recurrente.

1.- De conformidad con lo expuesto y explicado en este informe, su representado no ha vulnerado garantía constitucional alguna de la recurrente, en especial ninguna de las tres garantías que, según su recurso, habrían resultado infringidas, pero todas por el mismo hecho, cual es el de afectar su honra, toda vez que, ha sido esa afectación a la honra la que ha vulnerado su integridad psíquica y el derecho de propiedad en la forma que lo indica, y en forma menos forzada, las disposiciones del artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental.

Podemos concluir entonces, que ha sido la afectación de la honra el fundamento único del presente recurso. Sobre el punto es merecido indicar que si la recurrente estima que estos hechos afectan su honra o prestigio, ninguna responsabilidad tiene en ello su representado, que se ha limitado a informar un asunto de interés público y en el ámbito de las funciones que desarrolla como periodista en un medio de comunicación social, basándose en la información de carácter público que se encuentra disponible, limitándose a citar declaraciones que son de responsabilidad de quien las emite, y que ningún caso revisten el carácter de ilegales o arbitrales.

2.- La Excma. Corte Suprema, en sentencia de 24.05.16, causa Rol 17.732-2.016, donde revoca sentencia de primera instancia que había acogido recurso de protección contra la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, establece que los actos públicos no pertenecen al ámbito de protección de la vida privada, son aquellas actuaciones externas que trascienden a quien las ejecuta, afectando el orden o la moral pública; causando daño a terceros; y aquellos que tengan relevancia pública en virtud del acto mismo o de la persona que lo ejecuta, cuya difusión satisfaga la función de formación de una opinión pública libre; o afectando al bien común". (Pauta para superar las tensiones entre los Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra e Vida Privada. nombre reservado.)

Dicha sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en su considerando sexto, agrega que: “… estamos en presencia de la develación de un hecho de relevancia pública, prevaleciendo en este caso la libertad de información por sobre el derecho al honor, en atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellos hechos y conductas de relevancia pública de la información, que está dada por la importancia o trascendencia pública de los hechos en sí. En consecuencia, la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en la causa del interés público, en la relevancia pública del asunto; precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre hechos delictuales cometidos al interior de un Centro Penitenciario y, además, la lesión del honor del recurrente no es producto de la información sino de la propia conducta del recurrente, la que puede producirle deshonra y descrédito. Así por lo demás lo ha resuelto esta Corte en los autos Roles N°s 37.505- 2016 y 803- 2016…”

La recurrente reclama la afectación de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, el cual consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Sin embargo, no da cuenta de ninguno de sus dichos, sino que se limita a indicar que ello le afecta a ella y a su familia.

Difícilmente su representado afecta la honra de la recurrente, toda vez que todo lo expuesto en la nota corresponde a información veraz, debidamente obtenida y corroborada por la autoridad, además de ser contenida en una causa de tutela laboral.

Acoger la solicitud planteada en estos autos, de eliminar las referencias a su persona, sería aceptar que, por el simple hecho de ser mencionada una persona en una nota periodística, en virtud de un hecho de relevancia pública, se está afectando la honra de la misma, lo que resulta absurdo e ilógico. La verdad es, y en esto somos categóricos, que malamente se puede vulnerar la honra de una persona al informar hechos que son objetivos.

Por último, la regla general, es la libertad de informar y la excepción es limitarla, por esa razón cuando el legislador ha querido establecer límites, lo ha hecho expresamente, no siendo este uno de esos casos.

En consecuencia, todos los argumentos presentados permiten concluir que el recurso de protección debe ser rechazado, por no cumplir los presupuestos mínimos para su procedencia.

EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA Por último, corresponde señalar que la presente acción no es la vía idónea prevista por el ordenamiento jurídico para dirimir este tipo de controversias. Como se sabe, el recurso de protección tiene por objeto cautelar situaciones en que se vean envueltos derechos indubitados, frente a actos ilegales o arbitrarios que los amenacen, perturben o priven.

En la especie, concurren un conjunto de situaciones de hecho que se hace necesario acreditar a través de un juicio de lato conocimiento, no bastando para ello las simples afirmaciones efectuadas por la recurrente en su libelo.

