nombre reservado CONTRA DEL COMITE DE PARCELACION SUD AMERICA LOS BOSQUES DE MIRAFLORES , COMUNA DE CURACAVI

66/sesenta y seis.

San Miguel, dieciocho de mayo de dos mil quince.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas 1, con fecha 26 de febrero del año en curso, comparece doña Lilian Díaz Calvillo, abogada, quien recurre de protección en favor de don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del Comité de Parcelación Sud nombre reservado Miraflores, representado legalmente por don nombre reservado por la conculcación de las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1, 3 inciso 5°, 4, 8 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que sus representados son todos pobladores de la parcelación antes señalada, la cual no corresponde a un condominio regido por la Ley 19.537 por cuanto se trata de una parcelación agrícola que se encuentra fuera del radio urbano establecido en los planos reguladores de la comuna de Curacaví. Explica que son un grupo de propietarios de parcelas independientes, que para un mejor manejo de recursos se organizaron en un comité, el cual se ha tomado la justicia por sus propias manos y se encuentra acosando y perturbando la integridad psíquica y física de los demás pobladores.

Refiere que con fecha 27 de enero del año en curso, recibieron una carta del “Comité” en la cual se les informaba que pretenden aplicar una serie de medidas para las personas que se atrasen en los gastos comunes, tales como cancelar su derecho a botar basura al interior de la parcelación, limitar su acceso de visitas, pedir se tenga a la vista el título de dominio para circular por la parcelación, limitar acceso de proveedores particulares y a recibir correspondencia y revisar los vehículos de los trabajadores de las parcelas. Medidas, que a su parecer son improcedentes, ya que no se trata de un condominio, por lo que no se pueden amparar en la Ley de Copropiedad, y porque vulneran sus derechos resguardados por la Constitución, arrogándose atribuciones jurisdiccionales que no poseen.

En cuanto a las garantías vulneradas, explica que este acto vulnera el artículo 19 Nº3 de la Constitución, ya que el recurrido es un órgano que no está legitimado para aplicar sanciones dispuestas para un condominio urbano, amparándose en la legislación de éste último tipo de comunidades la que no le resulta aplicable, y estaría operando como una “comisión especial” puesto que dichas sanciones tampoco están basadas en un procedimiento legal y son completamente irracionales.

Asimismo, vulnera el numeral 24 del citado artículo al restringir su derecho de propiedad de sus parcelas, limitando visitas, tato de sus titulares, visitas como de sus trabajadores y además la compra de productos, impidiendo que ingresen proveedores a las parcelas, incluso los camiones con agua, pese a que se trata de una comuna declarada en sequía. Todo ello importa un atentado al derecho de propiedad, dado que afecta el uso y goce del mismo, estableciendo requisitos abusivos, arbitrarios e ilegítimos para acceder a sus predios.

Por otra parte, indica que también infringe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al impedir a los pobladores botar la basura en los lugares previstos para ello al interior de la parcelación, así como también pretende impedir que se retire la basura de su hogar, por cuanto el sector en que se ubican las parcelas es un lugar aislado en el que el municipio carece de los medios para retirar la basura casa por casa, por lo que el actuar de la recurrida importa una clara amenaza al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por último, sostiene que vulnera el derecho de los recurrentes del respeto y protección a la vida privada, contemplado en el numeral 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, al restringir las visitas por cuanto la entrada deberá ser en presencia del propietario a la entrada y salida, sanción que importa una afectación a la vida privada por cuanto personas no autorizadas por la ley, como el comité, tendrá el derecho de saber quien los visita en la intimidad de su hogar y aún más se irroga la facultad de revisarlos e inspeccionarlos. Al efecto indica que debe considerarse que se trata de 450 predios, encontrándose sólo el 10% cercano al camino de acceso, por lo que tal medida implicará que el propietario deberá recorrer una gran distancia para llegar hasta el acceso cada vez que sea visitado, lo que se dificulta aún más en el caso de propietarios de la tercera edad, que tienen la movilidad disminuida. Y además se les informó que incluso el sistema de barreras de acceso se cambiara a un sistema eléctrico, informando que el “Comité” permitirá sólo a los propietarios que él estime, gozar de tarjetas que abran el paso, por lo que el resto deberá acceder por una entrada distinta. Refiere que incluso se pretende efectuar una reunión para validar ese acto, la que se realizará después de implementar tal arbitraria medida, lo que resulta contrario a toda lógica. En el caso de los trabajadores expone que sus vehículos serán registrados, sólo por el hecho de revestir calidad, lo que califica de una medida dictatorial y que provoca la humillación de aquellos, sin perjuicio que además servirá como medio inmiscuirse en la vida privada de los propietarios al conocer las compras que éstos efectúan.

