nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Don nombre reservado, ciudadano venezolano, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, interpone recurso de protección en contra de AFP PlanVital S.A., representada por nombre reservado, impugnando el acto de fecha 3 de febrero de 2026 que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros acogida a la Ley N.º 18.156, fundado en la supuesta falta de apostilla de documentos de afiliación previsional y salud y en la ilegibilidad del título apostillado.

Expone que acreditó su calidad de técnico extranjero, su afiliación al sistema previsional venezolano mediante certificados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) verificables electrónicamente y su voluntad de mantener dicha afiliación, cumpliendo los requisitos legales para la devolución de fondos.

Agrega que la exigencia de apostilla o legalización resulta imposible de satisfacer debido al cierre de la representación diplomática venezolana en Chile, cuestión reconocida por organismos estatales como el Servicio Nacional de Migraciones mediante la Circular N.º 10.

Sostiene que AFP PlanVital incorporó requisitos no contemplados en la Ley N.º 18.156, efectuando una interpretación restrictiva y formalista contraria a dicha normativa, al artículo 18 y 45 del Código Civil, a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han acogido solicitudes similares, configurando un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

En consecuencia, solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo, se reconozca la validez de la documentación acompañada, se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales reclamados, adoptándose además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, AFP PlanVital S.A., representada por el abogado Víctor Tabilo Marentis, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. Expone que el acto impugnado corresponde a la decisión de 3 de febrero de 2026, mediante la cual se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N.º 18.156, por cuanto este acompañó únicamente una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada que, conforme al Oficio Ordinario N.º 12.954, de 15 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, carecen de mérito suficiente para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse legalizadas o apostilladas ni contener certificación emitida por la autoridad previsional competente respecto de la cobertura de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que la Ley N.º 18.156 constituye una normativa de excepción, de interpretación restrictiva, que exige copulativamente acreditar la calidad de técnico, la afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura frente a los riesgos indicados y la manifestación expresa, en el respectivo contrato de trabajo, de la voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, sostiene que la Superintendencia de Pensiones posee facultades legales para interpretar obligatoriamente la normativa previsional y que las administradoras de fondos de pensiones deben ajustarse a las instrucciones impartidas por dicho organismo, por lo que su actuación se enmarcó en el Compendio de Normas y en la regulación vigente, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad.

Finalmente, argumenta que el rechazo de la solicitud constituye un acto subsanable, que no priva en forma definitiva al recurrente del derecho que invoca, toda vez que puede acompañar nuevos antecedentes o reclamar ante la Superintendencia de Pensiones, citando jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a la improcedencia del recurso de protección respecto de actos intermedios del procedimiento. En consecuencia, solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional, con expresa condena en costas, y que se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que informe si el recurrente cumple los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones, al evacuar informe, señala que el recurso de protección tiene por fundamento el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley Nº18.156, por estimar insuficiente la documentación presentada para acreditar los requisitos legales. Informa, en primer término, que el recurrente ya había efectuado consultas y reclamaciones administrativas ante dicho organismo durante 2025 respecto de la misma materia.

Luego, analiza el régimen jurídico aplicable, sosteniendo que la Ley N.º 18.156 es una norma excepcional de interpretación restrictiva que exige copulativamente acreditar la calidad de técnico o profesional, la afiliación previa y permanente durante el período trabajado en Chile a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación inequívoca de voluntad de mantener dicha afiliación. Señala que, conforme a su jurisprudencia administrativa y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, tales circunstancias deben acreditarse mediante certificados emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados; que la constancia consular acompañada por el recurrente se encontraba vencida al momento de la solicitud.

Que las constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carecen de firma, legalización o apostilla y no acreditan de manera específica cobertura efectiva por los riesgos exigidos.

Que las declaraciones juradas del afiliado carecen de valor probatorio suficiente; y que la jurisprudencia reciente de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema ha validado dicho criterio. Añade que los contratos de trabajo acompañados contienen cláusulas que revelarían la aceptación del sistema previsional chileno y la intención de cotizar en él para posteriormente retirar los fondos, lo que considera incompatible con la exigencia de mantener exclusivamente la afiliación al régimen extranjero.

Asimismo, sostiene que el título de “Técnico Medio Especialidad Industrial” acompañado no acreditaría la calidad de técnico superior o profesional requerida por la ley. En consecuencia, concluye que no dispone de antecedentes que permitan afirmar que el actor cumple los requisitos establecidos en la Ley N.º 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Octavo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°949-2026 Protección.