INMOBILIARIA MEDITERRANEO LTDA con TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, tres de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de INMOBILIARIA MEDITERRÁNEO LTDA., quien deduce recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII), IX DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, y en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, por actos que califica de arbitrarios e ilegales que privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala en síntesis que con fecha 17 de noviembre de 2017, Inmobiliaria Mediterráneo Ltda. adquirió el inmueble rol de avalúo N° 353-8 de la comuna de Villarrica, de una superficie total de 111.471,60 m², predio de carácter rural con vocación agrícola y forestal, cubierto mayoritariamente por bosque nativo y que posteriormente, fue subdividido en 18 lotes.

Indica que, sin que mediara solicitud de la contribuyente ni inspección técnica suficiente en terreno, el Servicio de Impuestos Internos procedió de oficio a reclasificar los lotes derivados del rol matriz, cambiando su serie a bien raíz no agrícola y asignándoles destino de sitio eriazo.

Manifiesta que, dicha modificación fue practicada en forma retroactiva, sin notificación personal ni carta certificada que individualizara la resolución que cambió la serie, destino y avalúo de cada uno de los lotes, de modo que la contribuyente nunca contó con la oportunidad real y efectiva de ejercer el procedimiento de reclamo del artículo 149 del Código Tributario dentro del plazo legal.

Precisa que, el Servicio determinó y notificó, respecto del rol 353-8, un giro suplementario por concepto de sobretasa de bienes inmuebles, año tributario 2025, donde se informa una nueva base imponible para cálculo de la sobretasa ascendente a más de $6.500 millones, generando un monto suplementario superior a $17 millones, a pagarse en una sola cuota. Esta sobretasa se calculó como si se tratara de un sitio eriazo urbano con destino habitacional de alta plusvalía, desconociendo que se trata de un predio rural boscoso sin construcciones ni urbanización efectiva.

Añade que como consecuencia de lo anterior, la Tesorería Regional de La Araucanía ha iniciado procedimientos de cobranza coactiva, librando mandamientos de ejecución y embargo y advirtiendo que, de no pagarse las contribuciones y sobretasas giradas, el inmueble se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley y podrá ser rematado judicialmente, configurándose así una amenaza real e inminente sobre el patrimonio de la recurrente.

Sostiene que el actuar del Servicio de Impuestos Internos resulta ilegal y arbitrario por cuanto, primero, reclasifica los inmuebles desde primera serie agrícola a segunda serie no agrícola con destino habitacional/sitio eriazo, sin observar el procedimiento ni la motivación exigidos por la Ley N.º 17.235 y el artículo 149 del Código Tributario; y, segundo, altera retroactivamente la información histórica disponible en sus propios certificados, presentando los años anteriores como si desde entonces hubiesen sido sitios eriazos, en abierta contradicción con los certificados originales que obran en poder de la contribuyente.

Conforme a ello, solicita se acoja el recurso, ordenando al Servicio de Impuestos Internos dejar sin efecto la reclasificación como bienes raíces no agrícolas respecto de los roles que se individualizarán en la parte probatoria (entre ellos, 353-8-F, 357-67, 357-74, 357-75, 357-77, todos de la comuna de Villarrica), manteniendo su clasificación como predios de primera serie agrícola-forestal, o bien proceder a un nuevo avalúo que considere su real condición de predios rurales con bosque nativo, previo procedimiento racional y justo en que la contribuyente pueda ser oída y aportar antecedentes.

Asimismo, ordenar a la Tesorería Regional de La Araucanía suspender definitiva e inmediatamente todo procedimiento de cobro, ejecución, embargo y remate relativo a las contribuciones en los actos aquí impugnados, mientras no exista un avalúo legalmente determinado conforme a la realidad agrícola-forestal del predio.

A folio 15, emite informe la recurrida Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, solicitado el rechazo del recurso de protección, en virtud de los antecedentes que expone.

Indica que, el Rol de Avalúo 358-8, de la comuna de Villarrica, corresponde a un terreno registrado actualmente con ubicación urbano y destino sitio eriazo, de propiedad de la recurrente. El avalúo fiscal del inmueble al 01.01.2026, asciende a $1.795.179.345, con contribuciones trimestrales de aproximadamente $4.788.641. Además, por tratarse de un sitio eriazo se encuentra afecto a la sobretasa del artículo 7 bis de la Ley N°17.235.

Refiere que mediante Resolución A09.08.00018298 del 12.06.2025, con vigencia a contar del 01.07.2022, se efectúa el cambio de serie de la propiedad, pasando de Agrícola a No Agrícola (se tasa como sitio eriazo). Se incluyen los roles 357-67; 357-68, 357-69, 357-70, 357-71, 357-72, 357-73, 357-74, 357-75, 357-77, 357-78, 357-79, 357-80, 357-81, 357-82 y 357-83. Se verifica en el acto que la propiedad no se encuentra siendo explotada para producción agrícola ni ganadera, lo que explica el cambio de serie. Es esta última resolución que implica el cambio de serie de la propiedad, registrando la misma como sitio eriazo, afecto al pago de contribuciones.

Expresa que con la misma vigencia de la modificación de cambio de serie (01.07.2022) fue incrementada la base imponible de la sobretasa, emitiéndose giro para el año 2025, por el monto de $21.635.721 y que a la fecha, no se han documentado peticiones administrativas que permitan analizar la pertinencia de un cambio de serie en la propiedad, ni hechos o circunstancias que permitan inferir que la propiedad tiene un destino Agrícola.

Agrega, que el recurso ha sido interpuesto extemporáneamente, por cuanto la Resolución A09.08.00018298 del 12.06.2025, con vigencia a contar del 01.07.2022, que efectúa el cambio de serie de la propiedad, pasando de Agrícola a No agrícola (se tasa como sitio eriazo), le fue notificada al contribuyente por medio de correo electrónico despachado el 26 de junio de 2025, a las 12.23 hrs, dirigido a la casilla correo reservado, siendo abierto dos veces por el destinatario, siendo la última apertura el día 27 de junio de 2025, a las 10:15 hrs., lo que demuestra que la recurrente en dicha fecha tomo pleno conocimiento de lo resuelto por este Servicio, y recién meses más tarde pretende que dicha resolución sea revisada por esta vía por los motivos que ahora recurre, en consecuencia, el presente recurso de protección fue interpuesto extemporáneamente.

Indica que esta no es la vía idónea para conocer y resolver la controversia, ya que lo realmente pretendido por la recurrente es que se deje sin efecto actos administrativos emitidos, esto es, que conozca y resuelva acerca de una cuestión de lato conocimiento, la que, de acuerdo con la normativa citada, posee un procedimiento especial de revisión, a través del reclamo y reposición administrativa, que deben ser conocidos por el propio Servicio, o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente; pero no por esta vía de naturaleza cautelar, dado que la recurrente no tiene un derecho indubitado.

Finalmente expone que, no se vislumbra ningún acto arbitrario y/o ilegal respecto de ese Servicio, por cuanto no obstante no individualizar con precisión el acto u omisión recurrido respecto de este Servicio, empero, si se entendiera que es la Resolución Exenta A09.08.00018298 la que se impugnaría por la presente acción tutelar, lo cierto es que ella tiene su fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial; la Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Código Tributario; y en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N°7, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

A folio 16, emite informe la Tesorería General de la República, quien señala en relación con el inmueble Rol 353-8 de la comuna de VILLARRICA, que presenta deudas en virtud de Giros emitidos por Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al detalle que incorpora.

Indica que, dicho proceso de cobro fue notificado mediante recaudador Fiscal con fecha 25 de febrero de 2026 y Tesorería en el transcurso de dicho plazo hasta el día de hoy, no ha recibido por parte del recurrente ninguna presentación, ni defensa ni alegaciones, por lo que consta que Tesorería General de la República, ha obrado conforme a derecho, limitándose a generar los procesos de Cobro de acuerdo a la ley, sin mediar ningún impedimento legar para ello.

Agrega, que hay falta de legitimidad pasiva por cuanto, es el propio recurrente quien responsabiliza de su situación, al Servicio de Impuestos Internos, quien como bien señala, es el Servicio llamado a cargo para efectos de determinar el avalúo fiscal de los inmuebles. No obstante, ello, dirige su acción conjuntamente contra Tesonería General de la República, órgano llamado a ejercer la acción de Cobro, más no a pronunciarse sobre la tasación de cierto y determinado inmueble, por lo que la acción de Protección no ha sido dirigida contra quien, en palabras del mismo recurrente, ha obrado en forma ilegal o arbitraria, sino contra un tercero ajeno, como lo es Tesorería.

Expresa que, no procede accionar de protección existiendo otras vías de impugnación, ya que el proceso de cobro se realizó en conformidad a lo regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, razón por la cual, existen vías como la oposición de excepciones, que el recurrente pudo haber deducido sin la necesidad de ocurrir de protección y la posibilidad de deducir incidente, en este caso indicando que existen pendientes presentaciones ante el SII, para efectos de suspender el proceso de Cobro.

A folio 20, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que la recurrente ha estimado como ilegal y arbitrario el acto del Servicio de Impuestos Internos consistente en la modificación de oficio retroactivamente de la clasificación del inmueble N° 353-8 de la comuna de Villarrica, de Primera Serie (Agrícola) a Segunda Serie (No Agrícola - Sitio Eriazo), incrementando su avalúo fiscal y desconociendo la clasificación histórica previa y que se trata de un predio rural boscoso sin construcciones ni urbanización efectiva, destinado a la actividad agrícola-forestal.

