nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.
- Fecha
- 16 de febrero de 2022
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 10590-2021, sentencia de 16 de febrero de 2022
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena a la Caja cesar o abstenerse de requerir descuentos en las remuneraciones por un mutuo, al constatar que el acto es arbitrario y amenaza el derecho de propiedad del recurrente.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de febrero de dos mil veintidós.
VISTOS:
A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, quien interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ignora profesión u oficio, en su calidad de Gerente General, o por quien detente esta calidad al tiempo de notificarse esta acción, ambos con domicilio en domicilio reservado y en domicilio reservado.
Funda su recurso en que con fecha 1 de julio del año 2021 contrató como trabajador al abogado señor Cristian José Matamala Muñoz , en calidad de abogado revisor en dependencias del Oficio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón. Hasta la fecha el señor nombre reservado desempeña sus actividades en forma continua y percibiendo la remuneración correspondiente a su cargo, tal como se indica en el contrato de trabajo que se acompaña.
Indica que con posterioridad la incorporación del señor nombre reservado a la planta del personal del Conservador, se le comunicó por parte de la recurrida que se debía descontar de la remuneración mensual del trabajador unos montos correspondientes a dineros que estarían originados en un préstamo que el señor nombre reservado supuestamente adeudaba a la recurrida.
Expone que averiguado el punto en conversación con el mencionado trabajador éste señaló que ese descuento no correspondía pues la deuda se encontraba prescrita, toda vez que la reclamación de la Caja se produjo en el juicio ejecutivo ROL C-8472-2018 del 11° Juzgado Civil de Santiago que por sentencia de fecha 31 de julio del año 2020 acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el ejecutado, desestimó en todas sus partes la acción ejecutiva del demandante y condenó a la Caja en las costas de la causa.
Manifiesta que ante la imposibilidad de realizar el mencionado descuento de una deuda que se encuentra prescrita porque se incurriría en una ilegalidad, este empleador informó a la recurrida con fecha 1 de diciembre de 2021 mediante carta explicativa que cuenta con el timbre de recepción de la caja. A dicha carta se dio respuesta por parte de la recurrida con fecha 6 de diciembre del presente año firmada por la Gerencia de Cobranza de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. En la misiva de la Caja de Compensación se me amenaza personalmente sosteniendo que de no practicar la retención y entero a la Caja de los montos que ésta indica por el crédito prescrito, se pretende hacerlo personalmente responsable de la deuda extinta del trabajador.
Refiere que la amenaza de acciones legales en contra de este recurrente como empleador, tal como se expresa en la carta que se acompaña no tiene fundamento legal considerando lo resuelto por el 11° Juzgado Civil de Santiago y además deviene en arbitrario y carente de racionalidad el pretender compeler a este recurrente a una obligación extinta y que de manera antojadiza pretende amedrentar el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, bajo amenaza de demanda en caso de no cumplir con la obligación de pago a la Caja de Compensación.
Sostiene que dichos actos son ilegales y arbitrarios toda vez que los representantes de la Caja de Compensación actúan conscientes de no tener capacidad de cobrar, de mala fe, pretendiendo que se practiquen descuentos improcedentes y por esa vía retener lo pagado, con lo cual podrían luego ejercer una eventual excepción respecto de una obligación natural. El resultado es evidente, el empleado reclamaría que la retención es improcedente lo que desde el principio se conoce que lo es, y pediría la reincorporación de las cuotas en su contra de lo cual yo sería responsable por haber incurrido en un pago de lo no debido.
Estima que tales conductas perturba y amenaza la garantía fundamental del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrida pretende antojadizamente y sin fundamento de ningún tipo y so pena de ejercicio de acciones legales en contra del recurrente, que éste realice descuentos a las remuneraciones de un trabajador por concepto de créditos sociales cuya obligación se encuentra extinta mediante sentencia judicial. Este actuar de la recurrida implica una amenaza actual al legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, pues hace suponer que es probable o cuanto menos posible que en los próximos meses me sea notificada una demanda por la responsabilidad que me cabe al no dar cumplimiento a la exigencia legal, siendo que esta obligación se encuentra hace más de un año extinta.
Agrega que el recurso de protección en este caso no solo es el medio adecuado, sino además, el mecanismo necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, puesto que, como se explicó, la Caja de Compensación recurrida mediante un ejercicio ilegal y arbitrario pretende obligar a este recurrente a cometer también un acto ilegal con el objetivo de obtener el pago de la obligación contraída por su trabajador, obligación, como se ha reiterado, se encuentra prescrita, exponiéndolo y alterando su tranquilidad ante la amenaza de acciones legales en caso de incumplimiento.
Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se declare:
a. La recurrida incurrió en actos ilegales y arbitrarios que han tenido como consecuencia una perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad asegurado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24;
b. Que la Caja de Compensación de Los Andes deberá cesar o abstenerse de requerir o de compeler a practicar los descuentos a las remuneraciones por el “crédito social” o pagaré celebrado con ella por el trabajador don nombre reservado;
c. Se adopten todas o cualquiera de las providencias que esta Iltma. Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente;
d. Se condena en costas a la recurrida.
Acompaña a su recurso: 1. Copia simple de carta enviada por don nombre reservado a Caja de Compensación de los Andes recepcionada con fecha 01 de diciembre de 2021 según timbre de la institución; 2. Copia simple de respuesta enviada por la gerencia de la Caja de Compensación de los Andes a don nombre reservado, en la cual se le amenaza con acciones legales de fecha 6 de diciembre de 2021; 3. Copia de correo electrónico entre nombre reservado ejecutivo de la caja de compensación recurrida y nombre reservado en el cual se reconoce la prescripción de la deuda; 4. Contrato de trabajo de don nombre reservado; 5. Copia de sentencia en causa ROL C-8472-2018 del 11° Juzgado Civil de Santiago donde se declara la prescripción de la deuda del trabajador con la recurrida y la condena en costas de la misma.
A folio 8, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de la recurrida Caja de Compensación Familiar de los Andes, quien evacúa informe.
Expone que con fecha 03 de junio 2014, otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código 02405339288 por un capital inicial de $4.975.761.-, a una tasa de Interés de 1.89%, pagadero en un plazo de 55 meses, con una cuota mensual de $265.617., cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de julio 2014. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en mora, manteniendo las cuotas de los meses de agosto 2017 a enero 2019, cuotas N° 38 a la N° 55 en estado moroso.
Indica que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.
Manifiesta que su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Por ende mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.
Sostiene que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde diciembre de 2021. En estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.
Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria, el requerimiento efectuado por la recurrida, a fin que el recurrente, en su calidad de empleador, efectúe el descuento de las remuneraciones del trabajador lo adeudado por concepto de un mutuo o crédito social a la recurrida.
TERCERO: Que, valorados los antecedentes probatorios acompañados en estos autos, conforme a las reglas de la sana crítica, es posible arribar a las siguientes conclusiones:
1. Con fecha 1 de julio de 2021, el recurrente celebró un contrato de trabajo con don Cristian José Matamala Muñoz.
2. Con fecha 2 de noviembre de 2021 el recurrente envió una misiva a la recurrida haciendo presente que respecto de la solicitud de efectuar el descuento de una deuda cuya acción ejecutiva se declaró prescrita por sentencia ejecutoriada del 11° Juzgado Civil de Santiago, por lo que dicha institución encuentra impedida de compeler al pago de la deuda por lo que no efectuará descuento en los emolumentos, limitándose a comunicar su requerimiento al trabajador para que éste actúe según en derecho corresponda.
3. Que dicha misiva fue respondida con fecha 6 de diciembre de 2021, en que se indica que de no realizar el descuento de la cuota correspondiente o su descuento y no pago, implica un incumplimiento de obligaciones financieras que genera intereses moratorios diarios y gastos de cobranza y el inicio de las acciones de cobranza extrajudicial y judicial para su empresa.
4. Que en virtud de sentencia definitiva de fecha 31 de julio de 2021, el 11° Juzgado Civil de Santiago acogió la excepción de prescripción opuesta por la parte ejecutada, declarando la prescripción extintiva de las cuotas vencidas entre el 31 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2019, ambas inclusivas, con costas.
CUARTO: Que, en relación a la facultad de cobro de los denominados créditos sociales, cabe señalar que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que establece el estatuto legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.
QUINTO: Que, de esta forma, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que durante largos años dio señales de desinterés en perseguir su solución, especialmente cuando optó por el ejercicio de una acción ejecutiva, en que se declaró la prescripción de la misma. Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través del requerimiento formulado al empleador deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios. En ese mismo sentido, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 78916-2021 sostuvo: “Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.”
SEXTO: Que, en los términos reseñados, esta Corte estima que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, amenaza el derecho de propiedad de la recurrente, al comunicar formalmente por misiva de 6 de diciembre de 2021 el ejercicio de acciones judiciales para el cobro ante la negativa del recurrente, en su calidad de empleador, de efectuar los descuentos en las remuneraciones del trabajador en cuestión, por lo que el recurso será acogido, no obstante que si bien la recurrida ha señalado el cese definitivo de los descuentos del crédito, dicha declaración no obsta a que en lo sucesivo pueda volver a solicitar a éste u otro empleador del trabajador en cuestión el descuento al que se ha negado el recurrente, por lo que se desestimará dicha defensa.
Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, solo en cuanto se ordena que la recurrida deberá cesar o abstenerse de requerir o de compeler a practicar los descuentos a las remuneraciones por el mutuo, crédito social o pagaré celebrado con ella por el trabajador don nombre reservado.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redactada por el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.
Rol N° Protección-10590-2021.(jog)