Protección contra una compañera y que a partir de entonces se produjeron burlas y agresiones que a

C.A. de Temuco Temuco, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, en su calidad de madre y representante legal, quien viene en interponer el presente recurso de protección en favor de nombre reservado, contra el establecimiento educacional nombre reservado, representado por su director Sr. nombre reservado, alegando como acto ilegal y arbitrario la reiterada omisión de medidas eficaces frente a hostigamiento escolar consistente en burlas, agresiones verbales, físicas y digitales que derivaron en riesgo para la integridad física y psíquica del estudiante, por lo que alega como vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, numeral 1, numeral 2 y numeral 10 de la Constitución Política de la República y pide que se ordene la adopción inmediata de medidas de protección eficaces para garantizar su seguridad, integridad y continuidad educativa en condiciones seguras.

Señala que los hechos que motivan la acción se iniciaron con constancias formales en diciembre del año 2024 respecto de situaciones de matonaje grupal en contra de una compañera y que a partir de entonces se produjeron burlas y agresiones que afectaron especialmente la apariencia del alumno y su equilibrio emocional, sin que el establecimiento adoptara medidas efectivas de resguardo.

Indica que durante el año 2025 persistieron conductas de hostigamiento con comentarios ofensivos y apodos como “córtate el pelo”, “insportable”, “retrasado” y expresiones de extrema gravedad invitando al autodaño, lo que afectó el bienestar emocional del estudiante y que muchas de estas conductas no fueron denunciadas formalmente en su momento por abordarse en el ámbito familiar.

Expone que en el año 2026 las conductas se intensificaron, señalando interacciones hostiles el 16 de marzo del 2026, hechos de especial gravedad el 20 de marzo del 2026 que incluyeron el lanzamiento de una pelota al rostro del alumno, un intento de agresión adicional y una patada en la pierna, y nuevas expresiones injuriosas el 23 de marzo del 2026, seguidas de una agresión física el 24 de marzo del 2026 consistente en el lanzamiento de una mochila al rostro en presencia de docente, circunstancias que evidencian fallas en la supervisión.

Explica que con fecha 23 de marzo del 2026 el establecimiento informó la activación del protocolo de acoso escolar pero que, con posterioridad, continuaron ocurriendo hechos de agresión, lo que demuestra la ineficacia de las medidas adoptadas y la insuficiencia de separar a los estudiantes dentro del aula como única medida, toda vez que las agresiones se produjeron incluso en ese espacio.

Argumenta que nombre reservado presenta condición de neurodivergencia asociada a trastorno por déficit de atención con hiperactividad y altas capacidades, condición que aumenta su vulnerabilidad emocional y la necesidad de medidas de protección y apoyo especializadas, por lo que la omisión del establecimiento constituye una actuación ilegal y arbitraria al no garantizar un entorno seguro para el estudiante conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República respecto de las acciones de protección.

Relata que la situación es actual y persistente y que existe un riesgo real para la integridad física y psíquica del estudiante, estimando necesario el pronunciamiento urgente de esta Ilustrísima Corte para ordenar medidas de protección eficaces.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se acoja el presente recurso en todas sus partes y se ordene la adopción inmediata de medidas de protección eficaces que incluyan evaluaciones y seguimientos psicosociales, medidas de prevención del acoso escolar y supervisión efectiva en los espacios escolares, así como las demás que el tribunal estime pertinentes para garantizar la integridad y continuidad educativa del estudiante.

A su recurso acompañó como pruebas certificado de atención psicológica del estudiante nombre reservado; constancia formal de situaciones de matonaje comunicada al establecimiento; comunicaciones y notificaciones del establecimiento relativas a la activación del protocolo de acoso escolar.

A folio 11 la parte recurrente incorporó nuevos antecedentes a su recurso y señaló que se aportan elementos que refuerzan la necesidad de verificar la investigación escolar y de activar un protocolo de maltrato escolar ante la persistencia y agravamiento de hechos de hostigamiento.

Señala que en el proceso de convivencia escolar se incorporó una imputación de carácter sexual atribuida al recurrente que consiste en la supuesta emisión de la frase “las voy a violar a todas”, imputación que provino exclusivamente de dos estudiantes denunciadas y que carece de corroboración por otros testimonios, por lo que se sostiene que dicha atribución es objetivamente errónea.

