nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don HECTOR CAMPOS MALDONADO, abogado, en representación de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Juez Sustanciador de la TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, ambos domiciliado es domicilio reservado.

Funda su recurso en que con fecha dos de diciembre de 2021, don nombre reservado, funcionario de la Tesorería General de la República, notifica por cédula a su representado, de la resolución dictada en la causa Rol N°10.136-2015 Padre Las Casas, caratulada “Fisco con nombre reservado”, en que ordena que un recaudador fiscal trabe embargo sobre los fondos disponibles en todos los Activos y/o Productos existentes incluyendo fondos mutuos en dichas instituciones y demás Sociedades complementarias de su giro bancario o financiero, a favor del recurrente, para garantizar en forma debida los intereses fiscales comprometidos hasta por un monto de $53.024.319, en las siguientes instituciones: Banco de Chile; Banco de Crédito e Inversiones; Banco Santander Chile y Banco Bice. Así, ya el día 30 de noviembre de 2021, el mencionado Recaudador Fiscal, se constituyó en el Banco Bice y procedió a embargar la suma de $363.518 existente en la cuenta corriente N°RUT reservado a nombre de su defendido.

Estima dicho acto como ilegal y arbitrario por cuanto el procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos morosos fue iniciado por la Tesorería General de la República en el año 2015, y el embargo de bienes de uno de los deudores, en este caso su representado, solo se practicó en el año 2021, esto es después de más de seis años de iniciado el procedimiento ejecutivo.

Indica que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un plazo de 6 meses de duración de un procedimiento administrativo, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Sobre el particular, destaca que conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema es aceptable una demora hasta de dos años. Luego de ello habría ilegalidad, por cuanto concurre el decaimiento, esto es, la extinción y pérdida de eficacia de un acto administrativo, provocada por circunstancia sobreviniente de hecho o de derecho que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo.

Manifiesta que esta Iltma. Corte de Apelaciones, en autos rol 2.408-2014 sostuvo: “Que si la inacción de la administración, es prolongada injustificadamente en el tiempo, que vulnera los principios de probidad, eficacia y eficiencia, e impulsión de oficio, configura una circunstancia sobreviviente en términos tales que genera la desaparición del objeto del procedimiento, configurándose así la hipótesis especial de terminación del procedimiento administrativo prevista en el artículo 14 inciso final de la Ley N°19.880 que permitiría hablar de “decaimiento del procedimiento administrativo”. Así, conforme a lo anterior, hay que estarse a los plazos que el Código Tributario contempla para situaciones que pueden asimilarse. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 200 y 202 del dicho Código la regla general en materia de prescripción es de 3 años, por lo que resulta lógico sostener que pasado el plazo de tres años sin que el Servicio de Tesorería haya realizado en el procedimiento gestión alguna para proseguir con el cobro de los impuestos adeudados, se produce la desaparición del objeto del procedimiento administrativo.”

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, en sus formas del derecho a un procedimiento racional y justo.

En segundo lugar, sostiene que se ha conculcado el derecho de propiedad por cuanto respecto de los fondos existentes en la cuenta corriente del Banco BICE, perteneciente a su representado, los cuales en se encuentran en calidad de depósito en la institución bancaria citada, y si bien pueden ser objeto de embargo, ello será correcto, en la medida que el acreedor actúe de conformidad a la ley, y sobre la base de un título ejecutiva correcto.

En tercer lugar, expresa que asimismo se ha afectado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, contemplado en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, por cuanto la misma autoridad administrativa, impide a su representado una serie de actuaciones ante el Estado Fisco, por el sólo ello de ser deudor del mismo, no obstante, teniendo las acciones legales, para cobrar su crédito, no lo hace o simplemente deja abandonada las mismas, prefiriendo utilizar vías no jurídicas para dichos efectos.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se decrete el alzamiento del embargo señalado, o en caso de haber sido ya remitidos los fondos, la recurrida deberá restituir al recurrente los fondos ilegalmente embargados, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Copia de la carta certificada de fecha 2 de diciembre de 2021; 2.Copia del acta de embargo de fecha 30 de noviembre de 2021; 3. Copia de la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, que ordena el embargo.

A folio 11, comparece don Guido Andrés Fernández González, abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, quien evacúa informe.

Expresa, como antecedentes preliminares que el recurrente al mes de enero de 2022, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria que alcanza la suma de $377.625.234. La deuda corresponde, principalmente, a emisiones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, y, producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro de obligaciones tributarias bajo el Expediente Administrativo 10136-2015 de la comuna de Padre las Casas, el cual está relacionado con el presente recurso, no obstante mantener, además, 7 expedientes administrativos con deuda morosa vigente.

