nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL

C.A. de Temuco Temuco, catorce de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 29 de diciembre de 2021 comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, quien interpone acción de protección en contra del GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representado por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución RA Nº 811/1813/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, notificada en su domicilio con fecha 30 de noviembre de 2021, que dispone la no renovación de su contrata, lo que vulneraría las garantías de los numerales 2, 16, 17 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Contextualiza su recurso en que presta servicios al Gobierno Regional de La Araucanía desde 02 de enero de 2001, fecha en que ingresó como personal a honorarios, y desde el 01 de julio de 2006 fue designada como funcionaria en calidad jurídica a contrata, grado 12° de la EUR, siempre desempeñando las mismas funciones y en la actualidad en grado 10 de la EUR, sus calificaciones durante el periodo trabajado fueron siempre en lista de mérito, o lista 1.

Refiere que con fecha 30 de Noviembre de 2021, se entregó en consejería de su domicilio domicilio reservado, de fecha 25 de noviembre de 2021, que dispone la no renovación de su contrata, la cual consigna como fundamentos una serie de reproches como el no haber retornado a sus funciones en forma presencial, y que la patología esgrimida por la actora para continuar con trabajo en forma remota no se encontraban dentro de aquellas establecidas en la Ley 21.342 ni en la Resolución 1459 del Gobierno Regional.

En este sentido, y si se le imputa una falta, como no haber retornado a sus labores en forma presencial, lo que podría ser una suerte de incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, como la establecida en el artículo 61 letra d) del Estatuto Administrativo, consistente en cumplir la jornada de trabajo, lo cual por lo demás es sancionado con la no percepción de las remuneraciones, en incluso con la destitución, previo sumario administrativo, como lo regula el artículo 72 del citado Estatuto.

Lo anterior, lo relaciona con el dictamen de Contraloría E156769 de noviembre de 2021, señala “En el mismo sentido, si los hechos en que se pretende fundar la decisión de no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima -o de disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata-, son de tal entidad que importan una grave contravención al principio de probidad administrativa, o tienen aparejado, por mandato legal, una sanción expulsiva, solo corresponde que en tal caso se instruya el pertinente proceso disciplinario y se aplique la destitución, si del mérito de este queda acreditada la pertinente infracción.

En el caso de autos, alega que no se le efectuó reparo alguno cuando presentó su certificado médico, acreditando su patología crónica con endometriosis pélvica severa, y que sus razones fueron aceptadas, toleradas y autorizadas, de suerte tal que desempeñó su trabajo de manera remota, sin observaciones, siendo pagadas íntegramente las remuneraciones, lo cual acredita que sus funciones fueron cumplidas y nunca fue objeto de sumario administrativo alguno.

Concluye que no existe relación alguna entre la motivación del acto administrativo con la causal de término invocada, la cual, es indefectiblemente de carácter objetivo, e implica prescindir de cualquier elemento subjetivo relacionado con la persona que sirve el cargo.

Es así como de la sola lectura del acto administrativo en cuestión se desprende la desviación de poder, pues se alega en la resolución que se decide no prorrogar la designación a contrata por “no retomar la presencialidad y encontrarme ausente” los cuales están referidos en considerando número 4 al 9, y que en definitiva se refiere a un supuesto incumplimiento de las obligaciones funcionarias reguladas estatutariamente.

Sin embargo, en el mismo considerando 9, se indica que sus servicios no son necesarios, verificándose la falta de fundamentación real del acto, y contraviniendo expresamente la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, cayendo en una incoherencia que torna infundado el acto administrativo contraviniendo expresamente los artículos 11, 40 y 41 de la ley 18.880, es decir, nunca se señaló porque mis servicios no son necesarios, sino que se me atribuye una falta o infracción de deber estatutario, dicho de otro modo, que los servicios no sean necesarios, implica que las labores ya no son demandadas por el GORE, que las labores desempeñadas desde hace 21 años dejaron de ser requeridas, con independencia de quien las pudiera ejecutar, por el contrario nada se dice, sino que se pasa a la subjetividad explicando o intentando explicar con falsedades que no me he presentado a mi trabajo y que he dejado de cumplir, sin dictar acto administrativo o notificarme de algún modo la supuesta necesidad de retorno a la presencialidad, olvidando que los actos administrativos son formales, escritos, fundados.

