Protección contra INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, quince de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDERO, RUT N° RUT reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, jubilada, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, Región de la ARAUCANÍA; de don nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM001, camionero; de doña nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM002 dueña de casa; doña nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM003, repostera; doña nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM004, secretaria; CONSUELO, Cédula de identidad N°NUM005, se ignora profesión u oficio; don nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM006, camionero; doña nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM007, empleada; don nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM008, independiente; don nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM009, chófer profesional; y doña nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM010, labores de hogar; todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, R.U.T. N° RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado

nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, con motivo de la realización de actos de disposición sobre un inmueble que es de propiedad de la recurrente, vulnerando el derecho fundamental a la propiedad consagrado en nuestra constitución en el artículo 19 N°24 y efectuando actos de autotutela, proscritos por el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 19 N° 3, inc. 5, de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso en que la recurrente, es dueña, junto con los demás integrantes de la sucesión quedada al fallecimiento de don nombre reservado, Cédula de identidad N°NUM011, fallecido el 28 de Marzo de 1962 y de su cónyuge doña nombre reservado Cédula de identidad N°NUM012, fallecida el 06 de enero de 2001, del inmueble ubicado en domicilio reservado, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. El inmueble tiene una superficie de 3 hectáreas y sus deslindes generales son: Norte, río Trancura; Oriente, Sucesión Andrés Castillo; Sur, Antonio Palquito; Poniente nombre reservado, inmueble inscrito a fojas 233, número 459 del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, inscripción especial de herencia que se encuentra vigente. Señala que la Familia Larenas adquiere el dominio de este inmueble por compraventa hecha por el padre de familia don nombre reservado el año 1957, la cual rola inscrita a fojas 22, número 27 del Registro de Propiedad del año 1957 del Conservador de Bienes Raíces de Loncoche y que fue re- inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 609, número 1.187 del registro de Propiedad del año 2013, todos títulos de dominio.

Manifiesta que con fecha 02 de diciembre de 2021, la recurrente doña nombre reservado se percata que alguien ingresó a la propiedad ya individualizada precedentemente de la cual ella es comunera junto con sus hermanos, la propiedad tiene una superficie de 3 hectáreas, y se encuentra ubicada en sector Quelhue, comuna de Pucón, adjuntando plano archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón más fotografía o vista, del sector marcando su ubicación. Asevera que terceros ingresaron al inmueble y dejaron un container de color amarillo de aproximadamente 3 metros de ancho, 3 metros de alto y 8 metros de largo. Para poder dejar el contenedor en ese lugar, antes procedieron a cortar árboles familiares que estaban plantados en el inmueble, tratándose éstos además de árboles nativos, entre estos cortaron maquis, pinos, boldos y arrayanes, además de otro tipo de árboles, con intención de limpiar el espacio donde posicionaron el container, posicionándolo a la orilla del cerco que da al camino por donde se llega al predio, pues el inmueble se encuentra al costado de camino publico ex balsa Quelhue.

Además en las fotos se pueden ver las huellas de maquinaria que entró al terreno y la limpieza para poder posicionar el contenedor en ese lugar, apreciándose en las fotos el corte de árboles tanto a raíz de suelo como corte de ramas en altura, quedando una especie de hoyo sin vegetación, notándose de sobremanera la intervención de terceros en el inmueble pues puede apreciarse que por el resto del camino la vegetación sigue igual de frondosa, además es notorio que se derribó el cerco y se construyó uno nuevo dejando un amplio espacio (2 vehículos) sin cercar que deja libre acceso a cualquier persona que desee ingresar al predio, incluso pudiendo hacerlo con automóvil o una camioneta. Es conocido el robo o hurto de leña en el sector y al dejar el predio abierto, tal como se ha realizado, exponen los bienes de sus representados a tales peligros.

Además, refiere que destruyeron el antiguo cerco, de la propiedad, que estaba en el lugar y procedieron a construir un nuevo cerco, el cual va desde el predio vecino hasta el container, dejando un paso hacia el interior del sitio. Estos actos debieron ser realizados por maquinaria que ingresó al inmueble efectuando las acciones descritas, a decir; cortar árboles, trasladar el contenedor hasta el interior del terreno y depositar en él los materiales para construir un nuevo cercado.