Por lo que solicita se acoja su recurso, decretando que el recurrido debe abstenerse de realizar actos que atenten contra de los derechos de sus representados.

Adjunta a su recurso la carta enviada por el “Comité”, certificado de residencia, respectivas inscripciones de dominio de las parcelas, certificado emitido por DOM de Curacaví que da cuenta que es una parcelación y no un domicilio reservado, que demuestra las distintas parcelas, sus caminos, accesos y los predios colindantes, destacado el acceso bloqueado por el comité recurrido, que impide a sus representados el ingresar libremente a su predios; tres impresiones fotográficas, que demuestran que el lugar destinado para la basura se mantiene cerrado con candado, manejado por el comité recurrido, que impide el acceso al único lugar habilitado para el retiro de basura; cinco impresiones fotográficas, que demuestra el acceso a la Parcelación, el cual se encuentra cercado, siendo manejado por la recurrida e impide el libre acceso sus inmuebles.

Además en cumplimiento del trámite decretado a fojas 60, la recurrente adjunto mediante presentación de fojas 61 los siguientes antecedentes: a) Copia autorizada de la escritura pública de compraventa, mediante la cual don nombre reservado, adquirió la parcela Nº 207 de la parcelación Sud nombre reservado Miraflores, comuna de Curacaví; b) Copia autorizada de la escritura pública de compraventa mediante la cual don nombre reservado, adquirió las parcelas Nº 332, 333 y 334 de la parcelación Sud nombre reservado Miraflores, comuna de Curacaví; c) Copia autorizada de la escritura pública de compraventa mediante la cual doña nombre reservado, adquirió la parcela Nº 239 de la parcelación Sud nombre reservado Miraflores, comuna de Curacaví; d) Copia autorizada de la escritura de compraventa mediante la cual don nombre reservado, adquirió la parcela Nº 471 de la parcelación Sud nombre reservado Miraflores, comuna de Curacaví.

Segundo: Que a fojas 31 evacúa informe doña Daniela Munizaga Péndola, abogada en representación de la recurrida “Comité Parcelación Sud nombre reservado Miraflores, comuna Curacaví”, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer lugar, señala que todos los recurrentes se encuentran morosos e intentan con esta acción justificar su incumplimiento y lograr que el Comité les otorgue todos los derechos y beneficios que la administración le da a los propietarios que se encuentran al día en el pago de los gastos comunes, haciendo presente, que al día de hoy, igualmente se les otorga muchos de esos beneficios, como la seguridad, el desecho de la basura, el control de personas extrañas y el arreglo de caminos internos de la parcelación.

Ahora bien, en cuanto a la vulneración de garantías alegada por los recurrentes refiere que el derecho a la vida e integridad física no fue fundamentado por los actores señalando con qué hechos concretos se estaría amenazando, limitándose a enumerar la garantía.