Aduce que la ampara el principio de confianza legítima, por cuanto se desempeña en el servicio desde el año 2001 y desde el año 2006 en calidad de contrata ininterrumpidamente, y el acto administrativo que no renueva su contrata carece de motivación como lo expuso.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

Igualdad ante la ley: Con la no renovación de la contrata de la recurrente, se han infringido las garantías constitucionales del Artículo 19, N°2, la igualdad ante la ley, ya que ha sido discriminada arbitrariamente al ser desvinculada del servicio, sin fundamento racional que justifique el acto administrativo emanado de la autoridad. La vulneración se da en la exclusión de la funcionaria con relación a los demás funcionarios a contrata y concediendo a otros la función en iguales circunstancias, especialmente los amparados por la confianza legitima. Que de esta manera, la decisión de no renovar o no prorrogar la contrata de la parte recurrente configura un acto ilegal y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato diferenciador en relación a otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, esto es, sin desvinculación derivada de sumario administrativo fundado en una falta que la motive y sin una calificación anual que permita dicha medida, pueden continuar sirviendo su cago a contrata.

Libertad de trabajo y su protección: Se vulnera el Art. 19 N°16, sobre libertad de trabajo y su protección ya que de manera arbitraria y con fundamentos que no tienen asidero en la veracidad de los hechos, la autoridad pone término a la relación laboral que mantenía con el Servicio desde el año 2001, favoreciendo la contratación de terceras personas, toda vez que la falta de necesidad del servicio no se fundamentó.

Admisión a todas las funciones y empleos públicos: Así también se infringió la garantía del artículo 19 N°17 de la Constitución, para la admisión de todas las funciones y empleos públicos, ello pues se coarta sin fundamento la contratación en favor de nuevos funcionarios.

Derecho de propiedad: Se vulnera el numeral 24 del artículo 19 de la carta fundamental, esto es derecho de propiedad –para el caso en relación a un empleo público, el que ha sido incorporado a su patrimonio tal como se señala precedentemente, a lo menos, hasta que no concurra una causal legal para el término de la relación funcionaria.

Pide que se acoja su acción de protección y en definitiva, se ordene dejar sin efecto, mediante un nuevo acto administrativo, la Resolución Exenta RA N°811/1813/2021, de 25 de noviembre de 2021, emanada del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de La Araucanía, que dispone no prorrogar su contrata; y se ordene el reintegro inmediato de la recurrente a sus funciones, disponiendo además el pago íntegro de las remuneraciones que correspondan al tiempo en que esté ilegalmente apartada de sus funciones, todo con expresa condena en costas Acompaña a su recurso, Resolución Exenta RA N°811/1813/2021, de 25 de noviembre de 2021; sobre que contenía resolución y Certificado de antigüedad a nombre de la recurrente.

A folio 8 evacúa informe la parte recurrida pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Hace presente algunas consideraciones sobre el Gobierno Regional para entender su funcionamiento. Reconoce que la recurrente comenzó a prestar servicios para el Gobierno Regional de La Araucanía, bajo modalidad a honorarios desde el año 2001 hasta el año 2006, en la División de Administración y Finanzas. En el año 2006 su calidad jurídica cambió a contrata y en el año 2019 se resolvió que desarrollara sus funciones en el Proceso de Contabilidad, debido a una solicitud médica que le diagnostica un trastorno ansioso depresivo. Agrega que la no renovación del empleo a contrata obedece a principios fundamentales de derecho público y que a la recurrida le asiste el principio administrativo derivado de jurisprudencia del ramo, y regulado por la Contraloría General de La República, cual es, la confianza legítima, sin embargo, dicho principio establecido en el Dictamen N°6.400 del Ente Contralor, establece instrucciones para el personal a contrata, renovación, atribuciones, estatutos afectos y otras materia, y que no afectan las facultades que tienen las autoridades en torno a las contratas, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas, de conformidad con las disposiciones legales respectivas. Los pronunciamientos de la entidad de control dice solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de designación debe materializarse vía un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado, esto es, a más tardar al 30 de noviembre del respectivo año, lo que está de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 19.880.

