nombre reservado con UNIVERSIDAD MAYOR.

C.A. de Temuco Temuco, treinta de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio N°1-2021 comparece nombre reservado, funcionario público, actualmente alumno del Magister de Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor, sede Temuco, quien interpone interponer acción de protección en contra de UNIVERSIDAD MAYOR, representado por don nombre reservado.

Funda su acción en que es alumno regular del Magister © Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor, promoción año 2020, encontrándose actualmente cursando el módulo 13 de un plan regular de 18 módulos, incluidos la Tesis.

Agrega que en el mes de julio y agosto del 2021, cursó el módulo 11, ”Alineamiento Estratégico” con el profesor Santiago Villarroel. Estas clases fueron efectuadas en el siguiente horario, viernes 30 de julio de 2021, sábado 31 de julio de 2021 y domingo 29 de agosto de 2021. El mencionado módulo en cuestión consta de 2 clases Teóricas, más una clase con presentación grupal con nota cuyo porcentaje equivale al 40% y otra con una evaluación conocida como examen final cuya equivalencia es del 60%.

Con fecha Domingo 5 de Septiembre de 2021, se llevó a cabo la presentación de trabajos grupales e individuales, instancia en la cual fue evaluado con nota 6,0, siendo su promedio final de presentación a examen final un 6,3, que consideraba el promedio de notas de la presentación grupal y el trabajo individual. (6,0 + 7,0). Porcentualmente me presentaba con un 2,5 que era la equivalencia del 40% de las notas, el 60% restante era la nota final del examen.

Indica que el sábado 2 de Octubre de 2021, correspondía el mencionado examen previamente agendado y fijado, el que preparó con la debida anticipación, ya sea a través de estudio y análisis de cada uno de los trabajos grupales presentados previamente por los compañeros.

Sumado al material bibliográfico que entrega la universidad y con el fin de responder de manera satisfactoria al examen, se contactó vía telefónica en la semana previa a la prueba, con un compañero egresado del mismo Magister, pero promoción anterior año 2019, Compañero al cual solicitó y consultó con un solo fin netamente “de insumo informativo de estudio”, que le señalara la forma en la cual el profesor estructuraba la prueba, compartiéndole éste el examen del año 2019, “el que no tiene ni la más mínima relación y semejanza al examen del año 2020”, como para que la universidad bajo merito suficiente lo acusara de plagio o fraude. Este archivo enviado por su compañero, lo guardó en el escritorio de su computador personal, quedando allí como material de estudio, tal como está hasta el día de hoy." El día sábado 2 de Octubre de 2021, se presentó de forma normal a efectuar la prueba Online, la que desarrolló sin inconveniente alguno. Una vez terminada esta, guardó el archivo con el siguiente nombre: "nombre reservado, OCTUBRE DE 2021", Siendo creado el archivo el día 2 de Octubre de 2021, a las 20:39:58 y respaldado para su envío.

Llegada la hora del envío del examen, lo más seguro y producto de un error, debió haber enviado el archivo guardado como insumo de estudio, correspondiente a la prueba del año 2019, la que da origen a su cuestionamiento académico y sancionatorio por parte de la universidad, el que no tiene ninguna relación al desarrollo de su trabajo y prueba, y no el archivo real de su trabajo personal, llamado EXAMEN FINAL 2020 nombre reservado, octubre de 2021. De esta acción, se enteró entere recién 18 días después de haber entregado su prueba y grande fue su sorpresa, ya que se le cuestionó e imputó una acción, considerando este acto de la Universidad como arbitrario e ilegal, debido a que no se explica o no existe un procedimiento académico previo para establecer el actuar que se le imputa, lo que a su vez, que lo expone negativamente frente a sus compañeros, colegas de trabajo y población universitaria, ya que la sanción, no está definida como tal en el mencionado reglamento.

LA ACCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA DEL RECURRIDO:

Indica que el día 21 de Octubre del año 2021, siendo las 09:19 horas, mediante correo electrónico adjunto, enviado por la Directora Docente nombre reservado, se le señala:

“Señor nombre reservado, Junto con saludar, comunico de una situación irregular advertida por el docente Santiago Villarroel titular de la asignatura de Alineamiento Estratégico, quien manifiesta que el examen presentado en la jornada de evaluación del 2 octubre del presente año, evidencia que el examen subido por usted no corresponde al examen elaborado para este periodo y su contenido corresponde a una versión del programa anterior.

