nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, diez de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Ana Eugenia Fullerton Castro, actuando en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, auxiliar de servicio de aseo, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada legalmente por su alcaldesa doña Javiera Paz Reyes Jara, por haber dictado el Decreto Nº997 de 19 de febrero de 2025, que declara vacante su cargo por salud incompatible, pese a que la COMPIN había certificado que su salud era recuperable, alegando la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que comenzó a prestar servicios en el Cesfam Dra. Mariela Salgado de la Municipalidad de Lo Espejo el 14 de agosto del año 2014 en modalidad contrato indefinido, en calidad de auxiliar de servicio, Categoría F nivel 12, con una jornada de 44 horas semanales, contrata que fue renovada continua y sucesivamente hasta el 28 de febrero de 2025. Añade que, al regresar de sus vacaciones, el 6 de marzo de 2025, se le notificó verbalmente de dicho decreto.

Refiere que presentó licencias médicas debido a síndrome del túnel carpiano, dolencia por la que fue operada en dos oportunidades. Así, estuvo más de 180 días con licencia médica en menos de 2 años. Sin embargo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) resolvió mediante Resolución Exenta N°145753 de 2 de diciembre de 2024, que presenta un estado de salud recuperable.

Afirma que se había reincorporado a sus labores desde octubre de 2023 (más de 16 meses antes de su desvinculación), desempeñándose normalmente. Sin embargo, el jueves 6 de marzo del 2025, al regreso de sus vacaciones, se le informó verbalmente el término de su relación laboral.

Sostiene que, si bien hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, la forma en que la municipalidad ejerció la potestad del artículo 148 de la Ley 18.883 resultó sorpresiva, antojadiza y carente de fundamento.

Arguye que la autoridad no justificó suficientemente las razones por las que concluyó que tiene una salud incompatible con el cargo, pese a que la COMPIN certificó que su salud era recuperable y a que la recurrente ya había retomado sus funciones con normalidad. Enfatiza que la resolución impugnada no explica en base a qué fundamentos la Municipalidad, que no es un organismo técnico en salud, determinó que la salud de la recurrente era incompatible con el cargo, desatendiendo el pronunciamiento de la COMPIN, que es vinculante para la municipalidad.

Sostiene que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley porque en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que tienen salud recuperable y el derecho de propiedad sobre los intereses anexos al empleo y sobre su patrimonio como funcionaria, que se ha visto empobrecido al quedar sin trabajo.

Solicita se acoja el recurso y se invalide del decreto recurrido, ordenando el reintegro a sus funciones, disponer el pago de todos los emolumentos habidos entre su desvinculación y su reincorporación efectiva y adoptar todas las demás medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que la Municipalidad de Lo Espejo evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Primeramente, argumenta que la acción de protección no es la vía idónea para impugnar el decreto alcaldicio, ya que existen vías recursivas específicas como el reclamo de ilegalidad municipal (art. 151 de la LOCM), los recursos administrativos de la Ley 19.880, el reclamo ante la Contraloría General de la República (art. 156 de la Ley 18.883), o el contencioso administrativo de reclamación de invalidación administrativa ante el Juzgado de Letras competente.

Indica que la recurrente acumuló 203 días de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, hecho que configura la hipótesis contemplada en el artículo 48 letra g) de la Ley 19.378 y 148 de la Ley 18.883, satisfaciéndose los elementos necesarios para que la Municipalidad pudiera ejercer su facultad de considerar la salud incompatible con el desempeño del cargo. Así entonces, si la COMPIN estima que la salud del funcionario que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años es recuperable, la autoridad se encuentra facultada legalmente para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo. En la situación opuesta, esto es, si se informa que la salud es irrecuperable, no podrá declararse la referida incompatibilidad, pues nace para el funcionario el derecho a acceder a los beneficios de seguridad social propios de dicha declaración.

Afirma que el acto administrativo contiene motivación suficiente para fundar la vacancia del cargo, basándose en la facultad que le otorga el artículo 148 de la Ley 18.883.

Cita el dictamen N°E527522N24 de 14 de agosto de 2024 de la Contraloría General de la República, que establece que "si ese organismo nombre reservado estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para considerar su incompatibilidad con el desempeño del cargo". Menciona además el dictamen N°E188441 de 2022 de la Contraloría General, que precisó que dicho organismo "no puede entender por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de considerar su salud incompatible".

Indica que la Corte Suprema, mediante sentencia de 25 de enero de 2024, reconoce la facultad legal de los alcaldes para declarar la vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo y establece que "la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años".

Respecto a las garantías supuestamente vulneradas, la recurrida sostiene que no se afectó el derecho a la igualdad ante la ley porque se aplicó el mismo criterio a todos los funcionarios en similar situación (se procedió del mismo modo con otros 19 funcionarios de la salud municipal que cumplían los mismos requisitos que la recurrente), por lo que no existió discriminación alguna ni afectación al derecho de propiedad porque no existe un derecho indubitado a la estabilidad en el empleo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que los alcaldes tienen la facultad legal de declarar la vacancia por “salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, según disponen los artículos 144, letra c) y 147, letra a) de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Tratándose de la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales dispone “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

A su turno, el mencionado estatuto en su artículo 149, para el caso de que la salud del funcionario sea declarada irrecuperable, establece una regla especial de retiro y otra de pago de remuneraciones: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad.

Quinto: Que, en consecuencia, dicha normativa distingue entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según el texto citado, la declaración de vacancia por salud irrecuperable solo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración de irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios, pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable.

Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años. Se trata de un parámetro objetivo que permite al alcalde declarar la vacancia en un cargo por la sola presentación de licencias médicas por más de seis meses en el período indicado, previa declaración de recuperabilidad por parte de la COMPIN.

Sexto: Que, por otra parte, en estos autos, no se ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues, como puede apreciarse del decreto alcaldicio que puso término a la relación laboral y declaró la vacante del cargo de la recurrente, el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencias médicas por un total de 203 días en un período que va desde el 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2024, decisión que se encuentra suficientemente motivada conforme se advierte de la sola lectura del decreto alcaldicio denunciado, sin que se haya incurrido en alguna irregularidad que de manera ilegítima afecte las garantías constitucionales de la recurrente.

Séptimo: Que por lo se viene razonando, resulta que el Decreto Alcaldicio Nº997 de 19 de febrero de 2025 no es ilegal ni arbitrario, de modo que no puede prosperar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°995-2025 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la ministro señora María Teresa Díaz Zamora, fiscal judicial señor nombre reservado y abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas.