nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 10 y 11: téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Ana Eugenia Fullerton Castro, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, chilena, técnico en enfermería de Nivel Superior TENS, domiciliada en domicilio reservado, clara Estrella, comuna de Lo Espejo, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada legalmente por su alcaldesa Javiera Paz Reyes Jara, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y/o arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 996 de 19 de febrero de 2025, notificado el 24 de febrero de 2025, que resolvió poner término a la relación laboral de la recurrente y declaró vacante el cargo por salud incompatible, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada ingresó al CESFAM Clara Estrella Lo Espejo de la Municipalidad de Lo Espejo el 1 de marzo de 2021 en modalidad de contrata a plazo fijo, que se renovó continua y sucesivamente hasta el 24 de febrero de 2025, siempre cumpliendo adecuadamente con sus funciones y sin antecedentes disciplinarios. Destaca además que cuenta con diversas capacitaciones y certificaciones en materias afines a su rubro profesional.

Manifiesta que las licencias médicas durante el período referido en el Decreto N° 996 fueron por tratamiento psiquiátrico, al fallecimiento de su madre el 1 de septiembre del 2021, sufrió un episodio traumático y posteriormente quedó embarazada de su primer hijo, cuatro días después del nacimiento la hospitalizan de urgencia por preclamsia y anemia, semanas después, al ingresar su hijo a sala cuna, se mantuvo gran parte del tiempo enfermo, con cuadros de neumonía y otros virus. Añade que durante todo este proceso, estuvo bajo tratamiento psiquiátrico por depresión severa, del que fue dada de alta y se había reintegrado a las funciones, las que se encontraba desempeñando desde hace meses a la fecha de la comunicación de su desvinculación.

Refiere que la recurrente estuvo más de 180 días con licencia médica en menos de dos años, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, subcomisión sur, de la SEREMI de la Región Metropolitana, resolvió mediante Resolución Exenta N°145751 de 2 de diciembre de 2024, que presenta un estado de salud recuperable, por lo que se había reincorporado a trabajar formalmente a sus funciones desde hace 6 meses, el 2 de septiembre de 2024, y se encontraba realizando su trabajo de manera normal en el CESFAM.

Indica que el fundamento esgrimido por la Municipalidad para declarar la vacancia del cargo, fue que se había excedido en los días de licencia médica, recibiendo el 24 de febrero la notificación y el Decreto 996 del término de su relación laboral y vacancia del cargo. Alega que la resolución no explica ni fundamenta el por qué la salud de la funcionaria sería incompatible con sus funciones, únicamente explica las atribuciones legales que facultarían a la autoridad para declarar la vacancia del cargo.

Afirma que es efectivo que la recurrente hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, no obstante la autoridad debe justificar suficientemente las razones por las que concluye que el funcionario tiene una salud incompatible con el cargo, pese a que la COMPIN refirió que su salud es recuperable y, en el caso además, en atención al alta médica la recurrente ya había retomado sus funciones con normalidad desde hace 6 meses, el 2 de septiembre de 2024, Precisa que la resolución impugnada no explica por qué y en base a qué fundamentos la Municipalidad de Lo Espejo, que no es un organismo técnico en salud, determina que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo, a pesar de que la COMPIN, que sí es un órgano especializado y técnico en la materia, señala que su salud es recuperable y, por lo tanto, se encuentra en condiciones de desempeñar las funciones propias de su cargo.

Destaca que la intención del legislador en la ley 21.050, al momento de establecer la obligatoriedad de un informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario/a a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para la Municipalidad de Lo Espejo y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.

Expone, además, que el decreto impugnado contraviene lo dispuesto en la Carta Fundamental y vulnera los derechos protegidos por el artículo 19 N° 2 y 24.

Respecto del derecho a la igualdad ante la ley, denuncia que en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que tienen salud recuperable y que hacen uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años. Finalmente, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad, en tanto ha sido privada la recurrente del legítimo derecho a mantener su contrata, por una decisión arbitraria de la autoridad, lo que ocasiona una disminución concreta y efectiva en su patrimonio.

Pide se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°996, de 19 de febrero de 2025; se ordene a la Municipalidad de Lo Espejo a reintegrarla nuevamente a sus funciones con pago de todos los emolumentos habidos entre su desvinculación y su reincorporación efectiva, así como todas las demás medidas que ésta Corte estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Santiago Trincado Moreno, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Reconoce la relación laboral de la recurrente con la Municipalidad, su desempeño en el CESFAM Clara Estrella y su historial de licencias médicas, sumando 252 días en un período continuo o discontinuo superior a seis meses en dos años. Argumenta que esta situación configura una causal legal de salud incompatible con el desempeño del cargo, según lo dispuesto en los artículos 48 letra g) de la Ley N° 19.378 y 148 de la Ley N°18.883, lo que habilita legalmente a la Administración a declarar la vacancia del cargo.

Como alegación previa, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar el Decreto Alcaldicio N° 996 de febrero de 2025, al existir mecanismos específicos, administrativos y judiciales, que la recurrente no utilizó. Insiste en que esta acción constitucional requiere urgencia y derechos indubitados, condiciones que no concurren en el presente caso.

Como alegación de fondo, refiere que el acto impugnado está debidamente motivado conforme a los estándares legales, para ello cita dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Corte Suprema, los cuales confirman que, ante un diagnóstico de salud recuperable y el uso excesivo de licencias médicas, la autoridad está facultada para declarar la vacancia por salud incompatible. Asimismo, afirma que no es exigible evaluar específicamente la compatibilidad individual de la salud del funcionario con el cargo, ya que dicha competencia no recae en la COMPIN ni en la Administración.

Descarta igualmente la existencia de vulneración a derechos fundamentales. En cuanto a la igualdad ante la ley, arguye que otros 19 funcionarios en situación similar fueron objeto de la misma decisión, y la recurrente no demuestra tratos diferenciados. Finalmente, descarta la existencia de una afectación al derecho de propiedad, ya que los derechos invocados carecen del carácter de indubitados.

En conclusión, solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas, alegando que la acción no es procedente ni en su forma ni en su fondo, ya que el acto administrativo impugnado fue emitido conforme a derecho y sin vulnerar derechos fundamentales.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley – o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que la primera alegación relativa a la idoneidad del recurso planteado, por existir otras herramientas procesales para formular iguales alegaciones, puede ser desechada teniendo para ello como fundamento lo dispuesto en el artículo 20 inciso primero de la Constitución Política, que consagra el presente recurso como una forma de reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado sin perjuicio de otras acciones ante autoridades o tribunales diversos, lo que obliga a esta Corte a pronunciarse sobre la cautela solicitada, aún en caso de existir otras vías para ese efecto.

Quinto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el Decreto Alcaldicio N°996, de 19 de febrero de 2025, notificado el 24 de febrero de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible.

Sexto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, mediante el Decreto Alcaldicio N° 996, de 19 de febrero de 2025, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró recuperable la salud de la recurrente.

Séptimo: Que es del caso señalar que, la duración de las ausencias de la recurrente con motivo de las licencias médicas, 252 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en el Decreto cuestionado se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria obstaculiza -ciertamente- la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Noveno: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Décimo: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar, resultando innecesario analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°986-2025