Indica que la imputación errónea se acredita con un correo electrónico de noviembre del año 2024 emitido por un profesor que atribuye el hecho a un estudiante de distinto curso con el mismo nombre, lo que constituye un error de identificación, y con registros de audio de fecha 16 de abril del año 2026 en los cuales el mismo docente confirma que el afectado negó desde un inicio la ocurrencia de los hechos y que el hecho correspondía a otro alumno.

Explica que en el curso de la investigación existieron antecedentes de especial gravedad relativos a hostigamiento y expresiones de incitación al suicidio dirigidas al afectado, que fueron referidas en registros de mensajería electrónica de estudiantes quienes relataron haber sido consultados por el equipo de convivencia respecto de tales expresiones, y que sin embargo dichos testimonios y mensajes no fueron incorporados ni desarrollados en el oficio final remitido por el establecimiento.

Argumenta que, con posterioridad a la emisión del oficio mencionado y ante nuevas afirmaciones de estudiantes, se solicitó al establecimiento la activación de un nuevo protocolo de maltrato escolar con el objeto de verificar debidamente los antecedentes recientes y evitar la reiteración de situaciones de alta gravedad incorporadas sin la debida corroboración.

A lo anterior, acompañó como pruebas correo electrónico de noviembre del año 2024 emitido por un profesor; registros de audio de fecha 16 de abril del año 2026 en los cuales el docente confirma la negación de los hechos por parte del afectado; registros de mensajería electrónica (WhatsApp) de estudiantes que refieren expresiones de incitación al suicidio; solicitud dirigida al establecimiento para la activación de un nuevo protocolo de maltrato escolar.

A folio 18 la parte recurrente incorporó nuevos antecedentes a su recurso y señaló que solicita la activación y verificación de un nuevo protocolo de convivencia escolar ante la persistencia de acusaciones graves y la detección de inconsistencias en el procedimiento previo.

Señala que con fecha 24 de abril del 2026 solicitó la activación del segundo protocolo por nuevas acusaciones estudiantiles de connotación sexual y que existía una confusión de identidad documentada por correo institucional del año 2024, por lo que era necesario verificar objetivamente las imputaciones.

Indica que durante las entrevistas del protocolo se observaron expresiones y comentarios que cuestionaron la declaración del estudiante y afectaron la imparcialidad del procedimiento, hechos que fueron comunicados formalmente al establecimiento.

Expone que el informe de cierre del protocolo reconoce la imposibilidad de acreditar concluyentemente las acusaciones, no obstante incorpora imputaciones graves y adjunta un correo que confirma la confusión de identidad, lo que revela inconsistencias en la investigación.

Argumenta que con posterioridad al cierre se obtuvo un correo de un exdocente que califica como “absolutamente falsa” las versiónes atribuidas a las estudiantes y afirma que se activaron protocolos ante hechos de esa gravedad, antecedente que contradice parte del informe institucional.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tengan por acompañados los nuevos antecedentes, que sean considerados al resolver la acción y que se ordene la activación de un protocolo de maltrato escolar que permita la verificación rigurosa de los hechos y la adopción de medidas de resguardo efectivas.

A lo anterior, acompañó como pruebas: informe de cierre del segundo protocolo de convivencia escolar; correos electrónicos intercambiados con convivencia escolar; correo electrónico remitido por el exdocente.

A folio 9 comparece nombre reservado, en su calidad de Director Regional suplente de la Araucanía de la Superintendencia de Educación, quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, y da cuenta de las actuaciones y competencias de la Superintendencia en relación con la denuncia contra el establecimiento educacional nombre reservado.

Señala que la Superintendencia de Educación ejerce sus facultades de fiscalización en virtud de la Ley N° 20.529, conocida como Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y que dichas atribuciones le permiten controlar la legalidad del uso de recursos por los sostenedores, atender denuncias y reclamar por incumplimientos de la normativa educativa, conforme a lo previsto en los artículos 48 y 49 de la misma ley.

Indica que el proceso de fiscalización puede realizarse de oficio o a petición de interesada, en atención a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 20.529, y que la Superintendencia puede iniciar constataciones directas que permitan determinar eventual infracción a la normativa educativa, con remisión a los procedimientos sancionadores previstos en el Título Tercero de la Ley.

