nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Elio Antonio Olcese Rojas, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber efectuado un descuento de $154.017 en su remuneración correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025, con cargo al crédito social suscrito el 27 de noviembre de 2017, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto la recurrida habría revivido unilateralmente y sin aviso previo un mecanismo de cobro respecto de una obligación en mora desde hace más de cinco años, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 27 de noviembre de 2017, contrajo con la recurrida un mutuo de dinero denominado “crédito social”, pactado en 29 cuotas, cuyo pago se efectuaría conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. Señala que, meses después de suscrito el crédito, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su fuente de ingresos, lo que le impidió continuar solucionando las cuotas mediante descuento por planilla, quedando en mora, sin que fuera posible arribar a un acuerdo con la recurrida sobre la forma de proseguir con el pago. Añade que durante los años siguientes trabajó para diversos empleadores afiliados a Cajas de Compensación, sin que se le practicara descuento alguno por dicho concepto a través del sistema “Intercaja”.

Refiere que, para su sorpresa, en el mes de agosto de 2025 recibió en su remuneración “correspondiente a los meses de agosto y septiembre” un descuento de $154.017, efectuado por intermedio de Caja Los Andes a través del sistema Intercaja, con cargo al crédito ya referido. Sostiene que dicho proceder constituye un ejercicio antojadizo del artículo 22 de la Ley N°18.833, por cuanto la recurrida revivió unilateralmente, tras un extenso período de inactividad de más de cinco años, una facultad de cobro que la ley reserva para su ejercicio oportuno, invocando en su favor la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema recaída en las causas Rol N°23.258-2018, Rol N°68.700-2016 y Rol N°2.895-2018, que en situaciones que estima análogas calificó de arbitrario el actuar de diversas Cajas de Compensación que, tras años de inacción, reanudaron intempestivamente el cobro por vía de descuento.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, se disponga la restitución de todas las sumas ya descontadas, con los reajustes e intereses que legalmente correspondan, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, al informar, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, representada por el abogado Matías Zoroquiain Vélez, solicita el rechazo íntegro del recurso. Señala que el crédito social fue otorgado el 27 de noviembre de 2017, por la suma de $3.000.000, pagadero a una tasa de 2,36% en 30 cuotas mensuales de $158.306 cada una, más la prima del seguro de desgravamen de $6.029 y el seguro de cesantía de $12.010, quedando registrado bajo el folio 1346027044.

Indica que, tras el pago de 11 cuotas, la operación quedó en mora, procediéndose el 29 de marzo de 2019 a su reprogramación, oportunidad en que se pactó que el saldo adeudado sería solucionado en 18 cuotas de $158.306 cada una. Afirma que, de tales cuotas, el recurrente adeuda únicamente una, por haber retomado voluntariamente el pago del crédito hace un año, en marzo de 2025, enterando siete cuotas mensuales durante 2025 y dos durante 2026, de manera que el descuento que motiva el recurso corresponde a la continuación de un plan de pago ya reanudado por el propio deudor, y no al inicio sorpresivo de un cobro largamente inactivo.

Sostiene que el cobro se ha ajustado en todo a derecho, conforme lo dispuesto en los artículos 1° y 22 de la Ley N°18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N°17.322, y en virtud del mandato conferido por el propio recurrente en la cláusula quinta del pagaré suscrito, por el cual facultó a su empleador actual y a sus futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda. Invoca, además, el fallo de la Excma. Corte Suprema recaído en la causa Rol N°7.090-2025, que fijó los criterios conforme a los cuales el ejercicio del mecanismo de cobro contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 puede calificarse de arbitrario —esto es, cuando la Caja ha iniciado el cobro judicial de la deuda, cuando se ha declarado la prescripción de la misma, o cuando han transcurrido más de cinco años sin que se haya realizado gestión alguna de cobro—, sosteniendo que ninguna de dichas hipótesis concurre en el caso de autos.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario es el descuento en la remuneración del recurrente del saldo insoluto de un préstamo en dinero que le había concedido la Caja de Compensación recurrida, acción para la cual ésta considera estar facultada al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Quinto: Que, según dispone el artículo 22 de la Ley N°18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado “deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. A su turno, el artículo 58 del Código del Trabajo incluye las obligaciones con instituciones de previsión entre los descuentos que el empleador debe practicar sin necesidad de autorización del trabajador, y el propio recurrente, en la cláusula quinta del pagaré suscrito con ocasión del crédito social, facultó expresamente a su empleador y a sus futuros empleadores para practicar dicho descuento.

Sexto: Que, en este orden de ideas, el descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo, no constituye una facultad discrecional cuyo ejercicio quede entregado al mero arbitrio de la Caja de Compensación, sino un mecanismo de cobro previsto expresamente por el legislador en atención a la naturaleza de entidad de previsión social que aquella ostenta y al interés público comprometido en la recuperación de los fondos sociales con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase, según lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema en su fallo Rol N°14.564-2025.

Séptimo: Que, por otra parte, no consta en autos que la recurrida haya optado, en forma paralela al descuento por planilla, por perseguir el cobro del mismo crédito por la vía judicial u otro medio de cobro simultáneo, ni que exista declaración de prescripción respecto de la obligación.

Octavo: Que, en consecuencia, el descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 no constituye, en la especie, una facultad discrecional ejercida al margen de la ley, sino la continuación de un mecanismo de cobro legítimo, no encontrándose acreditado en autos un actuar ilegal o arbitrario de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado que haya vulnerado la garantía constitucional invocada, por lo que el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°977-2026 Protección