nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, venezolano, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Miguel, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado su Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Señala que solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, me ingresó a través del portal web de la Administradora de Pensiones Uno, la solicitud de retiro de fondos previsionales en conformidad a la Ley N°18.156. Agrega que el 4 de febrero de este año, se le notificó por correo electrónico el rechazo de su solicitud.

Refiere que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen, no obstante, rechaza argumentando “que el mismo no se encuentra vencido” (sic).

Refiere que acompañó una constancia de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el cual fue legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y totalmente verificable. Los certificados emitidos por el Instituto Venezolano tienen un código alfanumérico con vigencia de máximo 30 días, los cuales se actualizan todos los meses y que pueden ser verificables en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y es procedente realizar el retiro de fondos de la AFP UNO, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, puesto que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos. En consecuencia, la recurrida incorpora requisitos que no expresamente establecidos en la ley.

Menciona que la AFP CUPRUM, al verificar el código de validación de la constancia electrónica en la página web, ha concluido que el certificado cumple con los requisitos establecidos en la ley. En ese sentido, señala que la recurrida dispone de distintos medios para verificar la autenticidad de la constancia.

Argumenta que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Afirma que Ley N°18.156 no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad, dado que la ley no exige documento legalizado, menos aún, que el mismo no pueda ser expedido de forma electrónica, Añade que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayo.

Solicita que, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, puesto que, el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende.

Indica que el 30 de enero de 2026, el recurrente inició el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156. Agrega que el 4 de febrero de este año, se le comunicó el rechazo de la solicitud atendido que el certificado Institución de Seguridad Social no cumple con los criterios de aceptación. Además, se le mencionó que puede ingresar nuevamente la solicitud.

Sostiene que no se ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte del recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva y/o formalista del marco normativo aplicable. Por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la ley 18.156, el Oficio Reservado N° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual se hace referencia en el Oficio Reservado N°25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos que deben cumplir los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para ser válidamente reconocidos en Chile y el Oficio Ordinario N°12.954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que se refiere precisamente a la situación que se reclama en estos autos.

Dicha normativa exige, como ya se ha expuesto, que los documentos emitidos fuera del país deben ser debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras opciones, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el instrumento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República (art. 345, N°3).

La existencia de un enlace web donde se pueda consultar información sobre cotizaciones no sustituye la exigencia de presentación de un documento formal, legalizado y apostillado, que permita acreditar de manera fehaciente la afiliación del trabajador extranjero a un sistema previsional en el extranjero que otorgue las prestaciones mínimas requeridas por la ley chilena.

En cuanto a la situación particular de Venezuela, refiere que dicha circunstancia no habilita a la Administradora de Fondos a prescindir de una exigencia legal.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente no registra presentaciones ante la Superintendencia respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley 18.156 Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente no registra presentaciones ante la Superintendencia respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley 18.156 Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L.

N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Agrega que, en el caso de autos, acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, acompañó la Declaración Jurada suscrita ante el Notario de San Miguel, Fabián Díaz Contreras, de fecha 22 de enero de 2026, mediante la cual manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolano, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), el que le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, paro forzoso o enfermedad, y que en este último caso, comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral.

Sin embargo, dicho documento no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez, que como se explicó en los párrafos precedentes, la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación. Por lo anterior, en ningún caso las AFP pueden aceptar como documento suficiente la declaración jurada otorgada por el propio trabajador extranjero ante notario público, destinada a acreditar su situación.

Añade que el certificado electrónico acompañado por el recurrente el certificado no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de éste se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por lo tanto, no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Explica que mediante el oficio N°12.954, de fecha 17 de julio de 2025, esta Superintendencia, en respuesta a las consultas de AFP CUPRUM S.A. y UNO S.A respecto de la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando el criterio previamente sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración Jurada que emana del propio trabajador y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 965-2026 Protección