Expone que la normativa educativa exige a los establecimientos contar con un reglamento interno que regule la convivencia escolar y protocolos de actuación frente a abuso sexual, acoso y maltrato escolar, conforme al artículo 46 de la Ley General de Educación y al Decreto N° 315 de 2011 del Ministerio de Educación, de modo que el reglamento debe incorporar medidas de prevención, protocolos y medidas disciplinarias graduadas y garantizando el debido proceso y el principio de proporcionalidad.

Explica que la Circular Exenta N° 482 de la Superintendencia establece contenidos mínimos del protocolo de actuación ante maltrato y acoso escolar, debiendo este contemplar las acciones y etapas del procedimiento, las personas responsables, plazos, medidas y la participación de madres, padres y apoderados, así como medidas de resguardo pedagógicas y psicosociales y derivaciones a organismos competentes como la Oficina de Protección de Derechos de la comuna.

Argumenta que, respecto del caso concreto, consta en los antecedentes que la señora nombre reservado ingresó una denuncia en agosto del año 2025 y que la Superintendencia gestionó una conciliación con fecha 19 de agosto del 2025, diligencias que permitieron al establecimiento informar acciones y adjuntar verificadores de dichas actuaciones, las cuales fueron recepcionadas por la Dirección Regional de la Araucanía y registradas en el sistema informático con fecha 17 de abril del 2026 bajo el Rol CAS N° NUM000, sin perjuicio de la valoración que corresponda en sede fiscalizadora y sancionatoria.

Relata que, en atención a las atribuciones legales antes descritas, la Dirección Regional procedió a ingresar la denuncia al sistema de tramitación el 17 de abril del 2026 con el objetivo de ejercer eventuales atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias dispuestas en el artículo 49 de la Ley N° 20.529, debiendo continuarse con las actuaciones administrativas que correspondan de ser procedente.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por informado a SS. Ilustrísima de las actuaciones practicadas por la Superintendencia en relación con la denuncia presentada, y que se reconozca el ingreso de la causa al sistema administrativo para los efectos de la eventual fiscalización y aplicación de medidas que correspondan conforme a la Ley N° 20.529 y normativa aplicable.

A su informe acompañó los siguientes documentos: copia de la denuncia ingresada por nombre reservado con fecha 26 de agosto del 2025; constancia de conciliación y actuaciones comunicadas por el establecimiento con fecha 19 de agosto del 2025; registro e ingreso de la denuncia al sistema informático de la Superintendencia con fecha 17 de abril del 2026, Rol CAS N° NUM000.

A folio 24 comparece Claudio Nicolás Alarcón, abogado, en representación de la nombre reservado sostenedora del Colegio nombre reservado, quien viene en informar respecto de la presente acción de protección, quien da cuenta de las diligencias institucionales realizadas en defensa del establecimiento y de la conclusión de los protocolos de convivencia escolar, y pide que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción deducida.

Señala que la acción de protección fue interpuesta por hechos atribuidos al establecimiento que configuran hostigamiento y vulneración de garantías constitucionales invocándose los artículos 19 N°1, N°2 y N°10 de la Constitución Política de la República, y que la representada actuó conforme a la normativa vigente activando los protocolos de convivencia escolar y desarrollando procesos investigativos exhaustivos.

Indica que con fecha 24 de marzo del 2026 el equipo de convivencia educativa activó un protocolo respecto de una posible situación de maltrato y que en dicho proceso se practicaron 35 entrevistas individuales a estudiantes y docentes, procedimiento que mantuvo principios de confidencialidad, imparcialidad, objetividad, proporcionalidad y debido proceso.

Expone que del análisis integral de los antecedentes la coordinadora de convivencia educativa concluyó que los hechos revisados reflejan una dinámica relacional conflictiva de carácter bidireccional entre los estudiantes y no conductas sistemáticas, unidireccionales y sostenidas en el tiempo que permitan configurar acoso escolar, advirtiendo asimismo conductas disruptivas reiteradas por parte del alumno afectado desde séptimo básico.

Explica que con fecha 15 de abril del 2026 se emitió la resolución de cierre del primer protocolo disponiendo medidas formativas, preventivas y de acompañamiento para los estudiantes involucrados que incluyeron monitoreo psicológico, intervención formativa individual y conjunta, acciones a nivel de curso y una instancia de mediación aceptada por las partes.