Dichos antecedentes fueron revisados y analizados por el comité académico del Magister y de acuerdo con el reglamento general de Postgrado artículo 53 “contempla que “cometer fraudes o engaños en exámenes, controles, trabajos, presentaciones u otras actividades académicas, como también facilitar o inducir a que ellos se cometan”. Se comunica que el módulo de Alineamiento Estratégico queda reprobado con la nota mínima, debiendo cursar nuevamente dicho módulo con la siguiente versión.

Nota: se adjunta el examen de la jornada de evaluación del 2 de octubre del MADP 2020 y examen enviado por el estudiante”.

Dado lo anterior y frente a la gravedad de los hechos señalados en el correo adjunto, tomó contacto con la Universidad, institución que le señaló que debía elevar una apelación y descargos para aclarar lo sucedido, acto administrativo que efectuó el mismo día 21 de Septiembre a las 21;45 horas, por el mismo medio.

Adjunta apelación enviada a la Sra. nombre reservado, donde explica detalladamente el origen de la situación, mostrando siempre, desde el primer momento, la predisposición para si lo tenían a bien periciaran su notebook, con el fin de acreditar su posición y mostrando a la autoridad académica la equivocación con la forma de resolver en el caso de marras, sin embargo, no fue considerado al momento de resolver por parte de ellos, pese a haber concurrido en persona en reiteradas ocasiones a la universidad a buscar respuesta, no encontrando personal en la escuela de posgrado, situación que incluso hizo ver a la directora docente a través de correo electrónico y nunca fue atendido.

DERECHOS O GARANTÍAS AFECTADO POR EL ACCIONAR ILEGAL Y ARBITRARIO DE LA RECURRIDA:

Indica que en primer término un acto sistemático de discriminación, es decir que afecta el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, sintiéndose discriminado por una imputación gravísima de haber cometido fraude o engaño, situación muy distinta a la realidad de cómo sucedieron los hechos y tal como lo explicó en sus descargos entregados a la Universidad.

Luego, el derecho a un debido proceso, ya que la universidad de manera arbitraria, le reprueba un módulo, (más allá de las expresiones formales utilizadas, como “cometer fraudes o engaños en exámenes, controles, trabajos, presentaciones u otras actividades académicas, como también facilitar o inducir a que ellos se cometan), sin que se hubiere incoado un proceso justo y racional por un tercero imparcial, por cuanto la universidad solo se abocó a contestar un correo electrónico y no ejecutó las acciones administrativas de resguardo y oficial establecida en el reglamento de calificaciones, es decir, haber efectuado una investigación administrativa de cómo realmente ocurrieron los hechos, por cuanto revisado lo que el mismo artículo 53, del Decreto 9 de fecha 26 de Noviembre de 2019, es claro al respecto, y señala, que se deberá efectuar una investigación de cómo ocurrieron los hechos y se deberá llevar a cabo un registro de todas las y cada una de las acciones efectuadas en el respectivo caso, acciones que nunca se me dieron a conocer.

Sumado a lo anterior, en los numerales 1,2,3,4,y 5 de sanciones aplicables señaladas en el artículo 53, no existe el motivo de reprobación del ramo o modulo como tal., por cuanto no se cumple con lo que ellos señalan en relación al reglamento en el mismo artículo 53 que ellos citan y que sencillamente nombre reservado, había cometido fraude o engaño en un examen del Módulo de Alineamiento estratégico, utilizando para estos efectos, una prueba de características distintas y año distinto al contenido curricular que se debía evaluar. En tal sentido se vulnera el derecho contenido, consagrado y reconocido en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, amparado por esta acción constitucional.

A la supuesta resolución impuesta por la autoridad de la Universidad, en orden a que debe realizar el modulo en un nuevo año, lo que coarta su posibilidad de dar termino satisfactorio a su formación académica y por consiguiente poder acceder a realizar su tesis dentro del periodo señalado, Agrega que existe vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 Nº 11 inciso 4º de la Constitución Política de la República, privándolo de su derecho a poder continuar y dar termino a su curso, otorgándole una calificación orientada exclusivamente por la forma de utilizar e interpretar a su manera un reglamento de calificaciones, que en este caso está mal aplicado, preguntándose ¿cómo se le acusa de plagio o Fraude, si al revisar el examen versión 2020 con la del 2019, no tienen ni la más mínima relación o semejanza?

Finalmente se vulnera el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, que tiene sobre su derecho a la educación, establecido también en el artículo 19 Nº 10 del mismo texto legal y sobre el bien incorporal de alumno del Magíster de Alta Dirección Pública de la Universidad Mayor, sede Temuco, expropiándosele tal derecho por un mecanismo arbitrario e ilegal como es la “mala interpretación y aplicación del reglamento de calificaciones ” y del eufemismo utilizado “cometer fraudes o engaños en exámenes, controles, trabajos, presentaciones u otras actividades académicas, como también facilitar o inducir a que ellos se cometan”.