Por otra parte, indica que las comunicaciones del Comité, no son arbitrarias ni abusivas ya que surgen de la aplicación del instrumento público firmado por todos los propietarios al adquirir cada parcela, explicando que jamás se ha tratado de aplicar la Ley de Condominios, lo que se aplica es el Reglamento de la Parcelación, aceptado por todos y el cual tiene el objeto de prever, solucionar y dar absoluta tranquilidad a todos los parceleros, respecto de su medio ambiente, su seguridad, esto es, la vida y la integridad física y síquica y el buen vivir dentro de la parcelación, la seguridad en cuanto a no permitir el ingreso de extraños que no sean los propietarios, sus familiares, invitados, sus trabajadores y proveedores autorizados, todo ello fundado en la reciprocidad jurídica que quien se encuentra al día en el pago de los gastos comunes podrá gozar de todos los beneficios y derechos que le otorga el reglamento que firmaron en su respectiva escritura y, a contrario sensu, quienes no se encuentran al día podrán ser privados de algunos de los derechos o beneficios por la administración o el comité, lo que resulta lógico por estar sometido a un reglamento aceptado en una cláusula del contrato de compraventa que es ley para los contratantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, por lo que no puede sustentarse abuso, arbitrariedad o ilegalidad ni vulneración del derecho a la vida, integridad física o síquica de los recurrentes, respecto de la correcta actuación de la administración, al aplicar el reglamento, que al efecto acompaña.

En relación, a la infracción del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, indica que no existe ninguna vulneración, perturbación o amenaza ya que actúa de acuerdo al Reglamento aceptados por todos los parceleros, instrumento incorporado en el respectivo contrato de compraventa, por lo que sostiene el Comité se ha limitado a aplicar el Reglamento, que es ley para las partes en virtud de la cláusula contractual, en miras del bien común de los propietarios, sancionando a los morosos en el pago de los gastos comunes, de lo contrario sostiene la convivencia sería un caos.

Respecto de la vulneración alegada a la vida privada y honra, refiere que a toda persona se le pregunta en la entrada a qué parcela va y se anota su patente con fines de seguridad, velando por el respeto de la integridad física y síquica de las personas tanto de los propietarios, como de sus votantes y trabajadores y sin inmiscuirse en las relaciones personales o familiares, para contar con dicho antecedente en caso de que ocurra algún ilícito o conflicto en las parcelas. Por ello estima que el chequeo al ingreso de la recepción con barreras y mediante la comunicación con las parcelas, no puede ser considerado un menoscabo a la vida privada por cuanto en ningún caso se impide el ingreso o salida, para de ese modo brindar seguridad a los residentes, domicilio reservado, los que se sientan afectados con tal medida. En lo que respecta a la correspondencia, aclara que la parcelación tiene una casilla común la que es pagada con el fondo de los gastos comunes y por eso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento sólo la pueden utilizar los propietarios que están al día en éstos, y los que no lo estén deberán concurrir al correo de Curacaví, no pudiendo pretender exigir que se les otorgue tal beneficio sin pagar los gastos comunes.

En cuanto a la garantía de vivir en un medio ambiente libre, prevista por el numeral octavo del artículo 19 de la Carta Fundamental, refiere que ésta no se vería amenazada, ya que no se les ha prohibido que boten su basura fuera de la parcelación, puesto que no pueden pretender aprovecharse de los conteiners que mantiene el Comité, si no pagan los gastos comunes.

Por último señala que tampoco se vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la carta fundamental, ya que sólo se trata de fiscalizar y controlar el ingreso, como ya explicó anteriormente, lo que en ningún caso puede estimarse como una medida abusiva, arbitraria e ilegal que constituya una amenaza a la referida garantía constitucional.

