CORPORACION EDUCACIONAL CAMBRIDGE COLLEGE con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANGOL-MALLECO

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, el 23 de octubre del año 2020, comparece la CORPORACIÓN EDUCACIONAL CAMBRIDGE COLLEGE, R.U.T RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la multa por Resolución N° 3744/20/31, notificada a su parte con fecha 23 de septiembre de 2020, en la cual se le condenó a pagar la suma de Un Ingreso Mínimo Mensual (IMM), por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, afectando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Funda el recurso en que el día 10 de agosto del año 2020, fueron notificados, vía correo electrónico respecto del reclamo interpuesto por doña nombre reservado, ex trabajadora y recientemente desvinculada de la Corporación. Se notificó por parte de don nombre reservado, desde el correo electrónico correo reservado, adjuntando el documento "Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo, Citación a Comparendo de Conciliación y Requerimiento de Documentación", el que debía ser respondido en el plazo que indica de 03 días hábiles, debiéndose remitir la documentación a dicho correo. Manifiesta el recurrente que a causa de la Pandemia Covid-19, por orden del Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales no están funcionando con asistencia de alumnos, pero si con turnos “éticos” de algunos de trabajadores, para atender requerimientos específicos de los padres y apoderados. Por ello, presencialmente, no se encuentra la totalidad del personal. En razón de ello, solicitaron vía correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2020 una ampliación de plazo para entregar la documentación solicitada ya que la cantidad de información requerida, ameritaba una búsqueda y sistematización de las mismas, considerando el poco personal administrativo que se encuentra trabajando, entendiendo de toda lógica solicitar más plazo. Además se informó el correo electrónico de contacto y un número de celular al cual se pudieran comunicar para efectos de llevar a cabo el proceso de mediación. Sin embargo, el Centro de Mediación nunca respondió, ni acogiendo la solicitud de prórroga o denegándola. Sin perjuicio de ello, afirma que comenzaron a enviar parte de la documentación requerida; así con fecha 12 de agosto se envió mail al correo electrónico señalado por la recurrida en la cual se adjuntó parte de la documentación requerida. Luego, con fecha 13 de agosto del presente, se envió nuevo correo acompañando más documentos de los solicitados y expresando lo siguiente: “Estimado, junto con saludar continúo enviando información requerida, conforme me ha ido llegando. Sería de gran ayuda el hecho que se pronunciara respecto a la solicitud de ampliación solicitada días atrás y sobre la fecha y hora de comparendo.”, expresando que se solicitó pronunciamiento respecto de su solicitud de ampliación de plazo.

Así, señala que bajo una falta de transparencia del proceso, sin saber si se concedió o no una prórroga del plazo, y con una total displicencia por parte de don nombre reservado, continuaron enviando correos con documentos. Eso, hasta que con fecha 20 de agosto, se envió un correo dirigido al mail correo reservado, no al indicado por esta parte como ya se señaló, en el cual se remite acta de comparendo de conciliación (al que no se asistió por no haber sido informados que se realizaría) otorgándoles un plazo de un día hábil, contados desde la fecha de emisión del correo, para efectos de aceptar o rechazar la oferta realizada por la denunciante. Señala que en el acta respectiva, solo manifiesta que la declaración del reclamante es la contenida en su reclamo. Es por ello, y dentro de ese plazo fatal que intentaron enviar toda la información solicitada. Nuevamente se dieron a la búsqueda de la misma –de la faltante, porque ya se había enviado bastante-. El tenor del correo electrónico, con fecha 21 de agosto, es el siguiente: “Estimados, junto con saludar y cumplimendo con el plazo perentorio otorgado, doy respuesta del reclamo interpuesto en contra de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL CAMBRDIGE COLLEGE señalando al respecto que mantenemos nuestra posición en cuanto a que el despido fue justificado. Lamentamos que no se haya acusado recibo respecto de la solicitud de ampliación de plazo, conforme fue solicitada via correo electrónico, para efectos de poder adjuntar toda la documentación requerida. Insistimos en el hecho que el establecimiento no se encuentra funcionando con todo su personal sino que, bajo turnos éticos, en atención a la realidad sanitaria (y conforme autoriza el Ministerio de Educación) producto de la pandemia COVID-19.”