Pide se ordene a los recurridos la inmediata reconsideración y evaluación de cada uno de los puntos y antecedentes aportados por el actor, con el objeto de aclarar los hechos que obligan a buscar respuesta en estas salas de justicia chilena, reiterando ante todo, que la Universidad no ejecutó las acciones administrativas de resguardo y oficiales establecidas en el reglamento de calificaciones, es decir, haber efectuado una investigación administrativa de cómo realmente ocurrieron los hechos, no dando cumplimiento a lo señalado por su mismo reglamento, por cuanto no se cumple con lo que ellos señalan en relación a la aplicación del artículo 53 que citan y que sencillamente nombre reservado, había cometido fraude o engaño en un examen del Módulo de Alineamiento estratégico, utilizando para estos efectos, una prueba de características distintas y año distinto al contenido curricular que se debía evaluar, vulnerando así, su propio Reglamento de calificaciones. Así mismo, solicito respetuosamente a esa corte Acompañó los siguientes documentos: 1.

Descargos Digital efectuados a la Universidad Mayor; 2.

Cuadro fotográfico demostrativo computador y nombre reservado alineamiento estratégico; 3.

PDF con el respaldo de prueba oficial nombre reservado, efectuado en la fecha señalada; 4. Examen año 2020, utilizado como insumo de estudio; 5.

Reglamento de calificaciones postgrado Universidad Mayor.

A folio N°14-2022 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I. Extemporaneidad del recurso.

Respecto de la acción constitucional de autos, primero que todo, cabe aclarar que la resolución contra la que se recurre y que se tilda de ilegal y arbitraria, se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por el recurrente con fecha 21 de octubre de 2021, en contra de la resolución de esa misma fecha, mediante la cual se le comunicaría la reprobación de su examen.

Ahora bien, en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de esta acción constitucional, esta parte alega que la acción de autos fue interpuesta con fecha 29 de diciembre de 2021, una vez vencido el plazo fatal y objetivo de 30 días corridos que se contempla para el ejercicio de la misma.

Lo anterior, por cuanto si bien la parte accionante recurre en contra de la resolución que habría resuelto su apelación, comunicada con fecha 29 de noviembre de 2021, ésta se limitó a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto con fecha 21 de octubre de 2021, de tal forma que, a lo menos, a esa data (21 de octubre de 2021), el recurrente estaba en conocimiento cierto de lo resuelto, y que fuera apelado por el mismo. Conforme a ello y de acuerdo con lo dispuesto por el número 1° del Auto Acordado que regula esta Acción Constitucional, el plazo fatal y objetivo de 30 días corridos debía computarse desde esa fecha. En efecto, esta norma prescribe que al plazo para ejercer el recurso de protección se cuenta desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario o bien, de acuerdo con su naturaleza desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo.

En consecuencia, habiendo interpuesto recién el 29 de diciembre, es decir aproximadamente más de 2 meses después de haber tomado conocimiento cierto de la reprobación, esta acción resulta manifiestamente extemporánea.

En efecto, si el ahora recurrente de autos consideraba que la actuación de la recurrida era ilegal, arbitraria, es decir que estaba absolutamente equivocada, en términos de no estar respaldada, debió recurrir a la acción de protección tan pronto tomó conocimiento, o dentro de los 30 días siguientes y consta que tal conocimiento cierto lo tuvo a más tardar el mismo día en que interpuso el recurso de apelación, a saber, el 21 de octubre de 2021.

Antecedentes para rechazar el recurso:

Indica que el recurso carece de fundamentos legales y reglamentarios, y de su lectura no hay certeza de qué norma del Reglamento de Postgrado de Universidad Mayor habría sido incumplido, tampoco se indica la “contradicción” mencionada entre el actuar de la Universidad Mayor y su normativa interna, y finalmente, se les acusa de vulnerar derechos y garantías fundamentales del recurrente, lo que desde ya niegan tajantemente.

Por otra parte, se puede apreciar que, a lo largo de todo el cuerpo del recurso de protección interpuesto en su contra, el reclamante hace un sinfín de referencias a distintas garantías constitucionales, sin desarrollar ni entregar antecedente alguno que permita acreditar como éstas se habrían vulnerado, además se refiere a derechos que malamente podrían estar relacionados con el caso de marras.