Argumenta que con fecha 24 de abril del 2026 se activó un segundo protocolo a solicitud de la apoderada ante la referencia a expresiones de connotación sexual supuestamente emitidas en el año 2025 y que, tras la revisión de registros institucionales, no se hallaron correos ni antecedentes documentales que acreditaran la confusión de identidad alegada, por lo que con fecha 15 de mayo del 2026 se emitió la resolución de cierre del segundo protocolo dejando constancia de las limitaciones del establecimiento para determinar verdades absolutas sobre hechos subjetivos o retrospectivos.

Relata que las medidas adoptadas por el establecimiento incluyeron separación de estudiantes, intervención en aula, acompañamiento psicológico e instancias de mediación, y sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al sostenedor que haya vulnerado las garantías invocadas.

Finalmente, y por los motivos señalados previamente, solicita que se tenga por evacuado el informe, que se rechace la acción deducida y que se impongan las costas del procedimiento.

A su informe acompañó los siguientes documentos: primer protocolo de convivencia escolar inicio 24 de marzo del 2026 y cierre 15 de abril del 2026; segundo protocolo de convivencia escolar inicio 24 de abril del 2026 y cierre 15 de mayo del 2026.

Con fecha 26 de junio se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que la acción de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que para que proceda la acción se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que las omisiones cuya ilegalidad y arbitrariedad reclama la recurrente corresponde a la falta de toma de medidas por parte del Colegio recurrido, en favor del adolescente nombre reservado, en razón de la situación de acoso escolar que acusa la recurrente.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados al recurso, en particular la Resolución de Cierre de Protocolo Oficio N°NUM001 Convivencia Educativa nombre reservado del 15 de abril del 2026 y Resolución de Cierre de Protocolo Oficio N°NUM002 Convivencia Educativa nombre reservado del 15 de mayo del 2026, dan cuenta de un proceso exhaustivo de entrevistas a 35 estudiantes y docentes, quienes dieron cuenta de la situación de animadversión entre el estudiante hijo de la recurrente y las estudiantes a quienes sindicó como autoras del acoso escolar que sufriría su hijo, y señalan que es una situación simétrica y bidireccional, entendiéndose que no se trata de una situación de acoso, y que el colegio tomó medidas tales como separarlos en la sala de clase, monitorearlos, hacer intervenciones formativas, la implementación de estrategias grupales, además que los estudiantes se manifestaron dispuestos a participar en una instancia de mediación. Además, las Actas de entrevista a la apoderada, señalan que se le ha informado de todas las etapas del procedimiento, de las activaciones de los protocolos.

QUINTO: Que de los antecedentes que acompaña la parte recurrente en sus escritos en que complementa su recurso, se puede verificar que no añade nuevos hechos, sino que manifiesta una disconformidad con el protocolo activado por el colegio, en razón de los dichos de las estudiantes involucradas en sus declaraciones durante la etapa de investigación que realizó el Colegio, y aquello no puede ser subsanado por la vía de la acción de protección, por cuanto, por una parte, el Colegio activó los protocolos, y realizó aquello que le es exigible, dando cuenta de una situación de mal convivir, que no constituye acoso, al ser mutuo entre los estudiantes en una situación de horizontalidad y simetría, y por otra parte, la Superintendencia de Educación, en su informe, señaló que la misma recurrente había hecho ya una denuncia ante dicha repartición, la que había sido resuelta con una conciliación, y no se constataron incumplimientos por parte del Colegio, siendo dicha Superintendencia la llevar dicha fiscalización.

SEXTO: Que como consecuencia de lo anterior, fluye que no han existido omisiones por parte de la recurrida que sean arbitrarias o ilegales, sino que por el contrario, se han tomado las medidas para subsanar la situación que afecta a los estudiantes involucrados con la activación de los protocolos y las medidas pertinentes en atención a la naturaleza de los hechos, por lo que corresponde rechazar la acción intentado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de la acción de protección, se resuelve:

I.-Que se Rechaza, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en favor del adolescente nombre reservado, y contra el establecimiento educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Álvaro Mesa Latorre.

N° Protección-1026-2026.(csd)