BGR S.A. con INSPECCION DEL TRABAJO DE MELIPILLA

San Miguel, a dieciséis de octubre del año dos mil veinte Vistos:

Recurre de protección don nombre reservado, en representación de BGR S.A., cuyo giro de empresa corresponde a la prestación de recursos humanos, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, representada por su director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de esa comuna.

Refiere que la actora es una empresa especialista en administración de recursos humanos, en las áreas de reposición, supervisión y gestión en punto de venta, y que tuvo conocimiento el 1 de septiembre del presente año, que figuraba en el Boletín Comercial de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional por multas ejecutoriadas por fiscalización realizada por la recurrida, pese a que su parte efectuó los reclamos respectivos en plazo legal.

Precisa que a través del sistema en línea se logró determinar que la deuda correspondía al no pago de las multas establecidas en las Resoluciones Nº 1378/20/007-1, 1378/20/007-11378/20/007-2 y 1378/20/007-3, las que se encontrarían reclamadas judicialmente, en el procedimiento especial contemplado en el Art. 512 del Código del Trabajo, en causa rol: I-8-2020, ante el Juzgado de Letras de Melipilla.

Reclama que la permanencia del referido registro perjudica a su parte, toda vez que la misma interviene en procesos de licitación en los que se efectúa una revisión de esta clase de aspectos informativos por de parte de las empresas mandantes o principales que contratan sus servicios, y que la situación no corresponde a un mero error de la Inspección, por cuanto ésta estaba en conocimiento que las multas se encontraban reclamadas, incurriéndose, por tanto, en una actuación u omisión arbitraria e ilegal, sea por remitir esos antecedentes en forma equivocada o bien, por no haber enviado a la base de datos los detalles pertinentes para proceder a su exclusión.

Señala que los hechos expuestos importan una vulneración del derecho al respeto y protección a la vida privada, como también a la honra de la persona y su familia, ya que se vulneró la imagen y el prestigio comercial de la empresa al ser incluida sin razón válida para ello, y asimismo, se perturba su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, al afectar su proceso de postulación a diversas licitaciones, situación que puede producir la pérdida de contratos millonarios y puestos de trabajo para sus empleados.

Se refiere a la Ley 19.628 de protección de datos personales, refiriendo que aquella resulta aplicable a las personas jurídicas, indicando en el inciso segundo del artículo 9 de la señala que la información publicada debe ser “exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos”, y añade que las multas en comento no revisten ninguna de las características que establece el artículo 17 de la ley en comento, porque para que proceda la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de “Dicom” es necesario consentimiento expreso del deudor, autorización que no existió en la especie.

Solicita a esta Corte que ordene a la recurrida que proceda de inmediato a implementar los medios más rápidos y eficientes para eliminar de la base de datos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, los antecedentes de la recurrente; y determinar que la recurrida, se abstenga, registrar eventuales prestaciones en mora de la recurrente, sin haberse cerciorado previamente, por los mecanismos más aptos y eficaces, que el incumplimiento haya ocurrido y que consecuencialmente procede sin lugar a duda su inclusión en el Registro, por existir verdaderamente multas insolutas en la base de datos, con costas.

Informa al tenor del recurso don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, solicitando el rechazo del presente recurso con costas, por no ser su parte responsable, ni existir en la actualidad la amenaza que reclama la actora.

Dice que una vez que su parte es notificada de forma personal de la existencia de una reclamación por medio de receptor particular, de inmediato solicita la descarga de la multa de Tesorería, lo que de manera correlativa genera la eliminación de la multa del Boletín Comercial, y que en este caso en particular la Inspección no ha sido notificada de alguna reclamación relacionada con la multa N° 1378/2020/7-1-2-3, sin que tampoco el recurrente acompañe ningún antecedente que dé cuenta de la notificación respectiva.