En primer lugar, para la debida claridad, el recurrente cursa el programa denominado “Magíster en Alta Dirección Pública” en su versión 2020 impartido por nuestra Universidad. Dicho programa se rige por el “Reglamento General de Postgrado para los Programas de Magíster, Especializaciones Médicas y Odontológicas, Postítulos y Diplomados de la Universidad Mayor”, en adelante, el “Reglamento”, que además se adjunta a esta presentación.

Dicha norma establece en su artículo 53, el objetivo de las normas disciplinarias, menciona un listado no taxativo de las conductas que constituyen una infracción y regula el procedimiento de aplicación de sanciones. Dada la importancia de este artículo para el caso en comento, pasamos a reproducir la norma:

Las normas contenidas en este título tienen como objetivo resguardar la sana convivencia al interior de cada Programa impartido por la Universidad, su normal desarrollo y el respeto a la dignidad de las personas en todas sus acepciones. Todo/a estudiante de postgrado de la Universidad Mayor tiene la obligación de observar en todo momento las disposiciones del presente Reglamento v demás normas reglamentarias y legales vigentes aplicables a la Universidad.

“Para los efectos del presente Reglamento, constituirán infracciones, objeto de sanción disciplinaria, las siguientes conductas, sin que su enumeración sea taxativa ni excluyente:

a) No respetar a las autoridades, docentes, demás estudiantes y funcionarios de la Universidad, perjudicando la sana convivencia universitaria. Hacer mal uso de los bienes corporales e incorporales de la Universidad. Se entenderá que se incurre en dicha conducta, cuando se destine el bien a cualquier objetivo distinto de los fijados en el Programa o, asimismo, se dañe o destruya. Alterar en cualquier forma el normal funcionamiento de la Universidad.

b) Hacer mal uso de de los bienes corporales e incorporales de la universidad. Se entenderá que se incurre en dicha conducta, cuando se destine el bien a cualquier objetivo distinto de los fijados en el programa o, asimismo, se dañe o destruya.

c)

Alterar en cualqueir forma el normal funcionamiento de la universidad.

d)

Cometer actos que menoscaben o injurien la imagen, principios, autoridades y/o infrinjan la normativa de la Universidad, e)

Consumir o distribuir bebidas alcohólicas u otras drogas en los recintos de la Universidad o en lugares que ella utilice, cuando no exista autorización otorgada por la autoridad competente, f)

Encontrarse en estado de ebriedad al interior de la Universidad D en lugares que ella utilice.

g)

Portar todo tipo de armas en los recintos universitarios.

h) Cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en los recintos de la Universidad o en lugares que ésta utilice para el desarrollo de sus actividades i) Cualquier conducta constitutiva de discriminación en razón del sexo, género, condición económica, religión, política, apariencia física, etc.

j) Cometer infracciones académicas graves o reiteradas, entre otras, copiar o permitir la copia en evaluaciones académicas, o plagiar u ocultar información en investigaciones y trabajos en general. Esta conducta, como asimismo las que se detallan a continuación, serán aplicables sin perjuicio de la modalidad en la cual se desarrolle el Programa.

k) Suplantar a un/una estudiante en una evaluación académica o permitir ser suplantado.

I) Cometer fraudes o engaños en exámenes, controles, trabajos, presentaciones u otras actividades académicas, como también facilitar o inducir a que ellos se cometan.

Los/Las estudiantes de los Programas que incurran en la inobservancia de los deberes que en su calidad de tal deban cumplir conforme a lo indicado precedentemente, se les aplicarán las medidas disciplinarias que establece el párrafo siguiente.

Las sanciones aplicables por la inobservancia del presente título, serán las siguientes:

1.- Amonestación verbal.

2.- Amonestación escrita con constancia en el expediente del/de la estudiante, 3.- Suspensión de hasta cinco días.

4.- Suspensión desde seis días y hasta un semestre académico.

5,- Expulsión, no pudiendo el afectado volver a estudiar en Ja Universidad Mayor bajo cualquier modalidad.

La aplicación de la sanción que corresponda en la especie se establecerá de acuerdo a la gravedad de la falta. Las sanciones contenidas en los numerales 1 y 2, podrán ser aplicadas mediarte la sola resolución del Director del Programa. Las restantes sanciones, podrán ser impuestas por el Director de Postgrado de la Facultad, previa investigación y evaluación del Director del Programa en conjunto con el Comité Académico, quien deberá mantener un registro de todas las diligencias que se realicen.