Manifiesta que los hechos perturban, amenazan o afectan el derecho de propiedad, pues afectan la facultad de disposición sobre el inmueble. En este caso en particular se afecta la facultad de disposición por actos físicos realizados por un tercero que carece de título alguno para disponer sobre el inmueble de la recurrente. Esta afectación al derecho de propiedad es material, pues los recurridos ingresan al predio sin autorización de sus propietarios, pues es conocido por las personas de la zona, que este terreno pertenece a la sucesión, se cortan árboles, se limpia el espacio físico donde posteriormente se posiciona un container, objeto que es introducido al terreno. Cabe mencionar, si todo lo anterior, no fuera suficiente, se procede a construir un nuevo cercado dejando un paso hacia el interior del terreno lo que provoca no sólo una afectación al derecho de propiedad sino una amenaza latente pudiendo ingresar al predio cualquier persona, en circunstancias de que los titulares del dominio cercaron como corresponde el predio, sin tener terceros derecho alguno de hacer un nuevo cercado o disponer respecto a cómo usar ese espacio determinado del terreno, el cual estaba destinado a tener árboles pues así lo dispusieron sus dueños, afirmando que existe un fundado temor de que la inmobiliaria recurrida siga disponiendo del terreno, sin ninguna autorización de sus propietarios, continúe así, afectando y amenazando el derecho de propiedad de su representada de forma tal de seguir interviniendo. A través de las imágenes acompañadas, queda en evidencia la afectación causada en terreno. Por lo anterior existe temor por parte de la recurrente de que se proceda a continuar el corte de árboles, la generación de caminos interiores o la clausura de otros, construcciones que luego no puedan ser destruidas, sin detrimento de las misma, o disponer de cualquier otra forma de la propiedad objeto de este recurso.

Añade que la actuación de los recurridos adopta caracteres de arbitrariedad, en cuanto modificó el estado de cercos antiguos, desde la época de compra del terreno, y de ilegalidad al destruir los mismos efectuar la tala de árboles nativos, sin autorización ni control alguno, y con la instalación del contenedor en el interior del predio dar inicio a actividades comerciales, también sin la debida autorización de los propietarios, efectuando además movimientos de tierra que dañan la integridad del terreno. No puede desconocerse la existencia de cercos antiguos de los propietarios y si así se hiciera, por creer tener derecho, esto corresponde a un procedimiento contradictorio y no procurar su destrucción, por medio del uso de la fuerza y por ende de la autotutela, vulnerando, además, el artículo 19 N°3 inciso 5to de la Constitución Política de la República, lo que se produce al modificar la recurrida el status quo del predio producto del mero capricho, toda vez que al alterar una situación de hecho preexistente como la tala de árboles, la limpieza de una porción del terreno con el objeto del posicionamiento del contenedor dentro del predio, el movimiento de tierras, la construcción de un nuevo cerco, pero principalmente abriendo un camino o acceso directamente al mismo, este ha realizado acciones de autotutela, que por su naturaleza y contenido corresponden al ámbito de los tribunales de justicia, infringiendo la ley y dando pie a la recurrida para accionar de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco para que esta proporcione la protección cautelar y urgente que requiere la vulneración a los derechos mencionados.

Luego de dar cuenta de jurisprudencia aplicable, solicita tener por interpuesto el presente recurso de protección, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar al recurrido, de manera de poner pronto remedio a los actos ilegales y arbitrarios en los cual ha incurrido INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LIMITADA, ya individualizada, restableciendo el imperio del derecho y conceder las siguientes medidas: a) Se paralicen las actividades dentro del terreno tales como movimientos de tierra, construcciones o la instalación de implementos o maquinaria, o cualquier otra que se encuentre efectuando actualmente la recurrida; b) Se ordene cesar inmediatamente con el corte de árboles nativos o de otro tipo; c) Se ordene cerrar el perímetro del predio, sin dejar espacios sin cercar y abiertos para tránsito de personas, animales o vehículos. d) Se otorgue la protección solicitada, por el plazo mínimo de 6 meses, con la finalidad de llevar a cabo las otras acciones que sean pertinentes en derecho; e) todo con expresa condenación en costas a la parte recurrida.

Acompaña al segundo otrosí, documentos fundantes de su acción.