En tal sentido, la Ley de Prensa (Ley 19.773) prevé y otorga un conjunto de acciones para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación frente a injurias o calumnias que pudieren haber cometido (artículos 29 y siguientes), así como para obtener la aclaración o rectificación de una publicación (artículos 16 y siguientes), cuando ella ofende injustamente a una persona.

La anterior sería la vía idónea para que la recurrente pueda aclarar su situación y, eventualmente, obtener alguna rectificación de las publicaciones que objeta, previo desarrollo del juicio respectivo y acreditación de sus acusaciones.

A folio N°21 evacua informe la recurrida nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

1. Que según describe la propia recurrente, esta toma conocimiento de los supuestos actos vulneratorios con fecha 14 de junio de 2023 por medio de audios de mensajes de “WhatsApp” correspondientes a una nota de prensa de Radio Bío Bío, donde su representada indicaría “que está cansada con esta situación y que el municipio los tiene silenciados y no responde a los reclamos”.

2. Así las cosas, habiendo transcurrido más de 30 días corridos desde la fecha en que toma conocimiento de los hechos alegados como vulneratorios y la fecha de la presentación del recurso de protección, y según lo prescrito en el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales el que establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” Es que en virtud de lo señalado la acción de protección en comento se encontraría caduca, debiendo ser rechazada.

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

1. Que el recurso de protección carece de hechos que liguen a su representada con las situaciones supuestamente vulneratorias de garantías constitucionales, ya que las supuestas publicaciones no fueron realizadas por su representada y que el único hecho indicado en el recurso, donde existe alusión a la participación de su representada, es la nota de prensa de Radio Bío Bío, donde se señala por parte de doña nombre reservado “que está cansada con esta situación y que el municipio los tiene silenciados y no responde a los reclamos” y que, como ya se indicó en el punto anterior, han transcurrido más de 30 días corridos desde que la actora tomo conocimiento del hecho y la presentación del recurso de protección.

2. Que al no existir relación alguna entre los hechos denunciados como vulneratorios y su representada, es que carece de la legitimación pasiva de la acción incoada.

3. Finamente, en el improbable caso que acogiera el recurso, ella no podría eliminar las supuestas publicaciones vulneratorias ya que ninguna es de su autoría.

4. Por lo expuesto el recurso debe ser rechazado ya que doña nombre reservado carece de legitimación pasiva, debiendo ser presentado el recurso en contra de los autores de las publicaciones.

EN CUANTO A LOS HECHOS QUE SE FUNDA EL RECURSO Y LA INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD:

1. Que el recurso de protección presentado por doña nombre reservado se funda en un supuesto actuar ilegal y arbitrario realizado por su representada por existir dos publicaciones en redes sociales y sitios web de noticias, en las cuales se hace alusión a denuncias realizadas por funcionarios del Centro de Salud Familiar de Labranza, donde dan a conocer denuncias de acoso y maltrato laboral en dicho establecimiento de salud dependiente de la Municipalidad de Temuco.

2. Que dichas publicaciones afectarían supuestamente las garantías constitucionales de la recurrente, establecidas en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, afectando su integridad psíquica y física, y que además dichos hechos también afectarían la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°4, es decir, su derecho a la honra y finalmente su garantía establecía en el artículo 19 N° 24 su derecho de propiedad.

3. Que como ya se ha mencionado anteriormente, en el presente informe su representada no tiene participación alguna de las publicaciones, que no ha realizado declaración alguna en contra de la actora, que no es cierto que su representada esté realizando acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que puedan afectar las garantías constitucionales de doña nombre reservado, que si es dable señalar que existió una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Temuco y no en contra de doña nombre reservado, que dicha denuncia fue declarada no ha lugar por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por no existir indicios suficientemente graves de vulneración de derechos fundamentales por parte la Municipalidad de Temuco hacia su representada. Sin embargo, no se le condena en costas por haber tenido motivo plausible para litigar, no siendo una denuncia temeraria o infundada.

4. Cabe destacar que la acción antes dicha, no fue presentada en contra de nombre reservado, sino en contra del empleador de su representada, la Municipalidad de Temuco.