Sin embargo, y mientras continuaban enviando correos, don nombre reservado, funcionario encargado de la mediación, se comunicó vía telefónica con un miembro del directorio de la Corporación, don nombre reservado, para efectos de increparlo por no haber enviado toda la documentación, para señalar que el despido obedeció a un hecho personal y otras circunstancias que, lejos de estar dirigido a lograr una mediación, mas parecían reproches por el actuar. Más aún, no saben cómo obtuvo el teléfono celular personal de don nombre reservado para su llamado. Culmina su llamado solicitando que no se le envíen más correos con documentación y señalando que serían multados, refiriendo que es evidente que todas estas circunstancias, lejos de orientarse a lograr una mediación, obedecieron a un proceso viciado más que a la voluntad real –y legal- de avanzar en una solución, máxime, cuando en la primera comunicación enviada por ésta parte, se hace con la finalidad de indicar los datos de quien estaría a cargo de la mediación por parte de la Corporación, ignorando completamente dicha circunstancia.

Refiere que el acto recurrido consiste en la resolución de Multa N° 3744/20/31 de fecha 20 de agosto de 2020, agregando que se puede observar en el actuar del Centro de Conciliación IX Región, que no se ajustó a la legalidad vigente, dando cuenta del Principio de Legalidad, en lo que respecta a las funciones de los Conciliadores, y el Principio de Transparencia que recalca que es de vital importancia que los comparecientes ante la autoridad del trabajo se encuentran plenamente informadas acerca de las normas aplicables tanto al término de la relación de trabajo, en cuanto a los derechos y obligaciones que de ello derivan, como de las implicancias de la gestión administrativa y los derechos y obligaciones que han de generarse de la misma, dando cuenta del artículo 16 de la Ley 19.880 y artículo 41, refiriendo que el acto recurrido no proporciona fundamento alguno, dejando a su parte en un estado de indefensión absoluto, al no haber sido considerada para efectos de tener la posibilidad de conciliar o hacer los descargos correspondientes, privándolos de ese derecho, siendo el resultado la imposibilidad de no poder efectuar sus alegaciones y consideración de los documentos y así controvertir su contenido (Resolución que aplica la multa), siendo legítimo cuestionarse por qué se los privó de un proceso justo. Da cuenta, asimismo, que el proceder del Centro de Conciliación IX Región de la Araucanía resulta arbitrario, toda vez que en un proceso viciado, con manifiesta vulneración a la debida bilateralidad, y a los principios y normas ya enunciadas, los sanciona. La Resolución 3744/20/31, de fecha 20 de agosto de 2020, no señala pormenorizadamente los antecedentes que se tomaron en consideración para resolver como se hizo, como tampoco se encuentra motivada de manera alguna, por lo que el actuar de la recurrida, solamente encuentra justificación en sus dichos, sin argumentos concretos, razonables, objetivos, empíricamente acreditables, que permitan en alguna medida justificar su decisión de multarnos. Así, observa que la decisión en caprichosa y carente de razón.

Estima que la acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba y amenaza en el legítimo ejercicio de la igualdad ante la Ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado. Pese que la razonabilidad del acto administrativo no tiene un fundamento normativo tan claro como la motivación, se podría señalar que emana del artículo 19° N° 2 de la Constitución Política, en tanto este consagra la igualdad ante la ley. Considerando lo anterior, la Administración al tomar una decisión debe ponderar cómo se conjugaran los hechos del caso concreto con la normativa aplicable, sin que la toma de la decisión se transforme en un proceso automático y exento de deliberación acerca de lo razonable o adecuado de lo resuelto, como sucede en el actuar de la oficina de conciliación, mediante su acto administrativo dictado, Resolución N° 3744/20/31 que se recurre, vulnerando así su derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Además, afecta la Igual protección de la Ley en el Ejercicio de sus Derechos: Consagrado en el Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado. Esto, en virtud que el actuar del Centro de Mediación IX Región, mediante su acto administrativo de fecha 20 de agosto de 2020, que se recurre, no se encuentra respaldada por un debido proceso, otorgando la posibilidad de ejercer los derechos como consecuencia de un actuar errático, con desidia por parte de la oficina del Centro de Mediación, a través de la actuación del conciliador nombre reservado.