A folio 41, comparece don IGNACIO PÉREZ-IÑIGO BARAONA, abogado, en representación convencional de la recurrida INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LIMITADA, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando que se rechace de plano y en todas sus partes el presente recurso de protección, con condena en costas.

Manifiesta que los actos ejecutados por su representada, los cuales, por lo demás, fueron del todo legítimos y no se llevaron a cabo como relata la recurrente, ocurrieron en el predio denominado “Macrolote Etapa C”, localizado en el sector “El Claro”, ubicado en la comuna de Pucón, IX Región de la Araucanía. El Macrolote Etapa C proviene de un inmueble de mayor extensión denominado “Resto de terreno denominado Anteproyecto Pucón”, el cual, en el marco del desarrollo de un proyecto inmobiliario ejecutado bajo el nombre “Condominio Puerto Pucón”, fue subdividido conforme a las normas que reglan tal acto, generando una serie de lotes, dentro de los cuales se encuentra el predio en cuestión. Así las cosas, conforme al plano de subdivisión del cual proviene, archivado bajo el número 948 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón con fecha 11 de septiembre de 2000, y a sus títulos de domino, los deslindes del Macrolote Etapa C, son los siguientes: al Norte: 632 metros con río Trancura; al Oriente: en 95 metros con Macrolote B2; al Sur: en 739 metros con camino La Balsa; y, al Poniente: en 170 metros con Macrolote B3. Refiere que Macro G adquirió el referido inmueble por compra que hizo a una sociedad relacionada, Comercializadora FRW Limitada, mediante escritura pública de fecha 11 de junio de 2021, otorgada en la notaría de Santiago de doña nombre reservado bajo el repertorio número 3.192. La inscripción de dominio a su nombre rola a fojas 1.454, número 2.886, en el Registro de Propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Pucón. Por su parte, Comercializadora FRW Limitada adquirió la propiedad por compra que hizo a los señores nombre reservado

Vallejos y nombre reservado. Estos últimos, a su vez, adquirieron parte de la propiedad por compra que le hicieron al señor nombre reservado, quien, en el año 2011, adquirió la propiedad por compra que hizo al Banco de Chile, el cual adquirió la propiedad por dación en pago que le hizo la sociedad Inmobiliaria Puerto Pucón. Conforme con lo anterior, y como dan cuenta los documentos acompañados refiere que su representada y sus antecesores en el dominio, han sido dueños y poseedores materiales e inscritos del inmueble ejecutó los actos denunciados, agregando que su representada, a la fecha de ocurrido lo hechos, no solo era propietaria y poseedora inscrita del Macrolote Etapa C, sino que también era poseedora material de éste. De una misma forma, también lo fueron sus antecesores en el dominio, entre los cuales se encuentran el Banco de Chile y el Banco Edwards, siendo su representada quien durante estos años ha pagado los gastos comunes del condominio Hacienda Puerto Pucón, dentro del cual se emplaza la propiedad, y quien ha pagado el impuesto territorial aplicable al mismo, tal como anteriormente lo hicieron sus antecesores en el dominio. Ahora bien, hace presente que, en el año 2021, procedió a subdividir el Macrolote Etapa C en 13 nuevos lotes, de 0,5 hectáreas cada uno. La mencionada subdivisión fue debidamente aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante certificado N°4718, de fecha 22 de octubre de 2021, y archivado bajo el número 475 del Archivo de Documentos del año 2021, del Conservador de Bienes Raíces de Pucón.