Afirma que el acto administrativo impugnado fue comunicado oportunamente y se encuentra debidamente fundamentado, pues en él se hace referencia a la información que proporciona el Jefe del División de Administración y Finanzas del Gore Araucanía, en la cual se desempeñaba la Srta. nombre reservado, que alude específicamente a las condiciones de retomar labores funcionarias presenciales debido a lo establecido en la Resolución Exenta N°1459, de fecha 08.09.2021, de este servicio público, el cual dispone la modalidad de retorno progresivo y criterioso para el retorno presencial a las funciones, atendida los bajos índices de contagios, el posible término de estado de excepción del país, y sin duda bajo el resguardo de lo preceptuado en el Plan Paso a Paso como asimismo en lo ordenado en la Ley N°21.342, artículo 1°, que, establece nómina de personas que se les permite efectuar labores remotas. Indica que las enfermedades señaladas en esta Ley la recurrente y ex funcionaria no las padecía, negándose de manera permanente a asistir al cumplimiento de sus funciones de manera presencial, lo cual incumple también la obligación de la letra g del artículo 61 del Estatuto Administrativo, por anteponer el interés privado por sobre el público.

Agrega que la recurrente no requería un llamado de su superior para retornar presencialmente, porque se le notificó la Resolución Exenta N° 1559, de fecha 08.09.2021, que así lo ordenaba respecto de todos los funcionarios, sin embargo, se le habría avisado en reiteradas oportunidades de aquello. Se expresa que la recurrente no obedece la orden de su superior jerárquico y Jefe de División del Gore Araucanía que le manifiesta en más de una oportunidad que retome de manera presencial sus funciones, atendida la fase en que se encontraba la comuna. Añade que el Gobierno Regional mantiene medidas sanitarias de protocolo, en cuanto a espacios fiscos y trazabilidad como en todo servicio público y/o empresas. Los funcionarios asisten a sus funciones en virtud de turnos, además de ser criteriosos en cuanto a los horarios de ingreso y salida de la jornada funcionaria, se han entregados elementos de protección personal para todos los funcionarios, se realizan PCR preventivos, entre otras medidas. Recalca que la recurrente ejerce sus funciones hace años y conoce o debiera al menos conocer sus obligaciones como asimismo el funcionamiento del servicio al cual pertenecía, lo que acrecienta su actitud u omisión de dar cumplimiento a las mismas.

Alega que la recurrente debió haber impugnado el acto por la vía que corresponde, que es aquella establecida en el artículo 160 de la Ley 18.834, esto es, reclamar ante la Contraloría General de la República dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que tuvieron conocimiento, agregando que conforme al artículo 98 de la Constitución Política, es dicho órgano autónomo el que ejerce el control de la legalidad de los actos administrativos.

Concluye que Resolución que comunica la no prorroga de contrata, se encuadra tanto dentro en las decisiones que la ley faculta a la autoridad para tomar, como también, da cumplimiento estricto al Dictamen N°6.400 de la Contraloría General de la República, que regula, ordena, y sustenta los requisitos que deben proceder para tal acto administrativo, actualizado por el Dictamen N°156769N21, de fecha 17.11.2021, no obligando o estableciendo como requisito a priori que la autoridad del servicio respectivo, deba antes de proceder al término anticipado realizar un sumario administrativo, que por lo demás, en el caso concreto que se debate en estos autos, no era necesario; en primer lugar, porque la ley no lo establece como requisito para no prorrogar las contratas para el año siguiente, que tiene carácter de “transitorio”, y en segundo lugar, porque nos encontramos ante la presencia de una omisión grave al cumplimiento de sus obligaciones funcionarias, que no son admisibles para una funcionaria de la trayectoria de la recurrente, por lo que descarta que exista un acto ilegal o arbitrario dictado por el Servicio.

Aduce que, al no existir un acto ilegal ni arbitrario, no se vulnera el principio de igualdad ante la ley, tampoco se le habría vulnerado su derecho a la libertad de trabajo, por cuanto a la ex funcionaria no se le renueva la contrata para el año siguiente por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en este informe como asimismo en el acto administrativo que contiene la Resolución Exenta RA N°811/1813/2021, de fecha 25.11.2021, notificada conforme a derecho a la misma. Tampoco se ha contratado nuevo personal como lo expone la recurrente en su recurso.