Por todo lo anterior, solicita tener por presentado Recurso de Protección en contra de DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LA ARAUCANÍA, representada legalmente por su Director, don nombre reservado todos ya individualizados; ordenarles que informen en el plazo perentorio que se fije y en definitiva, acoger el presente recurso de protección, resolviendo que el actuar de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, a través del Centro de Conciliación IX Región, al aplicar la multa recurrida, ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los Nº 2 y 3 del artículo 19 de la C.P.R.; ordenándoles a las recurridas se deje sin efecto la Resolución N° 3744/20/31, de fecha 20 de agosto de 2020, notificada a su parte con fecha 23 de septiembre de 2020, o bien la medida que SS.I, estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña Resolución de Multa N° 3744/20/31, de fecha 20 de agosto de 2020, notificada con fecha 23 de septiembre de 2020, del Centro de Conciliación IX Región.

A folio 12, el 18 de noviembre de 2020, comparece doña nombre reservado, abogada por la recurrida DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LA ARAUCANÍA quien evacúa informe relativo al recurso de protección deducido, haciendo presente que producto del estado de excepción constitucional que afecta al país, por la pandemia del Covid-19, la Dirección del Trabajo se ha visto obligada a modificar sus procedimientos, al igual que lo ha hecho el Poder Judicial, de forma de evitar al máximo la concurrencia de personas a sus dependencias, contribuyendo así al distanciamiento social entre personas evitando posibles contagios. En este contexto, así como el Poder Judicial ha hecho uso de herramientas telemáticas para la celebración de audiencias, la Dirección del Trabajo en el ámbito de la conciliación individual ha optado por desarrollar el proceso en forma íntegra a través de correos electrónicos, atendido que no es necesaria la comparecencia a través de abogado habiendo muchos usuarios que no saben usar herramientas tecnológicas, o derechamente no las tienen, como pueden ser personas de bajos recursos o residentes en zonas rurales. Por ello se optó por el correo electrónico, que es de uso mucho más masivo y al que incluso se puede acceder con un teléfono celular. Es en este contexto que se tramitó el reclamo administrativo Nº 09.18.2020/1817, que dio origen a la sanción impugnada en estos autos. Así las cosas, con fecha 27 de julio de 2020 se interpuso de parte de la ex trabajadora del recurrente, doña nombre reservado, reclamo administrativo Nº 09.18.2020/1817 que fue asignado al Inspector nombre reservado Sr. nombre reservado quien en aplicación de los procedimientos vigentes procedió con fecha 10 de agosto de 2020 mediante correo electrónico enviado a la casilla proporcionada por la reclamante a informar de la interposición del reclamo y en el mismo acto solicitar la documentación referida al caso incluso dando la facilidad de hacerla llegar físicamente a través de la oficina de partes en forma presencial o en forma remota mediante copia escaneada, opción que finalmente tomó la reclamada. Es efectivo que en dicha misiva se le otorgó a la reclamada un plazo de tres días hábiles a fin de acompañar la documentación solicitada, la que fue acompañada dentro del plazo en forma parcial, faltando la que se individualiza en la resolución de multa. Así, al no exhibir la totalidad de la documentación solicitada y dentro de sus facultades legales contenidas en los artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, el Inspector nombre reservado procedió a cursar la multa Nº 3744.2020/31-1 por “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: Contrato de trabajo, carta aviso despido a la trabajadora, proyecto de finiquito y comprobantes de liquidaciones de remuneraciones de los siguientes períodos: 1 de enero 2016 a 31 de diciembre de 2016, 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 y finalmente desde el 1 de enero de 2020 al 22 de julio de 2020. Lo anterior respecto a la trabajadora que a continuación se indica: Sra. nombre reservado.” Por el monto de un ingreso mínimo mensual. Cabe señalar que la multa en comento no fue objeto de reconsideración administrativa ni reclamación judicial.