Agrega que los hechos denunciados ocurrieron específicamente en el Lote N°1 de la subdivisión referida, predio que, a la fecha de la ejecución de los supuestos actos de disposición denunciados, era de propiedad de su representada, pero que ya no le pertenece, refiriendo que con fecha 28 de diciembre de 2021, su representada vendió el Lote N°1 proveniente de la subdivisión del Macrolote Etapa C, el cual corresponde al lugar donde se ejecutaron los actos objeto de autos. Dicho lote lo vendió y transfirió a don nombre reservado, a doña nombre reservado y a don nombre reservado, y actualmente se encuentra inscrito a sus nombres a fojas 743, número 1483, en el Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Pucón. A continuación. Lo anterior, constituye, sin lugar a duda, otra prueba de que su representada era exclusiva propietaria y poseedora inscrita del predio donde se ejecutaron los actos denunciados. En consecuencia, Macro G, a la fecha de ocurridos los hechos de marras, era la exclusiva propietaria y poseedora inscrita y material del inmueble donde ejecutó los actos denunciados, sin embargo, actualmente los propietarios del Lote N°1, sector en donde ocurrieron los hechos, son otros. En definitiva, afirma que en virtud de lo expuesto en el presente numeral, que los recurrentes jamás han sido propietarios del Macrolote Etapa C, incluso nunca han estado en posesión materiales del mismo, razón por la cual debe rechazar de plano y en todas sus partes el presente recurso de protección, con un expresa y ejemplar condena en costas.

En lo que respecta a los hechos denunciados, los recurrentes dosifican la verdad y ocultan intencionalmente información para aparentar ser víctima de actos supuestamente arbitrarios que afectarían sus garantías fundamentales, y que habrían sido cometidos por Macro G.

En efecto, los actos denunciados por los recurrentes no fueron como los representan y menos fueron realizados en un predio de su propiedad, como antes explicábamos. Como señalamos, y como podrá constatar en los documentos acompañados su representada, a la fecha de ejecutados los actos, era dueña exclusiva y poseedora inscrita y material del Macrolote Etapa C, realizando, en tal calidad los siguientes actos:

Primeramente, el día 26 de octubre de 2021, reemplazó el antiguo cerco divisorio, por encontrarse este en mal estado, por uno nuevo.

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2021, instaló un conteiner al interior del predio de su propiedad, específicamente en un sector que actualmente corresponde al Lote N°1, proveniente de la subdivisión del predio antes referido. Como consecuencia de aquello, y para poder instalar el conteiner en su propiedad, su representada se vio en la necesidad de realizar un despeje de arbustos secos y debió retirar un pino insigne (que, por cierto, no es un árbol nativo), para evitar que este cayera y causar daños a terceros. Todos estos actos los ejecutó en su calidad de único propietario y poseedor inscrito y material de su terreno y en el ejercicio legítimo de su derecho de dominio y, por ende, sin vulnerar derechos fundamentales de terceros. En consecuencia, Macro G jamás ha realizado actos de disposición en un predio que sea de propiedad de los recurrentes, tampoco ha instalado objeto alguno al interior de la propiedad de la contraria, menos un conteiner, y nunca ha talado algún árbol “familiar” y/o nativo, ni menos uno que se encontrase al interior de un predio de propiedad de los recurrentes. Por lo tanto, lo cierto es que los actos ejecutados por su representada no vulneran las garantías fundamentales de los recurrentes, pues fueron ejecutados en un inmueble que era de exclusiva propiedad y del cual esta ha sido poseedora inscrita y material desde que lo adquirió.

Solicita el rechazo del recurso, puesto que los recurrentes jamás han sido propietarios del Macrolote Etapa C, inmueble donde se ejecutaron los actos denunciados, y menos han sido poseedores materiales del predio, cuestión que a ellos mismos les consta. Lo que ocurre es que los recurrentes sólo cuentan con unas inscripciones conservatorias sobre un supuesto predio, cuyos deslindes son poco claros, presentan errores y cuya historia registral es incoherente y que, para colmo, adolecen de vicios de carácter relevante. En suma, existen diversas irregularidades en las transferencias de dominio y, además, en la inscripción especial de herencia a nombre de los herederos de nombre reservado, practicada el año 2013, figuran su hijo Rodolfo y su cónyuge Eugenia, quienes, para esa fecha, ya habían fallecido. Conscientes de tales circunstancias, en el año 2018, los recurrentes -suponemos por los antecedentes con los que contamos- habrían ideado una fórmula que les permitiera transferir sus títulos a algún tercero desprevenido, para lograr así alguna ganancia difícil de obtener con algo tan precario. En concreto, y no nos explicamos cómo, lograron, primero, que el Servicio Agrícola y Ganadero les visara un plano de subdivisión y, luego, que el Conservador de Bienes Raíces de Pucón lo archivara en sus registros.