Agrega que las demandas en estos casos deben notificarse personalmente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo por medio de receptor particular, y que en la causa rol I-8-2020 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Melipilla en la que sería demandada la recurrida, ésta ni siquiera tiene acceso a la causa, en virtud de que no se ha cumplido con la notificación. De esta manera, no existe responsabilidad por parte de la Inspección respecto de los hechos denunciados por el recurso.

Comenta que para la solución del problema bastaba que la recurrente hubiese notificado la causa I-8-2020 como ordena el Tribunal, o que se acercara a la Oficina de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, señalando que la multa estaba siendo cobrada por Tesorería General de la República o que se encontraba en el Dicom Laboral, para que su solicitud se hubiera cursado y revisado.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar las garantías y derechos establecidas en dicha norma, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el libre ejercicio de dichos derechos o garantías.

Conforme a lo señalado previamente, para la procedencia del recurso de protección es necesario la confirmación de las siguientes condiciones: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada, b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión, c) que de la misma se genere privación, perturbación o amenaza contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y d) que la Corte respectiva esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

Segundo: Que, el hecho ilegal y arbitrario que se le reprocha a la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla consiste en haber incluido y mantenido a la recurrida en el Boletín Comercial de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, por haber sido sancionada por concepto de multas ejecutoriadas producto de una fiscalización realizada por la referida Inspección, a pesar a que la denunciante de protección sostiene haber efectuado el reclamo respectivo en plazo legal de acuerdo a lo que establece el artículo 512 del Código del Trabajo, en causa rol: I-8-2020, ante el Juzgado de Letras de Melipilla, y que por tanto, dicha realidad implicaría necesariamente una acción positiva de la autoridad que habría perturbado y amenazado las garantías y derechos del actor, individualizados en la parte expositiva de este fallo, afectando su imagen y prestigio comercial, como también su derecho a desarrollar la actividad económica de su giro comercial.

Tercero: Que, teniendo a la vista los antecedentes aportados en la especie, como también lo manifestado en el informe evaluado por el Inspector Provincial del Trabajo de Melipilla, de fecha 29 de septiembre del presente año, y de lo alegado en estrados solamente por el recurrido, es posible concluir que la acción de incluir al recurrente en el Boletín Comercial de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, no puede ser calificada como un acto arbitrario o ilegal, atendido a que el recurrente nunca fue notificado del referido reclamo iniciado por BGR S.A., ante 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Melipilla, por lo que materialmente le fue imposible conocer el inicio del procedimiento de reclamo respectivo por parte del recurrente.

En efecto, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 512 del Código del Trabajo, la resolución fundada del Director del Trabajo es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo competente respectivo, y por lo mismo, dicha acción una vez presentada debe ser notificada de acuerdo a lo que establecen los artículos 436 y 437 del referido Código, es decir, personalmente o por entrega de cédula, lo que no se habría confirmado en la época de la inclusión en el boletín ya individualizado.

Consecuentemente, no es dable aceptar lo alegado por BGR S.A., en el sentido que la inclusión y permanencia de la información respecto a las multas aplicadas en el correspondiente boletín, resultaría ser una acción arbitraria e ilegal, que perturba o amenaza los derechos o garantías del recurrente, atendido a que al recurrido no le había sido notificada la presentación del reclamo judicial presentado ante Juzgado de Letras del Trabajo de Melipilla, por lo que al no haber tomado conocimiento de la interposición del reclamo dirigido a impugnar las multas referidas en los antecedentes no cabe cuestionar su conducta del modo propuesto por quien acciona de protección.

Cuarto: Así las cosas, y en virtud de lo razonado, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, puesto que no ha habido arbitrariedad o ilegalidad alguna en el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, ni tampoco la perturbación o amenaza de los derechos o garantías del recurrente.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de BGR S.A. en contra del Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante señor Pastor.

Rol 9786 – 2020-Protección Pronunciada por la ministra señora María Alejandra Pizarro Soto, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Rafael Pastor Besoain. Dejo constancia que no firma la ministra Pizarro Soto, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.