Da cuenta que la recurrente centra sus argumentaciones en cuanto a señalar que en la especie no alcanzó a recopilar toda la documentación solicitada dentro del plazo conferido atendido que estaba trabajando con “turnos éticos” por orden del Ministerio de Educación, para atender requerimientos específicos de padres y apoderados. En este punto es de opinión de esta parte que este trabajo mediante turnos éticos no es impedimento para dar cumplimiento a lo instruido por el Inspector nombre reservado actuante, ya que según lo establece el artículo 31 inciso final del ya citado DFL Nº 2, (sic) “Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones”, ordenando expresamente el artículo 9º inciso 5 del Código del Trabajo que “El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener en el lugar de trabajo, o en un lugar fijado con anterioridad y que deberá haber sido autorizado previamente por la Inspección del Trabajo, un ejemplar del contrato, y, en su caso, uno del finiquito en que conste el término de la relación laboral, firmado por las partes.” En virtud de estas normas, la documentación laboral y previsional debe mantenerse en el lugar de trabajo, por lo que no significaría mayor dificultad su recopilación y escaneo si en el lugar de trabajo está reconocido que hay personal en turnos éticos en las dependencias del establecimiento. Otro tema relevante está en que el plazo que se dio, a juicio de esta parte, no es imposible de cumplir ni fue de un día para otro, sino que se le dieron tres días hábiles para escanear los antecedentes, plazo más que razonable y dentro del cual no fue cumplido el requerimiento en su integridad, imponiéndose así ajustadamente la sanción, considerando además que la no exhibición oportuna de los antecedentes implica dificultar la función fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, que debe ser cumplida por la Dirección del Trabajo. Con respecto del correo de fecha 20 de agosto de 2020, como se demostrará, éste estaba dirigido a la ex trabajadora y no a la recurrente de autos. Lo cierto es que la misiva se envió con copia a esta última por un tema de transparencia. Es por ello que el plazo conferido de un día hábil lo fue para la reclamante Sra. nombre reservado, y a fin de que se pronunciara sobre el estado del reclamo hasta ese punto adjuntándose el documento denominado “Preacta”, pero se insiste que este plazo se le concedió a la ex trabajadora por lo que no advierte perjuicio ni infracción a garantía constitucional alguna para el recurrente en este punto. Finalmente, con fecha 21 de agosto de 2020, afirma que fue enviada también vía correo electrónico a ambas partes el acta final del reclamo, que da cuenta de que no se logró acuerdo, señalando el Inspector nombre reservado claramente el análisis de la documentación presentada dentro de plazo, indicando expresamente el acta que el plazo otorgado para exhibir la documentación no fue, en parte, cumplido. Con todo, habiendo un reconocimiento expreso incluso en el texto del mismo recurso de protección en el sentido de que efectivamente no se acompañó toda la documentación recurrida dentro del plazo conferido para ello, y de acuerdo al tenor de la misma multa, no advierte vulneración a norma jurídica alguna estando el acto administrativo debidamente fundado y motivado, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880. Asimismo, es de la opinión que de una simple lectura de la resolución de multa, ésta resulta del todo clara y comprensible, estableciendo expresamente los hechos que son sancionados, los que dicho sea de paso no son controvertidos en el presente recurso, motivo por el que deberá rechazarse la presente acción constitucional de protección. Con todo, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna estando apegada a la normativa vigente de acuerdo a los hechos constatados, motivo suficiente para rechazar el recurso de protección deducido.