5. Que no ha realizado acción u omisión arbitraria e ilegal alguna que pueda afectar, perturbar o amenazar las garantías constitucionales de la recurrente, y tampoco ha realizado “funas” o publicaciones redes sociales o sitios web que puedan afectar la integridad física o psíquica, la honra, y menos el derecho de propiedad de doña nombre reservado.

6. Que no ha hecho uso de la imagen de doña nombre reservado, situación que además no consta en el relato y los documentos acompañados, no teniendo asidero alguno las alegaciones, que escuetamente trata de relacionar la recurrente, en contra su representada y que puedan significar una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

7. Finalmente, es necesario señalar que la acción de protección presentada no es la vía idónea prevista por el ordenamiento jurídico para dirimir este tipo de controversias. Como se sabe, el recurso de protección es una acción que tiene por objeto cautelar situaciones en donde existan vulneraciones de derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios que amenacen o perturben limiten el libre ejercicio de dichas garantías. En el caso de marras, concurren situaciones que se hace necesario acreditar mediante un juicio de lato conocimiento, en donde exista la posibilidad para que los involucrados puedan acreditar sus acusaciones, no bastando para ellos las afirmaciones realizadas por la recurrente en su recurso de protección.

A folio N°27 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quién, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El empleo de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista los caracteres de ilegal u arbitraria, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la extemporaneidad que se alega por la recurrida, esta será desestimada por cuanto de los antecedentes expuestos en el recurso, estaríamos frente a un actuar que genera efectos permanentes en la vida cotidiana de la actora, por lo que esta excepción será desestimada.

TERCERO: Que, la recurrente reclama haber sido vulnerada en su integridad psíquica, su honra y su derecho a la vida privada, a consecuencia de una noticia difundida por el recurrido, don nombre reservado, periodista de radio Bío Bío, en donde se informaba la existencia de denuncias por acoso laboral y maltrato, efectuadas por la recurrida nombre reservado, ocurridos en el Cesfam de Labranza. Afirma que dicha información fue publicada en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y medios de comunicación electrónica, a la cual tienen acceso todas las personas. Agrega que tal situación le trajo problemas de salud a ella y a su familia, toda vez que su nombre y rostro habían sido publicados y difundidos por el periodista, antes referido, a través de la página biobiochile.cl y quepasa araucania, estimando que constituyen una “funa” en su contra, que puede incitar a una apreciación negativa hacia su persona e incluso exponerla a agresiones por parte de terceros.

CUARTO: Que, solicita se ordene la eliminación de las publicaciones y comentarios que existen en su contra en las redes sociales referidas y medios de comunicación electrónica, en un plazo prudente, y que la recurrida se abstenga de realizar publicaciones del tenor que motivó el presente recurso de protección.

QUINTO: Que, informando el recurrido hace presente que los hechos que se abordan en la publicación materia de este recurso tratan de antecedentes que son públicos y que la información que se cuestiona no contiene ninguna expresión directa o indirecta que pueda estimarse injuriosa o calumniosa respecto de la recurrente. Agrega que el se limitó a informar de dichas circunstancias, lo que fue publicado en la página web de la radio Bío Bío, sin que pueda calificarse aquello como una actuación arbitraria o ilegal que vulnere las garantías constitucionales que señala la recurrente.

SEXTO: Que, esta Corte advierte que el obrar del recurrido se sustenta y desarrolla en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de omitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, garantía consagrada en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental. En el mismo sentido se contempla en el artículo 1 de la Ley 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo; y también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica.

SEPTIMO: Que, además, las noticias señaladas se refirieron a un hecho de interés público, entendido como lo referente al desempeño de funciones públicas o lo realizado en el ejercicio de una profesión u oficio, cuyo conocimiento tenga interés público real. Las circunstancias de haber señalado el nombre de la actora o haber publicado una imagen de la Directora del Cesfam aludido, no transforman al reportaje en arbitrario o ilegal, toda vez que se indicaron los motivos que se tuvieron para ello.

OCTAVO: Que, no apreciándose un acto ilegal o arbitrario por la parte de la recurrida, toda vez que su actuar se realizó en el marco de las garantías constitucionales y legales que cautelan el derecho de omitir opinión y de informar, se rechazará la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-10726-2023.(jog)