Sobre su derecho a acceder a todas las funciones y empleos públicos, sin mayores requisitos, articulo 19 numero 17, señala que la recurrente accede a las funciones del servicio público, sin ninguna prohibición, muy por el contrario ella misma en su escrito expresa que inicia su función en el Gobierno Regional de la Araucanía, bajo la calidad de convenios de honorarios, y que, en atención a su desempeño, le cambian calidad jurídica, a contrata, siempre en la misma división esta es de administración y finanzas del Gore Araucanía, además con el transcurso de los años aumento en grados, lo que significa aumento en su remuneración y bonos fiscales, aumentando sus ingresos no siendo privada de aquella posibilidad, además participa en concursos públicos para optar a ser funcionario de planta, que sin perjuicio de no haber calificado para tal función, sigue desempeñándose en la administración pública, ahora bien, que durante su desempeño haya incurrido en faltas, o deficiencias graves o negligentes, hace necesario que la autoridad dentro de sus facultades tome la decisión de no continuar con su contratación para el año 2022, sin embargo, la situación descrita no altera bajo ningún contexto el derecho garantizado por la Carta Fundamental en artículo 19 N°17.

En cuanto al derecho de propiedad, refiere que no se conculca el mismo, por no tener un derecho adquirido sobre su cargo, sino que solo una mera expectativa y es del caso particular que el Gobierno Regional, no perturba ni priva su derecho a su contratación, esta se encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones de ambas partes y acá una parte no cumple con los requisitos para seguir bajo este supuesto derecho.

Finalmente, alega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, puesto que tal como se advierte de la sola lectura de la parte petitoria, las cuales son materia ajena a la finalidad propia de esta acción, al ser un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz, frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de los derechos constitucionales protegidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental por un acto u omisión ilegal o arbitraria.

Acompaña los siguientes documentos: Certificado emitido por don nombre reservado y Finanzas de Gore Araucanía de fecha 15.12.202; Resolución Exenta RA N°811/1813/2021. de fecha 25.11.2021 del Gore Araucanía; Resolución Exenta N°1509 de fecha 21.10.2019; Resolución TRA N°811/32/2019 de fecha 07.01.2019; Certificado médico de fecha 16.10.2019; Memorándum N°148, de fecha 20.01.2022, que contiene funciones de la recurrida; Correo electrónico 17.01.2021; Resolución Exenta N°1459, de fecha 08.09.2021; correo electrónico de fecha 03.01.2022; Declaración Jurada de fecha 12.09.2021 de doña nombre reservado; Certificado médico de fecha 27.07.2021 de nombre reservado; Correo electrónico de fecha 10.09.2021; Memorándum N°256 de fecha 02.02.2022; Informe de horarios y movimientos de personal período enero 2022 de doña nombre reservado; Correo electrónico dirigido a la casilla teletrabajo del último período de ingreso bajo esa modalidad de doña nombre reservado; Memorándum N°247, de fecha 01.02.2022; Hoja de vida de fecha 01.09.2017 al 31.08.2018; Hoja de vida de fecha 01.09.2018 al 31.08.2019.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contemplados en el artículo 19 de ese cuerpo legal, y para que esta acción cautelar sea procedente se requiere que “la ilegalidad o arbitrariedad del acto o de la omisión que se reclama sea manifiesta, ostensible e indiscutible, de tal manera que sea posible reparar de inmediato el quebrantamiento de la juridicidad”.