Estima la improcedencia de este recurso, ya que los derechos reclamados no son verdaderos derechos fundamentales, sino que son protegibles por el contencioso-administrativo que le entrega la ley a través de las reclamaciones judiciales del artículo 503 del Código del Trabajo, lo que confiere al sancionado una muy rápida vía de impugnación lo que torna injustificable la interposición del presente recurso de protección. En concordancia con los criterios precedentemente expuestos, estima que la controversia suscitada con motivo de la presentación de este recurso, versa esencialmente sobre aspectos que tienen que ver con la aplicación de normas jurídicas de alcance general y diversos antecedentes de hecho, que la hacen más propia de un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, que de una acción cautelar como el recurso de protección. Esto mismo permite señalar que con la interposición del presente recurso no se está buscando un remedio urgente y necesario frente a un quebrantamiento ostensible del orden de cosas establecido, que deje a salvo a las partes la posibilidad de discutir el fondo de sus derechos en la sede judicial pertinente, sino que al contrario, con la obtención de un fallo favorable al recurso, se persigue la resolución definitiva y permanente de esta controversia, lo que no parece procedente considerando que no estamos en presencia de un derecho indubitado. En el presente caso, señala que de la sola lectura del recurso interpuesto se puede apreciar que se está utilizando este recurso constitucional como un sustituto jurisdiccional de procedimientos ordinarios de lato conocimiento establecidos en la Ley, como lo es el contemplado en el artículo 503 del Código del Trabajo, lo que basta por sí mismo para rechazar el recurso interpuesto. Lo anterior se evidencia, entre otros, al señalar el recurrente antecedentes de hecho que deberían ser objeto de prueba como por ejemplo una supuesta llamada telefónica en que el funcionario habría increpado al recurrente, reprochándolo por su actuar lo que obviamente debe ser objeto de prueba.

En cuanto a las garantías vulneradas refiere que no ha habido vulneración alguna a las garantías constitucionales supuestamente infringidas. Respecto de la supuesta vulneración a la igualdad ante la ley, este derecho implica que ni la ley, ni ninguna autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. En este sentido, no vislumbra de qué manera la Dirección del Trabajo habría conculcado esta garantía constitucional, el actuar del Servicio nunca ha podido vulnerar de manera alguna el derecho de igualdad ante la ley, aseverando que el recurso de protección, supone una acción rápida y eficaz para restablecer el imperio del derecho, frente actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, que signifiquen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de una de las garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Sin perjuicio de ello, y a objeto de cumplir lo ordenado en esta Acción de Protección, reitera que en todos los casos en que se constatan hechos como el sancionado, el Servicio siempre ha aplicado en forma uniforme e igualitaria el mismo procedimiento, por lo que nunca se ha vulnerado la garantía del artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental. Respecto del otro derecho señalado como vulnerado, el consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, descrito como la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, cabe señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República al establecer la acción constitucional de protección limita expresamente su procedencia al artículo 19 Nº 3 inciso quinto, y no al inciso primero como ocurre en este caso, siendo este motivo suficiente para rechazar la acción en este punto.

Por todo lo anterior, solicita se desestime el recurso de protección deducido en estos autos, por no concurrir en la especie vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Formulario especial de reclamo administrativo de fecha 27 de julio de 2020; 2.- Correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020 de nombre reservado a Corporación Educacional Cambridge College; 3.- Copia de formulario citación de reclamo Nº 09.18.2020/1817; 4.- Correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2020 de nombre reservado a nombre reservado con información período 2015; 5.- Correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2020 de nombre reservado a nombre reservado enviando parte de la documentación requerida; 6.- Correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020 de nombre reservado a nombre reservado, remitiendo “Preacta” de reclamo Nº 09.18.2020/1817; 7.- Preacta de reclamo Nº 09.18.2020/1817, de fecha 19 de agosto de 2020; 8.- Correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2020; 9.- Acta final de reclamo administrativo Nº 09.18.2020/1817 de fecha 20 de agosto de 2020; 10.- Resolución de multa administrativa Nº 3744.2020/31 de 20 de agosto de 2020.

A folio 28, el 22 de marzo del año 2021, la parte recurrente acompaña copia de correos electrónicos.

Se trajeron los autos en relación, disponiéndose la agregación extraordinaria de la causa y procediéndose a su vista.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que esta acción constitucional cautela el legítimo ejercicio los derechos fundamentales expresamente señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante vulneración que sea consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario efectuadas por autoridades o particulares, siendo presupuestos de procedencia los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho especialmente protegido en la disposición constitucional señalada.