Además, en el mencionado plano, se grafican 2 lotes que no se condicen con los deslindes señalados en las inscripciones con las que cuentan ni tampoco con las inscripciones anteriores. De hecho, es tan burdo, que ni siquiera se grafica la situación existente previo a la subdivisión solicitada, e incluso, siendo lo más grave del asunto, se agregaron en dicho plano unas coordenadas geográficas y un croquis de ubicación mediante los cuales intentaron superponer los lotes resultantes de la subdivisión sobre una parte del Macrolote Etapa C. Ahora bien, este plano es el principal antecedente que los recurrentes utilizan para sostener que serían dueños del predio donde se ejecutaron las acciones denunciadas, pese a que, en un estampado del mismo, se indica expresamente que: “El Servicio Agrícola y Ganadero certifica que los lotes resultantes de la subdivisión y graficados en el presente plano representan una superficie igual o superior a 0,5 hectáreas, no significando este certificado autorización de cambio de uso de suelo, ni validación de los antecedentes de dominio y demarcatorios informados por los solicitantes”. Incluso, el plano en cuestión no solo se contradice con los deslindes descritos en las inscripciones de los recurrentes, sino que también con la información contenida en el catastro digital del Servicio de Impuestos Internos, lo que revela lo grosero del actuar de los recurrentes. A tal punto llegan las diferencias que, tal como se advierte en las imágenes anteriores, el rol asociado a las inscripciones de las recurrentes muestra un predio completamente distinto y emplazado en plena zona urbana de Pucón. Por otra parte, tiene en cuenta que su representada es quien ha pagado el impuesto territorial asociado del predio y los gastos comunes del Condominio Puerto Hacienda Pucón, dentro del cual se ubica, y anteriormente lo hacían sus antecesores en el dominio. Así lo acredita el certificado de fecha 5 de mayo de 2022, emitido por don nombre reservado, presidente del Comité de Administración del condominio Hacienda Puerto Pucón. Tal como dijimos, es el plano de subdivisión antes referido, de tan discutible precisión y rectitud, el que los recurrentes están utilizando para disfrazarse de propietarios de parte del inmueble que era de SU representada (recordamos que hoy los dueños del Lote N°1 son don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado) y para, en definitiva, recurrir de protección ante esta Iltma. Corte, buscando con esto perturbar el legítimo dominio de los propietarios de las actuales parcelas provenientes del Macrolote Etapa C y del saldo que está en manos de su representada, a fin de obtener, qué duda cabe, réditos económicos difíciles de lograr de manera legítima a través de la transferencia a un tercero de sus precarias inscripciones registrales.

Entonces, señala que los recurrentes están instrumentalizando la acción de protección, para obtener un beneficio económico ilegitimo, lo cual no puede ser tolerado, razón por la cual debe rechazar el presente recurso de protección de plano y con una expresa y ejemplar condena en costas.

Manifiesta que los recurrentes carecen de legitimación activa para accionar de protección, ya que la legitimación activa de los recurrentes descansa en el supuesto de que serían los dueños del predio donde se habrían ejecutado los actos supuestamente arbitrarios denunciados. Sin embargo, lo cierto es que no lo son, de forma tal que, simplemente, carecen de legitimación activa para interponer el recurso de protección que motiva esta presentación.

Agrega que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo, puesto que los hechos se verificaron en forma previa y hasta el día 26 de noviembre de 2021, ya que se reemplazó el cerco divisorio el 26 de octubre de 2021, prueba de ello, es la conversación vía WhatsApp que mantuvo en dicha fecha don nombre reservado, representante legal de Macro G, con don nombre reservado, quien realizó el trabajo y quien, además, tomó y envió, por la misma vía, registros audiovisuales de este. Por su parte, el container fue instalado al interior del Macrolote Etapa C el día 26 de noviembre de 2021. Al igual que el caso anterior, prueba de ello es la conversación vía WhatsApp que mantuvieron en dicha fecha don nombre reservado y don nombre reservado, quien también se encargó de realizar las maniobras, adjuntando capturas de pantalla. Por lo demás, los recurrentes ya desde el 31 de octubre de 2021 estaban en conocimiento que en el predio de su representada se había reemplazo el cerco, y que en su interior se estaban ejecutando otras labores limpieza. Asevera que el asunto de autos constituye una materia de lato conocimiento que no puede ser objeto de un recurso de protección. De la lectura atenta del recurso interpuesto, es posible advertir que el antecedente principal en el que los recurrentes sustentan su supuesto dominio sobre el inmueble donde se habrían ejecutaron los actos, es el plano de subdivisión del año 2018 que ellos mismos elaboraron y que archivaron el año 2018 en los registros pertinentes del Conservador de Bienes Raíces de Pucón.