Adjunta a su informe, los siguientes documentos: a) Reducción a escritura pública del repertorio Nº 32, el cual indica el monto en dinero en gastos comunes, y su destino en pagos de arreglos propios de la parcelación de orden básico; b) Reducción a escritura pública del repertorio Nº 33, que se basa en Acta de reunión de comité de Parcelación Sud América, en el cual consta que la estructura del Comité de Parcelación se funda en la reducción de escritura pública, individualización y funciones de cada uno; c) Circular de propietarios, instrumento que mensualmente se hace llegar respecto a informes financieros y beneficios en favor de la comunidad residente Sud América, tales como seguridad, arreglos de caminos, y mejoras en general. Además, informes de eventuales medidas de acuerdo al reglamento, por suspensión de servicios en caso de morosidad; d) Documentación emanada de CORREOS DE CHILE en la cual se expresa el modus operandis de prestación de servicios hacia la Parcelación Sud América, en el cual se expresa la casilla utilizada denominada como "Mediana" y su valor anual, y la "estándar" de igual modo, dejando de manifiesto el pago de estos servicios; e) Documentación de reconocimiento de Deuda: 1.- Año 2012 meses Enero Diciembre 2012: monto pagado y número de recibo; 2.-año 2013 meses Enero Diciembre 2013: monto pagado y número de recibo; 3.- Año 2014 meses de Enero Diciembre 2014: Pagos y números de recibo; f) Documentación acreditando deuda de Parcela 207 de propiedad Sr. nombre reservado, en relación a: Repactaciones año 2012-2013. Especificando compromiso de pago mínimo por la suma de $ 45.000.- (cuarenta y cinco mil pesos) mensuales; g) Certificado de la I. Municipalidad de Curacaví, Dirección de Administración y Finanzas, relativo a derechos de aseo. En este se registra deuda por concepto de aseo domiciliario correspondiente a los años 2012 y 2013; h) Documentación de acreditación Deudas de Parcelas № 331-332-333-471 correspondiente a recurrentes de Recurso de Protección; i) Contratos de Trabajo correspondiente al Personal de Parcelación Sudamérica: Sra. nombre reservado - Función Administradora de Parcelación Sudamérica, Sr. nombre reservado, quien presta servicios en calidad de Conserje en el recinto, Sra. nombre reservado, quien presta sus servicios de Administradora de Parcelación Sudamérica, Don nombre reservado, quien presta servicios como Guardia de seguridad, Don nombre reservado, quien presta servicios como Guardia de seguridad, Don nombre reservado, quien presta servicios como Guardia de seguridad, Don nombre reservado, quien presta servicios como Jornal de mantención y labores varias dentro del recinto; j) Documentación que especifica el Balance General de fechas Enero a Octubre 2013; k) Registro de visitas Enero a Marzo 2015 Parcelación Sudamérica de los recurrentes; l) Documentación de cheques girados por el Comité Parcelación Sudamérica años 2012 y 2013, Recibo de prestación de servicios, contratos de trabajo donde indica su uso por reparación de caminos y arreglos en general; m) Inversiones de Seguridad: Se añade fotografías de Vehículo Camioneta Chevrolet modelo Montana, año 2007, PPU: WT6746, avalúo fiscal, señalando el uso y funciones de trabajo. Además se adjunta Fotografía de Cuatrimotor, el cual es destinado para los mismos efectos; n) Inversiones menores: En este ítem se detallan las adquisiciones menores, reparaciones, instalaciones, mejoramientos propios del recinto, entre otros. Fotografías de depósitos de basura año 2014 al 2015, que demuestra escombros y no basura propiamente tal. Fotografías de Reparación de caminos dentro de la Parcelación; ñ) Boletas de ventas y servicios para la Parcelación. Donde se registran cheques a nombre de la Parcelación Sudamérica, del Banco Estado, Cuenta corriente Nº [cuenta reservada]; o) Mails, donde se identifica a propietarios morosos por concepto de Retiro de basura, fecha 11-03-2015; p) Reglamento Interno de Propietarios, Lote B "Sudamérica Los Bosques de Miraflores" comuna de Curacaví. Destacando artículo Segundo, letra g, que dice relación respecto al Depósito de Basura. Además artículo Décimo, en relación a gastos comunes. Artículo Décimo Segundo que señala la suspensión de Servicios por no pago, en sus letras a y d. Articulo Décimo Cuarto, Articulo Décimo Quinto de la Administración. Articulo Décimo Sexto Funciones de la Administración. Articulo Vigésimo Segundo, Articulo Vigésimo Tercero de las infraccionas del Reglamento. Artículos Vigésimo cuarto Fechas desde que comienza a regir dicho instrumento; q) Set de fotografías de todas las aéreas comunes de la parcelación Sud América, tratando de demostrar la organización y responsabilidad e intención de seguir el reglamento interno que mantiene esta parcelación: -Mostrando en ellas el lugar destinado y habilitado para botar basura -el espacio de ingreso de esta parcelación -los caminos de acceso y de transito -la camioneta adquirida para la seguridad de la parcelación y la tranquilidad de sus habitantes -las supuestas barreras, que demuestran que simplemente son manipuladas por un conserje o guardia, que se paga con los gastos comunes -carta de un miembro de la parcelación con antigüedad suficiente para relatar su experiencia frente al comité; y r) documentos que demuestran el registro de visitas de otros años y de propietarios con y sin deuda.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, constituye jurídicamente una acción para amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Lo anterior trae aparejado que se trata de una acción de urgencia, cautelar, que tiene como objeto la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales frente a ciertas acciones u omisiones que los lesionen, o afecten, mediante la adopción de medidas para obtener el pronto restablecimiento del derecho.