SEGUNDO: Que en estos autos la CORPORACIÓN EDUCACIONAL CAMBRIDGE COLLEGE, ha interpuesto recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, haciendo consistir su arbitrio constitucional imputando a la recurrida ilegalidad o arbitrariedad con motivo de la dictación de la Resolución N° 3744/20/31, de fecha 20 de agosto de 2020, que impuso a la actora una multa por la suma de Un Ingreso Mínimo Mensual (IMM), por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, manifestando que tal acto administrativo afecta las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución señalada, o bien la medida que esta Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas, aduciendo por su parte la recurrida que no ha existido tal vulneración de derechos fundamentales con la dictación del acto administrativo, el que obedeció a un procedimiento de fiscalización efectuado, conforme las prerrogativas legales que ostenta, Resolución que no fue reclamada ni por vía administrativa ni judicial.

TERCERO: Que para resolver el presente recurso aparece como un hecho indubitado que el recurrente fue objeto de un procedimiento de fiscalización efectuado por la recurrida, con ocasión de la denuncia efectuada por la ex trabajadora doña nombre reservado, llevándose a cabo el procedimiento administrativo correspondiente por el Sr. nombre reservado don nombre reservado, mediante correo electrónico enviado al empleador, recurrente de autos, en que se solicitó la documentación requerida, y que fue remitida parcialmente por la Corporación Educacional, conforme a lo referido en el propio recurso.

CUARTO: Que ahora bien y conforme se ha indicado, el recurrente sostiene el presente recurso en que la Resolución N° 3744/20/31, de fecha 20 de agosto de 2020, constituye un acto administrativo ilegal y arbitrario y que infracciona las garantías fundamentales, al vulnerar la igualdad ante la ley, y la igual protección de derechos, señaladas en el numeral 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que deberá analizarse si dicha resolución resulta ilegal y arbitraria como sostiene el recurrente y que como consecuencia de ello se hubieren vulnerado las garantías constitucionales que señala infringidas.

QUINTO: Que al efecto y en cuanto al marco legal de su dictación, ha de tenerse presente que el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 dispone que: “Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial”. Asimismo, el artículo 31 del mismo cuerpo legal señala que “Los funcionarios del Trabajo podrán requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de sus organizaciones, toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para su examen. Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones”, agregando el Artículo 32° que “La infracción a las disposiciones del artículo precedente será sancionada con multa administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales anuales del mismo departamento que será aplicada por el Inspector del Trabajo que la constató”.

SEXTO: Que de esta forma, conforme a los hechos mencionados en el recurso, y al tenor de las normas transcritas en el fundamento precedente, forzoso resulta concluir que no se advierte una actuación ilegal o arbitraria de la parte recurrida, puesto que se ha limitado a aplicar la normativa que la rige, conforme el Principio de Juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, constando además que resulta ser un acto administrativo motivado, por cuanto se exteriorizan y expresan las razones de su dictación, imponiendo una sanción pecuniaria ante una infracción laboral.

SÉPTIMO: Que las demás alegaciones de la recurrida en cuanto sostiene circunstancias que fundamentan una reclamación de la multa administrativa aplicada, constituyen una materia de lato conocimiento, cuyo procedimiento para plantearlas y discutirlas se encuentra señalado en el artículo 503 del Código del Trabajo, no siendo el presente arbitrio una instancia de declaración de derechos, pues tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a derechos preexistentes e indubitados.

OCTAVO: Que por todo lo anterior, no pudiendo esta Corte concluir la existencia de infracción de derecho fundamental alguno, no siendo legalmente posible, por esta vía procesal cautelar y extraordinaria adoptar medida alguna de protección a favor del recurrente, necesariamente este recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la CORPORACIÓN EDUCACIONAL CAMBRIDGE COLLEGE, representada por don nombre reservado en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, representada por don nombre reservado, todos ya individualizados.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra Suplente señora María Cristina De La Cruz Arriagada Protección-10387-2020. (fcv)