Por otra parte, impugna el actuar de Tesorería General de la República por iniciar el procedimiento de cobro de las contribuciones derivadas de dicha clasificación, notificando mandamiento de ejecución y embargo deuda y advirtiendo un eventual remate judicial.

TERCERO: Que el Servicio de Impuestos Internos alegó, en primer término, la extemporaneidad del recurso, fundado en que mediante Resolución A09.08.00018298 del 12.06.2025, con vigencia a contar del 01.07.2022, se efectúa el cambio de serie de la propiedad, pasando de Agrícola a No agrícola (se tasa como sitio eriazo), la que fue notificada al actor por correo electrónico con fecha 26 de junio de 2025, constando apertura del referido correo el 27 de junio de esa anualidad, así el recurso de protección se interpuso excediendo largamente el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

CUARTO: Que, conforme lo prescrito en el Auto Acordado que regula el ejercicio de la acción de protección, ésta debe interponerse en el plazo fatal de treinta días corridos contados “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Así las cosas, en dicha norma reglamentaria se contemplan dos posibilidades para el cómputo respectivo, vale decir, desde la ejecución del acto o bien desde el conocimiento que se tenga del mismo.

Pues bien, del examen de los antecedentes aportados, se advierte, que confluyen en este caso, ambas hipótesis, ya que la decisión del Servicio en orden a modificar la clasificación del inmueble de que se trata se efectuó mediante resolución precitada, la que fue notificada con fecha 26 de junio de 2025 al actor, según consta de los antecedentes acompañados por la recurrida.

Así, al tiempo de ejercerse esta acción, esto es, 26 de marzo de 2026, había transcurrido con creces el plazo previsto en el Auto Acordado precitado, de lo que resulta la extemporaneidad del recurso interpuesto, respecto de la modificación a la clasificación y avalúo del inmueble.

Por otra parte, conviene precisar que, las gestiones posteriores de cobranza efectuadas por la Tesorería constituyen actos de ejecución de una obligación tributaria ya determinada y no tiene el mérito de revivir plazos respecto de la discusión de fondo sobre la clasificación del inmueble, materia que debió ser impugnada en su oportunidad legal.

QUINTO: Que a mayor abundamiento y con relación al fondo de la acción deducida, lo que se pretende es que esta Corte ordene al Servicio de Impuestos Internos dejar sin efecto la nueva clasificación del inmueble en cuestión, restableciendo su clasificación como predio agrícola., por lo que resulta forzoso advertir que para acceder a dicha petición, se deben determinar previamente la existencia de una clasificación errónea del inmueble Rol de Avalúo N° 353-8 y los diversos lotes resultantes de su subdivisión, lo que ha derivado en el cobro de un impuesto territorial desproporcionado amenazando eventualmente el derecho de propiedad del recurrente, cuestión que necesariamente debe ser dilucidada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado le franquea el ordenamiento jurídico, debido a que es evidente que no existe en el presente caso, un derecho o derechos indubitados en favor de la sociedad que recurre, considerando además que este procedimiento, no es en ningún caso, declarativo de derechos cuestionados.

De esta forma, la ausencia del necesario derecho indubitado que habilita a resolver lo pedido por la recurrente y la necesidad de un procedimiento de lato conocimiento para decidir acerca de las materias planteadas por ésta, con llevan necesariamente a concluir que la acción constitucional de protección tampoco es la vía idónea para resolver la materia planteada por la actora y por ende el recurso también deberá ser desestimado.

SEXTO: Que, sobre el particular conviene recordar que, la Ley N°20.322, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros, estableció un procedimiento general de reclamaciones por aplicación a las normas tributarias, contenido en el artículo 123 del Código Tributario. De igual forma, introdujo un amparo legal a nuestro sistema jurídico, denominado Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos, contemplado en el Párrafo 2°, Título III del Libro 3° del Código Tributario.

En efecto, el artículo 155 del mencionado Código se dispone que: “Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero, en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los Párrafos 1° y 3° de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero del este Código”.

SÉPTIMO: Que, finalmente respecto de las alegaciones efectuadas ´por el recurrente en relación a la actuación de la Tesorería General de la República, solo cabe concluir, que dicho organismo carece de legitimidad pasiva en esta acción puesto que su actuación se limita al cobro de obligaciones tributarias giradas por el ente competente, el Servicio de Impuestos Internos, cumpliendo un mandato legal expreso, no correspondiéndole cuestionar la procedencia del avalúo o la clasificación del bien raíz, por lo que la presente acción constitucional a su respecto también deberá ser desestimada.

OCTAVO: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por INMOBILIARIA MEDITERRÁNEO LTDA., en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, IX DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, y en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, por no haber existido acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere derechos constitucionales del actor.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra señora María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-1027-2026.(jog)