Protección contra Dirección Regional Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos

nombre reservado, veintisiete de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, desempleado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de La Dirección Regional Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, representada para estos efectos por nombre reservado

Cuevas, ambos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado., por el acto ilegal y arbitrario de retener y no hacer entrega del Bono Covid Clase Media y préstamo solidario para trabajadores dependientes, otorgado por la ley N° 21.252, sin perjuicio haber cumplido a cabalidad de los requisitos para aquello, vulnerando su derecho a la integridad psíquica y su derecho de propiedad garantizados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que se encuentra cesante desde el mes de enero de 2019, luego de poner fin a su relación laboral mediante el auto despido ya que su ex empleador no le pagaba las imposiciones y remuneraciones, sin embargo dicha demanda no prosperó al cerrar la empresa e irse del país. Agrega que a la fecha no ha encontrado un nuevo trabajo, estando en una precaria situación económica, aumentada por el estallido social y los efectos de la pandemia por covid-19, subsistiendo de los ahorros de su cónyuge, Scarlet, para mantener a sus dos pequeños hijos Siomara, de 6 años de edad y Héctor de 1 año de edad.

Señala que al tomar conocimiento del beneficio Bono Covid Clase Media y Préstamo Solidario Trabajadores Dependientes de la ley N° 21.252 solicitó éste la última semana de agosto pasado, encontrándose, a su juicio, dentro de los beneficiados, toda vez que su última remuneración fue con fecha enero de 2019 por una suma de imponible de $874.000 (ochocientos setenta y cuatro mil pesos), lo que acredita con certificado de remuneraciones desde enero de 2019 a julio de 2020, que acompaña.

Expone que el 26 de agosto último al ingresar a la página web del Servicio de Impuesto Internos se le informa: "No tienes derecho al beneficio porque tus ingresos promedio del 2019 fueron de $60.500, lo que es inferior al monto de $400.000, establecido en la ley".

Refiere que pensó que se trataba de un error del sistema y remitió un correo a correo reservado , desde donde le indicaron que su problema se produjo porque su empleador no envió la información relacionada a su remuneración del periodo enero 2019, por este motivo el sistema no tenía como definir su ingreso promedio y lamentablemente, dado que no registra información aportada por su empleador ni declara ración de renta anual por Formulario 22, el sistema como última opción considera la información de sus cotizaciones provisionales, las cuales por defecto divide en 12 periodos, debido a esto último, el sistema calcula que su ingreso promedio del año 2019 fue de $60.500.

Arguye que repone al razonamiento del Servicio acompañando documentación que daría cuenta del cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio, señalando que no es su responsabilidad que su ex empleador no haya realizado las declaraciones pertinentes y haciendo presente que al ser el "sistema" operado por personas, éstas pueden rectificar lo que corresponda.

El Servicio le indica como única solución que se contacte con su ex empleador Sociedad Gastronómica Santander Spa., para que presente la declaración jurada 1887, correspondiente al año tributario 2020, lo que no puede realizar y el último día del plazo, esto es, el 31 de agosto pasado se le informa por el SII que se implementó un procedimiento administrativo para los casos excepcionales como el suyo, por lo que su caso será escalado y evaluado por un área especializada para poder darle una pronta solución. Respuesta que no recibe hasta la fecha de presentación de este recurso.

Analiza los requisitos que establece la ley N° 21.252 para optar al beneficio, señalando que cumple cada uno de ellos, por lo que el actuar de la recurrida al negarlo es arbitrario e ilegal y constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, señalados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales e integridad psíquica de su persona y todo su núcleo familiar.

Pide se reestablezca el imperio del derecho y en consecuencia, se le haga entrega de los $500.000 pesos y el crédito solidario, ya que cumple con cada uno de los requisitos que establece le ley, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña nombre reservado, Directora Regional de la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur, señalando que a fines del mes de agosto de 2020, por medio de la página web del Servicio de Impuestos Internos, el recurrente efectuó una solicitud para acceder al bono y préstamo solidario del Estado, dispuestos por la Ley N° 21.252, publicada en el Diario Oficial de 01.08.2020. En dicha oportunidad, el sistema rechazó su petición indicándole que no tenía derecho a ellos, toda vez que su ingreso promedio mensual, del año comercial 2019, había sido de $60.500, monto inferior al de $400.000, exigido por la referida Ley.

Ratifica la serie de correos electrónicos remitidos por el recurrente y contestados por el Servicio en orden a las declaraciones faltantes para efectos de determinar su ingreso y la derivación de su caso a otra área para una mejor atención.

Explica que el 16.09.2020, se abrió el Expediente Electrónico NUM001; y, con fecha 26 del mismo mes y año se le contactó mediante correo electrónico, solicitándole que remitiera los siguientes documentos: - Declaración jurada sobre bono clase media. - Liquidación de sueldo de julio 2020 u otro documento de cualquier ingreso que haya recibido. Incluido el emitido por la Administradora de Fondo de Cesantía (AFC) si era el caso. - Comprobantes de liquidaciones de sueldos de sus empleadores de todo el año 2019. - Comprobantes de Licencia Médica y/o reposo, si corresponde. - Boletas de Honorarios en papel, si correspondía.

Agrega que el 28 de septiembre último, el contribuyente dio cumplimiento a lo solicitado, enviando mediante correo electrónico: (1) Declaración Jurada Bono Clase Media, (2) Carta de autodespido, y (3) Certificado de cotizaciones y remuneraciones imponibles. Respecto de los restantes documentos, indicó expresamente que no disponía de ellos.