Cuarto: Que lo alegado por la recurrente, dice relación con la vulneración de los derechos antes señalados, es decir, del artículo 19 numerales 3, 24, 8 y 4, y que las expone como garantías vulneradas. La primera por señalar que las personas que recibieron la comunicación estarían siendo juzgadas por comisiones especiales, es decir, por el COMITÉ. Ello no es así, ya que no estamos en el ámbito jurisdiccional, ni que diga relación con una sanción impuesta por un Tribunal, sino de sanciones derivadas de un contrato libremente firmado por las partes, ya que los copropietarios al suscribir el correspondiente contrato de compraventa también formaron el reglamento de copropiedad, accediendo a los términos en que se extendió. En otras palabras al adquirir el terreno estaban en conocimiento que existían espacios comunes cuya administración y mantención justificaba la contra prestación de tener que pagar por tales servicios, y en caso de no pago de ellas, asumían las sanciones que estaban preestablecidas. Es claro, y ratificando esto, que en el artículo Duodécimo del reglamento de propietarios Lote B “sudamérica”, Los Bosques de Miraflores, señala que “el adminsitrador del loteo queda expresamente facultado para solicitar la suspensión de los servicios de agua, luz, recolección de basura y demás respecto de aquellas unidades cuyos ocupantes hayan dejado de pagar oportunamente dos cuentas consecutivas de consumos o gastos comunes, o bien, dos cuentas en un semestre cualquiera”.

La vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto únicamente se trata de una norma general de aplicación para los copropietarios y de seguridad del mismo condominio, dado que muchos de dichos inmuebles están en construcción y por ello deben ser vigilados como auscultados sus autos de trabajos, desde que normalmente son personas ajenas al condominio.

La tercera y cuarta, no se ha comprobado su infracción con los antecedentes acompañados, máxime, si quien los adjuntó fue el recurrido, explicitando cada uno de esos documentos.

Quinto: Que de lo anterior resulta que las medidas adoptadas se encuentran dentro de las facultades de quien administra dicho lugar, emanadas del contrato suscrito libremente por cada uno de los propietarios y comuneros de dicha parcelación, debidamente inscrito, que se incluía en un anexo, y que por ende era conocido por todos y cada una de las personas dueñas de parcelas.

Conviene tener presente que si bien la señora nombre reservado, no registra subinscrito el Reglamento de Propiedad en sus títulos, ello no la exime de concurrir al pago de tales servicios desde que hacía uso de ellos.

Es claro que una de las cargas de cualquier comunero, consiste en pagar los gastos comunes, que tienen por finalidad un ordenado y mejor vivir de una comunidad, y que el no pago de ellos, no da pábulo a que por esta vía sean eximidos de ellos, ya que además, tiene las vías jurisdiccionales libres para poder accionar en contra del comité si estos estás haciendo mal uso del contrato que suscribieron; razón por la cual esta acción constitucional no podrá prosperar.

De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 1.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Carlos Espinoza Vidal Rol Nº 96-2015 Prot.

Pronunciada por la Quinta Sala integrada por la Ministro Titular señora María Carolina Catepillán Lobos, Ministro Suplente señor Cesar Germán Toledo Fuentes y Abogado Integrante señor Carlos Espinoza Vidal, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En San Miguel, a dieciocho de mayo del año dos mil quince notifiqué por el estado diario la resolución precedente.