Las resoluciones del Director de Postgrado de la Facultad que impongan sanciones podrán ser susceptibles de recurso de apelación, el cual deberá ser presentado por escrito fundadamente, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, ante la misma autoridad que impuso la sanción, quien deberá remitir los antecedentes al nombre reservado para su resolución. En contra de la resolución que dicte el nombre reservado, no procederá recurso alguno.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas conductas, actos, hechos o materias susceptibles de investigación y/o sanción, no contemplados en el presente título, se aplicarán supletoriamente y en la medida que no sean contrarios a la naturaleza del Programa o grado académico que corresponda al postgrado de que se trate, los demás procedimientos contemplados en la reglamentación general o especial vigente de la Universidad, según sea el caso.

La sanción que se aplique a un/a estudiante, serán informadas a la Oficina de Registro de Estudiantes para ser registradas en el expediente del/ de la estudiante.”

Teniendo en cuenta el artículo reproducido, procede analizar si la conducta en que incurrió el alumno configura una infracción al Reglamento, y si se verificó el procedimiento para aplicar la sanción, que, en este caso, fue la reprobación del alumno.

En primer lugar, el recurrente, como él mismo señala, subió a la plataforma virtual de la Universidad un documento distinto al que le había sido enviado por parte del docente para rendir la respectiva evaluación, que se encontraba disponible en la plataforma virtual que la Universidad había dispuesto para esos efectos y que debía responder para aprobar su examen. El archivo subido por el alumno consistía en otro examen de la misma asignatura, y del mismo programa, que había sido presentado por un exalumno del mismo magíster en una versión anterior. Lo que no menciona el recurrente en sus alegaciones es que él puso su nombre en el archivo subido, particularmente en el apartado de “Nombre del alumno”, es decir, se identificó como el autor del documento, o al menos, como quien respondió las preguntas contenidas.

Habiéndose reunido el Comité Académico, al estudiante se le aplicó la sanción académica establecida en el Reglamento de Pregrado de nuestra Universidad, indicada en el artículo 31 de aquel Reglamento:

“Artículo 31° Todo acto realizado por un/a estudiante durante una evaluación, tendiente a viciarla, alterarla o adulterarla, será sancionado con la suspensión inmediata de la actividad evaluativa y con la calificación mínima de 1,0 (uno coma cero) en ella.

Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de la sanción que proceda, en conformidad con el Título XII del presente Reglamento.”

El Reglamento de Pregrado tiene aplicación supletoria al Reglamento de Postgrado, así se establece en el penúltimo párrafo del artículo 53, ya reproducido en este instrumento.

Así las cosas, el 18 de octubre el profesor de la asignatura de Alineamiento Estratégico, Santiago Villarroel, informa a la Directora Docente de la sede Temuco, nombre reservado, que el examen del estudiante nombre reservado no corresponde al original (versión 2020), y que este último subió en la plataforma virtual, un examen aplicado a la versión anterior del Magister. A continuación, el correo electrónica que demuestra lo expuesto:

“De: Santiago Villarroel correo reservado

Enviada: lunes, 13 de octubre de 20Z1 1S:39 Para:nombre reservado | U.Mayor correo reservado,cl Asunto: nombre reservado

Estimada nombre reservado, revisando los exámenes del MADP he identificado que el examen entregado por el alumno nombre reservado no corresponde al original que yo envié, lo que es muy extraño.

Le levanto el tema para que pueda realizar las gestiones correspondientes del caso.

Muchas Gracias Saludos cordiales Santiago Villarroel”

El 19 de octubre de 2021, la Directora Docente informa lo ocurrido al Comité Académico, integrado por el Director Académico, nombre reservado, y el Director de Postgrado de Negocios, Martin Ireta, en dicha comunicación se adjuntó el examen presentado por el alumno y el examen subido en la plataforma virtual por el profesor, que era el que debía responder.

“ De: "nombre reservado | U.Mayor" Fecha: martes., 19 de octubre de 2021, 09:51 Para: nombre reservado

CC: "nombre reservado | U.Mayor" Asunto: Solicitud revisión situacion nombre reservado/ MADP 2020 Estimados directores.

Junto con saludar,, informo situación presentada en jornada de evaluación del módulo de Alineamiento Estratégico, del MADP versión 2020, la cual fue realizada el 2 de octubre del presente año y en total 35 estudiantes presentaron el respectivo examen.

El día 18 de octubre el profesor Santiago Villarroell, informa planilla de notas e indica que el alumno nombre reservado, subió a la plataforma un examen que no corresponde al original subido en el campus virtual. Por tanto adjunto el examen reportado por el estudiante y el examen reportado por el profesor, donde se evidencia lo informado por el docente.

Considerando lo mencionado, quedo atenta a sus Indicaciones-, para informar al estudiante.

Saludos cordiales.