Indica que respecto del proceso de cobro 10136-2015 de la comuna de Padre las Casas, con fecha 19 de agosto de 2015, el ejecutado fue notificado y requerido de pago, embargándosele, en el mismo acto, fondos disponibles que pudiera mantener en su cuenta corriente y prestaciones que tuviere con el agente retenedor, Empresa Forestal Andes Limitada. Notificado, requerido de pago y embargado el contribuyente - ejecutado, no se opuso a la ejecución, expirando el plazo dispuesto para ello, conforme lo establece el artículo 176 del Código Tributario. Consecutivamente, y principalmente el año 2016 y hasta octubre de 2017 se pretendió obtener los fondos embargados oficiando al agente retenedor. Asimismo, y no teniendo respuesta del antedicho agente retenedor con fecha 17 de noviembre de 2021 se dicta resolución ordenando notificarlo nuevamente y luego con fecha 23 de noviembre de 2021, se resuelve embargar cuentas corrientes del recurrente, atendida la deuda morosa actualmente exigible y no prescrita.

Destaca que la inactividad, entre el 2018 y 2021, a lo menos en relación con el embargo de otros bienes, se debe a la circunstancia de no haberse encontrado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal en esas fechas, sin embargo, el proceso se ha encontrado vigente para todos los efectos legales y por lo mismo es que, al encontrar cuentas bancarias relacionadas con el deudor, Tesorería General de la República en uso de sus facultades y obligaciones de cobro detalladas en su Ley Orgánica Constitucional, procede a dictar resolución de fecha 23 de noviembre de 2021 para efectos de embargar las cuenta corrientes del recurrente, logrando concretar el embargo con fecha 30 de noviembre de 2021 por la suma de $363.518 en cuenta bancaria de Banco Bice.

Hace presente que en el presente expediente administrativo donde se ha materializado el embargo, no consta escrito alguno de la recurrente intentando impugnar la actuación recurrida, por lo que está intentando impugnar la actuación aludida por medio de un recurso de protección que no es la vía idónea. Asimismo, tampoco consta presentación de excepciones ni menos solicitudes de abandono del procedimiento ni decaimiento administrativo, por lo que no tiene relación alguna la jurisprudencia y doctrina aludida con el presente recurso, toda vez que, el recurrente sin haber peticionado ninguna de las instituciones aludidas requiere impugnar la actuación de embargo.

En segundo lugar, sostiene la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto es evidente que la recurrente, pretende es dejar sin efecto una cobranza por medio de un recurso de protección, sin embargo, tal petición debe ser resuelta dentro de tal proceso. El recurso de protección no tiene como finalidad la impugnación de resoluciones que no han sido favorables dentro de un proceso, puesto que no se configura la existencia de un acto arbitrario cuando se ampara en el imperio de derecho.

Finalmente, manifiesta la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que siendo el fundamento del recurso el mantener vigente un proceso de manera arbitraria desde el año 2015, según lo expuesto por el recurrente, resulta evidente que la acción de urgencia debió ser ejercida, con antelación y no en este estado procesal.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de cobro 10136-2015 de la comuna de Padre las Casas, seguido en contra del deudor y recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la excepción de extemporaneidad de la presente acción, cabe señalar que atendido a que la actuación ilegal y arbitraria denunciada dice relación con la dictación de la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, y la práctica del embargo materializado el día 30 del mismo mes y año, no cabe sino el rechazo de dicha alegación, al haberse deducido la presente acción dentro de los 30 días establecidas en el numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

TERCERO: Que en cuanto al fondo, se ha denunciado como una actuación arbitraria e ilegal, la dictación de resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, notificada el día 2 de diciembre del mismo año, y la consecuente práctica del embargo que el recurrente mantenía en una cuenta corriente, todo ello fundado en un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias que a su juicio ha decaído atendida la excesiva demora en su tramitación.

CUARTO: Que, es menester tener en consideración que la acción constitucional de protección es una de emergencia, extraordinaria, cuya finalidad no es la de resolver controversias sobre derechos entre partes, o inmiscuirse en materias que requieren de conocimientos técnicos, especializados, propios de acciones de lato conocimiento o, cuando menos, de procedimientos especiales que han sido ideados precisamente para resolverlos. Su objeto es, simplemente, restablecer una determinada situación de hecho que ha sido alterada por un acto arbitrario o ilegal que perjudica, amaga o perturba el ejercicio de determinados derechos que, además de ser garantías constitucionales, se debe tratar de derechos concretos, indubitados, precisos. Por ello es que se deja a salvo para ante la autoridad o tribunales correspondientes el ejercicio de los demás derechos que se puedan hacer valer.

QUINTO: Que, en el caso de marras, se vislumbra que lo que se pretende por la parte recurrente es la declaración de un derecho esto es, que ha decaído el procedimiento administrativo de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, cuestión que escapa a la naturaleza de la presente acción constitucional, cuyo fin es la cautela de derechos indubitados o indiscutidos. En ese orden de ideas, dicho procedimiento seguido ante el servicio recurrido tiene la naturaleza de constituir un procedimiento jurisdiccional, razón por la cual las cuestiones alegadas por la parte recurrente deben ser realizadas en dicho proceso y no en esta sede, razones por las cuales se rechazará la presente acción.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don HECTOR CAMPOS MALDONADO, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Juez Sustanciador de la TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. José Marinello Federici.

Rol N° Protección-10433-2021.(jog)