Finalmente, haciendo presente que su representada ya no es la actual propietaria del predio donde ocurrieron los hechos denunciados, pues en diciembre de 2021 transfirió parte de los lotes provenientes de la subdivisión del Macrolote Etapa C a terceros, entre ellos el Lote N°1 donde se ejecutaron los actos denunciados. De esta forma, los actuales propietarios y poseedores inscritos y materiales del predio son terceros ajenos a estos autos. Con ello, los resultados del presente recurso son inocuos a los nuevos propietarios, pues no han sido emplazados ni tampoco recurridos en estos autos, de forma tal que malamente podría serles oponible un hipotético fallo que acoja el recurso. Además, al haber su representada enajenado la propiedad donde se ejecutaron los actos denunciados y haber hecho entrega material del predio en el mes de diciembre de 2021, no se le podría exigir que dejara de realizar actos que perturbaran o amenazaran el supuesto dominio de los recurrentes, pues ya no está en posesión material del predio. De esta forma, la presente acción de protección es inoportuna y ha perdido total interés, razón por la cual debe ser rechaza con costas.

Acompaña documentos que fundan sus alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como actuación ilegal y arbitraria, tanto la instalación de un container, como asimismo la realización de acciones materiales en el predio de los recurrentes, consistente en reemplazo de un cerco, dejando un espacio habilitado para estacionamientos y en corta de árboles nativos. Por su parte la recurrida, reconociendo dichos hechos, funda ellos en que es la propietaria de dicho inmueble. Añade que el recurso ha sido deducido de manera extemporánea por cuanto los hechos denunciados ocurrieron con anterioridad a lo expresado por la recurrente.

TERCERO: Que, respecto de la alegación de extemporaneidad del presente recurso, cabe señalar que ella será desestimada por cuanto la recurrente ha expresado que tomó conocimiento de las actuaciones con fecha 2 de diciembre de 2021, y la presente acción se interpuso con fecha 30 del mismo mes y año, esto es, oportunamente.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, es menester tener en consideración que la acción constitucional de protección es una de emergencia, extraordinaria, cuya finalidad no es la de resolver controversias sobre derechos entre partes, o inmiscuirse en materias que requieren de conocimientos técnicos, especializados, propios de acciones de lato conocimiento o, cuando menos, de procedimientos especiales que han sido ideados precisamente para resolverlos. Su objeto es, simplemente, restablecer una determinada situación de hecho que ha sido alterada por un acto arbitrario o ilegal que perjudica, amaga o perturba el ejercicio de determinados derechos que, además de ser garantías constitucionales, se debe tratar de derechos concretos, indubitados, precisos. Por ello es que se deja a salvo para ante la autoridad o tribunales correspondientes el ejercicio de los demás derechos que se puedan hacer valer.

QUINTO: Que, en ese mismo sentido, el ejercicio de esta acción presupone la existencia de derechos indubitados de manera que su finalidad consista en dar pronta solución a situaciones de fecho, entendiendo que un derecho tiene tal calidad cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

SEXTO: Que, en ese orden de ideas, corresponde el rechazo de este recurso ya que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, circunstancia esta última presente en la especie, pues del tenor de los hechos expuestos por las partes y de los antecedentes documentales acompañados, no es posible concluir que la recurrente sea propietaria del inmueble donde ocurrieron los hechos, atendido a que ambas partes han acompañado tanto inscripciones conservatorias y planos para sustentar su derecho de dominio sobre el inmueble donde se realizaron las actuaciones denunciadas, cuestión que, por cierto, debe ser dilucidado en un procedimiento de lato conocimiento.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA, sin costas, la alegación de extemporaneidad de la presente acción.

II. Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDERO en contra de INMOBILIARIA E INVERSIONES MACRO G LIMITADA, todos ya individualizados.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese.

Rol N° Protección-10563-2021 (pvb).