Mg. nombre reservado

Directora Docente”

Señala que una vez revisado los antecedentes informados por el profesor Santiago Villarroel, el Comité Académico revisó los registros en la plataforma virtual ( hora de ingreso y archivo informado) y determinó que el examen enviado por el estudiante, no correspondía al solicitado y; además de llevar su nombre, las preguntas de ambos exámenes, es decir, del que se le solicitó completar al estudiante y el que efectivamente éste subió a la plataforma, tenían un alto grado de coincidencia, por consiguiente, se evidencia falta grave por parte del estudiante de acuerdo al Reglamento. En efecto, la coincidencia de ambas evaluaciones era muy significativa, superior a un 60% de similitud.

Así las cosas, se le comunicó al recurrente de la sanción aplicada mediante correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2021, enviado por nombre reservado, tal como señala el estudiante en el recurso presentado.

Ese mismo día, se recibió por parte del recurrente una apelación, instancia que se encuentra establecida en el Reglamento, y el propio nombre reservado, Director de Postgrado de nuestra Universidad, revisó los antecedentes y, en concordancia con lo resuelto por el comité académico, resolvió mantener la sanción, lo que fue comunicado por correo electrónico con fecha 29 de noviembre de 2021.

Como puede apreciarse, la Universidad cumplió cabalmente con lo que dicta el Reglamento para aplicar la sanción aplicada, por lo que sostener lo contrario carece de fundamento y es antojadizo, sólo refleja la disconformidad del recurrente ante la sanción que se le aplicó.

Inexistencia de vulneración a Garantías Constitucionales:

Refiere que de todo lo expuesto ha quedado de manifiesto la improcedencia del recurso. Sin perjuicio, agrega, debe hacerse cargo de la ausencia de fundamentación del mismo, respecto de las garantías alegadas, desde que uno de los requisitos exigidos por el Auto Acordado, es que las acciones de protección que se intenten gocen de fundamentos, y en el caso sub lite es evidente la ausencia de un real fundamento.

Afirma que es evidente que la contraria ni siquiera ha explicado de manera detallada y clara la forma en que los derechos que ha invocado como afectados se ven vulnerados, porque mencionar los derechos y exponer una explicación tan somera como la que se ha efectuado no significa fundamentar el recurso.

En primer lugar, no es procedente que el alumno sostenga que se vulneró su derecho a igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, pues el Reglamento de la Universidad tiene aplicación general a toda la comunidad universitaria, regula todo aspecto académico de los alumnos por igual, y en general, todas las relaciones de éstos últimos con la Universidad.

A mayor abundamiento, en el contrato de prestación de servicios educacionales que suscribe cada alumno al momento de matricularse en nuestra casa de estudios, hace mención a esta norma, y el estudiante declara conocerla y someterse a ella, por lo que tampoco podemos estar en presencia de un incumplimiento contractual, que de todas formas, sería improcedente alegar en esta sede proteccional, dado que ello debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

Sostener que se ha discriminado al recurrente carece de sustento, toda vez que se le aplicó la misma sanción que se aplicaría a cualquier alumno de la universidad que haya incurrido en una infracción al reglamento, con el mismo procedimiento y trato. No hay antecedente alguno que indique que nuestra Universidad actuó de manera arbitraria o antojadiza, ni menos que denote un trato distinto al que se le da a todos los miembros de la comunidad estudiantil.

Respecto de la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N°3 del texto constitucional, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, o comúnmente referido como debido proceso, como se mencionó, habiendo dado estricto cumplimiento el Reglamento, no cabe más que descartar la vulneración alegada de este derecho. Lo anterior responde a que el recurrente parece ignorar la existencia del Reglamento de Postgrado y la supletoriedad del Reglamento de Pregrado de nuestra institución. Por otra parte, como se ha demostrado en el cuerpo de este informe, su caso fue expuesto ante el Comité Académico, y tuvo la opción de apelar en su oportunidad.

Sobre la garantía constitucional señalada en el artículo 19 N°4, de nuestra Carta Fundamental, esto es, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, el recurrente no desarrolla ni explica cómo se habría vulnerado su derecho, solo hace aseveraciones vagas sobre una supuesta exposición negativa frente a sus compañeros de magíster, colegas de trabajo y “población universitaria”, y la fundamenta en que se le habría aplicado una sanción no reconocida en el reglamento, pero como ya se explicó, la sanción sí está presente en dicha norma. Además, no entrega antecedente alguno que acredite lo que sostiene, y mucho menos que nuestra Universidad haya divulgado la información que atañe al caso, por lo que no puede apreciarse una vulneración a esta garantía constitucional.