SEGUNDO: Que, para el mejor acierto de lo que se resolverá conviene asentar los siguientes hechos:

a) Que la recurrente ingresó a prestar servicios al Gobierno Regional de La Araucanía en el año 2001 y que desde el año 2006 ha sido funcionaria a contrata en la División de Administración y Finanzas de la entidad;

b) Que por Resolución Exenta RA N° 811/1813/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, el Gobierno Regional señalado decidió no prorrogar la designación a contrata a la recurrente, lo que se le comunicó mediante carta certificada enviada a su domicilio y respecto de la que tomó conocimiento;

c) Que por Resolución Exenta N° 1459, de 8 de septiembre de 2021, del Gobierno Regional de La Araucanía, se ordenó a los funcionarios de la entidad, cualquiera sea la calidad en que éstos se desempeñan, el reintegro a funciones presenciales en turnos de jornada completa, según la fase decretada por el Ministerio de Salud.

d) Que la resolución mencionada en el numeral precedente fue remitida adjunta en correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2021, enviado a la casilla correo reservado.

e) Que con fecha 12 de septiembre de 2021 la recurrente suscribió declaración jurada de encontrarse en una causal de exclusión establecida en la Ley N° 21.342 sobre enfermedades de riesgo, indicando como motivo médico “Paciente en tratamiento por patología crónica de endometriosis pélvica severa”.

TERCERO: Que el acto que la parte recurrente estima ilegal y arbitrario es la Resolución Ex RA N° 811/1813/2021 que, como se dijo, decidió no prorrogar la designación a contrata en el cargo de profesional grado 10°, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 31 de diciembre de 2021.

Que este acto administrativo tiene como fundamentos lo ordenado por Resolución Exenta N° 1459, de septiembre de 2021, en cuanto dispuso el reintegro a sus funciones en las modalidades que indica de los y las funcionarias del Gobierno Regional de La Araucanía, según el Plan Paso a Paso decretado por el Ministerio de Salud. Que dicho reintegro a cumplir las tareas se dispuso de manera presencial en jornada normal, lo que fue comunicado a todos los funcionarios. La recurrente, indica la Resolución, acorde a lo instruido en la decisión administrativa presentó declaración jurada dando fe de encontrarse en una causal de exclusión, establecida en la Ley 21.342, correspondiendo a una endometriosis pélvica severa. Agrega el acto cuestionado, que esta patología no se encuentra establecida en dicha Ley ni en la Resolución Exenta 1459 antes citada. Que el Jefe de División de Administración y Finanzas comunicó a la recurrente el retorno presencial a su trabajo ya que para un mejor desempeño de sus labores es preciso se realicen en esa modalidad, y que el certificado presentado no reúne los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, ni corresponde a alguna de las causales detalladas. Que la funcionaria, a la fecha de la Resolución reclamada que se analiza, no ha retornado a sus labores en forma presencial.

CUARTO: Que, en este contexto, estima esta Corte que la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada, fue otorgada conforme se exige a todo acto administrativo, en los términos que establece la Ley 19.880, y que dichos fundamentos aparecen suficientes para la decisión adoptada.

En efecto, como ha quedado establecido, la recurrente, en su calidad de funcionaria profesional a contrata, derivado de la situación sanitaria imperante, asumió sus labores en forma telemática o bajo la modalidad de teletrabajo, la cual se extendió hasta que la autoridad en el ejercicio de una potestad pública dispuso el reintegro al trabajo presencial de todos funcionarios del Gobierno Regional, cualquiera sea la calidad en que éstos se desempeñen, planta, contrata, honorarios o código del trabajo, a contar del 10 de septiembre de 2021, fecha en que tal decisión se le comunicó, como a todos los funcionarios, por correo electrónico, envío éste que junto con remitir la aludida Resolución 1459 citada, señala que el Gobierno Regional de La Araucanía continuará con la modalidad de turnos de trabajo como ha sido hasta hoy, dice, con la única diferencia que será en una jornada completa.

QUINTO: Que, desde luego, debe asentarse para lo resolutivo de esta acción cautelar, que la decisión adoptada por la autoridad disponiendo el reintegro al trabajo presencial de todos los funcionarios del Gobierno Regional, no es ilegal – se funda en una potestad pública de que goza, ejercida además conforme a lo dispuesto en la materia en las instrucciones y directrices del Ministerio de Salud atendido el marco sanitario imperante – y tampoco es arbitraria, antojadiza o sin fundamento, ya que se refiere y vincula a todos los servidores, en igualdad, exceptuados sólo aquellos que se encuadren en el grupo de justificados por riesgo, según lo reguló la Ley 21.342, disponiendo la modalidad y las medidas de protección a la salud de los interesados regulando aforos, turnos rotativos, priorizando distanciamiento físico, ventilación constante, ventanas y puertas abiertas, incluso disponiendo medidas adicionales a las establecidas en el Protocolo Covid-19, como se indica en el resolutivo 06 del acto en comento.