Expone que, revisados dichos antecedentes, estos pasaron una primera etapa de validación, encontrándose actualmente, en lo que respecta a la solicitud del bono Covid, el caso del contribuyente, junto al de otros en su misma situación, en proceso de validación final. Concluido aquello, será incluido en una nómina que será enviada a la Tesorería General de la República, para que ésta proceda al pago del referido bono.

Afirma que en cuanto a la solicitud de préstamo solidario, para determinar su procedencia resulta necesario revisar la información que remitan los empleadores o el contribuyente en el caso del formulario 22, sobre Declaración de nombre reservado a la Renta, lo que corresponde actualizar, no obstante, hasta la fecha, el recurrente no ha presentado su Formulario 22, correspondiente al Año Tributario 2020 ni su ex empleador ha regularizado la presentación del Formulario 1887, por la remuneración pagada al recurrente en el año comercial 2019.

Refiere que de conformidad con lo dispuesto en artículo 6°, inciso 1°, de la Constitución Política de la República, artículo 7° del mismo cuerpo legal y artículo 2° la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos. Añade en relación a las facultades del Servicio que estas se encuentran establecidas en el artículo 6°, inciso 1°, del Código Tributario, y en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 30.09.1980, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

Afirma en cuanto a la controversia de autos, que con fecha primero de agosto pasado se publicó la Ley N° 21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica. Esta ley contiene básicamente dos beneficios, los que se enmarcan dentro de un conjunto de medidas que fueron adoptadas por la autoridad, en apoyo a las familias y trabajadores pertenecientes a ese grupo socioeconómico, ante las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad COVID-19, en nuestro país.

Señala que en concreto, los beneficios son: - Un aporte con cargo a recursos fiscales sin la obligación de reintegrarlo, denominado "Aporte Fiscal", (artículo 4°) el que podrá ser solicitado dentro del primer mes de vigencia de la ley (Bono clase media); y, - Un mecanismo de financiamiento y liquidez, denominado el "beneficio", (artículo 5°) que consistirá en un monto en dinero mensual, que podrá ser solicitado por un máximo de tres meses, continuos o discontinuos, durante un período de cinco meses a contar del 08.08.2020.

Relata que en este contexto, la referida Ley encargó a ese Servicio: (1) efectuar la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; (2) realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, y (3) determinar y calcular el monto del aporte y beneficio.

Agrega que en cumplimiento del mandato legal señalado, el Director de este organismo, con fecha 03.08.2020, dictó la Resolución Ex. SII N° 88, mediante la cual se "Habilita plataforma, instruye sobre requisitos y fija procedimiento para solicitar el aporte establecido en el artículo 4° del artículo primero de la Ley N° 21.252". Asimismo, con fecha 21.08.2020, dictó la Resolución Ex. SII N° 92, que "Habilita plataforma, instruye sobre requisitos y fija procedimiento para solicitar el beneficio para la protección de los ingresos de la clase media con motivo de la propagación de la enfermedad denominada covid-19, del artículo 5° del artículo primero de la Ley N° 21.252." Luego analiza las exigencias para acceder a dichos beneficios.

Concluye que para poder determinar la procedencia de los beneficios, en cada caso concreto, es necesario contar con información actualizada, proporcionada por terceros obligados (empleadores, trabajadores, Administradoras de Fondos de Pensiones) que alimentan las bases de datos de esta repartición pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 del Código Tributario; y cuya presentación, en cada año es obligatoria.

En cuanto a la situación particular del recurrente de autos, señala que la actuación ejecutada por su repartición, claramente se enmarca dentro de las facultades legales otorgadas por la Ley N° 21.252, no constituyendo en caso alguno actos ilegales o arbitrarios y no existiendo, por tanto, un acto u omisión, arbitraria o ilegal, que pueda afectar o vulnerar las garantías constitucionales indicadas en el recurso.

Concluye que la presente acción debe ser rechazada, por carecer actualmente de oportunidad, no existir una actuación ilegal o arbitraria imputable a esta repartición y no haberse conculcado las garantías constitucionales denunciadas por el recurrente que ameriten la adopción de medidas cautelares en la resolución del presente recurso, con costas.

Tercero: Que cabe precisar que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos y garantías constitucionales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, por tanto, supone la existencia tanto de hechos indubitados como de agentes determinados, de manera que sea posible actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para la pronta y eficaz cautela.

Cuarto: Que, del mérito de los autos aparece que lo que pretende el recurrente es que este tribunal ordene, por esta vía cautelar, el pago del beneficio denominado "bono clase media" y asimismo el crédito asociado al mismo, argumentando el cumplimiento de los requisitos legales para aquello. Por su parte el Servicio recurrido, en uso de sus atribuciones, encontrándose facultado por la Ley N° 21.252 para la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, y determinar y calcular el monto del aporte y beneficio, informa que la solicitud del actor se encuentra en proceso de validación en lo referente al Bono Covid y en proceso de recaudación de antecedentes respecto del crédito asociado.

Quinto: Que, en rigor entonces, lo que persigue el recurrente es una declaración sobre la base de antecedentes que no resultan suficientes para que el Servicio, en cumplimiento del mandato legal antes aludido, pueda acceder a su petición.

Dicha omisión no puede ser suplida por esta Corte, como tampoco puede el Servicio conceder el beneficio impetrado faltando antecedentes, de modo que no existe medida alguna que esta Corte pueda disponer frente a una situación que no resulta ilegal ni arbitraria sino que se ha generado por insuficiencia de los antecedentes necesarios, los cuales pueden ser ingresados para completar la diligencia actualmente en curso.

Sexto: Que, así las cosas, no reuniéndose en el caso concreto que nos ocupa, las exigencias contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, el recurso de protección intentado no puede prosperar.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Dirección Regional Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°9643-2020-PROT