Sobre la supuesta vulneración al derecho al numeral 11, del artículo 19, de nuestra Constitución Política, el estudiante en el petitorio de su recurso de protección hace mención al inciso N°4 de aquel numeral, que versa sobre el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanzas para sus hijos, lo que no tiene relación alguna con el caso en comento. Aun así, en el cuerpo de su recurso, señala que nuestra Universidad estaría coartando su posibilidad de dar término satisfactorio a su formación académica, y por consiguiente poder acceder a realizar su tesis dentro del periodo académico que él estimaba sería el último. Si bien, la descripción de la vulneración anterior es bastante confusa en la acción del recurrente, cabe destacar que nuestra universidad no ha aplicado ninguna sanción que implique que el alumno no pueda continuar sus estudios. En el mismo correo electrónico incluido en el recurso del recurrente, se muestra que, desde la Dirección de Postgrado de Universidad Mayor, se le indicó que podrá continuar con ellos, pero deberá cursar nuevamente la materia de Alineamiento Estratégico, lo anterior en virtud de la conducta llevada a cabo por el estudiante. Por lo tanto, sostener que se le estaría negando la posibilidad de continuar con sus estudios, es falaz.

Finalmente, y como última vulneración alegada, el alumno afirma que se habría vulnerado su derecho a la educación, contenido en el numeral 10 del artículo 19 de nuestra norma fundamental. Respecto a este derecho, cabe mencionar que no está incluido entre aquellos mediante los cuales se puede recurrir de protección de acuerdo con el artículo 20 de nuestra Constitución Política.

Improcedencia de la acción constitucional de protección para requerir la declaración de nulidad o ineficacia de los actos impugnados:

Indica que la contraria pretende mediante la acción cautelar de protección obtener un fallo favorable, que implique la declaración de derechos, esto es, una sentencia declarativa, lo que significa obviar las normas generales, que señalan que estas materias son objeto de procedimientos de lato conocimiento, y, además, pretender obviar las normas especiales que rigen el recurso de protección y que señalan claramente que esta acción tiene por objeto cautelar derechos y no declararlos.

En este sentido, la acción de protección no finaliza nunca con una sentencia declarativa, por cuanto el conocimiento del recurso de protección y las medidas que se toman en virtud de la sentencia que se dicta, se adoptan en ejercicio de las potestades conservadoras y no jurisdiccionales, cuyo objeto, entre otros, es declarar derechos.

No es la protección la vía para que se “ordene a los recurridos la inmediata reconsideración y evaluación de cada uno de los puntos y antecedentes aportados por mi persona, con el objeto de aclarar los hechos que obligan a buscar respuesta en estas salas de justicia chilena”.

Además de lo anterior, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, indica textualmente que “se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza”.

Por su parte, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, señala que la acción de protección se encuentra destinada a obtener el restablecimiento del imperio del derecho respecto de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, que han amenazado, privado o perturbado el legítimo ejercicio de los derechos que la misma norma indica, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes Acompañó los siguientes documentos:

1.- Reglamento General de Programas de Postítulo y Postgrado de la Universidad Mayor; 2.- Reglamento de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Mayor; 3.- Examen subido por el profesor Santiago Villarroel a la plataforma virtual para que el recurrente rindiera su evaluación de la asignatura Alineamiento Estratégico; 4.-Examen subido por el alumno a la plataforma virtual con sus respuestas; 5.-Boletín histórico de notas del recurrente.

A folio N°16-2022 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la calificación, realizada al actor por la recurrida, con la nota mínima 1.0 del módulo “Alineamiento Estratégico”, del Magister Alta Dirección Pública, por estimar que éste incurrió en una falta contemplada en el artículo 53 del Reglamento de Postgrado, al haber enviado vía on line como examen final de dicho módulo, uno que no correspondía al elaborado para el período, pues su contenido correspondía a una versión del programa anterior realizado por otro alumno, suscribiendo el referido examen con su nombre.

TERCERO: Que en primer lugar y en razón la extemporaneidad alegada por la recurrida en la interposición del recurso, ésta será desestimada, desde que considerando que el acto terminal que devendría en ilegal y arbitrario está constituido por la decisión de la universidad que rechaza la apelación deducida por el estudiante y en tal evento, la presente acción constitucional ha sido deducida dentro del plazo que establece el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

CUARTO: Que en cuanto al fondo, la situación descrita en el considerando segundo del presente fallo no ha sido controvertida por el actor, quien argumenta en torno a un error involuntario al enviar para corrección un examen de otro alumno, de ese mismo módulo, pero correspondiente al realizado el año 2019, en el mismo curso de postgrado.

