nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el abogado Felipe Eduardo Banus Fariña, en representación de nombre reservado, cédula de identidad No. RUT reservado, interpone recurso de protección en contra de la AFP Habitat S.A., por el acto ilegal y arbitrario del 13 de febrero de 2026, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que infringe las garantías de los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Refiere que mediante el portal web correspondiente, solicitó a la recurrida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, lo que fue contestado mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2026, que informó que se rechazó en los siguientes términos “… es necesario que previamente se acredite la afiliación del Sr. nombre reservado a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señale la fecha de afiliación y cobertura que otorga en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debe acompañarse debidamente apostillado. Al respecto, se presentó declaración jurada notarial del afiliado afirmado la pertenencia y cobertura previsional proporcionada por el IVSS y constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de noviembre de 2025, sin apostilla. Informo que no es posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional. Debe acompañarse la certificación del IVSS debidamente apostillada y verificable. El hecho de contener la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un código de verificación electrónico no sustituye los requisitos legales formales vigentes en Chile, más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional. Destacamos que las Administradoras deben atenerse a lo dispuesto en la ley y normativa previsional, por lo que la documentación a presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, deben presentarse debidamente legalizados o apostillados, según corresponda.”

Asevera que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social del país de origen, no obstante, rechazan argumentando que el documento acompañado a la solicitud no se encuentra apostillado, siendo un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos para acudir a la representación consular para estos efectos, incorporando además, un requisito que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

En este estado de cosas, pide que la AFP recurrida proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la AFP recurrida, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

En primer lugar, refiere que la acción interpuesta es inaplicable al caso de autos, debido a que la acción de protección está concebida para amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

Por ello, expresa que para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado, cuestión que concurre en la especie, ya que la recurrente pretende obtener la declaración de un derecho.

En cuanto al fondo, reconoce que el actor realizó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156, y efectuó el estudio de rigor para efectos de determinar la procedencia de la solicitud de devolución de fondos del recurrente, y estimó que no se acreditó la doble cobertura previsional mediante documentación vigente y fehaciente, razón por la que no concedió el beneficio y así se le informó detalladamente al don recurrente.

Hace presente que este beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales regulado en la ley 18.156, puede solicitarse por el recurrente en el momento que lo estime conveniente, presentando la documentación que acredite y pruebe en Chile la afiliación y cobertura previsional, debidamente apostillada, como cualquier trabajador técnico extranjero.

En esa línea, agrega la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presentada por el actor carece de firma autorizada y no cuenta con la correspondiente apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

Agrega que el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no suple los requisitos formales establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, el cual exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que estos produzcan efectos en territorio nacional.

En mérito de lo anterior, asegura que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario, ni menos aún alguna vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de las Constitución Política de la República, toda vez que se ha seguido lo indicado por la Ley y los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones en la revisión de la solicitud y de los antecedentes.

Por todo lo señalado, pide en definitiva, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP Habitat de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 13 de febrero de 2026 por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Séptimo: Que, cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Octavo: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que la recurrente no se encuentra imposibilitada de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Noveno: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de AFP Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 992-2026 Protección.