Asimismo, se establecieron por la autoridad regional las causales de exclusión laboral presencial, tanto las que denomina de carácter permanente – mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades cardiacas, pulmonares, inmunodeprimidos, diabéticos e hipertensión, enfermedades renales – debiendo acreditarse éstas mediante certificado médico - como las que llama transitorias, para cuyo fin se aprobó un modelo de declaración jurada con el propósito de que los funcionarios que pudieren estar en la situación de salud o concurrir a su respecto causales de exclusión laboral presencial pudiesen efectuar la misma para justificar el cumplir sus tareas en forma mixta, remota o no presencial, previa solicitud, indicando los motivos fundados, junto a la declaración indicada.

SEXTO: Que, a su turno, la Ley 21.342 estableció un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, con ocasión de la alerta por la enfermedad Covid-19. Esta regulación, en lo que interesa, previene en su artículo 1° que, mientras persista la alerta sanitaria por el Coronavirus, es necesario implementar la modalidad de trabajo a distancia, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de las funciones lo permitiera y el o la trabajadora consintiere en ello “si se tratare de un trabajador o trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión; padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad”. Es decir, la propia Ley fijó a las personas exceptuadas por razones de salud u otras para no efectuar sus trabajos en forma presencial y en su reemplazo hacerlo en modo de teletrabajo o a distancia.

SÉPTIMO: Que, en este contexto administrativo y legal, la recurrente suscribió, como se dijo, con fecha 12 de septiembre de 2021, la declaración jurada requerida al efecto para dar cuenta de encontrarse en una causal de exclusión para cumplir con trabajo presencial, establecida en el numeral 2 sobre enfermedades de riesgo, fundada en un certificado médico de fecha 27 de julio de 2021, que indica una patología, la que, según lo reseñado, no es de aquellas que se consideraran en la Resolución Ex. 1459, antes dicha, ni tampoco en la Ley 21.342, instrumentos que son los regulatorios de estas excepcionalidades. De esta forma, no se reintegró al trabajo presencial como debía – lo que se corrobora con el Informe de Horarios y Movimientos de Personal agregado en autos en que únicamente se registra asistencia el día viernes 11 de febrero de 2022 - ni acató los requerimientos de su jefatura en torno a regresar a trabajar presencialmente como el resto de los funcionarios. Su afirmación en el recurso de no haberse notificado la supuesta necesidad de retorno a la presencialidad, aparece contradicha con el mérito de los documentos que se vienen analizando.

OCTAVO: Que, además, en torno a la reclamación de que en la dictación la Resolución Ex. RA N° 811/1813/2021 ha existido una desviación de poder al fundarlo en incumplimientos funcionarios para resolver finalmente que los servicios de la recurrente no son necesarios, para el caso de autos, no se entiende configurada, ya que ha sido el propio comportamiento de aquella lo que motiva no renovar su relación estatutaria.

Por ello, no se configura infracción de las garantías alegadas, dado que la igualdad ante la ley bajo la forma de una discriminación arbitraria al ser desvinculada, sin fundamento racional, excluyéndola con relación a los demás funcionarios a contrata. Tampoco se vulnera la garantía del artículo 19 N° 16 del texto constitucional, pues la supuesta arbitrariedad que se alega en relación a que los fundamentos del acto no tienen asidero en los hechos desde que se configuró. De igual forma, procede rechazar la vulneración que se sostiene al artículo 19 N° 17 de la Carta Fundamental, en cuanto no hay afectación en torno a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, es precisamente lo contrario, la misma reclamación se construye en la desvinculación de un empleo por la vía de no renovar una designación a contrata.

Por último, no hay vulneración del derecho de propiedad, ya que la no renovación dispuesta conforme a la normativa y a través de un acto administrativo fundado, no puede configurar lesión a esta garantía. Es una consecuencia inherente a la misma decisión.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el planteado a favor de doña nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de la Araucanía.

Redacción del abogado integrante señor Francisco Ljubetic Romero.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Protección-10496-2021.(fcv)