QUINTO: Que el Reglamento General de Programas de Postítulos y Postgrados de la Universidad Mayor, acompañado en autos, establece en su artículo 53 que:

“Para los efectos del presente Reglamento, constituirán infracciones, objeto de sanción disciplinaria, las siguientes conductas, sin que su enumeración sea taxativa ni excluyente:

a)

No respetar a las autoridades, docentes, demás estudiantes y funcionarios de la Universidad, perjudicando la sana convivencia universitaria.

b)

Hacer mal uso de los bienes corporales e incorporales de la Universidad. Se entenderá que se incurre en dicha conducta, cuando se destine el bien a cualquier objetivo distinto de los fijados en el Programa o, asimismo, se dañe o destruya.

c)

Alterar en cualquier forma el normal funcionamiento de la Universidad.

d)

Cometer actos que menoscaben o injurien la imagen, principios, autoridades y/o infrinjan la normativa de la Universidad.

e)

Consumir o distribuir bebidas alcohólicas u otras drogas en los recintos de la Universidad o en lugares que ella utilice, cuando no exista autorización otorgada por la autoridad competente.

f)

Encontrarse en estado de ebriedad al interior de la Universidad o en lugares que ella utilice.

g)

Portar todo tipo de armas en los recintos universitarios.

h) Cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en los recintos de la Universidad o en lugares que ésta utilice para el desarrollo de sus actividades.

i) Cualquier conducta constitutiva de discriminación en razón del sexo, género, condición económica, religión, política, apariencia física, etc.

j) Cometer infracciones académicas graves o reiteradas, entre otras, copiar o permitir la copia en evaluaciones académicas, o plagiar u ocultar información en investigaciones y trabajos en general. Esta conducta, como asimismo las que se detallan a continuación, serán aplicables sin perjuicio de la modalidad en la cual se desarrolle el Programa.

k) Suplantar a un/una estudiante en una evaluación académica o permitir ser suplantado.

I) Cometer fraudes o engaños en exámenes, controles, trabajos, presentaciones u otras actividades académicas, como también facilitar o inducir a que ellos se cometan.

A su vez, el artículo 31, del Reglamento de Pregrado de la Universidad, supletorio al Reglamento de Postgrado, conforme al artículo 53, ya citado, establece expresamente que “todo acto realizado por un (a) estudiante durante una evaluación tendiente a viciarla, alterarla o adulterarla, será sancionado…con la calificación mínima de 1.0 (uno punto cero).

SEXTO: Que al examinar el proceso seguido para sancionar la conducta descrita, no puede sostenerse que la autoridad universitaria haya vulnerado algunos de los derechos que el recurrente invoca como afectados, pues como se evidencia de los antecedentes examinados por esta Corte, el alumno recurrente forma parte de una comunidad universitaria que le impone a sus integrantes el cumplimiento de un conjunto de normas que regulan tanto la vida académica como los derechos y deberes estudiantiles (Reglamento General de Programas de Postítulos y Postgrados) y que no pueden desconocer y es en el contexto de esta regulación que contempla la aplicación de sanciones y la responsabilidad disciplinaria de sus miembros, en donde se consideran infracciones académicas graves o reiteradas, entre otras, copiar o permitir la copia en evaluaciones académicas, o plagiar u ocultar información en investigaciones y trabajos en general, siendo una de los castigos aplicables la calificación mínima de 1,0 (uno coma cero), por –como se dijo-, la remisión que realiza el artículo 53 del Reglamento ya citado, al Reglamento de Pregrado de la misma universidad, que contempla dicha sanción en el artículo 31°.

SÉPTIMO: Que así las cosas, el proceso disciplinario que terminó sancionando al recurrente en la forma que se ha dicho, ha sido llevado de acuerdo a la juridicidad que la propia Universidad Mayor se ha dado, aceptada por el alumno al suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales, el que ha cumplido con todas las etapas de reclamación que la misma preceptiva contempla, sin que se pueda advertir ninguna de las ilegalidades o arbitrariedades que alega el recurrente.

OCTAVO: Que por lo expresado, en concepto de estos sentenciadores, no existe de parte de la recurrida ninguna conducta ilegal o arbitraria que pudiera afectar alguna de las garantías constitucionales acusadas por el recurrente (de aquellas verdaderamente protegidas por la presente acción cautelar en el artículo 19, de la Carta Fundamental), razón por la que el presente recurso deberá ser necesariamente desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a folio N°1-2021 por don nombre reservado, en contra de la Universidad Mayor.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Sra. A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-10537-2021.(jog)